Casi 300 familias de la cooperativa El Bosque, en Santa Tecla, enfrentaron una orden de desalojo de las tierras que han habitado y cultivado durante 40 años. Cuando protestaron de forma pacífica para pedir la intervención del presidente Nayib Bukele, fueron reprimidos por la Policía.

Era el año 2006. Juan Carlos Cornejo Martínez tenía 22 años y trabajaba en una granja de cerdos. Una de las labores de aquel rockero de pelo largo, residente en la colonia Santa Rita de El Congo, en Santa Ana, era revisar los niveles de agua de las cisternas, colocadas a unos diez metros de altura. Aquel 7 de septiembre de 2006 había llovido. Juan Carlos subió hasta la cisterna como a la una de la tarde, pero cuando intentó pararse sobre el plástico resbaló y cayó de espalda contra el suelo. El accidente laboral lo dejó discapacitado de por vida debido a una lesión en la columna vertebral.

Ante una emergencia vial en la principal carretera de acceso al occidente de El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele ha respondido con varias medidas improvisadas y cuando una de ellas generó caos, optó por la represión.

Ahora que las cárceles salvadoreñas están en la mira mundial por recibir a los deportados de Donald Trump, vale la pena mirar a quien dirige ese sistema: un hombre sancionado por Estados Unidos, perfilado por la propia policía salvadoreña como un criminal, y denunciado por regir cárceles donde se permite la tortura sistemática.