Cuando regresaba a su casa una noche, Miurel Cuarezma, una joven periodista nicaragüense, se agachó en el asiento del copiloto del carro. Al mirar hacia su pequeña hija en la parte de atrás, la vio también agachada, cubriéndose la cabeza con las manos. Afuera de la ventana del piloto, una persona en motocicleta les apuntaba con una pistola. Miurel pensó que iban a morir. Ya había escapado de un régimen dictatorial que intentó callarla cuando era estudiante en Nicaragua y se atrincheró en el campus de la Universidad Nacional Autónoma de su país, por semanas, junto con otros estudiantes. Se refugió en Costa Rica, bajo la promesa de estar a salvo. Ocho años después —en ese lugar de refugio— veía a su hija cubriéndose de la muerte.
Esa noche del 29 de abril, supo que Costa Rica ya no era su lugar seguro.
Miurel tiene 29 años y es refugiada desde 2018, el año en que estallaron las protestas contra el régimen de Ortega-Murillo en Nicaragua, cuando la represión de la dictadura dejó más de 300 muertos. Decidió huir porque ese año paramilitares y policías del régimen llegaron a su casa y se llevaron todos sus documentos y pertenencias cuando era una activista estudiantil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.
Su hogar fue el primer lugar del que tuvo que escapar. Días después cruzó la frontera para empezar su vida en un nuevo país. Allí siguió protestando frente a la Embajada de Nicaragua. Un par de años después, se hizo periodista y siguió siendo crítica de la dictadura, lo que le costó amenazas contra ella y su hija de siete años. Amenazas que llegaron a través de sus redes sociales y de personas vigilándola frente a su casa.
Ese 29 de abril, las amenazas estuvieron a punto de hacerse realidad.
Hanssel Vásquez, un colega y amigo de Miurel, conducía el carro aquella noche que el hombre en moto les apuntó con el arma. Hanssel aceleró para evitar el atentado. El hombre en la moto los siguió por varias cuadras hasta que lograron perderlo. Miuriel está convencida de que aquello no fue un intento de asalto, sino un atentado del régimen de su país.
Seis días antes, la habían llamado del departamento de homicidios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica para decirle que recogiera sus pertenencias y documentos porque pasarían por ella en veinte minutos. La sacaron escoltada de su casa con un chaleco antibalas y le aseguraron que estaba a salvo. Ella no entendía nada.
—¿A salvo de qué? ¿Qué pasa? —preguntó.
Los escoltas no le dijeron nada hasta que llegaron a las oficinas del OIJ. También habían llamado a sus compañeros del medio de comunicación donde trabajaba.
Allí, el jefe del departamento junto con los investigadores del asesinato de Roberto Samcam, un militar nicaragüense en retiro, también exiliado en Costa Rica, le informaron que, por su ejercicio perdiodístico, el régimen de Ortega-Murillo había pagado sicarios para matarla. El OIJ tenía en sus manos una lista de “15 personas nicaragüenses exiliadas en Costa Rica que constituyen objetivos de la dictadura nicaragüense a eliminar”, según la resolución de medidas cautelares del 20 de septiembre de 2026 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Su nombre y el de sus compañeros estaban en ella. La OIJ les ofreció integrarlos al programa de protección a víctimas, que consiste en reubicar a la persona en otro lugar del país. Quienes acepten este tipo de protección tienen que dejar su casa, su trabajo y la vida como la conocían.
Miurel tenía que tomar una decisión. Pensó que aún podía permanecer con su hija en Costa Rica bajo la protección del OIJ. Aceptó el programa y se quedó. Pero aquella noche, seis días después, luego de ver a ese hombre en motocicleta apuntando con un arma a ella y a su hija, ya no había muchas opciones.
Como Miurel, casi un millón de nicaragüenses han tenido que escapar en la última década de su país, que ya no es seguro para estudiar, para protestar, para vivir. Huyeron a distintas partes del mundo, pero sobre todo a Costa Rica. Lo escogieron por la cercanía con su país, con la esperanza de poder volver algún día o de ser visitados por sus parientes que quedaron en Nicaragua.
Más de 270,000 nicaragüenses han solicitado refugio en Costa Rica de 2018 a la actualidad, según un reportaje del medio independiente nicaragüense Confidencial. Esto equivale al 87% del total de solicitudes de refugio en Costa Rica, de acuerdo con Salvador Marenco, director del colectivo Nicaragua Nunca Más, que se ha dedicado a documentar ese exilio. Marenco explica que también hay nicaragüenses que no han solicitado refugio y se han movilizado por cuenta propia a este y otros países.
El refugio es una promesa de protección a cualquier persona que esté en peligro y lo solicite. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Costa Rica estipula en las obligaciones del Estado para con el refugiado que debe protegerlos y darles acceso a la justicia. En Costa Rica, eso no ocurre a plenitud. Decenas de nicaragüenses han decidido irse del país o vivir en él a pesar de que han sido advertidos de que corren riesgo de muerte. La respuesta del Estado costarricense ha sido tímida y en algunos casos no ha ofrecido nada más que la advertencia a las personas exiliadas. Para muchos nicaragüenses, empieza el exilio de su exilio. El Faro habló con seis refugiados en Costa Rica a lo largo de un año. Uno de ellos pidió anonimato.
Las amenazas y hostigamientos a exiliados nicaragüenses continuaron aún cuando huyeron de su país. Pero el momento que marcó la diferencia fue el asesinato de Roberto Samcam, en junio de 2025.
Las redes de la dictadura
El caso de Samcam se ha convertido en un parteaguas de la represión transnacional de la dictadura Ortega-Murillo y ha sido el crimen contra exiliados nicaragüenses más mediático. El mayor retirado, quien se había unido al ejército después del triunfo de la revolución sandinista liderada por Daniel Ortega, se convirtió con el paso de los años en un crítico del Gobierno en los años post-revolución. Al igual que Miurel, huyó junto con su familia a Costa Rica en 2018. Mantuvo un bajo perfil por años, salía poco y era muy cauteloso para moverse, pero seguía siendo un férreo opositor del régimen.
Denunció ante las autoridades costarricenses la existencia de redes nicaragüenses de espionaje en Costa Rica, hostigamientos y amenazas de muerte en su contra, pero nadie hizo nada. La mañana del 19 de junio de 2025, se encontraba en su casa desempacando maletas porque había regresado de un viaje. Escuchó un ruido en la entrada del complejo de apartamentos en donde vivía y, al salir, le dispararon en la puerta de la entrada. La versión oficial dice que recibió ocho disparos y que, cuando llegaron los bomberos, no tenía signos vitales. Dos hombres habían llegado en un carro y uno de ellos se bajó a dispararle. El otro lo esperó dentro del vehículo y huyeron después de matarlo.
El OIJ inició una investigación.
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Un periodista nicaragüense afín al sandinismo, Mario Zúñiga, publicó en sus redes sociales la noticia del asesinato, acusando a Samcam de estar ligado al crimen organizado y atribuyendo su muerte a un ajuste de cuentas. El OIJ descartó esa posibilidad, reportó el medio independiente nicaragüense en el exilio Divergentes.
Con la investigación en curso, detuvieron en septiembre de 2025 a cuatro de cinco sospechosos de cometer el asesinato. Todos costarricenses. Y aunque solo dos llegaron a la casa de Samcam esa mañana, los otros tres estuvieron involucrados en la planificación, según la investigación del OIJ. Se sospechaba que el quinto era el gatillero, pero estaba fugado.
En febrero de 2026, capturaron al quinto sospechoso, Luis Fernando Carvajal, de 21 años. Actualmente esperan una fecha para iniciar el juicio en contra de los imputados el próximo 2027.
Aún no hay sospechosos de la autoría intelectual del crimen.
Tras ese asesinato, las amenazas contra Miurel y otros opositores nicaragüenses incrementaron.
Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) publicado en marzo de 2026 identificó y reconoció patrones de violaciones transnacionales a nicaragüenses, refugiados y no refugiados en distintos países. También reveló que el nombramiento del actual co-canciller de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, como embajador de Nicaragua en Guatemala, Honduras y Costa Rica en los últimos cinco años, “coincidió con un período en el que se disparó el exilio de opositores nicaragüenses reales o percibidos como tales.”
En ese mismo informe se expuso que “durante estas misiones diplomáticas, el Sr. Jaentschke, que había trabajado en la Dirección General de Seguridad del Estado, estableció redes de influencia, especialmente en Costa Rica”. Y que, en al menos cinco países, las embajadas de Nicaragua han recibido personal ligado a la Dirección de Inteligencia de Defensa y de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, que recopilan información sobre los exiliados nicaragüenses para informar directamente a Rosario Murillo.
Miurel es una de esas personas vigiladas. Desde que incomodó al régimen atrincherándose en el campus de su universidad por meses, ha sido un objetivo. Huyó, pero su lucha no se detuvo. Se hizo periodista y en 2024 empezó a trabajar en Darío Medios Internacional, un medio nicaragüense exiliado en Costa Rica, que en sus inicios en Nicaragua era una radio.
Era presentadora de un segmento llamado Darío Crónicas, que se publicaba todos los domingos.
—Se basaba mucho en estudiarla a ella (Rosario Murillo), porque entendemos que Daniel Ortega puede tener su malicia, no lo eximimos, él es la cabeza, pero quien está orquestando atrocidades tras atrocidades es Rosario— dijo Miurel.
Las amenazas de las que escapó en Nicaragua volvieron.
Dos meses después del asesinato de Samcam, el guardia del kínder de su hija la llamó para informarle de unas personas a bordo de dos camionetas y dos motos que estaban preguntando por la niña. En ese momento también llegó un mensaje a Aníbal Toruño, el director de Darío Medios Internacional: “tenemos ubicada a la hija de tu periodista”, le dijeron.
Miurel salió de inmediato hacia el kínder y logró sacar a su hija por la puerta trasera y fue a presentar una denuncia a la oficina de protección de víctimas del delito en Costa Rica.
—Esa fue la primera denuncia que yo fui a hacer y en esa primera denuncia no me dan ninguna solvencia, ningún documento. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? Que habían hecho caso omiso— explicó.
Decidió reubicarse por su propia cuenta. Con la ayuda de sus colegas Hanssel Vásquez y Aníbal Toruño encontró dónde mudarse en diciembre, tres meses después de empezar la búsqueda.
—Porque también el tema de vivienda juega en contra de los migrantes— dijo Miurel con la decepción de alguien a quien le llueve sobre mojado.
Los meses transcurrieron junto con los hostigamientos hasta ese 23 de abril en que le informaron que era parte de una lista de objetivos. Miurel tuvo que volver a mudarse como parte del protocolo del programa de protección de víctimas del OIJ que había aceptado.
Estuvo seis días nada más.
Miurel y su hija estaban confinadas mientras permanecieron bajo protección estatal.
—Este programa de protección me cercenó todo. En unos días caí en depresión, me quitaron todo tipo de dispositivo, me llevaron a un lugar desconocido como a dos horas de San José. Las mismas personas del lugar no tenían permiso para que tuvieran comunicación conmigo— dijo Miurel.
Harta y deprimida, llegó el 29 de abril con su hija a las oficinas del OIJ para renunciar al programa. Pidió que la hicieran parte del programa de seguimiento en el que tendría seguridad afuera de su casa. No aceptaron.
—Me amenazaron: fue como un tipo de coacción que realizaron conmigo, me dijeron que iban a llamar al PANI (Patronato Nacional de la Infancia), que es la institución de menores allí en Costa Rica— recordó.
Hanssel llegó a recogerlas para llevarlas a casa. Miurel no sabía qué más hacer. Minutos después de salir de allí, una motocicleta los empezó a seguir. El hombre de la moto sacó una pistola y Miurel y su hija tuvieron que agacharse.
Ese fue el momento cuando Miurel se dio cuenta de que tenía que exiliarse de su exilio.
—Exiliarme es una segunda muerte. Si yo ya estaba muerta en vida en Costa Rica, a duras penas reinventándome después de salir de Nicaragua, de donde nunca quise salir, irme bajo estas circunstancias, corriendo y ahora a cargo de una menor, es sumamente dramático. Yo me siento muerta en vida— concluyó Miurel con la voz entrecortada.
Las heridas
A plena luz del día, el 10 de enero de 2024, Joao Maldonado, otro refugiado nicaragüense en Costa Rica, iba en su carro saliendo de una universidad en San José junto con su esposa Nadia Robleto. A unos metros de la salida, dos personas a bordo de una motocicleta se atravesaron en su camino y uno de ellos les apuntó con una pistola. Joao abrazó a su esposa para protegerla de los disparos. Ocho le impactaron a él y uno a ella. La pesadilla que vivió tres años atrás se repetía, esta era la segunda vez que atentaban contra su vida y, ahora, contra la de su esposa, en este mismo país, su país de refugio. Esa mañana Joao confirmó que Costa Rica no era más un lugar seguro para ellos.
Joao tiene 37 años y se exilió de Nicaragua, como Miurel y miles de nicaragüenses, en 2018. Nadia tiene 40 años y se exilió ese mismo año. Ambos protestaron contra el régimen desde distintos grupos. Aunque alguna vez se vieron en Nicaragua, no fue hasta en Costa Rica que se enamoraron. Se fueron a vivir juntos en 2020.
Joao había salido de Nicaragua por las protestas del departamento de Carazo. El 8 de julio de 2018, el régimen realizó la “operación limpieza”.
—Fue una operación militar coordinada por la Policía, el Ejército y paramilitares del Gobierno para desarticular lo que se denominaba como tranques— recordó Joao.
Los tranques eran básicamente bloqueos de paso que se replicaron en el resto del país, una forma de protesta para presionar por la caída del régimen. A raíz de esa operación, Joao tuvo que esconderse en Managua durante un mes, hasta que cruzó la frontera con Costa Rica en agosto de ese año.
Nadia es una abogada que en 2018 estudiaba su especialización en derecho penal en Nicaragua. En sus tiempos libres, asistía a protestas en Jinotepe, Carazo. Cuando las protestas se hicieron más frecuentes y grandes, ella empezó a participar más. Se sintió motivada a formar parte de estos movimientos por sus tres hijos.
—Se supone que mis padres, que en paz descansen, lucharon por una libertad de Nicaragua, para dejarnos una Nicaragua libre a nosotros. Ahora nosotros teníamos que luchar porque yo no quería que mis hijos vivieran eso— dijo Nadia.
Las amenazas comenzaron a llegar a sus redes sociales. Un día, le llegó un mensaje desde un perfil sandinista que decía que ya sabían que estaba en los tranques y que se cuidara. Nadia se fue de Nicaragua después de eso.
Joao y Nadia llegaron a Costa Rica separados, pero la lucha en el exilio los unió. Ambos siguieron resistiendo. Él, junto con otros exiliados, fundó la Unidad de Exiliados Nicaragüenses. Ella pasó por varios grupos de resistencia hasta que terminó en la Unidad.
Se convirtieron en objeto de amenazas, otra vez.
El 11 de septiembre de 2021, Joao tenía un trabajo como conductor de una empresa. Ese día era sábado y se dirigía con su jefe en carro a hacer una diligencia de la empresa. La Unidad de Exiliados Nicaragüenses, junto con otros colectivos de resistencia, había convocado a una protesta en Costa Rica el 12 de septiembre, para denunciar el fraude electoral que se iba a cometer en noviembre de ese año.
Joao iba conduciendo a las 4:30 de la tarde. Se detuvo en una señal de Alto. Allí, dos hombres en una motocicleta atravesaron su paso y le dispararon. Él recibió cinco impactos y a su jefe lo rozó una bala.
Sobrevivió. El jefe también.
El primer atentado contra Joao fue uno de los primeros registrados públicamente, aunque el colectivo Nicaragua Nunca Más dice que ellos han documentado atentados y asesinatos en Honduras y Costa Rica antes de 2021.
Con su esposo en el hospital, Nadia fue a la oficina de protección a víctimas a poner una denuncia. En ese momento, aceptaron ingresar al programa de protección a víctimas, el mismo que a Miurel le causó depresión en solo seis días.
Según Joao, este programa no cuenta con muchos recursos. Ese 2021 que accedieron a esa protección, él tuvo que renunciar a su trabajo, a todo lo que ya conocía como vida en San José y moverse a un lugar lejano. Allí tuvieron que buscar una casa que tenían que pagar ellos. El programa solo les dio 160,000 colones, unos $350 dólares aproximadamente. Esta cantidad fue solo para movilizarse. No recibieron nada más de ayuda económica.
—La casa costaba 250,000 colones, la que tuvimos que buscar nosotros. La mensualidad nos ha tocado a nosotros, la comida nos ha tocado a nosotros— explicó Joao.
Estuvieron seis meses y tuvieron contacto constante con la oficina de protección, podían llamar a un número para avisar de cualquier anomalía o si necesitaban salir por alguna emergencia. Además, llegaban oficiales de la oficina en una camioneta una vez por semana para asegurarse de que estuvieran bien.
Durante tres semanas se intentó contactar al OIJ, al Ministerio Público y al Poder Judicial de Costa Rica para obtener respuestas sobre el listado de objetivos del régimen y sus planes de protección para los refugiados.
Aunque la Fiscalía y el OIJ contestaron un correo preguntando qué información se requería, cuando se les envió las preguntas, no volvieron a contestar más.
Cuando Nadia se exilió en Costa Rica en 2018, llegó sola. No pudo llevarse a sus tres hijos con ella porque podía ponerlos en peligro. Pero en 2019 logró traerlos. Cuando en 2021 ingresaron al programa de protección, estaban viviendo todos juntos. Dos de los hijos de Nadia tienen problemas auditivos, usan un aparato para escuchar y se comunican con lenguaje de señas.
Después de cumplir los seis meses en el programa, intentaron volver a la normalidad en el nuevo lugar. Pasó un tiempo hasta que en septiembre de 2023 Joao empezó a recibir advertencias de una persona de su confianza sobre un segundo atentado. A Nadia también le advirtieron sobre otro atentado. Se comunicaron con la Seguridad Nacional de Costa Rica e informaron de los hostigamientos. Entraron de nuevo al programa de protección.
Otra vez se movieron a un lugar desconocido. Joao aún tiene frescas las heridas del primer atentado; otra vez recibieron los 160,000 colones para la mudanza, buscaron una nueva casa que pagaron ellos; viajaron con los tres hijos de Nadia. Intentaban empezar. De nuevo. El programa los hizo renunciar a todo lo que ya conocían como su vida, otra vez. Ninguno de los dos podía trabajar porque, tras la última amenaza, Nadia también era objetivo. Ella consiguió un teletrabajo y con eso apenas subsistían.
No era suficiente y Joao estaba desesperado.
En medio de esta necesidad, un periodista nicaragüense que vivía en Costa Rica, Danilo Aguirre, le prometió un trabajo aún cuando Joao y Nadia eran parte del programa de protección por segunda vez. Danilo había pedido a Joao que hiciera unos videos sobre algunas ciudades de Costa Rica. Un día antes del atentado, los hizo y quedaron de reunirse con Danilo al día siguiente para concluir ese trabajo. Joao intentó comunicarse con los oficiales del programa para avisarles que tenía que salir por ese motivo, pero nunca le contestaron. Nadia y él tuvieron que salir a escondidas para verse con Danilo. Se reunieron en un hotel en San José, en la mañana.
—Danilo Aguirre era la única persona que sabía, la única persona que tenía conocimiento de dónde iba a estar en ese momento. No había nadie más que él— dijo Joao, frustrado de haber caído en la trampa, como él mismo le llamó.
Danilo está ahora en Nicaragua, protegido por el régimen, según Joao.
Ese 10 de enero de 2024, después de salir de la reunión con Danilo, se dirigieron a una universidad en San José sin saber que, desde el hotel, alguien los iba siguiendo en un carro. Joao fue a matricularse para poder estudiar en línea, porque tras las advertencias de un segundo atentado y la vida precaria del programa de protección, habían decidido renunciar a la medida y mudarse de país. Al terminar el trámite universitario, se subieron al carro. Apenas habían avanzado unos metros cuando Joao recibió ocho disparos mientras protegía a Nadia, que recibió uno.
Sobrevivieron, pero ese único disparo le costó a Nadia una discapacidad del 85 % en todo el cuerpo. Está en silla de ruedas y no podrá volver a caminar.
También le costó perder a sus hijos. El papá de ellos denunció al PANI, la misma institución que amenazó a Miurel con su hija, que, a la luz del atentado, Nadia no era apta para cuidarlos. Llegaron al acuerdo de que él los tendría en Costa Rica sin permiso para sacarlos del país y ella podría visitarlos.
—Pero él se los llevó secuestrados a Nicaragua. El PANI se dio cuenta porque yo insistí con el abogado en que yo quería ver a mis hijos. Cuando el PANI llegó con la policía, él ya se los había llevado— relató Nadia con la voz entrecortada.
Pasó varios meses sin saber de sus hijos, hasta que al fin logró contactarlos. Tienen que verse siempre por videollamada porque sus hijos solo hablan en lenguaje de señas. Ellos siguen en Nicaragua. Ella no puede volver.
—Supuestamente el PANI lo puso (el secuestro) en la acusación ante la OIJ, entonces él está circulando entre la Interpol. La verdad es que no les creo mucho. Pero eso lo voy a seguir ahorita que termine el juicio (del atentado) porque no puedo estar en las dos cosas, emocionalmente me daña— explicó Nadia.
Hay investigaciones abiertas por los dos atentados contra Joao y el atentado contra Nadia. Al principio de la investigación había tres sospechosos de atacarlos en 2024. Dos de ellos costarricenses y uno de nacionalidad nicaragüense. Divergentes informó que los dos costarricenses iban a bordo de la motocicleta y que uno de ellos disparó.
El tercero, el nicaragüense, iba a bordo de un vehículo y los siguió desde el hotel en el que se habían reunido con el periodista Danilo.
La Fiscalía nunca ligó a Danilo con el crimen a pesar de que el OIJ lo señala de delatar la ubicación de Joao y Nadia.
De los tres sospechosos, la Fiscalía solo acusó al costarricense Jeremy Rivas; a los otros dos no los han acusado, por falta de pruebas. Rivas está detenido en prisión preventiva. Es sospechoso de ser el gatillero de ese atentado.
Joao y Nadia lucharon por su vida en un hospital en enero del 2024. A pesar de la incertidumbre, sabían desde antes del atentado que Costa Rica ya no era un lugar seguro. Se exiliaron de su exilio al recuperarse.
Enfrentan el juicio contra Rivas desde su nuevo lugar de refugio. El pasado 26 y 27 de octubre ambos pudieron testificar virtualmente en una corte en Costa Rica.
Los abogados creen que hay suficiente prueba para pedir la pena máxima.
—En este exilio (el segundo) yo vine prácticamente destruida a estar en una silla de ruedas o a estar en una cama, a no poder movilizarme bien. No sé cómo explicarte el dolor que siento, lo terrible que es estar en esta condición porque si yo estuviera como cuando llegué a Costa Rica, yo creo que ya hubiese levantado cabeza— concluyó Nadia.
Quedarse
Hanssel Vásquez, un productor audiovisual nicaragüense exiliado en Costa Rica, iba conduciendo su carro la noche del 29 de abril de 2026. De pasajeras llevaba a Miurel y a su hija. Fue a recogerlas a las oficinas del OIJ para llevarlas a su casa. A unos minutos de emprender camino, una motocicleta los empezó a seguir hasta que el hombre a bordo sacó un arma y les apuntó desde el otro lado de la ventana del piloto. Hanssel inmediatamente gritó: “¡Al suelo!”, y aceleró para perderlo. Los tres, ilesos, llegaron a una gasolinera en donde había una patrulla de policías y, entre una mezcla de alivio, miedo y llanto, dijo a Miurel “loca, lo perdimos”. Aunque la muerte estuvo personificada en un motociclista, para él, irse de Costa Rica, aún no era opción.
Hanssel tiene 34 años y fue un preso político excarcelado por el régimen de Ortega-Murillo. Lo detuvieron en 2018 tras las protestas masivas. Antes de su detención, se movió por distintas partes del país apoyando en la logística de los tranques. Difundió información en distintos medios de comunicación y participó en varias manifestaciones.
Las amenazas llegaron en forma de paramilitares disparando al frente de la casa de su madre, hasta que lo capturaron ese año.
El 11 de julio de 2018, Hanssel subió a un carro con dos amigos que también manifestaban. Llevaban insumos médicos al departamento de Masaya en Nicaragua, para una persona a la que le habían disparado en la cara. Cuando recorrían la carretera “Camino Viejo a Nindirí”, dos camionetas de paramilitares los interceptaron y les dispararon. Intentaron huir en el carro, pero no lograron escapar. Los bajaron y los amarraron.
—Me llevan a la estación de Policía en Nindirí y me torturan por seis horas— recordó Hanssel.
Luego, lo trasladaron a Managua con capucha en la cabeza, amarrado, y lo dejaron en la cárcel “El Chipote Viejo”.
—Esa cárcel parecía que el arquitecto que la diseñó fue el mismo diablo en persona— dijo.
Describe las celdas como un espacio de dos metros por dos metros, con cuatro literas. El agua no salía de ningún grifo, sino que chorreaba de las paredes mezclado con sangre y heces de otros presos torturados.
—De ahí tenías que beber— relató.
Al lado de la pared de la que el agua chorreaba, había un hueco en el piso. Ese era el baño.
Lo trasladron a la carcel “La Modelo” y, después de tres meses de estar en prisión y de audiencias, lo declararon culpable de terrorismo, a pesar de la falta de pruebas, y lo sentenciaron a 17 años de cárcel. Salió en 2019 por un proceso de negociación entre el régimen y Alianza Cívica, una organización que se formó por las protestas. Más de 700 personas salieron ese año por esa amnistía.
Hanssel se quedó en Nicaragua. Tenía la esperanza de que podrían sacar a Ortega y Murillo del poder.
Las amenazas eran más frecuentes. En 2021, llegaron dos citatorios a la casa de su madre, en donde él ya no vivía. Luego llegó una orden de arresto por desacato y el terror de lo que vivió encarcelado lo invadió. Su madre, desesperada, le pidió que se fuera.
Ese año, Hanssel se mudó a Costa Rica.
Rehizo su vida en Costa Rica y terminó trabajando como productor audiovisual en Darío Medios Internacional, junto con Miurel y Aníbal Toruño, el director del medio. Los tres se convirtieron en una especie de familia.
Aníbal tiene 65 años y también está exiliado en Costa Rica, pero esta vez es su tercer exilio. Ya se había ido de Nicaragua en 1984 porque no quería unirse al servicio militar, no se sentía identificado con lo que los sandinistas estaban haciendo en el poder. Regresó 13 años después y empezó a trabajar en la radio que había fundado su padre en 1949 en León, la segunda ciudad más grande de Nicaragua. Años después, se convirtió en director de Radio Darío.
—Darío, por Rubén Darío— dijo Aníbal refiriéndose al poeta y escritor nicaragüense.
En las protestas de 2018, la radio trabajaba todos los días informando sobre lo que pasaba en las calles. Aníbal estaba acostumbrado a las amenazas. Desde la dictadura de Somoza ya habían intentado destruir la radio en distintas ocasiones.
El 20 de abril de 2018, Aníbal estaba en la radio. Un comando de paramilitares llegó a las oficinas. Ni Aníbal ni el resto de las 12 personas que estaban allí se dieron cuenta en un primer momento de que el comando entró. Los paramilitares empezaron a echar gasolina a las paredes, al techo. Le prendieron fuego y el edificio estalló en llamas.
—Podía ver las lenguas de fuego entrando por todos lados, y pues pensé que íbamos a morir quemados— recordó Aníbal.
Aníbal y el resto de trabajadores de la radio sobrevivieron gracias a que los vecinos llegaron con baldes de agua y mangueras para apagar el fuego y lograron sacarlos a todos por una puerta lateral en el edificio.
La radio quedó hecha escombros, pero Aníbal consiguió transmisores y equipo. Montó la radio en una casa de la familia Toruño. Volvieron al aire, pero los allanaron en varias ocasiones.
Aníbal se tuvo que ir de Nicaragua ese mismo 2018. Por segunda vez.
Aún así, regresó a Nicaragua en 2019. Las amenazas y los hostigamientos no tardaron en llegar. En una ocasión, cuando se dirigía a León, casi lo matan.
Se tuvo que ir, ahora sí, de manera definitiva, a su tercer exilio.
—Fui a Estados Unidos, estuve en Colombia, estuve en México, dándole vueltas a ver por dónde me reinventaba. Finalmente en el 2022 decido que tengo que buscar cómo reinventar el medio— explicó Aníbal.
Llegó a Costa Rica en 2023 y Radio Darío se convirtió en Darío Medios Internacional. Hanssel y Miurel se hicieron parte del proyecto y, desde el exilio, le siguieron la pista a la dictadura nicaragüense.
Aníbal también se convirtió en objetivo de la dictadura, otra vez. Ahora en su lugar de refugio.
Como Miurel, Hanssel y Aníbal forman parte de la lista de 15 nombres que el OIJ tiene en sus manos. Ese mismo día que le advirtieron a ella, le advirtieron a los otros dos.
A diferencia de Miurel, no aceptaron el programa de protección. Tampoco aceptaron irse de Costa Rica.
No es la única lista a la que pertenece. Aníbal también está en la lista de 94 nicaragüenses a los que la dictadura de Ortega-Murillo quitó la nacionalidad en 2023. Todos fueron acusados de “traidores de la patria”.
—Ortega cree que me lo arrebató. Yo sigo siendo nicaragüense, lo llevo en mi sangre y está en mi piel. Como si uno lo pudiera arrancar. He visto miles de nicaragüenses debatiéndose en lugares por un asilo, por un exilio, por un trabajo, por una identificación— dijo Aníbal con la voz firme.
Hanssel y Aníbal también corren peligro, las amenazas no se han detenido. Solicitaron medidas cautelares a la CIDH en mayo de 2026, para que el Estado costarricense se vea obligado a protegerlos. La resolución llegó cuatro meses después, el 20 de septiembre. La CIDH pidió a Costa Rica que adoptara las medidas en un plazo de 15 días desde la publicación de la resolución.
Más de un mes después de la resolución, Hanssel asistió a una reunión con autoridades, entre ellas, el Ministerio Público de Costa Rica. En esa reunión, la Fiscalía reconoció que hay una represión transnacional por parte del régimen Ortega-Murillo y que no están preparados para atenderlo.
—Pero al menos la Fiscalía está buscando otras experiencias de otros países que sí tienen modelos y marcos claros de protección para periodistas en riesgo de persecución política— dijo Hanssel sin mucha esperanza.
Mientras tanto, Hanssel sigue recibiendo amenazas que ha denunciado hasta el cansancio. En su última mudanza, tuvo que gastar en poner una cerca eléctrica arriba de los muros de entrada, cámaras de seguridad y reforzar los sistemas de cerradura de su casa.
El pasado 16 de octubre, llegó un hombre en motocicleta enfrente de su casa. Tomó fotos y quiso averiguar si Hanssel se había mudado de lugar. Hanssel lo escuchó hablando por teléfono, reportando que seguía allí. Avisó a las autoridades y llegaron a su casa, pero el hombre ya se había ido.
Solo le advirtieron que tuviera precaución cuando saliera a la calle.
Se fueron.
A diferencia de Miurel, Joao y Nadia, Aníbal también sigue dispuesto a continuar con su vida en Costa Rica. Para él, el riesgo que corre al quedarse allí lo experimentaba desde que estaba en Nicaragua. Desde que decidió ser periodista. Por eso, estar cerca de su país es también esperanzador.
—Es resiliencia, perseverancia, controlar los miedos y no paralizarse. Seguir en el sueño de regresar a casa con un nuevo país—concluyó Aníbal.
Hanssel también decidió que intentaría seguir con la mayor normalidad posible a pesar de los últimos hostigamientos. Pero ha aceptado un terrible destino.
—Francamente en algún momento van a lograr matarme. En algún punto van a lograrlo. He intentado escaparme de la muerte y lo he logrado hasta el momento, pero en algún momento que se decidan hacerlo y ya no manden sicarios, sino que manden militares de ellos mismos, sí van a hacerlo— dijo Hanssel, resignado a lo que pueda pasarle.
Aún así, quiere quedarse. Quiere seguir resistiendo.
—No me siento capacitado para quedarme callado, no quiero quedarme callado. Eso vence al temor que vaya a tener— relató Hanssel.
Las historias de Hanssel y Aníbal son particulares, pero no únicas. Muchos otros nicaragüenses no pueden irse o han decidido quedarse en ese país que ya no es seguro para ellos. También en 2018, otro opositor del régimen, que prefirió mantener el anonimato por seguridad y a quien llamaremos “el opositor”, tuvo que salir de Nicaragua como Miurel, Joao y Nadia. Cruzó la frontera hacia Costa Rica. El trabajo que hacía en ese momento lo convirtió en objetivo del régimen. Al principio pensó que se iría solo unas semanas, esperando a que bajara la efervescencia de las protestas, pero esas semanas se convirtieron en años.
Sin mucho remedio, el opositor había encontrado refugio en Costa Rica y empezado su nueva vida.
Continuó haciendo su trabajo desde allí y siguió siendo crítico del régimen, aunque las amenazas y hostigamientos no dejaron de llegar a sus redes sociales.
El peligro fue más real después del asesinato de Samcam. Las amenazas que siempre llegaban por redes sociales se hicieron tangibles. El opositor pidió no dar más detalles, por seguridad. Pero lo que sí dijo es que no estaba dispuesto a irse de nuevo.
—Yo lo veo (Costa Rica) como una especie de puente entre Nicaragua y el mundo, es decir, es fácil volar a otros lados, pero siempre estoy cerca de Nicaragua, estoy cerca de gente que me interesa, pero sobre todo porque yo aquí creé comunidad y familia y es bien difícil desarraigarte y volver a empezar de nuevo. Entonces, mientras yo pueda sortear estar aquí en Costa Rica, aquí voy a seguir— explicó el opositor.
Al opositor, el peligro no lo ha detenido.
—La paz es algo que nunca me la volverá a quitar el régimen. Vivo con más cuidado pero sin temor que paraliza. Vivo— concluyó el opositor.
La impunidad
Roberto Samcam estaba una mañana de junio de 2025 desempacando las maletas en su cuarto en San José, volvía de un viaje. Escuchó un ruido en la reja de la entrada del complejo de apartamentos. Siempre se mantenía cerrada, pero ese día reparaban uno de los apartamentos y estaba abierta. Alguien había entrado. Bajó a ver de qué se trataba. Cuando se acercó a la entrada del complejo, le dispararon. El primer disparo le dio en la rodilla. El segundo, de costado, cerca del pecho. Entró al corazón. Los otros seis ya no importaron. Roberto murió con el segundo disparo en la puerta de su casa, cuando la ciudad apenas estaba despertando. Años después de haberse escapado de la muerte en repetidas ocasiones en Nicaragua, lo alcanzó en su país de refugio.
Después del triunfo de la revolución sandinista, en los ochentas, Samcam se unió al Ejército Popular Sandinista, pero poco a poco su lucha se fue alejando de la nueva realidad instalada. Se volvió un opositor del régimen de Ortega.
Samcam ya era un conocido crítico de la dictadura cuando estallaron las protestas en 2018 y, como Miurel, Joao y Nadia, tuvo que salir de Nicaragua con su familia ese año, debido a las constantes amenazas.
—Él dijo: "Vámonos a Costa Rica. Ahí va a ser el corazón de la resistencia nicaragüense, ahí se va a establecer toda la oposición, estamos más cerca”— relató Claudia Vargas, la viuda de Samcam.
Ella se ha convertido en su voz desde el asesinato.
A la espera del juicio Samcam, Costa Rica deja de perseguir al autor intelectual de su asesinato
Empezaron su nueva vida en San José, pero Samcam trató de mantener un bajo perfil. No salía mucho.
—Tratamos de establecer una vida. Alquilar un apartamento y empezar a construir un poco de arraigo, volver a hacer hogar, tener plantitas, regarlas. Hacer las cosas cotidianas: colgar fotos familiares en la pared y, claro, convertir en casa aquella destrucción de la cual veníamos— recordó Claudia.
Desde el exilio, Samcam siguió siendo acérrimo opositor del régimen de Ortega-Murillo y denunciaba las atrocidades que aún se cometen en Nicaragua. Nunca dejó de ser un objetivo para la dictadura.
Samcam había denunciado ante la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional de Costa Rica (DIS) sobre posibles redes de espionaje del régimen en ese país.
Tras su muerte, encontraron en su computadora una de muchas cartas que había escrito, con fecha del 15 de septiembre de 2019, en la que explicaba la comunicación que sostenía con el subjefe de la DIS de ese momento, Jorge Torres Carrillo. Samcam escribió sobre las amenazas de muerte y la DIS le advirtió de un posible secuestro de parte del régimen y le sugirió que tuviera cuidado si salía o que se mudara de casa.
En 2023, también fue parte de la lista de los 94 desnacionalizados, junto con Aníbal, pero eso no lo detuvo.
Por el bajo perfil que mantenía, Samcam era muy selectivo con las entrevistas que daba a medios y con el manejo de información. Darío Medios Internacional, el medio en el que trabajaban Miurel, Hanssel y Aníbal, logró entrevistarlo en junio de 2024 —un año antes de su asesinato— para el documental “Terror Sin Fronteras”, producido por Hanssel. Lo entrevistó él mismo.
En esa entrevista, Samcam describió la estrategia que la Dirección de Información para la Defensa de Nicaragua (DID) empezó a implementar después de 2018 para ubicar a opositores en el exilio.
—La gente que viene de allá (Nicaragua) o que está en células aquí lo que hace es ubicarte. Su principal misión es ubicar donde vivís. Definir o vigilar cuál es tu rutina y luego contratan sicarios— explicó Samcam en esa entrevista, sin saber que era la crónica de su muerte anunciada. De otras muertes anunciadas.
Denunció que esas células operaban desde la Embajada de Nicaragua en Costa Rica y relató que en un momento llegó a identificar a 22 agentes de la DID.
El asesinato de Samcam no fue el primero en cometerse a un refugiado nicaragüense. A Rodolfo Rojas, quien se exiliaba en Costa Rica, lo llevaron a Honduras con engaños y lo asesinaron allí en 2022. Jaime Luis Ortega, otro refugiado en Costa Rica, también fue asesinado en la frontera con Nicaragua, en 2024.
Entre las entrevistas de ese documental figura la de Randall Zúñiga, el entonces director del OIJ. Fue en 2025, despues del asesinato de Samcam. Un poco entredientes, reconoció que lo que pasó a Joao en 2021, a Ortega en 2024, a Joao de nuevo en 2024 y a Samcam en 2025 podría significar algo más que crímenes aislados.
—Independientemente de que haya una intromisión extranjera, todavía no lo puedo verificar o no lo puedo aclarar. Yo te puedo decir que tres personas no es tan coincidencia. Hay algo. Puede ser algo interno, puede ser algo externo— expuso Zúñiga en la entrevista para el documental.
Hanssel, quien realizó estas entrevistas explicó que Zúñiga no tomó en cuenta a Rojas, porque lo asesinaron en Honduras, pero en realidad era un refugiado en Costa Rica.
—Las capacidades investigativas de OIJ no son transnacionales— agregó Zúñiga en la entrevista.
Después del 19 de junio de 2025, cuando asesinaron a Samcam, el pánico creció en la comunidad nicaragüense exiliada, y las amenazas fueron más frecuentes, como le sucedió a Miurel, a Hanssel, a Aníbal, al opositor. El presidente en ese momento, Rodrigo Chaves, nunca se pronunció al respecto. Entregó el cargo en mayo de 2026 y se fue sin decir nada.
En un comunicado de la Presidencia de 2024, unos días después del segundo atentado contra Joao y Nadia, esa oficina negó la existencia de células organizadas por el Gobierno nicaragüense.
El OIJ y el Ministerio Público de Costa Rica iniciaron una investigación del asesinato de Samcam. Su viuda piensa luchar hasta encontrar a los culpables y demostrar que fue un crimen político.
Actualmente tienen detenidos a cinco sospechosos de ser los autores materiales del asesinato. Se espera que el juicio empiece el próximo año.
En el equipo de abogados de la defensa está Almudena Bernabeu, una reconocida abogada española experta en derecho internacional, que ha llevado casos como el genocidio ixil, por el cual fue condenado el general guatemalteco Efraín Rios Montt, y la masacre de los jesuitas de 1989 en El Salvador, crímenes cometidos en sus guerras internas.
Almudena explicó que había dos líneas de investigación en el caso de Samcam: la de la autoría material y la de la autoría intelectual, que, de acuerdo con todos los exiliados de esta historia, los abogados de Samcam e investigaciones de organizaciones como el GHREN, apuntan al régimen Ortega-Murillo.
—Por parte de la Fiscalía se ha hecho muy poquito [...] Claramente señalan que no se están poniendo recursos en la investigación, pero en general es una investigación que no la encuentran con viabilidad o que la encuentran compleja— expuso Almudena.
Por falta de pruebas, a principios de octubre de 2026, la Fiscalía archivó la línea de investigación de la autoría intelectual. Aunque aclararon que podría reabrirse si se encuentra nueva evidencia sobre quién planificó el crimen.
—Yo creo que es imposible que el Gobierno de Costa Rica y las autoridades costarricenses no sepan que hay infiltrados nicaragüenses, que hay gente actuando, que vienen, que entran y salen y pagan a sicarios— dijo Almudena.
Hubo un posible sospechoso de estar ligado a la autoría intelectual del asesinato de Samcam. Kenny Navarrete es un nicaragüense que estuvo preso en Costa Rica desde 2016 por robo y otros delitos agravados. Un informe de marzo de 2026 del OIJ que llegó a las manos del medio nicaragüense Confidencial reportó que los sicarios mataron a Samcam en coordinación con Navarrete, a cambio de dinero. También encontraron una posible relación de Navarrete con la DID de Nicaragua.
Sin embargo, no lo presentaron como sospechoso en el caso. En julio de este 2026, cumplió su condena y fue liberado de la cárcel. Pasó a la jurisdicción de la Dirección General de Migración y Extranjería de Nicaragua.
El medio nicaragüense Divergentes comprobó, con cinco personas que viven en el barrio del cual es originario Navarrete en Nicaragua, que llegó a finales de julio de 2026 y que se pasea tranquilamente por las calles.
—Hay llamadas desde Nicaragua, llamadas de Navarrete, que es nicaragüense, y hay pagos hechos desde diferentes cuentas— explicó Almudena.
Pero no ha sido suficiente.
Este año tomó posesión la nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. Desde su campaña electoral se hacía llamar la candidata del continuismo del Gobierno de Rodrigo Chaves, quien nunca se pronunció al respecto de la seguridad de los refugiados nicaragüenses en su país.
Llegó al poder en mayo de 2026 y nombró de ministro de la Presidencia y de Hacienda a Chaves, quien se ha convertido en su mano derecha desde entonces.
Fernández, en sus primeros meses —muy al estilo del salvadoreño Nayib Bukele— entró en conflicto con el Poder Judicial en Costa Rica. La presidenta acusó a la Sala de lo Constitucional de violar la división de poderes y entrometerse en asuntos del Legislativo, en donde su partido tiene mayoría.
Fernández y Chaves no estaban dispuestos a perder el pulso. En agosto, Chaves firmó un oficio en el cual el Ejecutivo impone un “ajuste técnico”: una reducción al presupuesto del Judicial.
Chaves no solo intentó reducir el presupuesto, sino que en ese oficio especificó cómo debería recortarse en las distintas entidades del poder judicial. El OIJ podría ser la institución más afectada, con una reducción que representa el 40% del total de los recortes. El presidente del Judicial de ese momento, Orlando Aguirre, apeló esta decision y acusó a Hacienda de violar la autonomía financiera del poder judicial. Estos recortes siguen en disputa y plantea interrogantes sobre la capacidad de investigación del OIJ.
El OIJ apenas ha avanzado con las investigaciones de los atentados de Joao y Nadia y el asesinato de Samcam, y ahora, el Ejecutivo podria reducir sus recursos. La Fiscalía archiva casos y los nicaragüenses refugiados siguen recibiendo amenazas.
El último atentado en contra de un refugiado en Costa Rica se registró el pasado septiembre. Fue contra Reinaldo Picado, un líder campesino y exmiembro de los Contras de Nicaragua. Dos personas que se bajaron de un carro le dispararon tres veces cuando arreglaba una propiedad. Sobrevivió.
Hasta la fecha, la presidenta Fernández tampoco ha dicho nada de ese atentado, ni del asesinato de Samcam, ni de ninguna amenaza a los exiliados.
Mientras tanto, Claudia Vargas Samcam sigue viviendo en Costa Rica, con miedo, pero con voluntad de llegar hasta las últimas instancias para encontrar a quien le arrebató de las manos al hombre con el que había imaginado envejecer.
La voz de Claudia se ha hecho más fuerte con el paso del tiempo, sigue participando en grupos de resistencia y contando la historia de su esposo para que se haga justicia.
—Cuando Costa Rica no archiva una denuncia de represión transnacional no necesita mandarnos un guardaespaldas a cada uno. Necesitamos que siga con la investigación, que sea clara y contundente porque eso manda un mensaje de no impunidad a la dictadura. Pero cuando archiva un caso tan importante y emblemático como este, estás mandando un mensaje equivocado de que se puede continuar atentando contra la vida de refugiados en Costa Rica y que Costa Rica no va a hacer nada— concluyó Claudia.
Por eso, Miurel, Joao y Nadia tuvieron que volver a exiliarse de su exilio, porque se sintieron abandonados por el Estado que prometió protegerlos. Hanssel, el opositor y Aníbal, han preferido quedarse aunque les cueste la vida, porque empezar de nuevo no es su opción.
El régimen Ortega-Murillo sigue impune y Costa Rica lo sabe.