Blanca Osmilda Castro Quijada era una señora aquejada por enfermedades crónicas: padecía hipertensión, hipotiroidismo y diabetes. Cuando el 1 de junio de 2022 los agentes de la Policía llegaron a su casa de ladrillos rojos y láminas derruidas en la lotificación Altos del Tecana, en Santa Ana, no encontraron pruebas del delito de agrupaciones ilícitas. Lo que había dentro de la casa eran algunas golosinas y gaseosas que la señora vendía para ganarse la vida, un centenar de pastillas que tomaba a diario y una hija adulta que sufre esquizofrenia desde la infancia, cuentan sus familiares.
“Tenía una tiendita, ahí iba pasando con lo que vendía. La quería un gran montón la gente porque si había comprado un fardo de gaseositas, sí alguien llegaba, le daba una gasesosita aunque se quedara sin venta. Hay una señora que a veces anda en la calle y si ella estaba comiendo, le regalaba comida. A veces hasta a mí me mandaba un cuarto de pollo y todavía le alcanzaba la comida porque era generosa”, cuenta una familiar de Blanca Osmilda, quien aceptó contar detalles del caso con la condición de reservar su nombre.
Esa familiar habla desde el anonimato porque teme convertirse en víctima de una captura arbitraria en el marco del régimen de excepción, tal como sucedió con Blanca Osmilda. Aquel día, como a las 9:30 de la mañana, un grupo de policías entró a la casa sin mostrar una orden de allanamiento o de captura. Según uno de los vecinos que atestiguó la detención, los agentes le dijeron que debía presentarse al puesto policial para un procedimiento “normal” y que luego “iba regresar a su casa”, como lo han hecho con muchos de los capturados. Blanca Osmilda regresó a su casa dos años después, pero dentro de un ataúd.
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Blanca Osmilda era la madre de una mujer de 40 años que se comporta como una niña. Aunque la familia nunca la llevó a un médico para establecer con certeza su padecimiento, sospechan que sufre esquizofrenia desde los dos años de edad, cuando comenzó a gritar sin sentido, sin motivo. “Tenía una hija enferma, especial. No sé qué es lo que tiene, pero ella no es normal de la cabeza. Le tengo que estar dando la comida y decirle que se bañe porque tiene ese problema de la cabeza”, cuenta la familiar de Blanca Osmilda.
Antes de que la sacaran de su casa, la señora suplicó a los policías por una llamada telefónica para informarle a su familia sobre la supuesta visita de rutina al puesto policial y evitar que su hija enferma se quedara sola en la casa. Los policías ignoraron la petición y “la muchacha se quedó solita”, cuenta el vecino que caminó unas cuatro cuadras, cerro abajo, para alertar a otros familiares sobre la detención.
El Faro conversó con un familiar y tres vecinos de Blanca Osmilda, pero todos pidieron reserva de su nombre por miedo al régimen de excepción, la célebre estrategia de seguridad pública del Gobierno de Nayib Bukele que ha logrado la desarticulación de las pandillas, pero que ha destruido el derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso, entre otros. El régimen está en vigencia desde el 27 de marzo de 2022, tras el quiebre del pacto entre las pandillas y el Gobierno de Bukele. En junio de 2025, una encuesta del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana detalló que seis de cada diez salvadoreños tienen “más cuidado” al opinar sobre política. El 48,3% de los encuestados teme expresar sus opiniones por miedo a ser detenido o encarcelado. El Faro también ha documentado que algunos familiares de fallecidos en las cárceles incluso niegan a sus seres queridos por miedo al Gobierno de Bukele.
A Blanca Osmilda la sacaron de su casa a las 9:30 de la mañana, pero la Policía la llevó a las bartolinas de la Delegación del 911 en Santa Ana hasta las 4:00 de la tarde. Hasta ese momento, un familiar y una de sus vecinas obtuvieron una escueta explicación de por qué estaba detenida: agrupaciones ilícitas. Ese delito, dijeron los policías, era por su relación con la Mara Salvatrucha MS-13, algo que a la familiar de la detenida le sorprendió porque en la lotificación Altos del Tecana no era controlada por ninguna pandilla. Algo similar ocurrió en la isla el Espíritu Santo, en Usulután, un lugar donde las autoridades capturaron a 22 personas, pese a que en la isla no había pandillas.
Una veintena de documentos policiales, elaborados entre el 2014 y 2022, coinciden con el testimonio de la familiar de Blanca Osmilda: en la lotificación Altos del Tecana no había pandillas. Diversos documentos elaborados por la Subdirección de Inteligencia Policial detallan que tres clicas de la Mara Salvatrucha (MS-13) operaban en el departamento de Santa Ana: la clica Stoner Locos Salvatruchos (STLS), la Fulton Locos Salvatruchos (FLS) y la Hollywood Locos Salvatruchos (HLS). La Policía es muy explícita en mencionar las zonas de control de esa pandilla con la que relacionaron a Blanca Osmilda. La lotificación donde ella vivía y fue capturada no aparece en ningún informe ni en los 10 millones de correos internos de la Policía y 250 mil de la Fuerza Armada de la filtración conocida como Guacamaya Leaks.
La principal zona de operación de la STLS era el cantón El Ranchador; la colonia Santa Cecilia y la urbanización Santa Ana Norte, de Cutumay Camones; el cantón Primavera, el Barrio San Antonio y la colonia Barcelona, de Santa Ana, según el informe titulado “Informando sobre lineamientos de la Mara Salvatrucha”, elaborado en marzo de 2016, luego del decomiso de un cuaderno a un líder pandillero, conocido como El Tato de Fulton. El documento agrega que la clica FLS controla la colonia Santa Anita, mientras que la HLS opera desde la colonia San Juan, en San Sebastián Salitrillo.
Otros informes de inteligencia policial elaborados en 2017, 2019 y 2022 consignan que la clica STLS controla fincas cafetaleras en cantones como Las Aradas, El Porvenir, el caserío Sitio Viejo de Nancintepeque, cantón Las Cruces y Ayutepeque. “Armados con fusiles AK 47, pidieron a los dueños de las fincas que permitan cortar parte de la cosecha para la pandilla”, consigna uno de los informes que El Faro obtuvo por medio de DDoSecrets, una organización dedicada a la liberación de información de interés público.
Ninguno de los documentos obtenidos por este periódico reporta actividad pandilleril en la lotificación Altos del Tecana, el lugar donde fue capturada Blanca Osmilda. Los hechos delictivos más cercanos a esta lotificación ocurrieron en 2014 y 2020. Según el expediente CEN-0018-DAN-03442-14-F, en octubre de 2014, policías antinarcóticos capturaron a cuatro pandilleros de la STLS porque les encontraron tres porciones medianas y una pequeña de marihuana. Estas detenciones ocurrieron en la aldea San Antonio, a seis kilómetros de distancia de la lotificación Altos del Tecana.
Luego, en noviembre de 2020, dos años antes de la aprobación del régimen de excepción, la Fuerza Armada incluyó en su monitoreo de prensa un asalto cometido por dos hombres armados al motorista de un camión en la colonia Altos de Tecana. Entre el lugar del asalto y la lotificación donde vivía Blanca Osmilda hay cuatro kilómetros de distancia, porque la colonia está al otro lado del cerro.
Pese a la falta de documentos oficiales sobre la operación de pandillas en la lotificación o sobre información precisa de la supuesta relación entre Blanca Osmilda y la MS-13, a la señora la capturaron por agrupaciones ilícitas, pese que su familia no sabe quiénes eran los integrantes de ese grupo porque aquel día fue la única detenida, cuestiona su familiar. La vecina increpó a la Policía:
—¿Y por qué agrupaciones ilícitas si a la casa la fueron a sacar?
La respuesta que asegura haber recibido de las autoridades fue surrealista.
—Ahora así son las agrupaciones ilícitas, recuerda que le contestó uno de los policías. Hay cientos de personas encarceladas porque la Policía aplicó parámetros ambiguos, como parecer nervioso o sospechoso.
El dos de junio de 2022, la Policía informó a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH) el traslado de Blanca Osmilda al penal de Ilopango, según el documento “Para PDDH 02-06-2022.xlsx”. Sin embargo, cuando el caso llegó al Juzgado Especializado de Instrucción A2 de Santa Ana, el fiscal Mauricio Valmore Rivas Guevara la acusó directamente de agrupaciones ilícitas.
Según el documento que presentó el fiscal Rivas Guevara, la señora pertenecía a una agrupación ilícita conformada por otras 200 personas. Esas cientos de personas no vivían en la lotificación Altos del Tecana ni en colonias aledañas. Ante la falta de pandilleros en la lotificación, Blanca Osmilda fue incluida en una acusación contra 200 personas que a finales de mayo y principios de junio de 2022 fueron capturadas en diferentes municipios de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. La señora fue procesada por agruparse con personas que vivían lejos de ella.
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En la cima del cerro Tecana hay un frondoso amate desde donde se observa una cuadrícula de calles de terracería, con daños visibles del último invierno. Entre las casas de construcción mixta y los árboles también se mira una iglesia de la Misión Evangélica El Shaddai, donde se congregaba Blanca Osmilda, desde tres años antes de su detención. La religiosidad de la señora marcó las últimas palabras que dijo a su familiar antes de ingresar a las bartolinas del 911 en Santa Ana la tarde del primero de junio de 2022. “Me gritó y me dijo que tuviera fe, que Dios se iba a encargar de eso y que Dios la iba a sacar. Claro, Dios le dio la victoria porque salvó su vida, pero no como nosotros queríamos”, recuerda una de las familiares que la acompañaron.
Blanca Osmilda fue recluida en el penal de Ilopango y después en Apanteos. La familia no volvió a tener noticias de ella, pese a las múltiples gestiones ante la Procuraduría General de la República. “Cuando yo iba me decían que fuera después. Nunca, nunca hablé con el abogado. Nunca decían nada, solo que fuera después”.
La familia contrató un abogado particular en los primeros meses del encarcelamiento, según los documentos obtenidos por medio de DDoSecrets. El abogado Darío Alfaro solicitó una audiencia de revisión de medidas por el delicado estado de salud de la detenida. El 29 de agosto de 2022, la jueza a cargo del Juzgado Especializado de Instrucción de Santa Ana A2 consideró que indagar sobre las enfermedades crónicas de Blanca Osmilda era una pérdida de tiempo. “Declárase no ha lugar la audiencia de revisión de medidas, por calificarse de dilatoria”, resolvió en un documento.
En los siguientes meses, lo único que la familia pudo hacer fue llevarle un paquete cada mes, aunque la familia no tiene certeza de que haya recibido los alimentos ni la medicina. Por su parte, el juzgado creado por el oficialismo concedió prórrogas y prórrogas para prolongar su estadía en la cárcel. En noviembre de 2022 le concedió al fiscal Rivas Guevara seis meses de investigación, pero apenas un mes después (gracias a una reforma a la Ley contra el Crimen Organizado), el juzgado extendió el plazo a un año.
“El régimen de excepción ha permitido las capturas masivas de terroristas lo que requiere dotar a las instituciones del sector justicia de las leyes necesarias para ordenar los procesos iniciados”, consigna la resolución. Esa prórroga venció en diciembre de 2023, pero Blanca Osmilda siguió detenida sin un juicio, encarcelada porque para el juzgado toda petición de una audiencia de revisión por las múltiples enfermedades crónicas era una estrategia “dilatoria”. Sin derecho a nada, la familia siguió llevando el paquete.
El paquete incluía levotiroxina para tratar el hipotiroidismo (una afectación de la glándula tiroides que no produce suficientes hormonas y que puede provocar fatiga, aumento de peso, piel seca o estreñimiento); la amiodarona, un medicamento de alta toxicidad para tratar arritmias cardíacas; la metformina, usada para la diabetes, porque mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la absorción intestinal de azúcar. La señora tomaba tres medicinas más, pero la familiar no precisa los nombres. “No recuerdo los nombres de cada una, pero eran como 300 pastillas que tenía que tomar al mes, porque tenía problemas de presión, del azúcar, tenía líquidos en el cuerpo y problemas del corazón”.
En enero de 2024, Blanca Osmilda tenía una cita en el hospital de Santa Ana, pero los custodios dijeron que la familia no podía hacer nada y tenían que dejar los documentos hospitalarios para que Centros Penales asumiera la responsabilidad de llevarla al control médico. La familiar dejó en la cárcel la tarjeta del hospital y desde entonces ya no pudo retirar el medicamento que la señora tomaba cada mes. “Como deje la tarjeta en el penal, tenía que comprar la medicina, como cien dólares gastaba. Me fue mal dejar la tarjeta porque no sé si la llevaron a la cita. Al no tener la tarjeta ni las recetas, ya no pude retirar la medicina”.
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Los empleados de una funeraria llegaron a las 6:00 de la mañana. Era el 23 de junio de 2024, 24 meses después de la captura de Blanca Osmilda, y un hombre dijo a los familiares, a secas, que ella había fallecido. La familia fue al hospital de Santa Ana y ahí les dijeron que murió por una arritmia cardíaca.
La esquela del Instituto de Medicina Legal establece como causa de la muerte una “miocardiopatía dilatada”, una enfermedad grave que estira y adelgaza el músculo cardíaco, reduciendo la capacidad de bombeo del corazón. El documento no detalla si Blanca Osmilda recibió tratamiento contra esa enfermedad en el penal de Apanteos o en el Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. “Asistencia médica: no precisado”, consigna el documento que elaboró el forense Bladimir Antonio Clara Hernández.
Blanca Osmilda se convirtió en una de las 35 mujeres fallecidas durante el régimen de excepción que Socorro Jurídico Humanitario ha podido documentar. El último informe de esa organización, presentado el 29 de enero de 2026, consigna que “de las 35 mujeres fallecidas, en 5 la causa aparente de muerte fue violenta; las demás 30, fueron por situaciones relacionadas a enfermedades y falta de tratamientos médicos”.
La familiar que estuvo en el funeral dice que Blanca Osmilda, al menos en el rostro, no tenía moretones o cicatrices, como sí ha ocurrido en varios casos de otros cuerpos que son entregados a las familias desde algún penal. La familia tampoco tiene certezas de que le hayan privado de la medicina que necesitaba. “En la cara no tenía nada. Yo andaba mal, no tenía valor ni de verla, entonces no revisé el resto del cuerpo. Y bueno… la medicina se la llevábamos mensual y me la agarraban en el penal. Que no se la daban es otra cosa, solo Dios sabe, pero yo se la llevaba todos los meses”.
La única certeza que la familia tiene es que Blanca Osmilda fue capturada y procesada por agrupaciones ilícitas, pese a la falta de pruebas concluyentes. Ella no tenía antecedentes penales, mucho menos relacionados con pandillas. Ante la pregunta de si Blanca Osmilda tenía tatuajes de pandillas, la familiar suelta una mirada de extrañeza.
—¡No, ella era una señora de 60 años! ¿cómo va andar en eso? Ella nunca había tenido problemas con nadie.
El informe de Socorro Jurídico Humanitario consigna que 470 personas detenidas por el régimen de excepción fallecieron en las cárceles salvadoreñas. La cifra está actualizada hasta el 29 de enero de 2026. De ese total, la organización estima que la causa de la muerte fue violenta en un 32 % de los casos: 150. Pese a los indicios, la Fiscalía no ha investigado ni procesado a ninguna autoridad por esas muertes. En el caso de Blanca Osmilda, su familia está resignada y no espera nada del Estado. “Con la voluntad de Dios uno no puede hacer nada. Y, pues si, como seres humanos duele todo, pero Dios sabe cómo lleva las cosas. Y ese fue el propósito de Dios”.
Pese a la muerte de su familiar, la entrevistada está a favor del régimen de excepción, pero con matices. “En una parte está bien, porque mi hija iba ir a bachillerato y yo tenía miedo de mandarla por tanto cipote. Tenía miedo de mandarla y hasta pensando estaba que si no iba a estudiar. Gracias a Dios, con esto ya puedo mandarla libremente a estudiar”, dice, mientras aclara que en su lotificación no hay pandillas, pero en colonias aledañas sí las hubo. Y cierra pidiendo que las capturas del régimen estén sustentadas con pruebas, algo que no sucedió en el caso de su familiar: “Sería bueno que llevaran una investigación a fondo”.