En el país de Bukele hay presos políticos

Bukele lo ha repetido en varias ocasiones: que entre los 120,000 detenidos que han convertido al país en el lugar del mundo con la mayor tasa de población carcelaria (uno de cada 57 salvadoreños está preso) no hay ninguno que haya sido apresado por sus ideas, por expresarlas en público, por manifestarse o disentir del Gobierno.

Bukele incluso lo dijo en Naciones Unidas en septiembre de 2024: “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas”.

Bukele lo ha reiterado incluso para atacar organizaciones nacionales e internacionales, y hasta a gobiernos, cuando sus informes sobre El Salvador señalan que hay una deriva autoritaria veloz. Sobre todo desde 2021. Bukele, con la levita con la que desde el Palacio Nacional asumió su segunda presidencia inconstitucional en 2024, promete, jura: “El Salvador ha dejado atrás su pasado al que juramos nunca más volver. En el nuevo El Salvador, todos tienen cabida”.

Las cárceles lo contradicen.

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En general, comienza con una expresión crítica al gobierno. Luego llega la vigilancia en la vía pública, en las manifestaciones. La policía crea perfiles de las personas de interés; les señala de ser afines a partidos opositores; identifica a su familia, y luego, días o meses después, comienza la intimidación. Los agentes tocan a la puerta, a veces vestidos de civil, a veces en carros de placas particulares, y hacen preguntas inofensivas: “¿Cómo se llega a tal calle?”. “Queremos saber si en esta colonia necesitan ayuda con cualquier problema que tengan.” “Andamos buscando al dueño de un carro que provocó un accidente de tránsito”. Otras veces actúan sin rodeos. Dicen que necesitan que fulanito, menganita, salga de la casa, que necesitan hacerles unas preguntas. Dicen a la familia que nadie debe preocuparse, que la persona regresará pronto. Otras veces, basta con vivir en una zona otrora dominada por pandillas para facilitar la arbitraria detención. Ver, oír y callar se llama un informe de la organización de defensa de derechos humanos Cristosal sobre el miedo esparcido en El Salvador. 11 % de las organizaciones entrevistadas en el estudio reportaron la detención arbitraria de algún miembro o familiar.

Antes o después de la captura suele ocurrir que un conjunto amorfo de perfiles en redes sociales, canales oficiales, youtubers o autoproclamados analistas inunda internet con un mensaje, una historia, la que ellos quieren que se crea, sin pruebas. En tiempo electoral, la efervescencia es alta. Como en la campaña de 2024, donde hubo 62,657 ataques en contra de candidatos a diputados y gobiernos locales, 63 de cada 100 dirigidos a mujeres, según la Asociación Nacional de Regidoras, Síndicas y Alcaldesas Salvadoreñas. El ataque mediático tiene como objetivo anular cualquier argumento en defensa de la persona atacada. Deslegitimarla, aislarla. “Es el inicio del no-ciudadano”, dijo Hamlet Lavastida, un artista cubano perseguido y exiliado, cuando le preguntaron cómo iniciaban los ataques en la isla. En El Salvador sucede lo mismo.

A veces, la construcción del no-ciudadano ocurre en elaboradas conferencias de prensa; otras, mediante escritos y avisos que algún funcionario lleva, por ejemplo, a la Fiscalía General de la República, para que inicie una investigación. A veces basta con un post en X.

Por lo general, la persecución comienza por cosas que se dicen, que despiertan de su sueño al leviatán. Quien critica pero, sobre todo, hace visible esa crítica se expone a ser aplastado por el mismo poder que denuncia. Como los topos de mentira en aquel juego donde uno trata de apachurrarles la cabeza con un mazo cuando asoman por un orificio: animal que aparece, pum, vuelve a hundirse. Pum, otro. Y otro. Pum. Pum. Pum. 67 de cada 100 salvadoreños modularon sus expresiones en público y ya no hablan de política, según una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de enero de 2024.

Hay personas que, para saber si los van a aplastar, incorporaron a su rutina ir a la Fiscalía cada cierto tiempo a preguntar si hay algún expediente abierto, por si las moscas. “Yo le he preguntado a tres mujeres defensoras que estuvieron detenidas qué es estar en Apanteos, por si acaso, porque ¿saben una cosa? No tengo miedo de pagar esa factura tan alta que es ir a parar presa”, dijo en marzo pasado Ingrid Escobar, defensora de derechos humanos y directora de Socorro Jurídico, días después de que dos policías tocaron a su puerta con preguntas que le parecieron extrañas: “¿Dónde queda la colonia San Antonio Abad?”. Le pareció extraño porque su casa es la última de un pasaje, en un área donde hay 300 viviendas más.

Tras la desinformación masiva en internet, comienza la persecución y es ese el momento de tomar decisiones drásticas. Quedarse o exiliarse. Ser apachurrado o desaparecer. Los que tienen la posibilidad de irse, lo hacen. Cuando el rumor de una posible detención llega, se arman maletas en un santiamén y luego se aborda un avión, un bus, un carro… Otros, abandonan el país a través de puntos ciegos por temor a ser detenidos en la frontera.

Surge así, pesada como una losa, la palabra exilio. En ese momento da igual el apellido: exilio preventivo, exilio temporal, exilio permanente. Todo se vuelve incierto. Nueve periodistas salieron del país en 2024 por temor a las represalias por informar. Un año antes, otros cinco se exiliaron permanentemente: datos de la Asociación de Periodistas de El Salvador. En mayo de 2025, 30 periodistas abandonaron el país a las puertas del séptimo año de Gobierno de Bukele.

Algunos de los que se van prefieren nunca más opinar sobre la política en El Salvador porque temen que “algo” pueda ocurrir a la familia que dejaron. Algún otro sigue denunciando desde el exterior. Trata de seguir. Trata. Sigue. ¿Lo dejarán volver? ¿Podrá? ¿Querrá?

Los testimonios de perseguidos van en aumento: hay oficinas de asilo en el extranjero que ya no escuchan relatos de persecución por las maras. Desde 2021, comenzaron a escuchar a los que huyen después de denunciar corrupción, los que se van por defender un río o una montaña; los que se van por ser periodistas, jueces, fiscales, por hablar en nombre de las víctimas de capturas arbitrarias. Hay también sindicalistas, abogados. Todos se asomaron por el hoyo y el mazo les apachurró la cabeza.

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Cuando el 12 de mayo entregué este texto a mis editores, faltaban seis días para que Ruth Eleonora López fuera capturada. Esa abogada es, desde el 11 de mayo de 2021, la jefa de la unidad anticorrupción de una de las más importantes organizaciones civiles del país, que ha documentado decenas de casos de abusos de derechos humanos y corrupción del Estado durante la administración Bukele. Ella no solo cumplía su trabajo, lo hacía público donde pudiera: frente a la Fiscalía controlada por Bukele cuando presentaba una denuncia; en entrevistas nacionales o internacionales; en giras con políticos de Washington. Incluso fue nombrada una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la cadena de noticias británica BBC en diciembre de 2024. Lo dicho, seis días después de que entregara este reportaje, ella fue capturada a las 11 de la noche de un domingo, con mentiras. Le dijeron que había un accidente de tránsito afuera de su casa y cuando salió le mostraron la orden de detención en su contra. No le permitieron cambiarse en su casa. La obligaron a hacerlo en la calle, frente a los policías. Ella grabó aquello: “Tengan decencia, esto se va a acabar, no se pueden prestar a esto”, dijo López a su captores.

Durante meses previos a su captura, cada vez que hablé con ella, le pregunté si tenía temor. Siempre respondió rápido que no. La foto de su detención, publicada por la Fiscalía, la muestra con un gesto sereno, como diciendo: sabía que esto podía pasar.

Desde entonces, en solo unos días, el Estado salvadoreño violó cuanto procedimiento pudo violar en el caso de López: ocultaron por 12 horas su paradero, y cuando la familia por fin tuvo noticia de dónde se encontraba, la buscó y ni los guardias del lugar ni ninguna autoridad quiso confirmar nada. 24 horas después de su captura la familia no tenía información certera de su paradero y ningún abogado había podido hablar con ella. Cristosal denunció que se trataba de una desaparición forzada. 36 horas después de la detención, su familia pudo hablar con ella y confirmó que estaba bien. Nueve días después, la Fiscalía aún no la había puesto a disposición de ningún juez, lo que triplica el plazo constitucional para ello. 

A López la tratan como si fuera una procesada con el régimen de excepción, un arma jurídica que enarbola una guerra contra las pandillas, que elimina garantías constitucionales y provocó la detención de 85,000 salvadoreños en tres años, miles de ellos inocentes y sin relación a bandas criminales. El régimen de excepción otorga 15 días de plazo máximo para la prisión administrativa cuando el caso se relaciona a pandillas. López no ha sido acusada de un delito de pandillas, sino por uno presuntamente cometido cuando fue empleada pública. La Fiscalía aseguró que López sustrajo dinero público, pero el expediente acusatorio, nueve días después de la captura, ni siquiera se había presentado al juez. Hubo funcionarios que aun así la condenaron públicamente. Aldo Álvarez, exembajador de Bukele en China, dijo que la detención no fue arbitraria porque “ningún fiscal se va a aventurar a girar una orden de detención sin tener, especialmente contra una persona como ella, sólida y robustamente un caso armado”.

Es imposible obviar a López de este texto, porque en solo días el Estado hizo despliegue de todas las injusticias y violaciones al debido proceso que están en el manual de la prisión política. Lo que le pasó a ella, en solo días, es la esencia de lo que le ocurre a un preso político. Quedan pocas dudas. Por eso, este texto no podía obviarla. Por eso, este texto cierra hablando de ella.

Pero en otros casos, en todos los casos que había radiografiado antes de la captura de ella, todo es menos obvio, la maraña es enredada y hay que desenredarla caso por caso.

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Cuando todavía era alcalde de San Salvador, el arenero Ernesto Muyshondt hizo un pacto envenenado con el partido de Bukele que le permitiera reelegirse para el período 2021-2024. Nuevas Ideas era el nuevo partido gobernante para entonces. El acuerdo con Muyshondt era que Bukele no le pusiera competencia, de acuerdo a fuentes del equipo de Muyshondt que hablaron con El Faro.

La negociación no fue pública, pero había señales notorias en el contexto. Muyshondt, hasta entonces un militante de hueso duro de la derechista Arena, sorprendió a sus correligionarios por su repentina cercanía con el presidente Bukele. Faltando unos meses para la elección, apareció en carteles gigantes dándose un saludo pandémico (chocando codos) con Bukele. Muyshondt desafió la lógica arenera de no acercarse al enemigo político. Llamó “amigo” a Bukele. Respondió así cuando lo criticaron: “Me vale sorbete”.

Muyshondt intentó hacer méritos para mantener en pie su negociación. En esos días, el alcalde reconoció en público que pensaba salir de Arena y formar otro partido “más renovado”. Habría sido lo óptimo para Bukele, quien veía en los areneros un importante foco de votos adversos. En la última entrevista que brindó antes de ser detenido, en abril de 2021, Muyshondt aceptó que, mientras fue alcalde, ocultó información que pudo beneficiar a la oposición y rasguñar la campaña de Nuevas Ideas. Eran contratos irregulares de la gestión de Bukele (2015-2018) que Muyshondt no quiso criticar en público. Lo hizo hasta esa entrevista, en el ocaso de su gestión, después de que el periodista insistiera. Dijo: “No somos la Fiscalía, que es quien debe actuar… El mercado Cuscatlán es el menor de los males. Hay otros contratos que son sumamente perjudiciales para la municipalidad. El contrato con las luminarias, el contrato de un sistema ERP y de cobros; totalmente perjudicial...”. Muyshondt dijo aquello, pero también había dado enormes muestras de buena voluntad y otorgado contratos a empresarios cercanos a Bukele. “Políticamente quizá me hubiera convenido pelearme con el gobierno”, dijo en aquella última entrevista.

Pero nada salió como Muyshondt lo planeó.

Nuevas Ideas anunció que su candidato en 2021 para la capital sería Mario Durán, el ministro de Gobernación (y actual alcalde). El anuncio se hizo al límite del vencimiento del plazo para inscribir candidatos en elecciones internas. “Muyshondt tomó a mal la aparición de Durán, la negociación había sido que Nuevas Ideas lo dejaría competir solo en San Salvador”, dijo a El Faro una persona que fue del equipo de confianza de Muyshondt, durante una entrevista en noviembre de 2023.

Muyshondt tenía un plan de trabajo que pasaba por 2024 y sus elecciones presidenciales en las que supuestamente Bukele no podría competir por la prohibición constitucional, según las fuentes que hablaron con El Faro. Ganara o perdiera en 2021, su ruta estaba clara. Y eso era una amenaza para Nuevas Ideas. Lo derrotaron en 2021, en parte gracias a los favores electorales de las tres organizaciones criminales: Mara Salvatrucha-13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños, con quienes el bukelismo hizo alianzas.

Pero el arma más potente contra Muyshondt era el sistema judicial. El objetivo, parece, no era solo derrotarlo en las urnas, sino anularlo de la política.

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En 2000, Azerbaiyán, una nación exsoviética bañada por el mar Caspio, buscaba elevar su estatus y convertirse en miembro del Consejo de Europa, ese cónclave de países que enarbola su defensa de los derechos humanos. Azerbaiyán no había logrado ser parte del Consejo porque tenía un problema en la frontera: estaba en guerra con su vecina Armenia, lo cual afeaba sus intenciones de ser una sociedad donde los derechos humanos brillaran. Azerbaiyán, entonces, propuso que liberaría o concedería un nuevo juicio a todas las personas en cautiverio consideradas “prisioneros políticos”. El Consejo decidió invitar a Armenia para que también intentara unirse a la organización. Para ser aceptados, ambos países debían estar dispuestos a que se fiscalizara su apego y respeto a los derechos humanos. Entraron al Consejo en enero de 2001 con el compromiso de liberar o juzgar nuevamente a los “presos políticos”. Organizaciones de la sociedad civil de Armenia y Azerbaiyán levantaron una lista conjunta de 716 casos de prisión política y la sometieron a un comité de expertos para decidir quién entraba en esa categoría. Los expertos trabajaron durante tres años y medio. En ese tiempo, muchos de los detenidos fueron liberados o perdonados por sus gobiernos. En abril de 2003, la lista en estudio era de 212 casos. Los expertos siguieron trabajando. Hubo más liberaciones y perdones de los gobiernos. En julio de 2004, los expertos concluyeron que había 64 presos políticos y que una cantidad idéntica de presos no entraban en esa categoría.

Once años después, el 3 de octubre de 2012, el Consejo de Europa adoptó como propia la definición de aquellos expertos. Es la resolución número 1900 que, por ejemplo, sirvió para calificar como preso político a Julian Assange, el fundador de Wikileaks, sitio que filtró millones de documentos del Departamento de Estado de los Estados Unidos en 2010.

Dice la resolución: se considera prisión política cuando la detención ocurre como represalia a las libertades fundamentales de las personas: la libertad de pensamiento, conciencia, religión, expresión e información, reunión o asociación. También, cuando la detención corresponde sólo a motivos políticos sin que haya conexión con un delito ya definido, o si la detención o sus condiciones son desproporcionadas con relación al delito acusado. Si la persona es detenida de manera discriminatoria en comparación con otras personas. Si la detención es el resultado de procedimientos claramente injustos que “podrían estar relacionados a los motivos políticos de las autoridades."

La resolución 1900 viajó por el mundo. Y sus parámetros sobre la prisión política se usaron para describir las situaciones en Cuba, Rusia, Nicaragua o Venezuela. No es la única definición que existe, pero es una de las más asumidas y utilizadas en el mundo, y en El Salvador sus postulados ya han sido analizados como espejo de la realidad. La Universidad Centroamericana publicó en febrero de 2022 un editorial titulado “Presos políticos” que ocupaba aquellos parámetros para describir el encarcelamiento irregular del exalcalde Muyshondt.

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“Que por motivos políticos, la detención se produzca de manera discriminatoria en comparación con otras personas”.

En junio de 2021, un mes después de dejar el cargo de alcalde, la vida le dio vuelta a Muyshondt. Por esos días, el Estado mostraba una actitud bipolar hacia él: por un lado, había autoridades intentando apresarlo, giraron órdenes de captura, le endilgaron nuevos delitos. Por el otro, parecía que el Estado, a través de los jueces, intentaba trabajar con rigor; garantizar, al menos, un debido proceso.

Todo eso se esfumó. Muyshondt está desde hace cuatro años en detención provisional. Es el doble de lo que la Constitución y las leyes salvadoreñas permiten para un detenido sin condena. Pero Muyshondt sigue detenido porque la Fiscalía lo acusó de distintos delitos en distintos expedientes en 2021. En el desarrollo de todos los procesos se han combinado negligencias y decisiones que impiden que ahora Muyshondt esté en libertad. Muyshondt entró al túnel de la detención por supuestas negociaciones con las pandillas, pero en tres meses la Fiscalía ordenó tres veces más su captura por cargos de incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales.

En enero de 2021, la Fiscalía lo acusó de presuntas negociaciones para buscar favores electorales de la MS-13 y las dos facciones del Barrio 18 en las elecciones de 2014. Muyshondt enfrentaba el proceso en libertad hasta que el 4 de junio de 2021 —un mes y tres días después de que Bukele impusiera a su propio fiscal general— la jueza Segunda de Instrucción de la capital revirtió la libertad de Muyshondt y ordenó su arresto domiciliario. Antes de que pudiera llegar a su casa para cumplir esa orden, la Policía lo capturó por una nueva investigación: según la Fiscalía, había retenido las cuotas laborales de sus empleados en una empresa familiar.

El 9 de junio fue absuelto tras pagar lo que debía a sus empleados. Entonces volvieron a ordenar su arresto domiciliar. Esa vez, la Dirección General de Centros Penales le colocó un brazalete electrónico para monitorearlo, pero todo se truncó porque la Policía lo capturó por tercera vez por otro caso de retención de cuotas laborales de empleados de la Dirección de Desechos Sólidos de la Alcaldía capitalina. El despacho que redactó la demanda era de Miguel Flores Durel, abogado que defendió a dos prominentes ranfleros de la MS-13 y que fue nombrado magistrado de la Sala de lo Constitucional impuesta por Bukele. La esposa de este magistrado fue contratada unos meses antes por el ministro de Trabajo de Bukele. Por esos mismos días, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, libraba una enérgica cruzada mediática contra Muyshondt y lo señalaba, sin presentar evidencia, de estar relacionado con un homicidio.

En la audiencia inicial del nuevo expediente, el caso pasó a la siguiente etapa y Muyshondt fue enviado al penal de Mariona el 14 de junio de 2021. Los defensores de Muyshondt apelaron.

El 19 de julio, una cámara de segunda instancia analizó la detención de Muyshondt y encontró que el juez de paz no había razonado la medida. La cámara sustituyó la detención por un arresto domiciliar, pero la orden fue ignorada. Días más tarde, la Dirección de Centros Penales dijo que “no tenía disponible” ningún brazalete electrónico para Muyshondt, según publicó en sus redes sociales, el 30 de julio.

La cámara insistió con un par de resoluciones en que el arresto domiciliar de Muyshondt debía cumplirse. La última orden la emitió el 3 de septiembre. Para ese momento, el expediente de cuotas laborales ya había sido enviado al juzgado Octavo de Instrucción de San Salvador. La cámara ordenó al juez Mario Miramontes que agotara todas las medidas hasta lograr que Muyshondt fuera llevado a arresto domiciliar. Pero el juez no lo hizo.

El 10 de septiembre, la Fiscalía giró una cuarta orden de captura contra el exalcalde: otro caso de retención de cuotas laborales de más empleados de la Alcaldía. El ritual se repitió: el juzgado Séptimo de Paz admitió la causa. Ordenó arresto domiciliar. Nadie obedeció. Muyshondt siguió preso.

El 1 de octubre, dos magistrados recién nombrados en la Cámara Tercera de lo Penal tomaron el expediente de Muyshondt y revocaron el arresto domiciliar. Fue una anulación en vano porque Muyshondt nunca estuvo cautivo en su casa: la orden nunca fue ejecutada por Centros Penales. Y nunca se cumplió, entre otras causas, por la falta de brazaletes y porque la Policía dijo que la casa de Muyshondt era demasiado grande y que no tenía personal suficiente para cuidar que no escapara. Ese 1 de octubre, la Cámara sepultó las posibilidades de Muyshondt de dejar la cárcel con una decisión cuestionable: los magistrados de Cámara tomaron la decisión sin que nadie se las hubiera pedido. Las cámaras pueden revocar arrestos domiciliarios, pero solo cuando los abogados del caso lo piden en las primeras 72 horas después de que se haya decidido así. En este caso habían pasado meses desde la decisión de enviarlo bajo arresto domiciliario. Las revocatorias que hacen los jueces, además, solo son válidas cuando atañen a trámites procedimentales rutinarios, no cuando deciden sobre cosas de fondo como la detención preventiva o la libertad de alguien.

En 2023 había tres causas abiertas. El plazo máximo de la detención de Muyshondt por el proceso de fraude electoral y los dos procesos de cuotas laborales se cumplió entre junio y septiembre. Para octubre, al cumplirse el plazo máximo de la detención, el exalcalde debía salir de la cárcel, pero no fue así. El 18 de octubre de 2023, una jueza en uno de los casos de cuotas laborales revocó su propia decisión de enviar a Muyshondt a arresto domiciliar, una medida que había tomado en junio de 2021.

En pocas palabras, los procesos judiciales contra Muyshondt actúan como en una carrera de relevos. Se activan unos detrás de otros. Muyshondt se mantiene cautivo.

En febrero de 2025 se celebró un juicio por las cuotas laborales. Ya para entonces los dos expedientes por ese delito se habían hecho uno. La Fiscalía pidió que se condenara a Muyshondt a 22 años de cárcel. El tribunal lo condenó a cuatro años de cárcel. El defensor dijo que apelaría, que estaba inconforme con la manera en que se valoró la prueba. “Cumplirá 36 meses en detención sin sentencia firme”, dijo el abogado.

Muyshondt denunció ser víctima de torturas físicas y sicológicas y fue llevado al hospital Psiquiátrico sin que mediara ningún tipo de evaluación, orden o prescripción médica.

“Yo vi que a Muyshondt lo tuvieron tres o cuatro meses en una celda de aislamiento. Supuestamente era por agresividad. Lo escuchaba gritar en las mañanas, temprano, o en las noches. Eran insultos o los nombres de los custodios”, dice Mauricio Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad que estuvo detenido entre 2021 y 2024.

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Al nombre “República de El Salvador” le sobra cada vez más la primera palabra. El balance de poderes está roto desde el 1 de mayo de 2021. Tres de cada cuatro diputados que tomaron el cargo ese día provenían del partido de Bukele y en cuestión de minutos removieron sin el debido proceso a los cinco miembros de Sala de lo Constitucional, incluyendo al presidente del Órgano Judicial. Luego la Policía llegó a las casas de los jueces destituidos al tiempo que recibían llamadas para forzarlos a que firmaran cartas de renuncia. Pasó lo mismo con el fiscal general Raúl Melara.

Bukele se había quejado de que la Sala y la Fiscalía lo boicoteaban cada vez que impulsaba una medida para contener la pandemia por Covid-19. “Si fuera dictador, los hubiera fusilado a todos (…) Salvás mil vidas a cambio de cinco”, dijo el 11 de agosto de 2020.

Ni a los magistrados de la Sala ni al fiscal Melara se les dio la oportunidad de defenderse, como manda la Constitución.

El fiscal general Melara llevaba meses investigando tramas de corrupción, entre ellas, la negociación de Bukele con pandillas. El caso lo llevaba un grupo especial llamado Antimafia que fue desmantelado después de aquel 1 de mayo. La nueva Sala Constitucional nombrada por el bukelismo retrocedió 180 años y permitió la reelección presidencial, que estuvo prohibida en las siete versiones previas de la Constitución —salvo cuando el dictador Maximiliano Hernández Martínez también la modificó para ese fin—. La nueva Corte Suprema luego hizo mancuerna con Bukele para purgar a jueces y fiscales mayores de 60 años, bajo el argumento de que así se elimina la corrupción judicial, como si fuera una cuestión de edad. Hubo jueces sancionados, degradados o despedidos. Los que mostraron lealtad al nuevo régimen, en cambio, fueron premiados.

En septiembre de 2024, la concentración de poder fue total. Ningún presidente desde elfin de la guerra en 1992 había llegado a controlar las 15 magistraturas de la Corte Suprema, porque renovar esos puestos tarda nueve años y se suponía que un presidente solo podía estar cinco consecutivos en el poder. El bukelismo lo hizo entre 2021 y 2024, bajo irregulares procesos. En diciembre de 2024, los diputados renovaron el período del fiscal del bukelismo, Rodolfo Delgado, hasta 2027.

El círculo estaba cerrado. Bukele gobernaba sin contrapesos.

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El fiscal Delgado tiene más de 20 años de carrera en la Fiscalía. Su ascenso fue meteórico y entre sus hitos está haber dirigido, entre 2004 y 2009, la Unidad de Crimen Organizado en sustitución de su amigo y mentor, Gustavo Villatoro, ahora ministro de Justicia y Seguridad de Bukele. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) documentó dos casos en los que Delgado encubrió a personas poderosas o acusó a inocentes. También se documentó que mientras dirigió el grupo élite antisecuestros, en 2001, permitió que se torturara a los detenidos.

A partir de su salida de la Fiscalía, en 2017, Delgado ejerció como litigante privado. En agosto de 2018, se presentó como defensor de Jorge Vega Knight, a quien la División Antinarcóticos había perfilado como distribuidor de droga y lavador de dinero para la MS-13, quien luego fue absuelto de los cargos. A partir de 2021, ya como fiscal general, la institución que dirige permitió que Vega Knight recuperara dos moteles que estaban inmovilizados por lavado de dinero, algo que en su etapa de abogado defensor no pudo hacer. Delgado también fue uno de los abogados de Alba Petróleos de El Salvador, subsidiaria de la petrolera venezolana, empresa allanada e investigada en 2018 por lavado de dinero. Entre los beneficiados con la bonanza de Alba Petróleos estuvo Nayib Bukele, que recibió $1.9 millones de ese grupo empresarial. 

Delgado también defendió al director de la Policía de Bukele, Mauricio Arriaza Chicas, cuando fue procesado por desobediencia.

El 1 de junio de 2023, Bukele anunció en cadena nacional una cruzada sin precedentes contra “corruptos”. “Creo que algunos se han dado cuenta que no nos acompaña esta noche el señor fiscal general, es porque en este momento se encuentra extinguiendo el dominio de todas las propiedades de (el expresidente) Alfredo Cristiani…”, dijo Bukele, hablando del fiscal como quien habla de un empleado.

La nueva justicia permite cosas como esa. Que el presidente sepa antes que nadie cuándo el fiscal general hará operativos que le permitan montar con antelación un show político.

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Bukele controla a quien persigue el delito y también a quienes lo juzgan.

Lo excepcional ahora es la transparencia o el derecho a garantías mínimas. Los tribunales de los que depende la vida de 85,000 salvadoreños detenidos por el régimen de excepción no permiten que se sepa nada de los expedientes. Los jueces no tienen rostro porque la ley les garantiza la anonimidad. Hay audiencias masivas, de hasta 500 procesados por expediente, donde los defensores públicos no dan a basto. Es imposible evaluar a cabalidad las arbitrariedades cometidas por la principal estrategia política de Bukele en toda su carrera: el régimen de excepción.

Ha habido jueces castigados. En abril de 2022, Godofredo Salazar, juez de un tribunal especializado en la capital, señaló la debilidad investigativa de la Fiscalía por la falta de pruebas en un caso contra 42 supuestos pandilleros. El nuevo sistema no tenía tiempo para leguleyadas. Bukele ordenó en redes sociales una investigación contra el juez, se levantó una marea mediática que lo acusó de ser defensor de terroristas, y el juez ahora está en el exilio. La jueza Gladys Margarita Salgado, del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, fue degradada en diciembre de 2021 después de frenar un proceso por falta de mérito. La jueza no encontró fundamento en la acusación que una diputada de Nuevas Ideas hizo contra una académica a quien acusó por difamación. El magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal que ordenó el arresto domiciliar de Muyshondt, Martin Rogel, fue degradado a una cámara en la zona paracentral.

Otros jueces, en cambio, fueron premiados. Carlos Iraheta Zelaya, ya fallecido, fue ascendido a la Cámara Tercera de lo Penal —en sustitución de Rogel— después de decretar la detención provisional de cinco altos exfuncionarios del FMLN en julio de 2021, acusados de lavado de dinero. Mario Miramontes, juez Octavo de Instrucción de San Salvador, que también conoció el caso Muyshondt y desobedeció la orden de la cámara de Rogel de mandar al exalcalde a arresto domiciliar, fue ascendido a magistrado de la Cámara Segunda de lo Penal de la capital dos meses después. Héctor Villatoro, un juez de 79 años, se mantuvo en su puesto a pesar de la depuración de los jueces mayores de 60 años. Hay jueces a los que la purga no tocó. El juez Villatoro es papá de uno de los ministros clave de Bukele, el de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro.

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“Si la detención se ha impuesto en violación de una de las garantías fundamentales establecidas en el Convención Europea de Derechos Humanos y sus Protocolos (CEDH), en particular, contra la libertad de reunión y asociación”.

Cuando tenía dos años de edad, la pequeña Valentina comenzó a sufrir los arañazos de El Salvador.

Primer arañazo. 26 de abril de 2022. Valentina se había quedado sin comida para la cena. Paola, su mamá de 17 años, salió a buscar alimentos a la tienda y dejó a la niña con su abuela, en una colonia de Ciudad Arce, Santa Ana. En la tienda estaba cuando la Policía hizo una redada y capturó a varios. Paola entre ellos. Valentina se quedó sin su mamá.

Paola era menor de edad. Acusada de ser pandillera, la llevaron a la sede del Instituto Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ISNA). Dos semanas más tarde, el 11 de mayo, Paola tuvo audiencia y la jueza vio en ella un rostro vulnerable. “Te voy a dejar en libertad por Valentina, tu hija de dos años. Vas a salir, vas a estudiar y no vas a volver a quedar embarazada”, la reprendió-aconsejó la jueza. Paola asintió y se comprometió a seguir sus estudios. Ese día, Valentina recuperó a su mamá por unos días.

Las cárceles y los centros de internamiento son pequeñas babeles donde se cruzan desafortunados y diversos caminos. Mientras estuvo detenida, dice el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Paola fue amenazada por una mujer pandillera.

Segundo arañazo. 15 días después de recuperar la libertad, Paola arrastraba una tos producto de aquellos días de encierro. Salió de la casa en busca de remedios. Valentina se quedó con su abuela. Esa fue la última vez que Valentina vio a su mamá. Paola está desaparecida desde entonces.

Tercer arañazo. Valentina ya tiene cinco años. Su abuela es Verónica Delgado, de 43. Desde que Paola desapareció, Verónica renunció a su trabajo para hacerse cargo de su nieta y dedicarse a la búsqueda de su hija Paola. El sábado 9 de marzo de 2024, miles de mujeres de diversos colectivos, asociaciones y movimientos salieron a marchar para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Valentina y su abuela Verónica también marcharon junto con una treintena de mujeres en la formación con el Bloque de Búsqueda. “Fue una marcha tranquila, todas las del Bloque participamos”, dijo Verónica a El Faro. Por la cobertura de aquella marcha, Verónica apareció en los medios bajo el epíteto “madre buscadora”. Solía dar entrevistas.

Dos días más tarde, el lunes 11 de marzo, Verónica fue detenida por el régimen de excepción. Fue la tercera vez que Valentina, la nieta, se quedaba sin la persona a su cargo.

Verónica fue detenida cuando terminaba de lavar ropa. Vio a los policías acercarse desde un terreno contiguo. Un policía dijo que les acababan de avisar que ahí vendían marihuana.

—Aquí no hay nada de eso. Yo me dedico a cuidar niños y a buscar a mi hija.

—¿Para qué la siguen buscando? Ya no la busquen, su hija ha de estar muerta.

Verónica intentó llamar a su abogada, pero un policía lo impidió. Le recomendó que en lugar de eso llamara a algún familiar para llevarse a Valentina, porque de lo contrario la llevarían al ISNA. Verónica llamó a la bisabuela de Valentina. Vivía cerca.

Cuando entró al penal de Apanteos, en Santa Ana, una mañana de marzo de 2024, vestida de blanco, despojada de todas sus pertenencias, se llevó una gran impresión al ver las edades de sus compañeras de celda. 20, 22, 18 años... “¿Sabe qué fue lo primero que pensé? En mi hija, Paola, igual que todas ellas las veía, de 18 años”. También pensaba en su nieta. “Yo estaba angustiada por ella”, contó en julio de 2024, en entrevista con El Faro, dos meses después de salir de la cárcel. Dolor por la hija. Dolor por la nieta.

Verónica pasó 22 días presa. Nunca tuvo audiencia ante un juez. Un día escuchó a una custodia gritar su nombre. “Este día vas libre”, le dijo. El Bloque de Búsqueda y la Fundación DPLF consideran que la captura podría deberse a una represalia por su labor como activista y defensora de derechos. Su captura fue una acción meramente policial. El régimen permite usar las detenciones al antojo de la Policía y los militares. Enviar un mensaje encarcelando a quien levante la voz para protestar está a la mano del Gobierno.

Verónica ha participado en diversas actividades de denuncia por la situación de desaparecidos y ha entregado escritos a la Fiscalía donde pide agilidad para encontrar a su hija Paola. “Tenemos que seguir denunciando”, dijo Verónica, a los pocos días de su liberación.

Un año después, en la marcha del Día de la Mujer de 2025, Verónica no participó. Más de la mitad de las integrantes del Bloque tampoco llegaron. Entrevisté a Carmen Argueta, coordinadora del Bloque. Le pregunté si habían asistido todas las integrantes del grupo, pero me respondió que no. “Hay miedo, recuerde lo de Verónica”.

Una respuesta similar escuché después de la captura de Ruth López. Pero de ese caso hablaré al final de este texto.

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Cuando Bukele anunció que el fiscal general estaba allanando las propiedades del expresidente Alfredo Cristiani, habló de él como si ya estuviera condenado judicialmente. Cristiani gobernó entre 1989 y 1994, firmó los Acuerdos de Paz, y en ese momento de 2023 era el único expresidente en El Salvador. Dos exgobernantes del FMLN estaban exiliados en la dictadura de Nicaragua con cargos pendientes en El Salvador —uno de ellos falleció después—; otros dos expresidentes de Arena ya estaban muertos, uno de ellos mientras estaba detenido por cargos de corrupción; y un tercer expresidente de Arena está encarcelado desde 2018 por corrupción.

Cristiani, es -¿era?- un acaudalado empresario, influyente político, y probablemente uno de los personajes sobre los que más se han levantado toda clase de tramas, aunque ninguna haya sido judicializada ni comprobada. Es un hecho que Cristiani reprivatizó la banca estatal, pero en los pasillos políticos se dice —como lo aseguró la Revista Proceso de México en un artículo de 1993— que su familia pudo haberse beneficiado de la decisión. Se habla también de su papel como comandante general del Ejército cuando se perpetró el asesinato de seis jesuitas en la Universidad Centroamericana en noviembre de 1989, aunque el propio exrector de la UCA José María Tojeira ha dicho que de Cristiani hay pocas sospechas de participación. Se habla también de su papel calculador, depurando el Ejército al final de la guerra, o del supuesto vínculo con narcos que él ha negado rotundamente.

Hay quienes traen a cuenta una riña farmacéutica que a principios de siglo tenía la familia Bukele en contra de los Cristiani por los contratos públicos con el Seguro Social, algo de lo que uno de los hermanos de Bukele y su padre se quejaron públicamente.

Por todo eso, o quizás porque precisamente nunca nada se ha comprobado, parecía fácil para Bukele montar un ataque en su contra. Dos semanas después de aquel discurso de Bukele, sin ninguna sentencia condenatoria ni presentación de cargos en ningún tribunal, la Fiscalía controlada por Bukele arrebató a Cristiani 143 inmuebles, 41 vehículos, 27 cuentas y un helicóptero, valorado todo en 68 millones de dólares, cuando el monto de lo que la Fiscalía calculaba que estaba implicado en corrupción era siete veces menos. La Fiscalía decía tener reportes de que Cristiani tenía empresas en paraísos fiscales, meses después de que El Faro lo revelara.

El fiscal de Bukele usó la ley de extinción de dominio para despellejar a Cristiani y traspasó sus inmuebles al Estado sin que el expresidente fuera vencido en juicio. Para ese momento, Cristiani ya estaba fuera del país.

Las únicas demandas contra Cristiani en tribunales están relacionadas con crímenes de guerra, como la masacre de la UCA, ocurrida cuando él gobernaba, o El Mozote, crimen amnistiado con la ley que Cristiani aprobó cuando era presidente. No son investigaciones financieras. Y las órdenes de captura contra Cristiani han sido rechazadas por la propia Interpol, que ha dicho que, como tienen motivación política, no tienen validez. La Interpol tiene sede en Francia y coordina la captura de prófugos internacionalmente. En sus estatutos, la Interpol dice que no se presta a la persecución política.

Los cánones en El Salvador parecen ser otros. Hace un año, Bukele convocó a otra cadena nacional, con la presencia de su gabinete de Gobierno, para mostrar sus logros. Muy pronto, aquello adquirió un tono amenazante. Entre los invitados estaba, en posición privilegiada, el fiscal Delgado. “Le quiero pedir en público, investiguemos a todos los que están acá, para atrás y para adelante… Yo no voy a ser recordado como el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones, sino como el que no robó y no dejó que otros robaran”, dijo Bukele.

El fiscal Delgado, sentado a unos metros de distancia, reaccionó con una leve mueca de sonrisa, su mirada sobre la mesa, sus manos escondidas sobre los muslos. Así es la justicia en El Salvador: un presidente usa al fiscal general –su fiscal– para amenazar.

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Así decía una crónica de El Faro publicada en 2015: “El libro amarillo apareció cuando un hombre alquiló una casa en San Salvador, y de un cielo raso cayó, al suelo, un documento que estaba forrado con una pasta amarilla. El hombre, entonces, lo comentó entre sus allegados, lo entregó a una organización que recoge documentos históricos –quienes aún guardan el libro original- y el cuento de un libro amarillo caído de un cielo raso llegó a los oídos del investigador y expreso político Carlos Santos”.

La crónica se titula “Los archivos secretos de la dictadura” y habla de siete libros que registraron cómo el Ejército salvadoreño, entre los años 70 y 80, perseguía a los disidentes, a quienes consideraba, sin tregua, comunistas. Dos de esos libros fueron elaborados por una de las oficinas de inteligencia contrainsurgente de la Fuerza Armada y registran 496 capturas, de las cuales 90 son personas que terminaron desaparecidas.

“Hoy uno lo puede ver claramente y a veces hasta con datos, ¿verdad? Pero en aquel momento era una cosa... Era un torbellino de cosas espantosas. Esto de ahora no es un torbellino. Esto ya es distinto, hay menos barbarie, pero el objetivo es el mismo”, dice Rubén Zamora, exdiplomático salvadoreño, que después de 40 años de sufrir persecución política hoy enfrenta un nuevo episodio de hostigamiento. Zamora hizo política contra dictaduras, enfrentó amenazas de muerte, dinamitaron la fachada de su casa, asesinaron a su hermano, asesinaron a sus compañeros del Frente Democrático Revolucionario (FDR), lo secuestró la Guardia Nacional junto a la académica María Ester Chamorro, su esposa. Ella fue liberada, pero él fue torturado durante varios días hasta su liberación. Sufrió el exilio y vivió en México durante cuatro años de la guerra, hasta 1987.

Y regresó.

“Lo que hay ahora es una típica dictadura. Y esta solo puede ser dictadura si es capaz de dominar absolutamente todo el Estado político", dice.

Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la nueva jueza de San Francisco Gotera emitió dos órdenes de captura contra Zamora por el supuesto delito de encubrimiento personal: la tesis es que Zamora, cuando fue diputado en 1993, aprobó una ley que dejaba en la impunidad crímenes de guerra, entre ellos, la masacre de campesinos en El Mozote, un caso que ella procesa desde 2021.

Lo inaudito es que Zamora, en realidad, hizo todo lo contrario a lo que la jueza dice: en 1993 ni siquiera mocionó esa versión de la amnistía; en su discurso, el día de la aprobación, despotricó contra ella y abandonó el salón en reclamo, así que tampoco votó a favor de aprobarla. Como directivo de la Asamblea, tampoco firmó el decreto para enviarlo a publicación oficial. Pero la jueza lo mantiene procesado. Zamora ya no tiene orden de captura activa, pero debe ir a firmar cada semana a un juzgado en Panchimalco, al sur de San Salvador, por algo que es evidente que nunca hizo.

“Querían silenciarme”, dice Zamora, que desde la llegada de Bukele al poder ha sido un opinador activo contra sus desmanes autoritarios. A partir de 2022, Zamora participó con Sumar y la Alianza Nacional El Salvador en Paz 15 de Septiembre. En mayo de 2023, incluso propuso ser el candidato, aunque la alianza designó a alguien más.

Sentado al atardecer en su casa, Zamora cree que el autoritarismo sigue impregnado en suelo salvadoreño, como el zumbido a la mosca, aun cuarenta años después de haberlo vivido en carne propia. Dice que es porque la democracia aquí ha sido “de formas”, y que esas formas son las que permiten “los juegos políticos”, y que el Ejército creció tanto durante la guerra que nunca se revirtió eso. Zamora asegura que durante la guerra aprendió que no hay nada que cause más terror a las Fuerzas Armadas y a los gobiernos autoritarios que el movimiento social: “En la guerra, a eso se le llamó quitarle el agua al pez”.

Los Acuerdos de Paz de 1992 permitieron elecciones libres. Ahora Bukele insiste en que esos Acuerdos fueron una farsa y que él no es dictador porque los dictadores fusilan. Que aquí nadie está preso por sus ideas.

Pero informes como el que año con año hace Estados Unidos para evaluar la situación de los derechos humanos en los países dicen otra cosa desde 2021. Ese fue el primer año de la era Bukele en que ese informe habló “de presos y detenidos políticos”. Volvió a hacerlo en las ediciones de 2022 y 2023. El informe ha documentado los procesos contra 11 personas: el exalcalde Muyshondt; la exministra de Salud, Violeta Menjívar; el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores; el exviceministro de Trabajo del FMLN Calixto Mejía; la ex viceministra de Ciencia y Tecnología, Erlinda Hándal; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres; y cinco ambientalistas de Santa Marta que se han opuesto a la industria áurica: Antonio Pacheco, Saúl Rivas, Alejandro Laínez, Miguel Gámez y Pedro Rivas.

Los casos son más. Por cada preso político en El Salvador, hay cuatro que huyen, según un recuento del Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), surgido en 2021 a raíz de la captura de los exfuncionarios. El de COFAPPES es el recuento más completo y detallado que existe. Para marzo de 2025 decía que había 28 presos y 92 perseguidos políticos. El 95 % de los casos son personas “progresistas, de movimientos sociales, sindicales o ambientalistas”, dice el comité. Seis casos son del partido Arena, de derecha.

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“La detención ha sido impuesta por razones puramente políticas sin conexión con ningún delito tipificado”.

El local conocido como “2-29” es una oficina sobre la Novena Avenida Norte de San Salvador, cerca del centro, donde funciona la dirección del FMLN para la capital. Ahí, el 22 de julio de 2021, estaban reunidas dos exdiputadas y exdirigentes del partido: Lourdes Palacios y Yanci Urbina. Pasaba el mediodía cuando un mensaje irrumpió en uno de los celulares: “Me están capturando fradntadjfa...”. El mensaje cortado llegó a un chat de exdirigentes del partido y lo escribía Violeta Menjívar, exalcaldesa capitalina y exministra de Salud del gobierno efemelenista entre 2014 y 2019. Hicieron llamadas y pronto confirmaron todo: el motorista de Menjívar contó que estaba con ella en la calle cuando, de un carro particular, bajaron tres policías y le dijeron que debía acompañarlos porque le tenían que hacer unas preguntas. El motorista siguió el carro y así fue como supo que a Menjívar la llevaron a una casa particular, no a una delegación policial.

Ese mismo día, al exviceministro de Agricultura Hugo Flores lo detuvo otro grupo de policías cuando manejaba su carro en San Salvador. A él le dijeron que su vehículo tenía reporte de robo, que tenía que aclarar la situación en una delegación. Ese día, la Policía detuvo a tres exfuncionarios más: Calixto Mejía, ex viceministro; Erlinda Hándal, ex viceministra de Ciencia y Tecnología; y Carlos Cáceres, exministro de Hacienda. También se giraron cinco órdenes de captura más, entre ellas, la del expresidente Salvador Sánchez Cerén, que ya dormía tranquilo a la vera de la dictadura nicaragüense. A las 2:30 de la tarde, los que estaban en el 2-29 supieron que a los detenidos los llevarían a la Dirección Central de Investigaciones, sobre la calle El Progreso. Palacios dice que tomó hojas de papel y plumones porque pensaba que habría que protestar, hacer un pequeño plantón con rótulos improvisados. Militantes y mandos medios del partido llegaron hasta ahí.

En la DCI, solo encontraron puertas cerradas, ni siquiera dejaron entrar a los abogados. Afuera llovía. Policías de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) mantenían a raya a todos. Por fin, después de casi ocho horas, los abogados pudieron entrar. A los detenidos se los llevaron a la División de Aduanas, pero a escondidas de los que protestaban, los sacaron por otro portón. La audiencia inicial fue el domingo 25 de julio de 2021. Palacios cuenta que ese día aprendieron su primera lección.

Los abogados defensores entraron a la audiencia confiados en que lograrían, al menos, que el juez concediera arresto domiciliar. Era lo típico en casos así. “Al salir de la audiencia en las caras se les veía la sorpresa”, cuenta Palacios. “Creíamos que todos estos casos tienen solución desde la técnica jurídica; con el tiempo comprendimos que son casos políticos”, dice.

Aquel grupo de familiares se mantuvo en contacto y en la primera semana de agosto decidieron reunirse en el 2-29 para escribir un comunicado. Ahí surgió la idea del comité y su nombre: Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (COFAPES). Por entonces, el nombre se escribía con una sola letra P. Palacios fue elegida coordinadora. En aquellos días no superaban los 15 miembros.

A esas reuniones llegó Alma Cruz, madre de Ever Cruz, un concejal del FMLN en la Alcaldía de Zacatecoluca, en La Paz, que había sido detenido el 28 de abril, dos meses antes. A Cruz lo habían capturado junto con otras 17 personas, entre ellas Salvador Hirezi, un reconocido miembro del FMLN, dirigente partidario y alcalde de Zacatecoluca. La Fiscalía bautizó el caso como Monarca.

Palacios recuerda que, al inicio, el caso Monarca les causaba confusión, porque entre los implicados estaba un alcalde de Arena, también algunos empresarios, concejales de distintos partidos y hasta policías. “No sabíamos que tenía la connotación política, no era claro, había un solo enredo”, dice Palacios. Esa fue la segunda lección. Conceptualizar y definir quién es un preso político es difícil, no es cuestión de blanco y negro.

Un mes más tarde, el juzgado ordenó que la mayoría del caso Monarca saliera en libertad condicional, a excepción de los cinco miembros del FMLN, entre ellos el alcalde Hirezi y Ever Cruz. “Solo a los del Frente habían dejado presos”, dice Palacios.

La hermana del concejal Ever, la abogada Ivania Cruz, asumió la defensa de algunos detenidos del caso Monarca. “A todos los familiares les dije que estuviéramos unidos en todo esto”. Su familia había sido simpatizante del Frente, pero ella nunca se afilió. Tenía una oficina jurídica denominada Unidad de Derechos Humanos y Comunitarios (UNIDECH), dedicada a la defensa de víctimas de desalojo forzoso. “En ese momento no había organizaciones. Estaba todo desarticulado, el FMLN igual, todo el mundo escondiéndose”, dice Ivania Cruz. Pronto, ella asumió la vocería de COFAPES.

Al poco tiempo, Cruz tuvo sus primeros conflictos internos. Creía que no podía alzar la voz por todos los casos de COFAPES, porque había personas que ella no estaba dispuesta a defender; por ejemplo, casos como el de Miguel Menéndez, mejor conocido como Mecafé, funcionario del primer gobierno del FMLN, del que hay videos entregando dádivas a funcionarios. “Yo preferí en algunos casos no involucrarme, no estaba de acuerdo en que se les considerara como presos políticos porque los estudié bien. Solo por ser opositores y estar presos no significa que lo sean”, dice Ivania Cruz.

El caso de los exfuncionarios del FMLN detenidos en julio de 2021 sí aceptó defenderlo. Había cosas inexplicables. Calixto Mejía, por ejemplo, exdiputado del FMLN, fue absuelto por la Corte Suprema en una investigación administrativa sobre su patrimonio. Mejía, según la Corte, no se enriqueció ilícitamente y recibió un finiquito el 27 de mayo de 2021. Pero dos meses después, fue detenido por ese señalamiento.

A los funcionarios los culparon de enriquecerse cuando recibían un complemento salarial mensual, en efectivo, libre de impuestos, comúnmente denominado “sobresueldo”. Sin embargo, para ese momento, ya había funcionarios (además de Calixto Mejía, exfuncionarios como Manuel Melgar, exdiputado y exsecretario privado de la Presidencia) que habían sido absueltos en Probidad por las mismas alegaciones. La legalidad de los pagos cuesta ponerse en duda, aunque puedan ser cuestionados desde una perspectiva ética y moral. Había una partida legal de gastos discrecionales y un reglamento interno que habilitaba el pago de sobresueldos. Casi todas las declaraciones de patrimonio de funcionarios de entre 2004 y 2019 lo reportaron en sus cuentas.

¿Por qué entonces la Fiscalía controlada por Bukele ordenó la captura de exfuncionarios en julio de 2021?

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“Por motivos políticos, el sujeto es detenido de manera discriminatoria en comparación con otras personas.”

Las capturas de los exfuncionarios ocurrieron después de tres semanas intensas en las que el Gobierno de Bukele y sus aliados intentaban salir de una crisis de imagen. A inicios de julio de 2021, el Departamento de Estado había publicado la Lista Engel de funcionarios de los que Estados Unidos decía tener pruebas de corrupción. Muchos de los funcionarios en aquella lista eran de Bukele. Estaba su jefa de gabinete, Carolina Recinos; el ministro de Gobernación, Rogelio Rivas; el director del sistema carcelario, Osiris Luna; el ministro de Agricultura, Pablo Anliker; el ministro de Trabajo, Rolando Castro, entre otros.

Para levantarse de ese nocaut, el Gobierno y sus aliados respondieron con una campaña denominada “La verdadera lista”. Eran un conjunto de videos y artículos que hablaban sobre una lista de supuestos exfuncionarios corruptos de los 20 años anteriores a Bukele. Así se atacó mediáticamente, por ejemplo, a algunos de los exfuncionarios que serían detenidos aquel 22 de julio. Era la apuesta del Gobierno de Bukele para disputar el dominio de la narrativa, recuperar el control y reponerse de la bofetada a la imagen que le había propinado Estados Unidos. Los diputados, entre ellos el presidente de la Asamblea Legislativa, difundieron la campaña y crearon páginas para que la población incluyera el nombre de su corrupto más odiado.

Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, cuatro de los diez exfuncionarios acusados de enriquecerse aceptaron un acuerdo con la Fiscalía. Admitieron la culpa de los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, devolvieron al Estado el dinero obtenido con los sobresueldos y a cambio salieron de prisión con trabajos de utilidad pública como condena. Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo, aún no ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Está en libertad condicional. Estuvo detenido ilegalmente tres meses después de que se cumplieran los dos años máximos de prisión preventiva.

Este no es el único caso donde se incumple la orden judicial. También está el caso Monarca. “Estamos hablando de un secuestro de gente procesada que debería estar en libertad”, dice Ivania Cruz, quien hasta el año pasado fue defensora del caso.

Explicar el caso es complejo, tiene ramificaciones donde se tejen otros casos de persecución.

El exalcalde Hirezi del caso Monarca fue condenado a 18 años de cárcel en mayo de 2023 (diez años por dos casos en los que supuestamente acordó amañar una licitación de la Alcaldía; y ocho más por dos casos en los que, dice la Fiscalía, recibió dádivas a cambio de asignar la licitación). Tres meses antes, en febrero de 2024, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla había ordenado liberarlo mientras esperaba la sentencia. 

El tribunal también impuso una fianza de 25,000 dólares que los familiares pagaron para obtener la libertad de Hirezi. Pero la orden judicial nunca se cumplió. Llegó el día de la sentencia en mayo y terminó condenado a 18 años de cárcel. El caso está en apelación en una cámara. En noviembre de 2023 otro juzgado volvió a decretar libertad condicional para Hirezi, por haberse vencido el plazo máximo de prisión preventiva. Pero Centros Penales ha incumplido la orden.

De los 19 procesados del caso Monarca, tres (Hirezi, el exconcejal Dennis Córdova y el exdiputado Jaime Valdez, ambos del FMLN) tendrían que estar en libertad condicional, tal como están otros 15 procesados en el caso. El último de los procesados es Ever, el hermano de Ivania Cruz, quien ahora está exiliado. Ever Cruz está exiliado por gestiones de Ivania. En 2023, el juzgado del caso Monarca decidió adelantar un mes una audiencia. Ivania estaba fuera del país, no podía representar a su hermano. Ever se negó a aceptar otro abogado que no fuera su hermana, así que su expediente se separó del caso en La Paz y se envió a San Vicente. Ivania demandó a la jueza que adelantó la audiencia y el caso se investiga en la Corte Suprema controlada por Bukele. “Cuando separaron el caso y yo regreso al país, a mí me llega un mensaje de una cuenta anónima diciéndome que ahora que mi hermano estaba fuera del proceso, lo más conveniente es que yo me callara y no dijera nada. Entonces yo sentí que era una manera de chantaje. Entonces es por eso que yo saco a mi hermano del país, se encuentra exiliado”, explicó Ivania a El Faro.

Dos semanas después de la entrevista, el 5 de mayo de 2025, un juzgado salvadoreño emitió una orden de captura contra Ivania por un caso en el que la Fiscalía de Rodolfo Delgado investiga la supuesta comercialización ilegal de tierras de un lugar llamado La Floresta. UNIDECH asesoraba a pobladores para evitar el desalojo del lugar que han llamado hogar por más de una década. Ivania Cruz estaba desde abril pidiendo asilo político en España. Un excompañero suyo, Fidel Zavala, fue capturado el 25 de febrero de 2025 por el caso La Floresta, y luego la Fiscalía acusó a Ivania de ser parte de la red del mismo caso.

Ivania estaba esperando el desenlace de la audiencia en su contra el 5 de mayo para decidir su siguiente paso. Cuando decretaron su captura, ella formalizó su solicitud de asilo en el País Vasco, España. Ivania considera que la detención de su excompañero Fidel Zavala es también un caso de persecución política.

Fidel Zavala había estado preso 13 meses (entre febrero de 2022 y marzo de 2023) por una estafa de la que terminó absuelto. Su estancia en la cárcel coincidió con el tiempo en el que las prisiones comenzaron a llenarse de personas procesadas con el régimen. Al salir de la cárcel, denunció la tortura que sufrió y las muertes que atestiguó. También denunció penalmente a sus torturadores y denunció por complicidad a las autoridades de Centros Penales ante la Fiscalía. “Yo tenía que anotar los nombres de los que salían en bolsas negras (muertos)”, dijo Zavala. Esas palabras y esas denuncias parecen haberle costado caro.

Fue detenido por el caso La Floresta en febrero de 2025, y pudo entrar en contacto con su abogado hasta tres semanas después, durante la realización de la primera audiencia del caso. El 14 de ese mes, Zavala enfrentó otra audiencia por un nuevo caso de estafa promovido en su contra. En la audiencia, a pesar de que pidió a sus abogados particulares, se le asignó un defensor público que él, explícitamente, rechazó. El caso pasó a la siguiente etapa y Zavala fue enviado (también por ese caso) a prisión preventiva. Tres días más tarde, el 17, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ordenó repetir el juicio del que había terminado absuelto en 2023. El nuevo juicio se instaló el 11 de abril pero ese día se suspendió y el caso fue puesto bajo reserva total sin que se sepa la nueva fecha de la audiencia..

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“Se considera prisión política cuando la detención ocurre como represalia a las libertades fundamentales de las personas: la libertad de asociación”

A las 10:30 de la noche del jueves 30 de mayo 2024, un picop particular sin distintivos policiales se estacionó frente a una casa en la colonia La Cima de San Salvador. Se bajaron policías de la División Élite contra el Crimen Organizado (DECO). Tocaron la puerta. Liana abrió y los policías mencionaron una investigación que estaban haciendo y unas preguntas que necesitaban efectuar a su esposo. Atilio Montalvo aún se recuperaba de una cirugía reciente.

Atilio Montalvo, de 72 años, negociador de los Acuerdos de Paz, fundador de la Policía Nacional Civil, excombatiente del FMLN, creyó que lo mejor era atender a los agentes y terminar todo cuanto antes porque temprano, al día siguiente, tenía su primera diálisis en el Seguro Social. Con un catéter recién colocado en su estómago, Montalvo respondió preguntas, identificó personas en fotografías que los policías le mostraron. Luego le dijeron que lo llevarían a la sede de la DECO en la calle Progreso de la capital, sin explicaciones. Se lo llevaron y la casa quedó custodiada por policías. Adentro quedó un hijo de Atilio que fue interrogado por los agentes. Dos días más tarde, el 1 de junio, la casa fue allanada y a la familia Montalvo le decomisaron computadoras y otros equipos.

Economista, exdirigente de la comisión política del FMLN y exfuncionario del gobierno FMLN 2014-2019, Montalvo es respetado en las filas del partido. Fue de los pocos dirigentes que criticó abiertamente los millonarios negocios Alba de algunos de sus compañeros. Renunció a la dirigencia en enero de 2022 en protesta contra un partido que consideraba estancado. Su nueva trinchera, dijo, estaría junto a las organizaciones sociales.

Aquella noche también fue detenida media docena de veteranos y excombatientes, acusados de planificar supuestos atentados terroristas para boicotear la toma de posesión de Bukele el 1 de junio. La Fiscalía los acusó de pertenecer a una organización terrorista. El caso tiene reserva y no se pueden conocer los detalles.

Las asociaciones de veteranos y excombatientes son de las más activas en el país; son muy habituales sus protestas y manifestaciones públicas. Para el quinto aniversario del Gobierno de Bukele, un directivo de una de las asociaciones de veteranos confirmó a El Faro que tenían planificado hacer “75 acciones de calle en todo el país". “Eran actividades de incidencia, bloqueos, marchas o concentraciones, pero absolutamente no había en ningún momento una intención de hacer explotar cosas ni nada por el estilo”, dijo. En toda la posguerra, estas asociaciones nunca han estallado ninguna bomba en ninguna de sus decenas de manifestaciones.

A raíz de las capturas, solo cumplieron con cuatro de las 75 actividades y, a partir de entonces, la organización cayó en desgracia. Documentos de inteligencia policial revelan que las detenciones ocurrieron tres años después de estar perfilando a Montalvo y a Melara como líderes de manifestaciones.

Montalvo era descrito en documentos internos de la Policía como “líder de organizaciones afines al FMLN”, relacionándolo a eventos de “desestabilización social”. El Faro tuvo acceso a una veintena de documentos de ese tipo. Fueron entregados a El Faro por DDoSecrets, y fueron obtenidos por esa organización a través de un grupo de hackers denominado Guacamaya.

Santos Melara, compañero de organización de Atilio Montalvo, es presidente de la Asociación Nacional de Veteranos de Guerra del FMLN, y exdiputado de ese partido. Él también aparece en los documentos de inteligencia policial. Los documentos muestran que la Policía tenía interés en Montalvo y Melara, sobre todo, por su rol en la “Alianza Nacional 15 de septiembre El Salvador en Paz”, un movimiento amplio de organizaciones sociales surgido a principios de 2021 y que organizó la marcha ciudadana del Día de la Independencia de ese año, en la que se calcula que participaron al menos 8,000 personas. Fue la marcha más grande en contra de Bukele hasta ahora. La Alianza está conformada por más de 20 sectores, pero las agrupaciones más numerosas son las de veteranos de la Fuerza Armada, excombatientes del FMLN y los sindicatos. Los documentos policiales no hablan de ningún delito y describen seguimientos eminentemente políticos.

La Alianza también era relevante para el Gobierno porque fue parte de las estructuras populares que acuerparon la iniciativa de llevar una sola candidatura presidencial en las elecciones de febrero de 2024, para oponerse a la reelección inconstitucional de Bukele.

Un año después de la mega marcha, el Gobierno tomó medidas para impedir que volviera a protestar tanta gente. Aprobado el régimen de excepción en marzo, lo siguiente fue criminalizar las protestas. Conan Castro, exsecretario jurídico de la Presidencia, y Rolando Castro, ministro de Trabajo, aseguraron que “delincuentes y personas que apoyan a las pandillas” participarían en la marcha del Día del Trabajo de 2022. En el marco del régimen de excepción, aquello implicaba una amenaza directa al movimiento social. Hubo sindicatos que suspendieron sus convocatorias por miedo a las detenciones.

A Montalvo y a Melara, el Departamento de Tácticas Operativas o el Departamento de Alteraciones Sociales de la Policía solían mencionarlos con nombre y apellido, a veces hasta con fotografías, en reportes internos cada vez que había protestas o se proyectaba que habría una. Sus nombres aparecen en cuadros donde se ponía fecha, hora y lugar de los distintos eventos “desestabilizadores” en un determinado periodo de tiempo. Además, se solía identificar la organización convocante, un “breve relato” de lo ocurrido, así como también la “cantidad de participantes”. Las actividades lideradas por Montalvo y Santos siempre eran las más concurridas o donde se esperaba más participación, según los documentos. También se pormenorizaban sus demandas o exigencias.

Esos reportes, en ocasiones, incluían fichas de personas “de interés”. Según los correos, las fichas se construían con el propósito de alimentar una “matriz de líderes sindicales”, a cargo de la Subdirección de Inteligencia. Dice mucho de El Salvador, donde se peleó el último conflicto de la guerra fría en los 80, que la PNC siga refiriéndose así a las cabezas de cualquier movimiento social relacionado al sindicalismo o no.

En cada ficha, además de los datos de identidad, se incluyen los nombres de los padres y madres, si tiene antecedentes delincuenciales, y el nivel académico. Pero lo más relevante está al final: “Información de interés”. Este es un apartado de dos o tres líneas donde se coloca la liga de internet donde se puede ver la declaración, entrevista, video o fotografía de la persona; también se hace una descripción política del individuo. Por ejemplo, si es activista, cuál es su causa de lucha, con quién se relaciona políticamente, dónde ha participado, dónde se le ha visto, si ha trabajado para el Estado, si ha sido candidato, si ha optado a algún cargo de segundo grado. El Faro pudo ver decenas de estas fichas.

En un informe del período del 13 al 17 de septiembre de 2021, por ejemplo, constan siete nuevas fichas de personas de interés. De cuatro personas, incluyendo tres jueces, se decía que eran “afines al partido Arena”. Habían participado en la entrega de una pieza de correspondencia en la Asamblea. De otro juez, de una líder sindical y de una dirigente universitaria también se decía que eran “afines al FMLN”. Habían aparecido en medios dando entrevistas. También se identificó a una persona “afín a Arena” y se le señaló como participante de la quema de un cajero Chivo Wallet en el Centro Histórico.

Una ficha completa sobre Montalvo aparece en un documento titulado “Presentación Semanal del 28 de febrero al 06 de marzo del 2022”, junto con un reporte sobre actividades de protesta realizadas esa semana y otras que estaban previstas para los siguientes días. Junto a la de Montalvo, hay otras seis fichas de feministas, defensoras del medioambiente, dirigentes políticos y excandidatos. Tres de esas fichas pertenecían a hombres; cuatro, a mujeres. En la ficha de Montalvo aparece como información de interés sus cargos en el FMLN, su seudónimo de guerra, que se mantiene como militante aunque renunció a la dirigencia en 2022.

El Departamento de Tácticas Operativas es una unidad importante, pero de bajo rango en la jerarquía policial. Depende de la Dirección de Recopilación de Información, que a su vez depende de la Subdirección de Inteligencia, que a su vez depende de la Subdirección General de la PNC.

A partir de la captura de los dos veteranos de guerra, la Alianza 15 de Septiembre de El Salvador en Paz se desmoronó. Lo confirma uno de sus dirigentes. “La captura provocó que todos salieran en desbandada, no hay ya una organización firme como antes, fue un golpe grande, justo a la cabeza de la organización”.

El caso judicial por el supuesto atentado está bajo reserva total. Atilio, el hijo de Montalvo, tiene 35 años y desde hace unos meses una carrera truncada que ahora trata de impulsar en México, donde está exiliado. Tuvo que irse de El Salvador tras convertirse en vocero de la familia para denunciar que su papá tiene dos enfermedades terminales desde 2023 y que en prisión corre peligro de muerte. Entonces llegaron las amenazas, según contó en una entrevista. Comenzó a tener problemas para dormir, perdió el apetito, se quedó sin trabajo... “Uno sabe cuando te amenaza un fanático y cuando es alguien que es autoridad. En dos ocasiones los agentes (policiales) me identificaron. ‘Te recomendamos que te vayás del país, así no te metés en problemas’". Compró un pasaje de avión y se fue.

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"La detención viola las libertades fundamentales, como la libertad de expresión”.

Geovanny Aguirre, de 32 años y trabajador de la Alcaldía de San Salvador, pidió la palabra aquella mañana de abril de 2022 durante la reunión con el alcalde bukelista Mario Durán. Tomó el micrófono y dijo públicamente que no estaba de acuerdo con el alcalde, que los sindicatos de la Alcaldía no estaban obligados a asistir a ninguna actividad para conmemorar el Día Internacional del Trabajo. Que él y su sindicato iban a marchar en las calles, como todos los años. Aquellas palabras, según media docena de voceros de sindicatos y movimientos sociales, marcaron su destino. Aguirre y su sindicato no solo marcharon el 1 de mayo sino que él, durante la marcha, contó, micrófono en mano, aquella reunión con Durán.

En 2022, el Gobierno de Bukele había intentado desarticular las marchas acusando a las organizaciones convocantes de estar del lado de las pandillas. La marcha de septiembre de 2021 había convocado a más de 8,000 personas. Siete días después de la marcha, el 8 de mayo, Aguirre fue detenido en su casa por la Policía. Según el registro de novedades policiales, la detención ocurrió a las 7:45 de la noche. La Policía asegura en ese documento, filtrado por Guacamaya y entregado a El Faro a través de DDoSecrets, que Aguirre fue detenido “sobre una calle sin nombre, frente a la comunidad Progreso 3” de San Salvador. Elena, su madre, desmiente eso y dice que la captura fue en su casa, de donde incluso lo sacaron para detenerlo y montarlo en un microbús. El documento de novedades también indica que Aguirre estaba en compañía de otras dos personas, identificadas como pandilleros de la MS-13. Elena, por el contrario, dice que la PNC solo lo detuvo a él y que en la casa solo había familia, ningún extraño. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH) ha denunciado el caso ante Naciones Unidas. En el formulario de la denuncia, el SJH detalló que, sin orden de allanamiento, los policías hicieron un cateo en el hogar, buscaron su nombre en bases de datos y, al cabo de unos minutos, hicieron llamadas después de las cuales informaron a Aguirre que debían llevárselo detenido por agrupaciones ilícitas. Según otro documento policial en el que hay unos 40,000 miembros de la MS-13, con su nombre completo y lugar de residencia, Aguirre era un "soldado" de la MS-13 apodado “Cántaro”. En el documento de novedades, sin embargo, hay contradicciones: dice que era “colaborador” de la pandilla y que su apodo era “Yova”. La madre, el sindicato y funcionarios de la Alcaldía desmintieron que Aguirre fuera pandillero.

Aguirre estudiaba en la universidad y era el proveedor de la familia. También había sido capacitador de las escuelas políticas del FMLN. En la Alcaldía, su historial estaba limpio. No tenía faltas disciplinarias. Tras su detención, fue llevado al penal de Izalco, en Sonsonate.

Nueve meses después de su captura, el Tribunal Primero de Crimen Organizado ordenó su liberación y emitió una carta de libertad el 9 de febrero de 2023. El Socorro Jurídico Humanitario (SJH), una organización de atención a víctimas de detenciones arbitrarias, asegura que ese mismo día la Policía lo volvió a capturar afuera del penal, bajo otro delito: el de pertenecer a organizaciones terroristas. El SJH apoya legalmente a la familia y dice que antes de esa orden de libertad, el tribunal ya había emitido otra que fue ignorada por la Dirección de Centros Penales. El caso, como todos los del régimen de excepción, tiene reserva total.

Ingrid Escobar, vocera del SJH, dice que temen por la integridad de Geovanny. Cuando le cambiaron el delito, en algún momento de 2023, lo trasladaron al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la megacárcel construida por el Gobierno de Bukele y donde están cientos de venezolanos enviados por el Gobierno de Donald Trump. El 4 de septiembre de 2024, la organización de Escobar presentó una denuncia ante la Fiscalía por el posible cometimiento del delito de desaparición forzada y desobediencia a la orden judicial. Socorro Jurídico demandó al ministro de Justicia, al director de Penales y a los directores de las cárceles de Izalco y Mariona.

“Dijo las cosas en público y curiosamente solo a él lo agarraron”, dice Héctor Rodríguez, dirigente del Movimiento en Defensa de la Clase Trabajadora. ”Saben que si Geovanny sale de prisión, contará todo lo que vio y las injusticias de las que ha sido víctima”, dice Escobar.

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“La detención tiene motivación política sin conexión a un delito establecido”.

Mauricio Ramírez Landaverde, exdirector de la Policía entre 2014 y 2019 y exministro de Justicia y Seguridad en el segundo Gobierno del FMLN, llegó temprano al lugar convenido, en el área metropolitana de San Salvador, un día de abril, justo antes de la Semana Santa. “Yo sí me considero un preso político”, dijo, recién iniciada la charla.

Una sinopsis de Netflix resumiría así su caso: un jefe policial estuvo preso tres años, hasta que comprobó su inocencia. Ahora busca limpiar su imagen, pero su expediente aún está en manos de la dictadura.

Pero la realidad supera la ficción. Además, como suele ocurrir, en los detalles está el diablo. Hay pliegues que revelan cómo es la prisión política en El Salvador.

Ramírez Landaverde comenzó a ser atacado en los últimos días del gobierno del FMLN, cuando aún era funcionario. Los ataques provenían del entorno del presidente electo Nayib Bukele. El exalcalde Will Salgado, candidato de Nuevas Ideas, acusó, sin presentar pruebas, a Ramírez Landaverde de haberse lucrado en el Gobierno del FMLN con una compra que el gabinete de seguridad hizo de brazaletes electrónicos para reos.

Ramírez Landaverde demandó a Salgado por difamación y calumnia, le exigió una disculpa pública y una compensación por daños morales de 300,000 dólares. El caso no avanzó porque llegaron al acuerdo de que nadie debía volver a tocar el tema en público, nunca.

Tres semanas después de iniciado el nuevo Gobierno en 2019, el director del sistema carcelario, Osiris Luna, y Bukele acusaron públicamente a Ramírez Landaverde de otro caso de supuesta corrupción. Luna lo dijo en una entrevista matutina el 27 de junio. Horas más tarde, Bukele ofreció una conferencia de prensa para insistir, sin presentar pruebas, en que Ramírez Landaverde había malversado dinero de las tiendas que suplen de productos a los reos. Según Bukele, aquello merecía titulares, pues era “un escándalo de corrupción”. A lo largo del día, diversas páginas de internet del Gobierno y cuentas de Twitter (ahora X) como @Gobierno_sv, @Seguridadsv, @PenalesSV replicaron la versión de que Ramírez Landaverde había creado y dirigido una estructura para apropiarse de dinero a través de una oenegé.

Del manual bukelista: primero el juicio público, después el procedimiento fiscal.

Aquella no era una denuncia aislada. Era parte de un entramado de mensajes, videos, publicaciones, acciones en el terreno, que tenían como objetivo que el público palpara la corrupción de los gobiernos anteriores. El nuevo Gobierno acababa de anunciar el plan de seguridad del que -aún era muy pronto para saberlo- se hablaría durante la administración entera: el Plan Control Territorial. Bukele presumía al mundo su plan secreto mientras señalaba al gobierno anterior como corrupto. “La acusación en mi contra tenía el objetivo de echarle tierra a la estrategia de seguridad anterior”, concluye Ramírez Landaverde. Con el tiempo se sabría que el plan anunciado con pompa por Bukele nunca existió y que los homicidios redujeron gracias a su pacto con las pandillas.

Al día siguiente, medios de comunicación consignaron lo dicho por Bukele, pero pocos dieron realce a que Ramírez Landaverde había fundado la oenegé Asociación Yo Cambio (Asocambio) en obediencia a una recomendación de la Corte de Cuentas, para que hubiera más orden en el manejo de fondos de las tiendas penitenciarias. Funcionarios de Bukele fueron a la Fiscalía a pedir que se investigara a Ramírez Landaverde y a más exfuncionarios; y la Policía abrió un expediente disciplinario contra Ramírez Landaverde para destituirlo. Él seguía trabajando en la Dirección General de la PNC, “pero realmente no hacía nada, me marginaban”, dice.

Durante dos años -quién sabe si hubo muchas o pocas pesquisas- el caso no trascendió y parecía haber muerto en algún gavetero de la Fiscalía. El caso se revivió después del golpe dado por Bukele a la Sala y a la Fiscalía. El 7 de septiembre de 2021, Ramírez Landaverde escuchó el rumor de que se había girado una orden de captura en su contra y contra otros exfuncionarios. Estaba ese día en El Castillo, como se le conoce al cuartel general de la Policía, y decidió avisar a sus superiores. “No, hombre, cómo va a creer”, respondió el incrédulo comisionado César Santana Vela, jefe de las investigaciones de la Policía, cuando Ramírez Landaverde le dijo que estaba dispuesto a someterse al proceso. Santana Vela consultó con el director general Mauricio Arriaza, quien confirmó todo y Ramírez Landaverde quedó detenido en el mismísimo despacho del director general.

A partir de ahí, ocurrieron una serie de arbitrariedades. Primero, en la audiencia inicial, Ramírez Landaverde escuchó al juez reprender a los fiscales “porque no habían presentado ninguna prueba que sustentara la acusación”. El juzgado no desechó el caso, ordenó que pasara a la fase de instrucción y dejó en libertad condicional a Ramírez Landaverde. Como la Fiscalía no estuvo de acuerdo con que Ramírez Landaverde estuviera libre, apeló, y en octubre la Cámara Tercera de lo Penal revirtió las medidas.

Extrañamente, la Cámara nunca notificó a las partes. Ramírez Landaverde escuchó el rumor de la anulación de su libertad condicional, así que se presentó al juzgado para preguntar sobre su estatus. La primera vez no le respondieron. Esperó unos días y volvió a ir. El 7 de diciembre, cuando repitió la consulta, quedó detenido.

Ramírez Landaverde pidió una audiencia para que el juzgado revisara si la detención estaba justificada. En enero de 2022, la jueza Segundo de Instrucción, Edelmira Flores, decretó que Ramírez Landaverde debía ser puesto en libertad, pero así como ocurrió con Muyshondt, el caso Monarca y otros, la Dirección de Centros Penales ignoró la resolución. La jueza Flores, antes de que pudiera intentar hacer valer su orden, fue degradada y enviada a un juzgado de menor nivel.

La Fiscalía apeló la decisión de la jueza y, en febrero de 2022, la Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador revirtió la libertad y ordenó que Ramírez Landaverde se mantuviera en prisión. Al año siguiente, cuando se cumplían dos años desde la detención del exdirector, sus abogados pidieron una vez más que fuera puesto en libertad, argumentando que se cumplía el plazo máximo que establece la ley para que una persona sin condena permanezca en prisión. El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador ordenó entonces la libertad, por tercera vez, del exdirector Ramírez Landaverde y de otro funcionario, Ramón Roque, exinspector del sistema carcelario. Centros Penales, una vez más, ignoró la resolución judicial.

El juzgado reiteró su orden y, en agosto de 2024, tras dos años y ocho meses preso, Ramírez Landaverde salió en libertad condicional y quedó a la espera del juicio que se celebraría en noviembre.

La Fiscalía pidió 16 años de cárcel como castigo, 12 por el delito de peculado y cuatro por actos arbitrarios. El resultado quedó muy lejos del que pretendía la Fiscalía: fue una condena simbólica. Nadie pudo demostrar que Ramírez Landaverde se hubiera apropiado de fondos públicos (peculado). En cuanto a los actos arbitrarios, la condena fue mínima. Ramírez Landaverde piensa que fue la manera que encontró el tribunal para no contradecir abiertamente la tesis de la Fiscalía, porque de haber aplicado cánones más estrictos habrían tenido que absolverlo de ese delito también. A lo largo del proceso, la Fiscalía cambió cuatro veces su explicación de por qué consideraba que Ramírez Landaverde había cometido el delito de actos arbitrarios. Primero, dijo que el acto arbitrario había sido crear Asocambio; luego, que lo arbitrario habían sido las decisiones que tomó como presidente de Asocambio; por último, haber comprado vehículos que puso a nombre de la Dirección General de Centros Penales.

Al momento del fallo, Ramírez Landaverde ya había pasado dos años y ocho meses en prisión. La condena simbólica por actos arbitrarios era solo cuatro meses más que eso, así que la salida alterna que encontraron los jueces fue sustituir los cuatro meses faltantes en trabajos de utilidad pública. Pero el juzgado no ha entregado a las partes la versión escrita del fallo y eso impide que Ramírez Landaverde sepa qué labores tendrá que desempeñar. Pero, principalmente, impide que él pueda apelar. El caso está en el limbo.

En paralelo, Ramírez Landaverde fue expulsado de la PNC en un proceso injusto. Cuando fue recapturado en diciembre de 2021, la Policía reabrió un caso disciplinario que Ramírez Landaverde ya había ganado meses antes. Pero esta segunda vez tuvo la desventaja de estar preso y no pudo defenderse. En agosto de 2024, cuando lo liberaron condicionalmente, ya se había vencido el plazo para apelar su expulsión. Ramírez Landaverde fue vencido en un proceso en el que ni siquiera pudo defenderse.

Los casos que quedan en el limbo, como el de Ramírez Landaverde y Asocambio, están lejos de ser extraordinarios. Miguel Díaz Castañeda, un empresario de buses, y Edwin Flores Sánchez, exdirector de Tránsito del Viceministerio de Transporte del Gobierno 2009-2014, fueron detenidos en diciembre de 2022 por la supuesta comisión de delitos en la implementación del sistema de transporte SITRAMSS. En noviembre de 2024, Díaz Castañeda fue absuelto y Flores Sánchez recibió una condena simbólica de dos años que ni tuvo que cumplir porque había permanecido preso ocho meses más que ese tiempo. Sin embargo, ninguno de los dos ha salido de la cárcel debido a que la sentencia fue apelada y está en el limbo.

Estas debilidades del caso SITRAMSS contrastan con la fortaleza con la que Bukele y el oficialismo lo impulsaron mediáticamente. Fue un caso de los más publicitados por la administración Bukele para golpear a la oposición e incluso fue uno de los 12 expedientes que retomó la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicíes) creada por Bukele. La Fiscalía y el Gobierno pedían castigos severos para el empresario Díaz Castañeda (hasta 20 años de cárcel por extorsión agravada en calidad de cómplice no necesario) y para el exdirector de Tránsito, Flores Sánchez, entre tres y seis años por actos arbitrarios. La Cicíes, una de las promesas principales de Bukele en su candidatura previa a 2019, fue desmantelada por él mismo cuando presentó ante la Presidencia casos de corrupción de su propio Gobierno.

Pregunté a Ramírez Landaverde por qué creía que lo habían procesado y encarcelado. Me dijo que tenía que ver con un interés del Gobierno de silenciar e infundir miedo “para que la gente no alce la voz, que no diga nada”.

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El grupo de familiares de COFAPES siguió reuniéndose. Hacia finales de 2021, abrieron una página en Facebook, hicieron un logo –dos puños rompiendo cadenas sobre el mapa de El Salvador- y comenzaron a tener presencia mediática. Hicieron conferencias de prensa, enviaron cartas a los presos (en cárcel de mujeres nunca se las dieron a las detenidas), llevaron serenatas.

En 2022, alguien les recomendó buscar una proyección internacional, y encontraron respaldo en la Coordinadora Americana de Perseguidos Políticos. “Así fue como entendimos el concepto de judicialización de la política”, dice Palacios, y cita casos en Perú Chile, Colombia, Ecuador, Argentina...

En 2022, fueron a Washington a reunirse con el Departamento de Estado y congresistas. Ese mismo año, comenzó una segunda oleada de casos de persecución política en El Salvador, la mayoría relacionados a presunto enriquecimiento ilícito. Dirigentes del FMLN como Eugenio Chicas y Lorena Peña, fueron encontrados sospechosos de enriquecerse ilícitamente y los casos fueron enviados a la Corte. El Comité entonces decidió ampliar el nombre de la organización para incluir a los perseguidos políticos. A partir de entonces, el comité pasó a deletrearse con dos P, COFAPPES.

Lourdes Palacios sabe que más casos seguirán llegando. “Los presos políticos están vinculados a un proyecto de transformación social”, dice, y dedica varios minutos a recordar pasajes de la historia centroamericana donde el poder económico, militar y político estaban unidos para aplastar a los liderazgos emergentes. “Ingenuamente pensábamos que estos casos podían tener un desenlace a través de los tribunales, no es cierto, los tribunales no van a resolver nada, nada, nada, menos ahora”, sentencia.

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Dice el hombre que gobierna El Salvador desde 2019 que aquí no hay presos políticos. Que entre los 130,000 detenidos que han convertido al país en el lugar del mundo con más prisioneros en relación con su población no hay ninguno que haya sido apresado por sus ideas, por expresarlas en público, por manifestarse o disentir del Gobierno.

En ese mismo país, sin embargo, ocurren cosas como estas: entre el domingo 4 y el lunes 5 de mayo de 2025, 14 empresarios de transporte público fueron detenidos por la Policía, acusados de incumplir una orden presidencial y cobrar la tarifa del pasaje a los usuarios. El transporte gratuito fue la respuesta del Gobierno de Bukele a una crisis provocada por el desplome de una montaña sobre una de las principales carreteras de acceso a la ciudad. El transporte gratis buscaba compensar a la población las incomodidades. Las empresas de transporte reaccionaron con dudas: ¿Se podría firmar algún contrato antes? ¿El Estado nos puede pagar lo que nos adeuda en concepto de subsidio? Pero aquello fue un caos: algunos buses no circularon, la imágenes de salvadoreños colgados de buses que tambaleaban se tomaron los noticieros.

Bukele respondió con capturas. Entonces, otros empresarios ya no hicieron preguntas sino que directamente pidieron clemencia en un comunicado: “Con el respeto que se merece señor presidente, pedimos clemencia por la pronta liberación de nuestros tres compañeros empresarios detenidos el pasado lunes de la Mesa Nacional de Transporte, así mismo de los otros dos compañeros de las otras gremiales”. Cinco días más tarde, Roberto Jaco, uno de los detenidos, falleció en circunstancias que no se han explicado. Se sabe que el 11 de mayo comenzó a sentirse mal, fue trasladado a un hospital donde no había camillas, que luego fue llevado a otro hospital, pero falleció en la madrugada. Dos semanas después, los demás empresarios capturados fueron liberados. Salieron de las bartolinas casi a medianoche sin llamar mucho la atención. “Nos recomendaron que no hiciéramos la bulla para no molestar al gobierno”, dijo uno de los capturados al salir.

En mayo, además de los transportistas, el abogado Alejandro Henríquez, de la asociación ECOS, y el líder comunitario José Ángel Pérez fueron detenidos después de acompañar a la comunidad El Bosque en una protesta en la que exigían el cese del desalojo de su lugar de vivienda. Familias del lugar protestaron cerca de la casa de Bukele y el Gobierno mandó policías y soldados antimotines para reprimirlos. Henríquez fue detenido al día siguiente de participar en ese plantón de las familias. En un video difundido por medios de comunicación se ve a policías cuando pedían hablar con él y con otros líderes de la comunidad y cuando súbitamente lo sujetan de los brazos y lo detienen.

El caso de Alejandro Muyshondt Álvarez, exasesor de seguridad de la Presidencia, puede resumirse como una película de terror: después de años de amistad, de tiempos en los que incluso posaban juntos en fotografías empuñando fusiles del juego paintball, Alejandro Muyshondt y Bukele se distanciaron. Muyshondt fue acusado por Bukele de filtrar información sensible a periodistas y a un expresidente y fue capturado por la Policía en agosto de 2023. Días antes de su encarcelamiento, Muyshondt usó sus redes sociales para acusar de delitos de corrupción a dos funcionarios de Bukele: un diputado y el secretario de Prensa, y dijo que tenía más información de ilícitos de más miembros de Nuevas Ideas. Contrató a un agente en Estados Unidos para que este lo representara en ese país y que sirviera de enlace para hacer llegar a funcionarios y congresistas estadounidenses la información de “corrupción y tráfico de drogas” en El Salvador, de acuerdo a una nota de Infobae. Faltaban dos meses para el inicio de la campaña electoral para la presidencial de 2024 donde su jefe competía inconstitucionalmente.

Entonces Muyshondt fue detenido y sus circunstancias cambiaron drásticamente: su familia nunca supo oficialmente donde estuvo recluido, enfermó gravemente, no participó en una audiencia donde un juez decretó su prisión preventiva. El juez también negó a la madre de Muyshondt información del paradero de su hijo por “motivos de seguridad nacional”. El expediente fue puesto bajo “reserva total”.

Muyshondt murió seis meses después, en febrero de 2024, antes de la elección presidencial. Su expediente clínico mostraba que padeció de meningitis, también un fallo multiorgánico y cáncer de estómago. También tuvo una hemorragia cerebral que, según expertos que revisaron el expediente, pudo ser el resultado de una golpiza o de malos tratos. El documento de la autopsia de Muyshondt dice que murió de un edema pulmonar, como lo dice de decenas de presos del régimen que salieron muertos de las cárceles, pero al mismo tiempo dice que ese es un “diagnóstico preliminar”. Morir de edema pulmonar es algo tan general como decir que alguien murió porque dejó de respirar. El resultado de la autopsia no se entregó nunca a la familia. En redes sociales circularon fotos del cadáver de Muyshondt, en una morgue, con una costura gruesa que atravesaba toda su calva cabeza.

15 meses después de su muerte, la organización Cristosal pidió a la Fiscalía que investigara la muerte del exasesor Muyshondt. Cristosal asegura que hay suficientes indicios para pensar que el exasesor fue víctima de desaparición forzada y tortura.

Cristosal es la organización en la que trabajaba Ruth López. Como dije, este texto cierra con ella.

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"Si la detención es el resultado de procedimientos claramente injustos y esto parece estar conectado con motivos políticos de las autoridades."

En un audio publicado por El Diario de Hoy se escucha el momento de la detención de Ruth López la noche del domingo 18 de mayo. Se oyen pasos y se oye a López decir: “Aquí en la cuneta, no voy a ir a ninguna parte”. Un policía le pide apurarse y ponerse el pantalón. López responde: “Dígale a Casa Presidencial que se esperen”. El policía replica: “No trabajo para Casa Presidencial, soy policía”. López responde: “Entonces a la Fiscalía, si ya va a salir en Última Hora”. Última Hora es un sitio de propaganda del Gobierno de Bukele. Luego, el policía insiste: “Apúrese, póngase el pantalón”. Y se escucha varias veces el sonido de una cámara de celular cuando se toma una foto. El policía recibe una llamada y dice: “Ya se la envío, ya se la envío”.

A las 11:07 p.m., la Fiscalía publicó una foto de ella rodeada por dos policías uniformados que tenían tapado en sus camisas el Orden Numérico Institucional, el código identificativo de cada policía. Cada uno cargaba un fusil -parecían un M16 y un Galil- en posición SUL, con el cañón hacia el suelo, codos pegados al cuerpo. Atrás, un picop blanco, doble cabina, la patrulla 01-5102 estacionada frente a una casa vecina. Ella, con ese gesto insinuado, como diciendo: ya sabía que esto podía pasar. Y, junto a la foto, 152 palabras escritas desde la Fiscalía donde dicen que el delito infringido es peculado, o sea, sustracción de fondos públicos. No desglosan pruebas, solo que según “información recabada en allanamientos (...) se ha identificado su participación activa en los hechos que se le imputan”. Fue arrestada de noche, con fusiles en mano, como si aquello fuera un operativo de riesgo.

Dos meses antes, cuando López dio declaraciones a los medios frente al Tribunal de Ética Gubernamental, tras pedir a dicha oficina que investigara contratos en los que participó el ministro de Salud durante la atención de la pandemia, detectó que unos policías la fotografiaban desde el otro lado de la calle. López cruzó la vía, caminó 30 metros por la acera con paso rápido y llegó hasta los policías, agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden, para entregarles una copia del comunicado de prensa que Cristosal había hecho. Tres meses antes, en X, circuló la ficha que la inteligencia policial había creado sobre ella.

López fue asesora de Eugenio Chicas en el TSE entre 2009 y 2014, y en la administración presidencial 2014 - 2019 del FMLN fue asesora jurídica del Seguro Social. Chicas fue diputado de la Asamblea y del Parlamento Centroamericano por el FMLN, magistrado y presidente del Tribunal Supremo Electoral y exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia. Chicas está preso y acusado de enriquecimiento ilícito en un caso secreto; y a López la acusan de ayudarle a delinquir en otro caso que, nueve días después de la captura, sigue siendo un misterio porque las pruebas con las que la acusan no se han presentado ante un juez.

La historia de Chicas con Bukele involucra algo a lo que este último no está acostumbrado: perder. En 2018 , cuando Bukele era candidato presidencial, Chicas lo demandó por calumnia. Bukele aseguró en un programa de televisión que Chicas había violado a una menor. Una vez terminadas las elecciones, y cuando Bukele ya era presidente electo, el proceso terminó a favor de Chicas y Bukele se vio obligado a pagarle 50,000 dólares tras demostrarse que mintió sobre el efemelenista. El proceso había desgastado la imagen de Bukele: en junio de 2018, un día de audiencia, Chicas lo confrontó en un pasillo de los tribunales, lo llamó “señor boca floja” y lo retó “como hombre” a someterse a un antidoping. En los videos de aquel momento, se ve que Bukele interrumpe sus declaraciones a periodistas y comienza a caminar en busca de la salida, mientras Chicas grita “no huya, cobarde”. En febrero de 2019, un audio publicado por El Faro reveló que Bukele reconocía haberse equivocado cuando dijo que Chicas había violado a alguien, pero que no aceptaba disculparse públicamente porque aquello dañaría su campaña. En marzo, ya como presidente electo, durante la audiencia final, Bukele compareció al juzgado con varios fajos de billetes en las manos para entregárselos a Chicas y le pidió una disculpa.

Chicas siguió siendo incómodo ya iniciado el Gobierno de Bukele. Durante una comparecencia ante diputados de Nuevas Ideas que investigaban corrupción de gobiernos anteriores, en 2021, Chicas hizo sonar su teléfono celular a todo volumen con la canción “La feria de Cepillín”. Cepillín es un payaso que usuarios de redes sociales han usado para burlarse del presidente Bukele. Ese día de su comparecencia ante los diputados, Chicas también llevó consigo una laptop y en la tapa colocó una enorme adhesiva de B, como el logo de la criptomoneda bitcoin, pero encerrado en un círculo rojo en señal de prohibición.

Meses después comenzó la represalia. En 2022, la Corte Suprema de Bukele declaró que había indicios de enriquecimiento ilícito en el patrimonio de Chicas y entonces el exfuncionario fue demandado por la Fiscalía de Bukele en un juzgado civil. La Fiscalía lo acusó de haber tomado 202,000 dólares junto con su familia para enriquecerse en los años en que fue funcionario. Este proceso aún no ha terminado porque se encuentra en apelación en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema.

Normalmente, según la ley, es hasta que se comprueba en un juzgado civil que un funcionario se enriqueció ilegalmente que la Fiscalía puede plantear una demanda en un juzgado penal. El proceso civil busca restituir el dinero robado al Estado. El proceso penal busca castigar con cárcel un delito de corrupción.

La Fiscalía acusó a Chicas en un juzgado penal en febrero de 2025. Sin pruebas en su contra y sin el proceso civil finalizado, Chicas fue detenido el 13 de febrero de 2025 por enriquecimiento ilícito. Acababa de dejar a su hijo en la escuela cuando lo detuvieron. Ahora el caso tiene reserva porque la Fiscalía así lo pidió, como en tantos otros casos.

El día de su traslado a la audiencia, Chicas apareció esposado y gritó: “Soy un preso político de Bukele”. En un video de ese momento se observa a policías con chalecos de la Secretaría de Investigaciones contra la Corrupción (SICC) que lo van guiando y apresuran el paso cuando las cámaras lo graban y los periodistas le hacen preguntas. Se ve cuando empujan a Chicas y alguien le dice a los periodistas: “Ya no pueden pasar”. Pero hay camarógrafos que se cuelan por algún lado, y por eso hay otras tomas donde se ve a Chicas alzando los brazos, mostrando las esposas, rodeado de policías que lo empujan.

Tres meses después, la Fiscalía ordenó la captura de López y junto con Chicas están acusados de peculado.

A pesar de que no es un delito relacionado a pandillas, López es procesada bajo reglas aplicables solo para casos del régimen de excepción. En lugar de ser presentada ante un juez en un plazo de 72 horas, las autoridades parecen estar dispuestas a usar los 15 días de prisión administrativa que da la ley para los casos contra pandillas. Algo parecido le pasó a Luis Alexander Rivas, un tuitero que fue detenido en septiembre de 2022, por opinar en redes sociales. Su caso no estaba relacionado a pandillas y, sin embargo, estuvo casi dos semanas detenido administrativamente, hasta que fue presentado a un juzgado.

López fue catalogada como una de las 100 mujeres más influyentes del mundo por la BBC y su detención ha provocado una oleada masiva de protestas de gobiernos, organismos internacionales, relatorías de Naciones Unidas, abogados, empresarios, gremiales, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Antes de su detención, López llevaba años recibiendo todo tipo de ataques en redes sociales, donde era muy activa.

Ella dirigía un equipo de abogados y peritos forenses en la organización Cristosal, donde era jefa de Anticorrupción. Su equipo investigaba corrupción desde 2019 y presentó avisos y denuncias en distintas oficinas estatales sobre sus hallazgos. Cristosal detalló que estuvo al frente de la investigación de 15 casos de gran corrupción. Por ejemplo, interpuso avisos penales por presuntos fraudes relacionados con la Chivo Wallet, la fracasada billetera digital que el Gobierno de Bukele creó para intercambios con criptomonedas; también denunció transferencias irregulares de inmuebles, la creación de plazas fantasmas en instituciones del Estado y avisos por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios. También denunció el uso de software de espionaje Pegasus contra periodistas, activistas y defensores del medio ambiente.

Durante las primeras 36 horas de su detención, la familia de López no tuvo certeza de dónde estaba detenida. Recibían información escueta, pero no podían confirmarla. Su madre, Eleonora, dijo un día después de la detención, que creía que Bukele era el responsable de su 

captura. “Sabemos de dónde viene esto”, dijo.

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“El Salvador ha dejado atrás su pasado al que juramos nunca más volver. En el nuevo El Salvador, todos tienen cabida”, dijo Bukele en Naciones Unidas, en septiembre de 2024. “En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente, no arrestamos a las personas por expresar sus ideas”, agregó, vestido con la levita con la que desde el Palacio Nacional asumió su segunda presidencia inconstitucional en 2024. Del lado de Bukele, solo hay escuetas palabras publicadas en redes sociales por la Fiscalía que él controla.

Del otro lado: órdenes judiciales de libertad ignoradas, capturas con nocturnidad, juicios secretos, evidencia de persecución política policial y algunas pocas palabras de los presos políticos que han logrado hablar. Como las que dijo Ruth López a los policías antes de ir a las bartolinas: “Tengan decencia, esto se va a acabar, no se pueden prestar a esto”.