Un discapacitado intelectual “desapareció” del penal de Mariona en junio de 2022. El hermano mayor lo buscó en hospitales, en otras cárceles y nadie le daba pistas sobre su paradero. Tres meses después, casi por azar, lo encontró en una fosa común del cementerio La Bermeja, en San Salvador. Seis hombres, vestidos con trajes especiales de color blanco, abrieron la sepultura y sacaron un cuerpo putrefacto: “Yo no tuve asco. Lo reconocí por una cicatriz en su brazo, la cara estaba desfigurada. Todo inflamado”. Esta es una de las tres exhumaciones investigadas por El Faro en el marco del régimen de excepción, la estrategia de Nayib Bukele que desarticuló a las pandillas, pero que también ha violado los derechos de cientos de personas que fueron capturadas sin pruebas en su contra, que no tuvieron un debido proceso y murieron bajo custodia estatal, con autopsias inconclusas y sin la oportunidad de defenderse en un juicio.
Este primero de junio de 2026, Bukele cumple siete años en el poder, cuatro de los cuales ha gobernado con la suspensión de garantías constitucionales. Mes a mes, durante 50 meses, los diputados oficialistas han prorrogado el régimen que acabó con las pandillas, pero también con los contrapesos de la democracia. Esto ha convertido a El Salvador en un país con presos políticos, con periodistas y defensores de derechos humanos exiliados y con cárceles convertidas en centros de tortura.
El Gobierno ha declarado información reservada todo lo relacionado a los fallecidos en penales, pero organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario reportan 526 muertes desde que inició el régimen el 27 de marzo de 2022 y hasta el 15 de mayo de 2026. Los informes ante organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) detallan torturas, abusos, desapariciones forzadas y muertes violentas. El último informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIH) señala al Estado de crímenes de lesa humanidad.
El Faro ha investigado 18 de las 512 muertes reportadas por Socorro Jurídico Humanitario. Cuatro casos han sido publicados en el especial Testimonios, mientras que otras historias se han detallado en crónicas y reportajes, como la muerte por desnutrición severa de Juan Saúl Castillo o la captura arbitraria de Blanca Osmilda Castro Quijada, una señora de 60 años que vivía en una lotificación donde no había pandillas y que falleció en el penal de Apanteos. En esta investigación, el periódico reconstruye la historia de tres detenidos por el régimen que murieron bajo custodia del Estado y fueron sepultados en fosas comunes. Todos tenían huellas de una muerte violenta, algo ignorado en los informes forenses. Todos eran legalmente inocentes porque no fueron vencidos en juicio.
El desprecio del Estado a sus derechos básicos también quedó en evidencia cuando enterró los cadáveres sin decir nada a sus familiares. Las familias siguieron llevando paquetes con enseres básicos a las cárceles donde suponían estaban sus parientes y Centros Penales los recibió sin reparo. El Estado recibió paquetes para unos muertos.
El régimen de excepción prohíbe las visitas de familiares y la comunicación de los detenidos con sus abogados. Además, Centros Penales recibe los paquetes, pero no da certeza ninguna a los familiares de que sus parientes los recibieron. La única forma para que los familiares puedan ingresar a un penal para ver a sus detenidos por unos minutos, o tener comunicación con ellos por medio de cartas, es pagando entre $200 y $500 a una red de corrupción penitenciaria. Los encarcelados que tienen dinero pagan hasta $35,000 por salir de prisión y ser ingresados en un hospital privado, para así poder reunirse con sus abogados y familiares.
La mañana del 25 de mayo de 2026, El Faro solicitó una entrevista a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, a la Dirección General de Centros Penales y a la Policía Nacional Civil. La solicitud se hizo por medio de correos electrónicos institucionales y cuentas oficiales de redes sociales. Como es habitual desde que Bukele llegó a Casa Presidencial, no contestaron.
Este periódico entrevistó a familiares de los fallecidos y obtuvo una veintena de documentos oficiales. Los expedientes policiales, folios judiciales, estadísticas e informes de Inteligencia se consiguieron por medio de una filtración de miles de gigabytes de documentos oficiales por parte de DDoSecrets, una organización dedicada a la liberación de información de interés público. Estas son las historias de quienes murieron sin juicio y sin funeral.
Marvin: el albañil que no conoció a su hijo
Durante la primera semana de abril de 2022, un rumor recorrió las casas dispersas que están asentadas entre pinares y cerros, en cantones y caseríos como El Gramal, Los Horcones, El Terrero, El Guayabito y Rancho Quemado, en La Palma, Chalatenango.
一Dicen que andan sacando gente de las casas 一dijo su mujer.
Marvin Antonio Benítez Perlera, un ayudante de albañil de 22 años, no se perturbó.
一Yo no me voy a correr, yo no debo nada.
Unos días después de aquella conversación, un policía y tres soldados bajaron por uno de los callejones polvosos de Rancho Quemado, llegaron a una casa de adobe y capturaron a Marvin por agrupaciones ilícitas, el seis de abril de 2022, apenas una semana después de decretado el régimen. Marvin nunca regresó a su casa, ni a su trabajo: murió el 26 de junio de 2022, dos meses después de su encarcelamiento en el penal de Mariona. El cadáver estuvo un mes en la morgue de Medicina Legal y luego fue sepultado en una fosa común del cementerio La Bermeja, como si fuera un cuerpo que nadie reclamara.
La pareja de Marvin estaba embarazada al momento de la captura y cuenta que por sus condiciones de pobreza pasó hambre para llevar paquetes a su detenido. Los paquetes contienen enseres básicos, como pasta de dientes, cremas combinadas para combatir los hongos, azúcar, leche, café, galletas, y cuestan entre $60 y $125. Algunas familias compran los paquetes en las afueras de los penales, otras los preparan en casa con compras del supermercado y los entregan a los custodios sin tener certeza de que parientes los recibirán. Lo que ella no sabía es que llevaba paquetes a un muerto. Llevó paquetes en junio, julio, agosto, septiembre, octubre. El último paquete lo llevó en noviembre de 2022, cuando Marvin desapareció del listado de Mariona.
一Me dolió lo de los paquetes. Yo, apretándome el estómago para llevarle el paquete, porque me dijeron que ahí estaba. Hacía el paquete con las cosas que compraba para la casa o le ponía cosas que me regalaban. La gente me decía: lleve esta lechita, lleve este papel (higiénico) 一dice la compañera de vida de Marvin.
***
Chalatenango es un departamento con 185,930 habitantes y ocho subdelegaciones policiales que reportaban pocas capturas hasta antes del régimen de excepción. El domingo 26 de marzo de 2022, por ejemplo, solo se registró una captura. Al siguiente día, tras el quiebre de la negociación secreta entre el Gobierno de Bukele con las tres principales pandillas salvadoreñas, la maquinaria policial se activó y el lunes capturaron a 19 personas; el martes, a 9; el miércoles, a 26.
Desde ese primer momento empezaron a surgir comentarios en redes sociales y denuncias en medios de personas que aseguraban que sus parientes capturados no tenían nada que ver con ninguna pandilla. Con el tiempo, esa información sería validada por publicaciones periodísticas e informes de organizaciones de la sociedad civil. Los policías habían entendido que Bukele quería enviar un mensaje de fortaleza y que ese mensaje se enviaría a través de imágenes de miles de capturados. Entendieron que las imágenes debían llegar rápido y capturaron a discreción.
Las redadas fueron bautizadas como “Estrategia clica por delegación Chalatenango”, según documentos policiales en poder de El Faro. Los operativos eran para desarticular ocho grupos de la Mara Salvatrucha-13 que operaban en ese departamento: los Arcatao Locos, los Sierpeños Locos, los Criminal Cruces, los Lagunas Locos, los Angosturas Locos, los Sombra del Parque, la Granja Locos, los Hollywood Locos y, sobre todo, los Fulton Locos Salvatruchos (FLS), el programa que más control tenía en Chalatenango.
El tsunami de capturas llegó a la zona rural de La Palma el seis de abril de 2022, después de las cinco de la tarde. De los 17 capturados en Chalatenango ese día, 11 vivían en caseríos ubicados sobre la calle de terracería que conduce al cantón Los Horcones. Los otros seis residían en municipios aledaños, como La Laguna, Agua Caliente y la colonia Reubicación II.
Una campesina de Rancho Quemado recuerda la desesperación de sus vecinos al momento de la redada: “Al otro lado de esta ladera se escuchaban los gritos desesperados de la señora”. Los gritos eran de una anciana llamada Rosa Amelia, madre de Francisco Evelio Portillo Pereira, de 37 años, tío de Marvin. La Policía lo arrestó por una ficha que lo perfilaba como “colaborador” de la Fulton Locos Salvatruchos, una prueba débil, porque seis meses después el Juzgado Especializado C-3 de San Salvador lo benefició con libertad condicional, según documentos oficiales.
Cuando Francisco Evelio regresó a su casa, encontró a su madre muy enferma. “Cuando se lo llevaron a él, ella cayó bien grave. Como estaba bien viejita, no aguantó la depresión. El hijo salió y la logró ver, pero se murió”, cuenta la campesina de Rancho Quemado que habló con El Faro con la condición de resguardar su identidad por temor a represalias. “Hay algunos que ya salieron libres, pero muchos siguen detenidos. No es que uno deba algo, pero da miedo que regresen y se lleven a un familiar o conocido”.
Después de capturar a Francisco Evelio, los policías y soldados bajaron por una callecita polvosa, entraron a una casa de adobe con la mentira de que tenían una denuncia por violencia familiar contra Marvin. Esa pelea nunca existió, según la compañera de vida del señalado. Una vez dentro de la casa, lo capturaron por ser un “homeboy” y por “vender droga” para la Fulton Locos Salvatruchos. ¿Las pruebas? Una ficha policial y un antecedente judicial por el decomiso de un “puñito de monte” (marihuana) en el año 2020.
“Él fumaba, ¿para qué le voy a mentir? Lo agarraron una vez por un puñito de monte que había comprado. Entonces, estuvo preso en Chalate tres días, luego lo sacamos con un abogado. Él tenía antecedentes penales porque había estado preso tres días”, cuenta Hugo Amílcar Benítez, el padre de Marvin.
A Hugo Amílcar le sorprende la ficha policial que relaciona a su hijo Marvin y a su cuñado Francisco Evelio con la clica Fulton Locos Salvatruchos. “No, él no era marero, ni tampoco Chico. Ninguno tenía tatuajes, ninguno tiene talle, mancha de pandillero. A saber por qué será que la Policía puso eso”.
Las reformas legales a la Ley contra el Crimen Organizado permiten valorar como prueba las fichas policiales que elaboran los agentes, aunque estos datos no hayan pasado por un proceso de investigación y verificación. Esto ha permitido una serie de abusos que rondan la falsedad. En Sonsonate, por ejemplo, la Policía convirtió de la noche a la mañana en pandillero a un rapero salvadoreño con nacionalidad estadounidense; en Chalatenango, unos agentes crearon una ficha policial falsa para capturar a un abogado que hoy tiene refugio en un país europeo por esas anomalías de la investigación policial.
El padre rechaza los vínculos de Marvin con las pandillas y dice que la captura “pueda ser” resultado del antecedente por el decomiso de la marihuana que era para su consumo personal, pese a que ese asunto quedó finiquitado ante un juez.
A Marvin lo condenaron a trabajos de utilidad pública: durante un año barrió las calles del municipio de La Palma. “Le habían dado un papel donde decía que estuvo haciendo obras sociales en la alcaldía. Cumplió todo eso. Él decía que le hacían chiste la gente de aquí que lo miraban. Si me llevan (preso por el régimen), me van a llevar por lo que ya estuve preso, bien que me van a soltar de vuelta, hasta ahí a la La Palma me van a llevar. ¿Para qué me voy a correr? Yo no debo nada”, dijo Marvin a su pareja, en una conversación días antes de su muerte.
***
Marvin trabajaba como ayudante de albañil en la Quinta Los Pinares, en La Palma. Ganaba 15 dólares diarios y demostró talento en su trabajo, tanto que su patrón le ofreció una plaza de albañil, siempre y cuando tuviera sus propias herramientas. Entonces, comenzó a ahorrar: compró un nivel de caja, una cinta métrica, una llana para afinar, una cuchara, hilo para albañilería y una escuadra.
La supuesta venta de droga por la que fue capturado, no se reflejaba en su rutina, ni en su perfil económico. Él salía en su moto rumbo al trabajo a las siete de la mañana, regresaba a las tres de la tarde. Los fines de semana, cuando recibía su pago, pedía a su mujer una lista de cosas para las compras del mercado y durante su tiempo libre hacía adobes para que la familia dejara de vivir en una champa. “Nos costó bastante. 25 adobes hacíamos al día, a veces 50, según íbamos recogiendo pistillo (dinero). En la casa ocupamos más de mil adobes y unos familiares me ayudaron con el techo”.
Tres meses antes de su captura, en enero de 2022, Marvin se enteró de que iba a ser papá por primera vez. Su pareja recuerda que la acompañaba a los controles médicos: “Cuando salí embarazada andaba loco porque iba a ser papá. ¡No lo puedo creer, voy a ser papá!, decía”.
Una ley salvadoreña llamada Nacer con Cariño ordena que las mujeres tengan un parto respetado y los recién nacidos un cuidado cariñoso. Esta ley fue propuesta por la esposa de Bukele y aprobada por la Asamblea Legislativa controlada por Bukele el 17 de agosto de 2021 y, a menudo, esa ley la incumplen los funcionarios a cargo del régimen. Por ejemplo, en julio de 2023, El Faro documentó que 30 bebés se contagiaron de escabiosis en la Granja Penitenciaria de Izalco y Centros Penales no les dio atención médica, razón por la que sus madres bañaron a los niños y niñas con rinso y lejía. En enero de 2026, dos niños cuyos padres fueron capturados por el régimen fueron internados en el Hospital Psiquiátrico rodeados de adultos, violentando otra iniciativa del oficialismo: la Ley Crecer Juntos.
El hijo de Marvin tampoco disfrutó de la Ley Nacer con Cariño. El seis de abril de 2022, cuando su padre fue capturado, la madre estuvo a punto de sufrir un aborto. Según ella, por la aflicción de la captura, por el estrés de andar preguntando en la Policía sobre el destino del detenido, sin que nadie le diera información. Se le formó una protuberancia cerca de dónde estaba el feto. Así lo cuenta: “Se me hizo un gran bulto aquí (estómago), cuando lo fui a buscar a Chalate también se me hizo una gran pelota. El niño por milagro de Dios está bien”.
Pasados los días difíciles de la captura, llegaron los largos meses para llevar el paquete a Mariona. Entonces, la embarazada aguantó hambre. El niño nació por cesárea a finales de 2022.
La esposa se enteró de la muerte de Marvin por medio de su suegro, en noviembre de 2022. Sin embargo, el impacto emocional lo sufrió en febrero del siguiente año, cuando exhumaron el cadáver. En los meses que siguieron a la exhumación, el niño de apenas dos meses de edad no pudo estar al lado de su madre, otro de los derechos que supuestamente garantizan las leyes de protección de la infancia aprobadas por el oficialismo. La razón: su madre cayó en depresión. “Esa noche que me dieron la noticia como que me traté de enloquecer. Estuve tres meses que no me sacaban de la casa, solo encerrada, solo llorando pasaba. Al niño me lo cuidó mi mamá”.
El hijo de Marvin es ahora un niño de piel blanca, ojos grandes y negros, como su liso cabello. Vive en la casa de adobe que le construyó su padre, tiene unos carritos de plástico y unos pollitos con los que juega en el patio de tierra. Marvin no conoció a su hijo. Al niño le enseñan de vez en cuando una foto de su padre y le dicen que está en el cielo.
一Más grande a saber qué me va a preguntar, eso me pongo a pensar. No sé si voy a encontrar respuestas a todo lo que él me llegue a preguntar 一dice su madre.
***
La leucemia linfocítica aguda es un cáncer en la sangre o en la médula ósea que ocurre cuando el cuerpo produce en exceso glóbulos blancos. Según Medicina Legal, esta fue la causa de muerte de Marvin, el 26 de junio de 2022.
Aunque no pudieron observar el cadáver, porque fue enterrado en una fosa en julio de 2022, la familia tiene indicios de que Marvin fue víctima de una muerte violenta por las fotografías que les mostraron en la morgue, algo ignorado por el informe forense. “Me fui para Medicina Legal (noviembre de 2022) y allí me dieron un libro. Lo comencé a hojear y ahí lo encontré. Él tenía unos rasguños en el pescuezo, como que lo habían querido estrangular en el penal, porque tenía bien morado”.
El juzgado asignado al caso de Marvin no ordenó investigar esa muerte y los documentos indican que ni sabían de su entierro en una fosa común, porque lo siguieron procesando por agrupaciones ilícitas. El 18 de enero de 2023, el Juzgado Especializado de Instrucción C3 amplió el período de investigación contra Marvin y otros 93 detenidos por un año más. Es decir, el juzgado ordenó diligencias contra un muerto.
Los jueces a cargo de los Juzgados contra el Crimen Organizado, creados para aplicar las reformas del régimen, son funcionarios judiciales impuestos por la dictadura, muchos de los cuales han tenido formación como fiscales. La Corte Suprema de Justicia (CSJ), con magistrados impuestos por el partido de Bukele desde mayo de 2021, castiga con traslados al interior del país o a juzgados de menor rango a los jueces que no siguen los lineamientos o resuelven en contra de los intereses del oficialismo.
Hugo Amílcar trató de documentar la muerte de su hijo y exigir una investigación. Pronto advirtió obstáculos hasta en trámites rutinarios. Por ejemplo, la Alcaldía de San Salvador se negó a darle el acta de defunción y le dijo que para ese trámite debía contratar un abogado. Él tiró la toalla.
“No seguí nada, no seguí un proceso por estar de escasos recursos. Viajé tres meses para allá (San Salvador) para poder sacar al muchacho del cementerio, entonces quedé pobre. Como uno no conoce, tiene que pagar taxi, había veces que me tocaba ir a la Fiscalía, a Santa Tecla, a Santa Elena, al Ministerio de Salud, anduve en un montón de partes. ¡Fueron un montón de viajes! Gastaba mínimo $50, $60 en pasaje por cada viaje, en comida y todo. Uno de pobrecito, pues, no alcanza para andar haciendo tantas vueltas”.
La familia de Marvin quiere exigir justicia, pero no puede.
Rafael: la víctima de los saqueos de la MS-13
Rafael López Castellón, de 53 años, tenía un molino y una tienda. La tienda, con paredes de láminas oxidadas, tenía dos refrigeradoras con gaseosas, cervezas, jugos, alitas de pollo, chorizos, queso, crema, productos que vendía para ganar unos dólares y comprar su medicina contra la insuficiencia renal y convulsiones derivadas de problemas cardíacos. Rafael prestaba dinero a la cooperativa Padecom Crédito, invertía, pero su plan de ganar dinero, sobrevivir y comprar medicamento a menudo era interrumpido por los saqueos de la Mara Salvatrucha-13. Los pandilleros, algunas veces armados con fusiles AK47 y M16, llegaban y se llevaban casi todo. La tiendita era para ellos como su despensa gratuita.
“Venían siempre a pedirle cosas (los pandilleros). No todo el tiempo le desvaciaban la tienda, pero cuando andaban varios, obligadamente ellos solo entraban y decían a comer todo lo que querían. Y había veces que se llevaban todas las cositas”, cuenta Pedro Ascensión López Castellón, uno de los hermanos de Rafael. Los negocios comenzaron con préstamos entre los $1,500 y $2,000, pero cuando los saqueos ocurrían pedía refinanciamiento: a veces $200, a veces $350. Y entonces, compraba más alitas, más gaseosas, con la esperanza de que los pandilleros no regresaran. O, al menos, no regresaran pronto.
Rafael tenía los trabajos de Sísifo: Prestaba para invertir, lo atracaban. Refinanciaba el crédito, lo saqueaban. Este círculo vicioso terminó cuando los pandilleros fueron capturados por el régimen de excepción. Para sorpresa de la familia, el régimen también capturó a Rafael, un hombre que sobrevivió 23 años a la insuficiencia renal, pero que murió bajo custodia del Estado 54 días después de su captura. El cadáver fue sepultado en una fosa común del cementerio La Bermeja. Su familia siguió llevando paquetes al penal, creyendo que estaba vivo.
***
El terreno de la familia López está entre la calle principal del cantón Loma de la Cruz y un camino de tierra que lleva a una finca conocida como Los Vigiles, en Jucuapa, Usulután. Hay tres casas: una de adobe, techo de teja y piso de tierra, donde vive Manuel de Jesús, el patriarca de los López, quien en junio de 2026 cumple 100 años; y dos champas de bahareque y láminas. Un cerco, con postes de aluminio y tela metálica, separa el camino de tierra con la champa donde Rafael tenía el molino y la tienda. Ese cerco guarda evidencia de la violencia de las pandillas contra la familia.
一Una noche vinieron con dos AK47 y un M16. Por aquí están los balazos en este puesto, por aquí están pasados estos caños. No es mentira. Esa casa también tiene otros balazos cruzados. Vinieron endrogados, bolos. El que pegó estos balazos se llamaba Andrés, pero aquí lo conocían por Chino o Colombo 一dice un segundo familiar de Rafael que habló con El Faro con la condición de no publicar su nombre.
Amenazas de muerte, extorsión y robos de las pandillas eran la rutina. Rafael se sobreponía a esa espiral de violencia y aconsejaba a sus hermanos resignación. “Ellos (pandilleros) a veces buscaban la hora de las noches para venir a saquearle todita la comida, la bebida. Venían con hambre los tipos y un cinco no se lo daban. Entonces, un hermano mío les dijo que sí ya habían pagado lo que estaban comiendo, y aquel (Rafael) no abrió la boca, mejor se agachó. Después Rafael le dijo a mi hermano que no anduviera hablando esas cosas porque él hacía eso de no hablar nada, aunque le comieran todo, pues para librar su vida. Él decía: si me quedo sin dinero y sin la tienda, voy hacer otro crédito. Y lo recupero así trabajando, pero la vida no se recupera”.
En palabras de Pedro Ascención, su hermano “sabía vivir la vida”.
Algunos de los pandilleros que saqueaban la tienda de Rafael ahora están muertos y otros encarcelados por el régimen. Lejos de sentir tranquilidad por la ausencia de los verdugos, la familia López ha vivido en angustia desde la tarde del ocho de abril de 2022, cuando Rafael fue capturado por organizaciones terroristas. Según archivos policiales, aquel señor enfermo, víctima de la MS-13, era una amenaza para la seguridad del Estado.
El Faro tuvo acceso a varios documentos de las investigaciones oficiales. Según el expediente policial US1341-2022, Rafael fue capturado por “ser miembro activo de la MS clica JLS (Jucuapenses Locos Salvatruchos)”. La versión oficial dice que al momento del arresto estaba reunido con dos pandilleros: Marvin Alexander Herrera, alias Chango, de 18 años, y Jorge Luis Medrano Blanco, alias El Tumbao, de 39 años.
“Nos encontrábamos realizando patrullaje preventivo en el interior de la ciudad de Jucuapa, se nos informó que en el molino del señor Rafael López, ubicado en el cantón Loma de la Cruz, se encontraba un grupo de mareros reunidos, entre ellos un sujeto conocido como Pingüino y Chango por lo que de inmediato nos constituimos al referido lugar, donde efectivamente encontramos a los ahora detenidos reunidos, quienes según la voz pública son miembros activos de la mara MS y que en ese molino se reúnen todos los días para ingerir bebidas embriagantes y consumir drogas, y que el propietario del molino les esconde armas de fuego y les brinda estadía en ese lugar para que planifiquen hechos delictivos (Sic)”, consigna el acta del procedimiento policial a cargo del sargento Luciano Hernández.
El acta policial omite un dato importante: Marvin Alexander Herrera llegaba todos los días al molino porque era empleado de Rafael, le manejaba una moto y le ayudaba con las compras para la tienda. “Mi hermano no podía andar solo por las enfermedades, cargar mucho no podía. Tenía una motocicleta para jalar su venta, ese día trajeron una llanta nueva y la estuvieron poniendo ahí (con Marvin)”, recuerda Pedro Ascención.
La tercera persona que menciona el acta policial no vivía en el cantón Loma de la Cruz, sino en un mesón de Jucuapa. Se trata de Jorge Luis Medrano Blanco, alias El Tumbao, un pandillero que en octubre de 2016 fue deportado desde Panamá hacia El Salvador. Los documentos policiales describen que tiene varios tatuajes: un MS-13 en el pecho, el nombre de Antonela en el brazo derecho, el nombre de Martha en el antebrazo izquierdo, y el nombre de El Salvador en el cuello. Los familiares dicen que la reunión entre Rafael, Marvin y El Tumbao que consigna el acta policial nunca ocurrió.
“¡No, ese nombre y ese apellido no lo conocemos! Ese chero nunca lo conocimos ni oímos mencionarlo. Ese apodo de El Tumbao tampoco, está bien lejos eso”, responde Pedro Ascención. El segundo familiar de Rafael, entrevistado en lugar y momento distinto, dice que tampoco sabe nada sobre El Tumbao: “Eso que estaba reunido con el señor Medrano Blanco es mentira. Nunca conocí a alguien que se llamé así”.
Según el acta, “la voz pública” dijo que Rafael era pandillero y que estaba reunido con Chango y Pingüino, pero el mismo documento consigna al final que estaba reunido con Chango y El Tumbao. Lo que describe el acta policial es distinto a lo que vieron los familiares el día de la captura. Este no es el primer caso en que la Policía tergiversa hechos para justificar capturas en el marco del régimen. En abril de 2022, una familia vio como policías y soldados sacaron de su casa a un obrero, pero en el acta escribieron que estaba reunido en la calle con unos pandilleros.
Entre el acta policial y la información en el Sistema Imperium de la Policía también hay contradicciones. Mientras que el acta afirma que Rafael era miembro activo de una clica de la MS-13, en el registro de Imperium aparece como “colaborador”.
Según el Sistema Imperium, Rafael fue capturado por organizaciones terroristas, pero la Fiscalía lo acusó de agrupaciones ilícitas en el Juzgado Especializado C2 de San Miguel, el 22 de abril de 2022. Entonces el lío judicial se volvió más complejo. Rafael y otras 145 personas que vivían en lugares lejanos a su cantón (Jiquilisco, Concepción Batres, Ereguayquín, Tecapán, Santa Elena, Nueva Granada, San Francisco Javier, Santa María, California, Puerto El Triunfo, Berlín, San Agustín, Mercedes Umaña, San Dionisio y Estanzuelas) fueron acusados de formar parte de una agrupación para delinquir.
Según el expediente judicial 04-02-22–4(C2), la única evidencia que los cinco fiscales presentaron para demostrar la pertenencia de Rafael a la MS-13 fue el acta policial donde “la voz pública” les dijo que era pandillero y que en su molino se guardaban armas y se planificaban delitos. Esa misma acta detalla que al momento de registrar el molino y la tienda no encontraron nada ilícito.
Justificar capturas por medio de “la voz pública” era un método bastante practicado por los policías del puesto de Jucuapa. El cinco de abril de 2022, unos agentes que patrullaban la colonia Llanos de San José recibieron información de “la voz pública” sobre unos sujetos armados y por eso capturaron a Emmanuel Ibarra. Cuatro días después, el nueve de abril, un grupo a cargo del sargento Luciano Hernández (el mismo que capturó a Rafael) recibió información de “la voz pública” sobre un sujeto con apariencia de marero en la colonia La Gloria y arrestaron a Jesús Ramírez. Al día siguiente, el 10 de abril, Melvin Martínez y José Campos fueron arrestados porque eran mareros, según “la voz pública”.
Que la Policía o que “la voz pública” etiquete a Rafael como miembro activo de la MS-13 le parece a la familia López un absurdo. “Chepito (Rafael) una vez me dijo: cuando estos vengan (pandilleros) no te metás porque me tienen sentenciado que me van a dejar tendido en el patio. ¡sentenciado me lo tenían!”. La violencia que sufrió la familia López describe una realidad distinta a la connivencia pandilleril que mencionan los documentos policiales.
一¿Veá que no tiene sentido que vengan a acusármelo de agrupaciones ilícitas? 一pregunta el campesino.
***
El 8 de agosto de 2022, Pedro Ascención fue a la oficina de Centros Penales de San Miguel a pedir los antecedentes de su hermano. Pagó $3.50 por el documento para comenzar a juntar la mayor cantidad de papeles oficiales que demostraran la inocencia del detenido. Esa esperanza duró casi nada. Ese día, lo llamaron a una oficina y ahí, sin rodeos, le dieron la espantosa noticia.
一El documento que usted quiere no se le va poder dar.
一¿Y a qué se debe eso?一 preguntó Pedro Ascención.
一Su familiar aparece como fallecido aquí, y ya como fallecido no se le puede entregar esto.
El empleado de Centros Penales se disculpó por no poder entregar la hoja de antecedentes penales.
Pedro Ascención intentó verificar la muerte con la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero le dijeron que llamara al siguiente día. Al siguiente día, él prefirió contactar a uno de sus amigos que trabaja en una funeraria y que tiene contactos en Medicina Legal. El amigo logró confirmar que Pedro murió el primero de junio de 2022, aunque le habían cambiado uno de sus apellidos: Castellón por Castillo.
La familia obtuvo más detalles el nueve de agosto de 2022, cuando llegaron a Medicina Legal para reconocer a Rafael por medio de fotografías. Ahí les dijeron que fue trasladado de Mariona al Hospital Zacamil el 27 de mayo de 2022, y que cuatro días después falleció por una cardiomiopatía, una enfermedad del músculo cardíaco que dificulta que el corazón bombee sangre al cuerpo. El cadáver estuvo 20 días en la morgue y luego lo sepultaron en una fosa común del cementerio La Bermeja, en San Salvador.
Una empleada de Medicina Legal les dijo que el trámite para la exhumación era burocrático, que quizás lo mejor era dejar el cadáver en la fosa común y que ahí le llevaran flores el día de los difuntos. “Él está aquí como un perro botado. No lo vamos a dejar como un animal, vamos a hacer todo lo posible para llevarlo, para tenerlo cerca de nosotros”, le respondió Pedro Ascención.
Los López son jornaleros que trabajan en fincas y sus ingresos ocasionales rondan entre los $20, $30 o $50 diarios. Los trámites para la exhumación y el funeral tardío de Rafael empeoraron su maltrecha situación económica. Pedro Ascención estima que gastó unos $2,700. “Cuatro veces fui a San Salvador y gastaba $90 por viaje, el permiso del Ministerio de Salud para la exhumación valía $75, me pidieron una caja (fúnebre) que venían dos en una, era como una caja térmica, una valía $350 y la otra $300. Tuve que pagar los permisos del cementerio, yo perdí la cuenta de cuánto gastamos”.
Además de los gastos de la exhumación, la familia perdió otros $250 en dos paquetes que llevó al Penal de Mariona. Uno lo llevaron el 31 de mayo de 2022, un día antes de la muerte de Rafael. Pedro Ascención preguntó a los custodios sobre la salud de su hermano y le respondieron que estaba bien, encerrado en una celda del sector dos. Eso era mentira porque Rafael llevaba tres días internado en el Hospital Rosales, y al siguiente día falleció a las 6:30 de la tarde. El segundo paquete lo llevaron en julio de 2023, cuando Rafael tenía un mes enterrado en la fosa común. Centros Penales recibió el paquete sin ningún reparo, sin decir nada sobre la muerte del detenido.
AQUÍ INSERTAR AUDIO: “NADIE NOS AVISÓ QUE ESTABA MUERTO, LO FUERON A METER A UNA FOSA A LA BERMEJA”
La familia tiene indicios testimoniales de que Rafael fue víctima de una muerte violenta, pero ninguna autoridad lo ha investigado. “Tengo información de algunos amigos que han salido de la cárcel y me dicen que lo vieron allá (en Mariona), aislado y todo golpeado”. Dos años después, la muerte de Rafael sigue impune.
Henry: el cadáver de un discapacitado con golpes en la cara
El niño tenía seis años cuando sufrió un golpe en la cabeza. Era 1983. El niño se llamaba Henry Eleazar Joya Jovel y desde entonces tuvo problemas para controlar la risa por daños cerebrales y comenzó a padecer epilepsia. “Lo atropelló un carro cuando iba con mi madre a vender fruta, agua, gaseosas. Él ya no quedó normal, quedó con un trauma en su mente. Él se ponía a platicar con la gente y todo, pero él se reía por todo. No era normal, algo en la mente le fallaba”, cuenta Jesús Alberto, el hermano mayor.
Henry nunca tuvo un trabajo formal, debido a su discapacidad intelectual. Primero, ayudaba a su madre con la venta ambulante y, cuando ella falleció, su hermano asumió la responsabilidad de alquilarle un cuarto en la colonia Luz de San Salvador, donde ganaba $5 o $6 diarios por ayudar a sus vecinos a botar basura o podar árboles. El domingo 19 de abril de 2022, a las 09:30 de la noche, seis policías lo capturaron por agrupaciones ilícitas. Esa misma noche otros dos residentes de la colonia Luz fueron detenidos por el mismo delito.
Los vecinos llamaron por teléfono a Jesús Alberto para informarle sobre la captura y él llegó rápido para decir a los agentes que su hermano era discapacitado. “No me dieron ni una información ni nada, solo me dijeron: ‘Lo vamos a llevar’. ‘¿Pero por qué?’, les dije. En ese tiempo comenzaba el régimen, la Policía andaba agarrando como cuando uno jugaba chibola de niño: agarre mil, agarraba cualquier persona. Cuando a él lo agarran solo le dicen: ‘nos vas a acompañar’, le pusieron las esposas y se lo llevaron”.
La Policía llevó a Henry a El Penalito, un puesto policial cerca del mercado La Tiendona y donde al principio acumulaban a los detenidos antes de enviarlos a algún penal. Henry estuvo ahí hasta el 21 de abril de 2022. Luego, fue trasladado a Mariona. Al siguiente día, el 22 de abril, Jesús Alberto fue al penal para advertirles de que su hermano tenía una discapacidad y necesitaba tomar medicina a diario. Nadie lo escuchó. “Damos los datos y les decimos: mire, él padece esto y esto de la cabeza, toma medicamentos. Quizás era un delito llevar medicina, porque nada de eso dejaron entrar ni en El Penalito, ni en Mariona”.
Henry murió el 25 de mayo de 2022, tras 36 días bajo custodia estatal.
El dictamen de autopsia del Instituto de Medicina Legal estableció que la causa de la muerte fue un edema pulmonar; en específico, una neumonía aguda pulmonar.
La neumonía aguda pulmonar consiste en una inflamación que llena los alvéolos (sacos de aire de los pulmones) de líquidos o pus. Hay dos formas posibles de adquirir esta infección: la primera, por el contagio de virus, hongos o bacterias; y la segunda, por un golpe fuerte en el pecho que provoque acumulación de sangre o fluidos en el tejido pulmonar.
El documento de Medicina Legal consigna que “aparentemente” Henry padecía neumonía aguda pulmonar desde su captura (19 de abril de 2022), porque en el chequeo clínico que le realizaron ese día se describe “un colapso pulmonar”. Para la familia Joya Jovel, esa conclusión es un sinsentido: “Mi hermano no padecía ni de los pulmones, ni de dolor de espalda, ni de nada de eso. Es muy extraño todo eso, todo cadáver del penal aparece con edema pulmonar”.
Edema pulmonar son las dos palabras que Medicina Legal usa para ocultar las muertes violentas en los penales. Un eufemismo clínico para evitar consignar laceraciones, signos de estrangulamiento y perforaciones en decenas de cadáveres. En los primeros seis meses del régimen, y según la versión de los forenses del régimen, edema pulmonar fue la causa de muerte de 36 de los 69 detenidos fallecidos. Entre estos casos estaba el de Francisco Huezo López, un comerciante chalateco conocido como Don Paco, cuyo cadáver tenía un golpe en la cabeza, moretones en el pómulo derecho, brazos y pies, pero que según la esquela de Medicina Legal murió por edema pulmonar. En muchas de esas autopsias, los forenses dejan una anotación: “muerte en estudio”.
AQUI PONER DOCUMENTO 3 (DANIEL)
Por la discapacidad intelectual, por la epilepsia o por el “colapso pulmonar” que describe el chequeo médico el día de su captura, Henry no debió ser encarcelado en Mariona. Al menos, eso dice un documento del proceso judicial 08-C2-2022(F) a cargo del Juzgado Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador. “La Fiscalía no presentó en la audiencia de imposición de medidas cautelares el reconocimiento forense del estado de salud, a fin de resolver lo correspondiente, atendiendo el derecho de salud”, reza una resolución del 14 de febrero de 2024, dos años después de la muerte de Henry.
***
Jesús Alberto cuidó continuamente de su hermano, en especial después del accidente que lo dejó discapacitado. Se sintió responsable de Henry como si fuera su padre. Gastó parte de su salario como ordenanza de una empresa para comprarle dos paquetes mensuales, con la ilusión de que su hermano tuviera lo indispensable en Mariona.
En mayo de 2022, el mes en que Henry falleció en el Hospital Rosales, Jesús Alberto llevó dos paquetes que le costaron $140. En los siguientes dos meses, junio y julio, cuando el cadáver estaba en la morgue de Medicina Legal, gastó otros $280 en cuatro paquetes más que los custodios recibieron, como en los casos anteriores, sin ningún reparo. “Ellos solo me preguntaban mi nombre y el de mi hermano. Me recibían el paquete, pero no me daban información de él. Cuando pregunté más y más, me dijeron: no aparece en el listado”.
Henry desapareció del listado de encarcelados en Mariona a finales de julio de 2022.
Según los documentos del proceso de exhumación del Juzgado Tercero de Paz, Henry fue sepultado en la fosa común 319, nivel dos, del cementerio La Bermeja, a las nueve de la mañana del 8 de julio de 2022. Los documentos no detallan cómo, ni en qué momento, alguna institución estatal le cambió los apellidos: Henry Eleazar Joya Jovel fue enterrado como Henry Cuéllar Jovel, algo que dificultó a su familia encontrarlo.
Aquellos días el hermano de Henry pidió ayuda a Centros Penales, la Fiscalía, el Juzgado, la Procuraduría, pero no logró nada. Luego, recorrió sin éxito las oficinas del Hospital Rosales, Zacamil, penal de San Vicente, Apanteos, Quezaltepeque, pero no encontró información sobre el paradero de su hermano. El siete de septiembre de 2022, denunció ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos “la desaparición” de su hermano, aunque eso también resultó inútil.
Entre agosto y la primera quincena de septiembre de 2022, a Jesús Alberto lo contactaron dos personas que estuvieron detenidas en Mariona. Uno de ellos le contó sobre las golpizas que recibió Henry en el penal. “Me llamó por teléfono y me dio esa información, pero no se quiso reunir conmigo. Me dijo: no nos daban comida, fue durísimo lo que sufrimos. Su hermano no soportó todos los golpes. A él como que le deshicieron algo en su estómago de todas las patadas que le pegaban. Fue al hospital, de ahí ya no lo ví, ya no regresó”.
Por recomendación de esas dos personas que le llamaron, el 19 de septiembre de 2022, Jesús Alberto fue a Medicina Legal para preguntar si su hermano estaba en la morgue. Le mostraron un álbum fotográfico de los fallecidos y ahí reconoció a Henry, a quien le habían cambiado el primer apellido: en lugar de Joya habían escrito Cuéllar. Las fotografías confirmaban la información previa sobre las palizas contra su hermano. “Cuando me enseñan las fotografías en Medicina Legal, tenía unos moretes en la cara, por sus ojos tenía otro morete. Eran golpes que él recibió”.
El dictamen de autopsia establece como causa de muerte una neumonía aguda pulmonar, pero la pericia también menciona que el cadáver tenía un “trauma contuso”, sin entrar en mayores detalles. Un trauma contuso es un daño físico en el cuerpo por el impacto de un objeto o una caída, que no rompe la piel, pero que lesiona los tejidos blandos o huesos.
AQUÍ INSERTAR EL AUDIO: “MI HERMANO TENíA GOLPES EN LA CARA, PERO CUANDO ME ENSEÑARON LAS FOTOS YA ESTABA ENTERRADO EN UNA FOSA”
La larga lucha de Jesús Alberto para “no dejar tirado como un animal” el cadáver de su hermano terminó un mes después, el 19 de octubre de 2022. Ese día, Henry fue exhumado del cementerio La Bermeja y sus restos fueron trasladados al cementerio de San Sebastián, en San Vicente, su pueblo natal, donde fue enterrado a la par de su madre.
Jesús Alberto cuenta que, un año después de la exhumación, recibió una llamada de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y le preguntaron “si sabía algo” sobre su hermano. “¿Hoy para qué? Si a mi hermano lo encontré muerto, no necesito saber nada de ustedes”, les respondió. “Cuando me hablaron era demasiado tarde, cuando ellos tenían que hacer algo por toda la gente inocente, los penales, los Derechos Humanos, nunca hicieron nada. Yo de ellos no quise saber nada”.
También con un año de tardanza, la Fiscalía le llamó para preguntarle si tenía información de cómo falleció su hermano. Él asegura que les dio esta respuesta: “¿Cómo me voy a dar cuenta si lo taparon todo? Hicieron un tamal porque querían que yo no lo encontrara”.
La Fiscalía y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no fueron las únicas instituciones que llegaron tarde. El 14 de febrero de 2024, casi dos años después de la muerte de Henry, el juez dos del Juzgado Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador pidió a los fiscales investigar el caso. “Se encomienda a la agencia fiscal investigar las circunstancias del deceso; a fin de evitar especulaciones indebidas de los familiares del sindicado y de la sociedad en general”.
Una resolución dos años tarde. El Faro no obtuvo ninguna evidencia de que se hayan realizado diligencias más allá de las llamadas telefónicas a Jesús Alberto.
Ramón: tu padre está muerto… tu padre está vivo
A finales de abril de 2025, después de Semana Santa, Gustavo Enrique Vargas Domínguez recibió un correo electrónico del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana en el que le informaban que su padre había muerto.
A la casa de Gustavo en la Punta El Jagüey de La Unión llegaron sus vecinos a darle el pésame. Llegó un pastor para dirigir las oraciones del velorio y la funeraria ya estaba lista con el ataúd, a la espera de que el cadáver les fuera entregado en el penal. El 22 de abril de 2025, diversas cuentas de redes sociales publicaban sobre la muerte de Ramón Abraham Vargas Ávila, el padre de Gustavo: decían que fue capturado por el régimen, que murió en un penal pese a tener carta de libertad y que había sido sepultado en una fosa.
Ramón no fue capturado por el régimen ni fue sepultado en una fosa común. Él fue condenado el 13 de octubre de 2023 a ocho años de prisión por la agresión sexual de una menor de edad. Aunque no se trata de una víctima inocente del régimen como los tres casos previos, El Faro incluye su caso porque retrata el desorden, la indolencia y la arbitrariedad con la que Centros Penales maneja la información sobre los privados de libertad ante los familiares que llegan a dejar paquetes o a reclamar el cadáver de algún ser querido.
“Ni siquiera me dejaron entrar a hacer el debido procedimiento, porque me imagino que si llego con una información que me han dado tienen que darme un seguimiento. ‘No’, me dijo (el custodio). ‘¿Por qué?’ ‘Su ser querido falleció antes de la Semana Santa, ¿y usted por qué hasta hoy se presenta?’ ‘Hasta anoche me cayó el documento’, le digo yo. ‘Lo lamento, pero no se lo podemos entregar. A él lo tiramos a una fosa común y la sellamos’”.
Gustavo exigió al custodio que le explicara cuál era el procedimiento y los requisitos para hacer la exhumación del cadáver. Esa insistencia molestó al empleado de Centros Penales, quien amenazó con capturarlo. “Cuando yo le dije al que me atendió: ‘usted tiene que entregármelo’. ‘Mire 一me dijo一, no esté insistiendo tanto, si no ahorita mismo lo dejo a usted aquí”.
Gustavo se resignó, regresó a El Jagüey sin el cadáver y la gente que se había reunido para el funeral se dispersó. Ramón murió para todos ellos, aunque nadie vio el cadáver.
***
Seis meses después del correo electrónico en el que Centros Penales le informaba sobre la muerte de su padre, en octubre de 2023, Gustavo recibió una llamada de su hermana, quien le dijo algo que lo dejó confundido: “papá está vivo, tenemos vivo al viejo”.
La hermana recibió esa información de su esposo, un hombre que salió del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana para enfrentar un juicio por la agresión sexual de una menor de edad. En el juicio fue condenado a 15 años de cárcel y antes de regresar al penal le dijo a su esposa, la hermana de Gustavo, que su padre estaba vivo y seguía cumpliendo la pena a la que fue condenado.
Dice Gustavo que después de recibir esa información fue a un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de San Miguel y ahí le trataron de explicar el embrollo de la siguiente manera: Ramón y otro detenido salieron enfermos hacia un hospital. El otro privado de libertad falleció, pero Centros Penales confundió los nombres y notificó sobre el deceso a la familia de Ramón, quien seguía vivo.
“Su papá salió con el compañero de celda bastante mal de salud. El compañero de celda falleció y entregaron la documentación de su papá como fallecido. ‘¿Pero no cree que es un grave error?’ ‘Sí, es un gravísimo error’”, asegura Gustavo que le respondió el empleado del juzgado. “O sea, uno pasó luto, tristeza”, se queja.
A finales de noviembre del 2025, tras la explicación del juzgado, Gustavo cuenta que fue a dejar un paquete a su padre y Centros Penales lo recibió.
Gustavo creyó en Centros Penales cuando le dijeron que su padre estaba muerto, aún sin ver el cadáver. Ahora que las autoridades le dicen que su padre está vivo, duda. “Yo a veces digo: ¿será cierto, será mentira? La pregunta mía siempre ha sido: ¿está vivo o fallecido? A saber a qué persona le está llegando el paquete”.
AQUÍ INSERTAR AUDIO. GUSTAVO VARGAS: “A SU PAPÁ NO SE LO PODEMOS ENTREGAR PORQUE YA LO TIRAMOS A UNA FOSA”
*Notas periodísticas, informes de organizaciones de derechos humanos y publicaciones de redes sociales consignan que Rosa Haydé Avilés, de 76 años, murió en el penal de Apanteos el 11 de noviembre de 2022 y que fue sepultada en una fosa común. El Faro entrevistó a dos hijas de la señora, quienes confirmaron que su madre falleció en el penal, pero aclararon que reclamaron el cadáver en una morgue de Santa Ana horas antes de que fuera sepultada en una fosa común.