El Salvador/Corrupción

Funcionario hondureño procesado por corrupción es directivo de empresa favorecida por el bukelismo

Los accionistas de Coatl, la empresa socia de una subsidiaria de CEL en el negocio de la fibra óptica, nombraron director suplente a Mario Roberto Zerón Suazo, un funcionario del Gobierno de Honduras que tiene un proceso judicial pendiente por corrupción desde 2024. En ese caso también es procesado Nasry Asfura, el actual presidente hondureño.

 
 
Redacción El Faro

Un funcionario del Gobierno de Honduras, con un proceso judicial pendiente por su presunta participación en una red de desvío de fondos públicos en su país, Mario Roberto Zerón Suazo, es directivo de Coatl S.A de C.V, la empresa que ha ganado millonarios contratos para instalar fibra óptica en varios proyectos del Gobierno de Nayib Bukele, y que ejecuta esos trabajos gracias a préstamos que recibe del estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), según consta en el Registro de Comercio de El Salvador.

El acta 21 de la junta de accionistas consigna que Zerón Suazo fue nombrado primer director suplente de Coatl el seis de octubre de 2025. Cuando asumió ese cargo, él arrastraba un año de proceso judicial por presunto fraude en el manejo de 17.4 millones de lempiras ($647,992, al cambio actual), delito que habría cometido entre 2017 y 2018, cuando se desempeñaba como tesorero de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela).

Un documento de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) del Ministerio Público de Honduras señala que Zerón Suarez y otras siete personas, incluido el entonces alcalde y hoy presidente de Honduras, Nasry Juan Asfura Zablah, formaban una red corrupta enquistada en la municipalidad, razón por la que fueron acusados de lavado de dinero, malversación de caudales públicos, fraude, entre otros delitos. El Faro tiene una copia de este documento de 54 páginas que data del 10 de octubre de 2024, cuando el caso fue presentado ante un juez.

El Juzgado en Materia de Criminalidad Organizada, Corrupción y Medio Ambiente les impuso una fianza y otorgó medidas sustitutivas el 21 de octubre de 2024, aunque el proceso continúa. Al siguiente año, octubre de 2025, Zerón Suazo fue nombrado director suplente de Coatl y, tres meses después, el 29 de enero de 2026, el presidente Asfura Zablah lo nombró director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), la institución que administra el sistema tributario hondureño.

Zerón Suazo atendió una llamada de El Faro este 26 de octubre, y dijo que ya no tiene ninguna relación con la empresa. “Yo estoy fuera de Coatl desde el año pasado, era asistente del director principal. No sé si ya hicieron el cambio dentro de la Junta Directiva, pero yo ya salí de ahí. Creo que fueron tres meses, no recuerdo la fecha, pero fue el año pasado. Yo estoy en otras actividades ahorita, no recuerdo”.

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Este es uno de los dos folios del nombramiento de la Junta Directiva de Coatl que data de octubre de 2025. El funcionario hondureño Mario Roberto Zerón Suazo figura como director suplente, pese a que él dice que dejó el cargo en 2025.

El cambio de directivos que alega Zerón Suazo no aparece en el Registro de Comercio. “El nombramiento de la Junta Directiva es por un plazo de tres años”, consigna la última credencial de elección, con fecha de seis de octubre de 2025. El Faro intentó solicitar a Zerón Suazo el acta de su renuncia a la directiva, así como su versión ante una acusación de corrupción que el Ministerio Público de Honduras presentó en su contra en 2026, pero ya no contestó una segunda llamada telefónica.

Los 23 cheques

Los fondos de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, en el departamento Francisco Morazán, incluyendo las transferencias del Gobierno, son administradas por un fideicomiso con el banco Ficohsa.

Cuando la municipalidad debe hacer pagos excepcionales, que por su monto o urgencia no pueden seguir el trámite normal, la Corporación Municipal autorizó el manejo de fondos inmediatos por medio de tres formas: un fondo rotatorio, un fondo rotatorio especial y el reembolso.

El fondo rotatorio es un mecanismo que proporciona recursos financieros de inmediato y cuyo pago puede tramitarse de inmediato. El fondo rotativo especial es autorizado por el alcalde a funcionarios municipales para la operatividad de dependencias municipales y para cubrir gastos “urgentes, eventuales o de emergencia”. Por último, los fondos de reembolso cubren toda clase de adquisiciones de bienes y servicios menores, surgidos de cualquier emergencia.

El 19 de febrero de 2019, la Uferco obtuvo la primera información financiera de que varios de los cargos al fideicomiso para el funcionamiento de la municipalidad o para ayudas sociales tuvieron como destino final cuentas bancarias de empresas en las cuales el exalcalde y hoy presidente de Honduras figuraba como socio o accionista: Compañía Constructora y Servicios Múltiples (COEMSA) y Desarrollo Construcciones y Equipo (DECOESA).

Otros fondos del fideicomiso entregados a funcionarios municipales sirvieron para cancelar saldos pendientes de la tarjeta de crédito de Asfura Zablah y sus familiares. Por ejemplo, y según la acusación, la regidora y gerente de la funeraria municipal, Nilvia Ethel Castillo Cruz, recibió en una cuenta del banco Ficohsa 2,155,000 lempiras ($80,024) y tres días después pagó una tarjeta de crédito a nombre de Asfura Zablah, y otras dos tarjetas de crédito, cuyas titulares eran sus hijas.

La hipótesis fiscal es que el dinero para ayudas humanitarias, como prótesis, medicinas, pañales, ataúdes o productos de supermercado como leche y comida, también se usó para pagar a periodistas y activistas políticos que posicionaron a Asfura Zablah como un buen político en su etapa como alcalde.

“Consta en los documentos (declaraciones de los testigos), aparentemente se alteraron los recibos para justificar esos gastos, ya sea porque los beneficiarios nunca solicitaron o recibieron nada, no tuvieron conocimiento de tales ayudas, y en general la alteración ocurrió en relación a personas que recibieron ayuda, pero los montos descritos en las liquidaciones no coinciden con la ayuda recibida”, consigna uno de los documentos de la denuncia 013-2018 Línea B.

En este entramado de lavado de dinero y malversación de fondos, los fiscales señalan que Zerón Suazo tuvo un rol importante porque firmó las cartas de pago, dirigidas al departamento de fideicomiso del banco Ficohsa. Sin la firma del tesorero y sin la firma del alcalde no se podían emitir los cheques de caja por los montos solicitados, a favor de las personas referidas en las cartas de pago.

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Mario Roberto Zerón Suazo, nombrado como director ejecutivo del Servicio de Administración de Rentas (SAR), de Honduras, el 29 de enero de 2026.

“Zerón Suazo en su condición de tesorero municipal y director de finanzas; y Rony López Córdova, en su condición de auditor interno, se abstuvieron de cumplir la normativa interna de control municipal, especialmente el manual de gerencia administrativa, el procedimiento de orden de pago, y el manual de procedimientos de dirección de finanzas y liquidación, procedimiento de liquidación de fondos”, consigna la acusación penal de la Uferco.

Entre el 24 de enero de 2017 y el 19 de noviembre de 2018, la administración municipal de Asfura Zablah obtuvo 23 cheques del fondo rotatorio, fondo rotatorio especial y reembolso, un total de 17,450,023 lempiras ($647,992.00).

El 26 de octubre de 2026, El Faro llamó a Héctor Ordoñez, el ministro de comunicaciones del Gobierno de Asfura Zablah para concederle su derecho de respuesta ante los señalamientos consignados en el documento de la Uferco, pero no respondió la llamada telefónica.

Los hondureños llegan a Coatl

El 15 de noviembre de 2017, una empresa privada y una subsidiaria de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), la autónoma encargada de generar, administrar y distribuir la mayor parte de la energía eléctrica del país, se asociaron para fundar una sociedad dedicada a la instalación de fibra óptica en el país. A la nueva empresa la bautizaron como Coatl, SA de CV.

Coatl ha sido desde sus primeros años de operaciones una empresa consentida del oficialismo. En la junta directiva han desfilado exempleados y amigos de Bukele, como Ernesto Alfredo Castro Aldana, vicepresidente suplente de Coatl entre julio de 2018 y marzo de 2019, y presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador desde 2021; y Claudia Juana Rodríguez de Guevara, la vicepresidenta de Coatl en 2021 que, entre otros cargos, ha sido Secretaria Privada de la Presidencia y delegada presidencial, cuando Bukele participó en las elecciones para su reelección inconstitucional en 2024.

La empresa ha ganado contratos en la Secretaría de Innovación de la Presidencia, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y la CEL. Esos contratos estatales los ha usado como garantía para obtener créditos en el estatal Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal). Es decir que el Estado le concede obras y el Estado mismo, a través de su banco, financia esas ejecuciones. Esto le ha permitido un éxito que se refleja en sus números: a finales de 2017, fue fundada con un capital de $50,000, y para 2025 manejó activos por $56.6 millones, según el último balance que presentó ante el Registro de Comercio.

El 23 de marzo de 2021, la Comisión Internacional contra la Impunidad (Cicíes), un organismo internacional que Bukele creó para combatir la corrupción y que fue desarticulada cuando señaló irregularidades cometidas por Gobierno, denunció ante la Fiscalía sobreprecios en una compra directa para el equipamiento del Hospital El Salvador, por un monto de $859,000.50.

La Cicíes denunció “hechos que podrían ser constitutivos de delitos”, pero el fiscal Rodolfo Delgado, un funcionario controlado por el oficialismo, no ha informado ningún avance sobre el caso. Bukele desmanteló la Cicíes el 4 de junio de 2021. Esto ha permitido que Coatl continúe ganando contratos con el Estado y rotando en su directiva a personas relacionadas con Nuevas Ideas, el partido de Bukele. El seis de octubre de 2025, la junta de accionistas nombró como presidente de Coatl a Raymond Francisco Villalta Alfaro, un afiliado del partido oficial y empleado del Gobierno de Bukele.

Villalta Alfaro fue gerente de participación ciudadana de la Alcaldía de San Salvador cuando Bukele fue alcalde(2014-2018). Luego, entre 2020 y 2022, el oficialismo lo nombró director suplente del Instituto Salvadoreño de Turismo. En septiembre de 2021, trabajó como administrador de Chivo, SA de CV, la empresa dueña de la aplicación de la billetera electrónica con la que el gobierno implementó el bitcóin como moneda de curso legal. El bitcóin era el proyecto económico con el que Bukele prometió prosperidad, libertad económica e inclusión financiera.

Aunque toda la información relacionada con el bitcóin es reservada, por las publicaciones de Bukele en sus redes sociales se estima que el Estado ha gastado unos $499.7 para instalar los cajeros automáticos y poner en marcha la logística, para entregar un bono de $30 dólares a cada ciudadano por el uso de la billetera gubernamental, la creación de un fideicomiso de adopción y la compra de bitcoins con dinero público.

A mediados de 2024, el Banco Central de Reserva reveló que el número de personas en situación de pobreza había aumentado en 55,000 en comparación al año anterior. Mientras que una encuesta de la Universidad Centroamericana (UCA) reveló que el 91.8% de los salvadoreños no usó bitcóin durante 2024, y el 75% nunca lo ha usado en su vida cotidiana. En septiembre de 2026, ante las maltrechas finanzas públicas, el Fondo Monetario Internacional (FMI) informó que como parte de un préstamo por $1,400 millones el Gobierno de Bukele se comprometió a no comprar más bitcóin con dinero público y a transferir la propiedad mayoritaria y el control de la billetera Chivo Wallet. La lápida para un proyecto con más fracasos que aciertos.

En la reunión del seis de octubre de 2025, los accionistas ratificaron como vicepresidente de Coatl a Edwin Patricio Nuñez Alguera, emisario nacional de Nuevas Ideas y presidente de ETESAL.

En el cargo de primer director propietario fue nombrado Álvaro Antonio Durón Pérez, un licenciado en Finanzas que reside en Honduras. Como suplente de ese cargo fue electo Mario Roberto Zerón Suazo, funcionario del actual gobierno hondureño al frente de la SAR, quien desde 2024 tiene un proceso judicial pendiente por dos delitos: fraude y violación a los deberes de los funcionarios.

Cuando el director ejecutivo de la SAR de Honduras fue nombrado parte de Coatl, ya había pasado casi un año desde la creación de su primera empresa en El Salvador. El 17 de diciembre de 2024, dos meses después de ser acusado por corrupción en la Alcaldía del Distrito Central, Zerón Suazo fundó Kolecto El Salvador, SA de CV, una empresa que se dedica a la cobranza de cartera activa y títulos valores, cobranza de crédito y consultorías para la construcción del departamento de carteras. Zerón Suazo fue administrador propietario de esta compañía desde el 11 de marzo hasta el 23 de mayo de 2025.

El 14 de noviembre de 2025, Zerón Suazo también fue nombrado administrador único de Nucom, SA de CV, una empresa que, oficialmente, se dedica a la planificación, diseño, construcción, instalación, operación, mantenimiento, administración y explotación de redes de telecomunicaciones, con especial énfasis en infraestructura de fibra óptica. Esta sociedad fue creada el 17 de septiembre de 2025 y su dirección es la misma que tiene Kolecto El Salvador: el apartamento oficina 314, de la torre uno del World Trade Center, en la colonia Escalón.

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