Transcripción
Durante cinco años, Antonio Saca gobernó El Salvador. Desde Casa Presidencial, su administración puso en marcha una red para desviar dinero público hacia empresas y cuentas particulares. Millones de dólares que debían servir para administrar el Estado terminaron en el patrimonio del expresidente y de sus colaboradores.
En 2018, sentado frente a un tribunal, Saca reconoció su participación en esa estructura de corrupción. Durante aproximadamente una hora, confesó cómo había operado uno de los mayores esquemas de desvío de fondos públicos de la historia reciente del país.
El expresidente aceptó los delitos y fue condenado a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero y activos. La investigación estableció que, durante su Gobierno, entre 2004 y 2009, se desviaron alrededor de 301 millones de dólares de las arcas del Estado.
Ocho años después de aquella confesión, Saca vuelve a ser noticia.
Soy Graciela Barrera. Es 31 de octubre de 2026. Hoy en El Resumen: Antonio Saca, el expresidente que confesó corrupción, queda en libertad.
El 27 de octubre entró en vigor la orden de libertad del expresidente Antonio Saca, después de que cumpliera su condena en prisión.
Abogado de Saca: “Estamos acá cumpliendo una diligencia judicial como mucha gente especula, sabe o creía, los diez años fueron cumplidos. Ninguna de las dos personas que represento tuvieron beneficios carcelarios. Ahorita venimos al tribunal a informar formalmente la libertad. Así fue ayer mismo que salimos del centro penal correspondiente”.
Solo un día después de que su orden de libertad entrara en vigor, el 28 de octubre, Saca salió del Centro Penal La Esperanza. El 29, se presentó al Centro Judicial Isidro Menéndez, en San Salvador. Lo hizo acompañado de su abogado y Élmer Charlaix, quien fue su secretario privado durante la Presidencia y quien también fue procesado. Al ser abordado por los periodistas, el exmandatario apenas respondió.
Pero cumplir la condena de prisión no significa que Saca haya saldado sus cuentas con el Estado. El expresidente todavía tiene obligaciones económicas millonarias derivadas de los procesos judiciales en su contra.
En el caso conocido como Destape a la Corrupción, los tribunales le impusieron una responsabilidad civil de aproximadamente 260.7 millones de dólares por el daño ocasionado al Estado. Además, en un proceso separado por enriquecimiento ilícito, debe devolver otros 3,892,698.71 dólares. Según información divulgada por la Fiscalía en abril de 2026, hasta entonces apenas había abonado 5,845.75 dólares de esa última cantidad.
Su esposa, Ana Ligia Mixco de Saca, también recibió una obligación de pago de 589,608.42 dólares.
Para entender cómo llegó Saca a la Presidencia y cómo construyó la red de corrupción que terminó llevándolo a prisión, hay que volver a sus años de mayor popularidad.
Antes de entrar en la política, Elías Antonio Saca fue un exitoso locutor deportivo de radio y televisión. Su carrera como empresario de medios le permitió tener más de una docena de radios comerciales en el país. En 2004, a los 39 años, llegó a la Presidencia como candidato de ARENA.
Durante su Gobierno, Saca se convirtió en uno de los políticos más populares de El Salvador. Tras sus primeros dos años en el poder, llegó a registrar un 70 % de aprobación. Parte de ese respaldo estuvo relacionado con programas sociales, como la entrega diaria de un vaso de leche a estudiantes de escuelas públicas y la distribución de semillas mejoradas a campesinos.
También impulsó la llamada “Súper Mano Dura”, una estrategia de encarcelamiento masivo de pandilleros que parecía mejorar la sensación de seguridad en las calles.
Antonio Saca, archivo: “A los delincuentes y malacates con mucha seguridad y determinación, les digo que se les acabó la fiesta”.
Sin embargo, al terminar su mandato, en 2009, El Salvador registró una tasa de 72 homicidios por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del mundo.
Su popularidad comenzó a desmoronarse cuando salieron a la luz las dimensiones de la red de corrupción que había operado desde Casa Presidencial. Algunas de las figuras que participaron en esa estructura continuaron vinculadas a la vida pública y política del país.
Saca fue detenido el 30 de octubre de 2016, casi tres años antes de que Nayib Bukele llegara a la Presidencia. La captura ocurrió durante la celebración de la boda de su hijo.
Uno de los hechos que detonó la investigación fue la detección de una transferencia de más de 15 millones de dólares a una cuenta de Élmer Charlaix, su entonces exsecretario privado.
Al principio, Saca negó su culpabilidad y aseguró que era víctima de persecución política. Pero después llegó a un acuerdo con la Fiscalía y confesó que había dirigido un esquema para apropiarse de fondos públicos.
La estructura funcionaba mediante cuentas subsidiarias de Casa Presidencial. Desde allí se extraía dinero de las partidas secretas hacia cuentas personales y empresas vinculadas al expresidente. Con esos recursos se financiaban sus negocios, se compraban propiedades y se pagaban sobornos a políticos y otras figuras públicas.
En septiembre de 2018, Saca fue condenado a diez años de prisión por peculado y lavado de dinero y activos, tras reconocer el desvío de más de 300 millones de dólares de fondos públicos. En 2019 recibió una condena adicional de dos años por cohecho, después de confesar que ofreció 10,000 dólares a una empleada judicial para obtener información sobre su proceso.
Se convirtió así en el primer expresidente salvadoreño condenado por corrupción.
Durante el juicio, Saca también explicó cómo utilizó empresas y agencias de publicidad para lavar parte del dinero desviado.
El expresidente confesó que había lavado siete millones de dólares con ayuda de agencias que recibían pagos de Casa Presidencial. El mecanismo consistía en hacerles desembolsos en concepto de pauta publicitaria y luego las agencias devolvían la mayor parte del dinero a empresas de la familia Saca.
Las agencias recibían montos de hasta 100,000 dólares mensuales y conservaban el 20 % como comisión. El 80 % restante llegaba a varias empresas, entre ellas Promotora de Comunicaciones. Una de las excepciones fue la agencia ANLE, que recibió pagos del Gobierno por trabajos que nunca existieron.
El dinero también alimentó los negocios de radio del expresidente. Los fondos públicos se depositaban, bajo la apariencia de pagos por servicios de difusión de mensajes, en cuatro empresas: Promotora de Comunicaciones, Radiodifusión Usuluteca, Radiodifusión de El Salvador y Stereo 94.1 FM.
El crecimiento de esas empresas también se reflejó en el patrimonio personal de Saca. El expresidente reconoció que pasó de recibir un salario de entre 4,000 y 5,000 dólares entre 2003 y 2004 a ganar 60,000 dólares mensuales entre 2009 y 2012. En 2013, cuando Saca compitió para la presidencia de la República bajo una coalición de partidos, El Faro reveló que las ganancias de sus empresas se multiplicaron hasta por 16 durante su Gobierno.
El dinero desviado sirvió también para comprar propiedades.
Al final de su mandato, Saca dejó su casa en la colonia Escalón y se mudó a una mansión en la finca Linda Vista, en la falda del volcán de San Salvador. La propiedad había sido adquirida en 2009 por una de sus empresas por 2.1 millones de dólares.
Durante el juicio, el expresidente admitió que compró esa mansión y otro inmueble cercano con fondos de los gastos reservados de la Presidencia, utilizando prestanombres para ocultar las operaciones.
Para hacerlo contó con la ayuda del contador Irving Pavel Tóchez y del experiodista Jorge Hernández. Ambos participaron en una estructura de empresas que simulaban prestar servicios al Gobierno. A través de sociedades, el dinero pasaba de una cuenta a otra hasta regresar a las empresas de Saca o llegar directamente a sus cuentas personales y a las de su familia.
Con esos fondos también adquirió 450 manzanas de terreno en las fincas Lombardía y El Cauca, apartamentos en Santa Tecla y San Benito, y casas en Cumbres de Cuscatlán y la residencial Palmira, entre otras propiedades. Los inmuebles fueron adquiridos mediante testaferros y posteriormente decomisados por las autoridades.
La red también permitió beneficiar económicamente a sus colaboradores. Jorge Hernández, quien trabajaba en Telecorporación Salvadoreña, puso su empresa Marketing and Service al servicio del esquema para simular contratos con la Presidencia. A cambio, recibía 10,000 dólares mensuales como supuesto asesor de comunicación de Saca, aunque no era empleado del Gobierno. También viajó a El Cairo y Nueva York con gastos pagados con fondos reservados de la Presidencia, bajo el argumento de que cubriría periodísticamente esas misiones oficiales.
Por todo ello el partido expulsó y acusó de traición a Saca el 14 de diciembre de 2009. Con ello, surgió una nueva fuerza de derecha llamada GANA, que Saca ayudó a conformar con sus seguidores y aliados. La salida de la cárcel de Antonio Saca también vuelve a poner sobre la mesa el destino de las empresas que construyó antes y durante su paso por la Presidencia. Su antiguo imperio radial sigue siendo parte del panorama mediático salvadoreño. Algunas de esas emisoras están vinculadas a estructuras de comunicación afines al Gobierno de Nayib Bukele y sus sociedades relacionadas enfrentan procesos de extinción de dominio y medidas de control estatal.
La liberación de Saca, hecha efectiva un día después de cumplida su condena, contrasta con la situación de miles de personas capturadas durante el régimen de excepción, cuyas cartas de libertad no han sido acatadas por la Dirección General de Centros Penales. En 2024, el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción denunció que tenía conocimiento de aproximadamente 20,000 órdenes de libertad que seguían sin cumplirse.
En medio de las críticas por la salida de Saca, la actual Fiscalía General de la República atribuyó a la gestión del exfiscal general Douglas Meléndez el acuerdo alcanzado para que la condena fuera de 10 años.
En un comunicado, la FGR aseguró que durante la gestión de Meléndez se había diseñado un plan para recortarle aun más el tiempo en cárcel a Saca, pero que ese plan nunca se echó a andar. La FGR no explicó en qué consistía ese supuesto plan ni cuáles eran los mecanismos legales que se habrían previsto.
Estado salvadoreño no envió representantes a audiencia de la CIDH sobre la situación de privados de libertad bajo el régimen de excepción
David Morales: “Al lamentar la ausencia del Estado en esta audiencia, como sociedad civil, no podemos entender esta ausencia sino en el marco de una política generalizada de opacidad, de negación de información, de negación de las violaciones a derechos humanos que de forma sistemática están ocurriendo en el marco del régimen de excepción…”
El Estado salvadoreño no envió representación este 26 de octubre ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, convocada por el organismo internacional para evaluar la garantía y protección de los derechos humanos en las Américas.
En el primer bloque, organizaciones de la sociedad civil expusieron ante la Comisión denuncias sobre detenciones arbitrarias, hacinamiento en los centros penitenciarios, falta de acceso a la defensa técnica y violaciones al debido proceso bajo la vigencia de la medida de seguridad. David Morales de la organización Cristosal también habló de las capturas a personas inocentes y los cientos de muertes documentadas en las cárceles salvadoreñas.
David Morales: Nuestras investigaciones verificaron que un número significativo de personas detenidas, miles, son inocentes sin vinculaciones con los grupos de pandillas. Muchas personas murieron producto de las torturas y los tratos inhumanos. Cristosal ha verificado, mediante una investigación rigurosa 454 muertes de personas bajo custodia del Estado salvadoreño. 33 de ellas mujeres, 3 niñas y un niño.
En el segundo bloque, se habló del papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos salvadoreña. Verónica Reyna, del Centro de Investigación e Incidencia para Centroamérica, señaló la constante negación de casos de tortura y muertes en las cárceles de la procuradora Raquel Caballero. Reyna mencionó que según los propios registros de la Procuraduría, la institución tenía contabilizados 201 casos de ejecuciones extrajudiciales, 48 casos de desapariciones forzadas y 22 de tortura.
Verónica Reyna: “Bienvenidos al infierno”, es la frase que las organizaciones hemos escuchado de manera repetitiva en los testimonios de personas que estuvieron en las cárceles. Esta es la frase con la que son recibidas por parte del personal custodio. En un sistema penitenciario que presenta un aproximado del 390% de hacinamiento, a excepción del CECOT, que es el único que no presenta sobrepoblación, nos preocupa que la institución, aún contando con las competencias constitucionales, no ejerza su mandato de realizar verificaciones sobre la vida e integridad de las personas detenidas.
Corte IDH determina que El Salvador sigue sin cumplir reparaciones por tres desapariciones forzadas
Esta semana, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que el Estado salvadoreño no ha cumplido a totalidad con las reparaciones exigidas por la desaparición forzada de Patricia Cuéllar, Mauricio Cuéllar y Julia Orbelina Pérez, ocurridas en 1982 y ejecutada por agentes de la Policía Nacional durante la guerra civil.
En mayo de 2024, la Corte IDH emitió dos sentencias en las que responsabilizó al Estado salvadoreño por las violaciones a los derechos humanos de las tres víctimas y ordenó medidas de reparación que buscaban garantizar el acceso a la verdad y la justicia para sus familiares y el pago de una indemnización para los mismos por los daños ocasionados.
Dos años después la Corte IDH ha determinado que el actual gobierno de El Salvador no ha cumplido con lo ordenado en su totalidad y ha dado un nuevo plazo para que lo haga, a más tardar el 1 de marzo de 2027. Patricia Cuéllar Sandoval era una colaboradora de movimientos cristianos y entre agosto y septiembre de 1978 aproximadamente 50 agentes de la Policía Nacional, vestidos de civil y fuertemente armados, habrían allanado su domicilio y la habrían fotografiado. El 28 de julio de 1982 desapareció junto a su padre, Mauricio Cuéllar, y su empleada doméstica, Julia Pérez.
Funcionario hondureño procesado por corrupción es directivo de empresa favorecida por el bukelismo
Mario Roberto Zerón Suazo, actual director ejecutivo de la administración tributaria de Honduras y procesado por presunta corrupción, fue nombrado director suplente de Coatl, una empresa que ha recibido contratos millonarios del Gobierno de Nayib Bukele y préstamos del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal).
Zerón fue acusado en Honduras por su presunta participación en una trama de desvío de fondos públicos cuando trabajaba en la Alcaldía de Tegucigalpa, junto con el entonces alcalde y actual presidente hondureño, Nasry Asfura.
La investigación de El Faro documenta cómo Coatl ha acumulado contratos en distintas instituciones salvadoreñas y ha incorporado a su directiva a funcionarios y personas vinculadas al oficialismo. Aunque Zerón aseguró que ya había dejado la empresa, su salida no consta en el Registro de Comercio salvadoreño.Si querés saber más, leé el reportaje: Funcionario hondureño procesado por corrupción es directivo de empresa favorecida por el bukelismo en elfaro.net.En la Nota de Centroamérica, Gabriel Labrador nos relata las investigaciones tras dos semanas después del asesinato del exfiscal anti mafia Juan Francisco Solórzano Foppa.
Guatemala destituye a director de la Policía Nacional tras el crimen de Foppa, pero aun no hay capturas
Después de dos semanas del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, exfiscal antimafias y exjefe de la administración tributaria, aun no hay capturas de los responsables.
La mayoría de acciones investigativas a la fecha están relacionadas a la Policía Nacional Civil. Siete policías de la Comisaría 13 de la Zona 5 de la capital guatemalteca fueron detenidos el viernes 23 de octubre y están siendo procesados por su presunto papel en la detención arbitraria de los hermanos Choc Toz el día del asesinato de Foppa.
Los hermanos habían sido detenidos bajo la acusación de participar en el asesinato del exfiscal pero el domingo 18 de octubre un juez cerró el caso por falta de pruebas.
Los siete policías fueron detenidos una semana más tarde y están siendo procesados por los delitos de abuso de autoridad, simulación de delito, obstaculización a la
acción penal y transporte o traslado ilegal de armas de fuego.
Uno de los policías capturados señaló al crimen organizado en declaraciones que dio rápidamente al momento de ser trasladado a la audiencia judicial:
[El crimen] organizado se ríe a la hora de la captura. ¿Qué le dijeron al momento de su detención? La notificación. Se le señala de abuso a autoridad. ¿Por qué cree o considera que pueden dictarles este delito? No, en el ejercicios mi hice lo que tenía que hacer, pero el crimen organizado está bien metido y la política está bien metida el crimen organizado. ¿Y a qué se refiere con que están bien metidos? ¿Cómo nos están haciendo esto a nosotros? Hice mi trabajo, señores.”.
Las capturas, entre ellos las del jefe de la Comisaría 13, fue ordenada por un juez y la identidad de los policías ha sido puesta bajo reserva, por lo que solo se conocen sus nombres de pila. Los capturados rindieron su primera declaración durante tres días en los tribunales de la ciudad de Guatemala y fueron trasladados a la prisión conocida como Mariscal Zavala.
Días después, el Gobierno del presidente Arévalo informó de la destitución del director general de la Policía David Custodio Boteo.
El Ministro de Gobernación, Marco Villeda, descartó que la destitución sea por la coyuntura del asesinato de Foppa. Dijo que desde que tomó posesión del cargo hace un año ordenó la remoción de diversas jefaturas, entre ellas, el subdirector general adjunto y el director de investigaciones, entre otros. Villeda hasta anunció más cambios: No le queda de la menor duda de que dentro de unos días eh usted escuchará de una reestructuración más profunda y de nuevos cambios que se van a realizar dentro de la dentro de la Policía Nacional Civil.
La reestructuración de la Policía parece ser el objetivo a corto plazo en momentos en que la crisis de inseguridad parece al alza. Hace pocos días asesinaron al director del centro penal de la Granja Modelo de Rehabilitación Canadá, en el departamento de Escuintla, 26 policías han sido asesinados en lo que va del año y el ministerio de Gobernación también admitió un repunte de asaltos en la ciudad capital.
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Este episodio lo escribimos junto a Victoria Delgado, y La Nota de Centroamérica por Gabriel Labrador. La edición estuvo a cargo de Victoria Delgado y el diseño sonoro, es de Omnionn.