Marvin Benítez, un trabajador detenido bajo el régimen de excepción, muere en junio de 2022. Su cuerpo, enterrado en secreto en una fosa común, tiene huellas de violencia. Su esposa, embarazada, le lleva hasta las puertas de Mariona paquetes de alimentos durante seis meses más. Nadie le ha dicho que su esposo ha muerto. Los custodios le reciben cada uno de los paquetes sin informarle que Marvin Benítez ya no aparece en la lista de prisioneros.
Esto es pura crueldad.
Desde la entrada en vigor del régimen de excepción, en 2022, casi cien mil personas han sido detenidas. No pueden ser visitadas por familiares ni abogados (salvo que paguen a los custodios para verlos unos minutos, en el esquema de corrupción surgido del régimen); no tienen derecho a la legítima defensa y son juzgadas en audiencias masivas. Más de 500 personas han muerto en las cárceles de Bukele, muchos con signos de tortura y enterrados en secreto por el Estado.
Entre los detenidos hay trabajadores, transportistas, presos políticos, disidentes, activistas y cientos de menores de edad. Caen en el hoyo negro de las cárceles de Bukele y pierden todos sus derechos, sometidos a las arbitrariedades de una red de represión y violencia que va de los custodios policiales al dictador.
En estos actos de crueldad participan muchos funcionarios estatales: los agentes policiales que llevan a cabo detenciones masivas y falsifican información en sus reportes para justificar detenciones y cumplir con la cuota; los torturadores, que son conocidos custodios penitenciarios; las autoridades de Centros Penales y de Medicina Legal, que ocultan la información a parientes, que llenan las actas de defunción con eufemismos para disimular las torturas; que entierran los cuerpos en fosas comunes antes de que los parientes les encuentren y patenten las marcas visibles de las golpizas; los custodios que, sabiendo que la persona ya no está en sus listados, continúan recibiendo los paquetes de sus familiares sin decirles nada.
Pero no son solo ellos. Los diputados oficialistas siguen extendiendo el régimen de excepción mes a mes desde hace más de cuatro años, a sabiendas de todas sus consecuencias.
Pero sobre todo son responsables de esta crueldad sus diseñadores: el ministro y el viceministro de seguridad y el presidente dictador y su familia y sus asesores y sus cómplices que han convertido la violencia, la tortura y la represión en política de Estado.
La crueldad es un acto de malicia o maldad que pretende deliberadamente infligir daño innecesario. Lo más execrable de las actividades de las pandillas era la crueldad con que dañaban a sus víctimas, el ensañamiento, los niveles de horror que eran capaces de engendrar. No deja de ser paradójico, pues, que la crueldad haya sido elevada a virtud política por quienes han afincado una dictadura sobre la negociación con –y el desmantelamiento de– las pandillas.
La crueldad y la violencia son fundamentales para el sostenimiento de la dictadura. El destino de todos los habitantes está sometido a la voluntad del dictador y sus operadores. Por eso el jefe de las cuadrillas de torturadores, William Magaña Rodríguez, alias Montaña, sigue operando a pesar de que sus acciones criminales son de dominio público. Por eso Osiris Luna Meza, el director de Centros Penales, es también viceministro de seguridad. Ellos garantizan que la vida en las prisiones estará también sometida a la agenda de la dictadura y no a las leyes.
Estas prácticas, tipificadas recientemente por un grupo de expertos internacionales como crímenes de lesa humanidad, parecen congruentes con un régimen que abiertamente desprecia los derechos humanos y el estado de derecho. Quienes operan la maquinaria de la dictadura saben que el miedo es muy efectivo para aplacar las fracturas, las disidencias, las resistencias. La crueldad estatal sirve los mismos propósitos que la de las pandillas y los grupos criminales: dejar claro que quien no se someta a la voluntad del grupo en el poder (la clica, la ranfla, los capos, los jefes de jefes o los Bukele) sufrirá en manos de matones.
El poder dictatorial se ejerce suprimiendo la dignidad humana, convirtiendo a seres humanos en objetos sin agencia, en muertos que sirven para dar lecciones a los vivos, para mutilar cualquier aspiración a vivir en un estado de derecho. Para que sepan quién manda en el barrio, en el territorio, en el nuevo El Salvador tomado por la familia Bukele y sus cómplices.
La crueldad atenta directamente contra la dignidad humana. Es abominable. La crueldad estatal es estatalmente abominable y puede alcanzar a cualquier ciudadano. Ese Estado, en el que la crueldad se ha convertido en política pública, es El Salvador.