En Nicaragua, todo cambió el 18 de abril de 2018.
La protesta nacional que estalló sin aviso en abril de 2018, demandando el fin de la dictadura, y la respuesta brutal de la represión estatal y la persecución política, marcó un antes y después en la historia nacional.
La atropellada relación que durante una década mantuvo el régimen de Daniel Ortega con la prensa independiente también cambió para siempre. Con la imposición del Estado policial que eliminó todas las libertades, vino el encarcelamiento de periodistas, la confiscación y el cierre de más de 50 medios de comunicación, y la criminalización de las libertades de prensa y de expresión, provocando el exilio de más de 200 periodistas.
Aún trabajando bajo la deriva autoritaria de una dictadura, nunca en mis más de cuatro décadas como periodista había contemplado en mis planes salir al exilio, pero en estos últimos siete años me he visto obligado a exiliarme con mi esposa dos veces en Costa Rica. La primera vez, el 1 de enero de 2019, después del asalto policial a la redacción de Confidencial a finales de 2018. El exilio duró 11 meses y retorné al país el 25 de noviembre de 2019. Mi segundo exilio empezó el 15 de junio de 2021, durante la redada policial en que encarcelaron a todos los precandidatos presidenciales y a los líderes políticos y cívicos, para cancelar las elecciones del 7 de noviembre de ese año, y ya lleva más de cuatro años. En ambos casos, el detonante fue una situación límite de amenazas contra mi integridad personal, que me empujó a preservar mi libertad para poder seguir haciendo periodismo; la diferencia es que el segundo exilio dejó de ser una situación de emergencia y se convirtió en una condición permanente, no solamente para mí como director de Confidencial, sino para todos los periodistas de mi redacción y de otros medios, que en los últimos tres años también se vieron obligados a salir al exilio para evitar la cárcel.
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Durante la primera década de la dictadura familiar Ortega Murillo, entre 2007 y 2017, el régimen impuso una política de acoso e intimidación para intentar silenciar a la prensa independiente. Mucho antes de la aparición de Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil, Daniel Ortega calificó a la prensa como “el enemigo”, y descalificó a los periodistas como “hijos de Goebbels”. En agosto de 2007, a raíz del destape en Esta Semana y Confidencial de “Extorsión en Tola”, el primer caso de corrupción pública del régimen Estado-partido-familia, fui objeto de una campaña de linchamiento público en los canales oficiales de televisión, que a diario publicaban viñetas con mi fotografía y el rótulo de “Se Busca”, acusándome de “narcotraficante”, “geófago”, y autor de “crímenes contra campesinos”. Un año después, el Ministerio de Gobernación y la Fiscalía iniciaron una investigación por “lavado de dinero”, en contra de la organización no gubernamental Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO), de la cual yo era presidente, que derivó en un allanamiento policial a las oficinas de CINCO en octubre de 2008, y en el secuestro de cinco años de su información contable. Sin embargo, bajo el precario estado de derecho que entonces aún existía en Nicaragua, cuatro meses después, un juez admitió que carecía de pruebas para condenarnos por “lavado de dinero”, por haber ejecutado con fondos de los contribuyentes de la Unión Europea, un proyecto para promover los derechos de las mujeres, en contra de la penalización del aborto terapéutico.
El acoso continuó con la estrategia de “información incontaminada” de la primera dama Rosario Murillo, que impuso el bloqueo del acceso a la información pública a los medios, el monopolio de la publicidad estatal para castigar a la prensa independiente y financiar el nuevo emporio de medios de la familia gobernante, la penalización a la crítica y la libertad de opinión, y el espionaje de la Inteligencia Política del Ejército, que intentaba reclutar a los periodistas, el webmaster, y trabajadores administrativos de Confidencial. Los periodistas asumimos estas flagrantes violaciones a la libertad de prensa como “gajes del oficio” bajo una dictadura, y mientras el caudillismo de Ortega consolidaba su hegemonía y gozaba de apoyo popular, continuamos investigando la corrupción, los fraudes electorales, la reelección inconstitucional, las violaciones a los derechos humanos, el desvío millonario de los petrodólares de Venezuela a las arcas privadas de la familia Ortega Murillo, el “cuento chino” del canal interoceánico que hipotecó la soberanía nacional, la depredación ambiental en la reserva protegida de Bosawas, y la alianza de la dictadura con los grandes empresarios privados que le dio a ambos, legitimidad y oportunidades de negocios, a costa de democracia y transparencia.
En esos años grises, de mucha soledad en nuestra redacción, Confidencial aportaba las pruebas de la corrupción pública e incluso documentaba hechos delictivos, pero no podía provocar algún cambio, o reformas, en las políticas públicas en un poder centralizado, que anuló totalmente el Estado de derecho, hasta que el “modelo” colapsó en abril de 2018.
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Con el estallido de la insurrección cívica el régimen perdió el control de las calles y los espacios públicos, y por primera vez enfrentó el desafío de una formidable oposición que puso en jaque su control del poder político. Durante 100 días, a través de marchas masivas en las calles; barricadas y tranques en los barrios, carreteras y universidades; huelgas empresariales; y un Diálogo Nacional, el movimiento autoconvocado presionó por una salida cívica a la crisis nacional, demandando la convocatoria a nuevas elecciones. La dictadura, en cambio, respondió con la represión policial y paramilitar y el encarcelamiento masivo de los líderes de las protestas, colocando a los medios y a los periodistas en la primera línea de sus ataques.
Cuando el régimen vio su poder amenazado por la rebelión cívica, la que había sido una relación de mínima tolerancia ante la existencia de la prensa crítica, se convirtió en una guerra sin cuartel para aniquilar a la prensa independiente. En abril de 2018, se ejecutó el asesinato del periodista Angel Gahona en Bluefields, cuando cubría en vivo una protesta; el asalto paramilitar contra Radio Darío en León; la censura televisiva a los canales independientes; una ola de agresiones físicas y amenazas contra los reporteros; y comenzó el bloqueo aduanero del papel e insumos contra los periódicos.
En julio de 2018, cuando ya había sido aplastada la protesta cívica, el régimen aprobó la ley de financiamiento del terrorismo, que criminalizaba desde una donación extranjera hasta una colecta local, para intervenir y cerrar empresas y asociaciones que, de forma discrecional, podrían ser calificadas como “enemigas de la seguridad nacional”. Con la asesoría de un equipo multidisciplinario de los mejores abogados del país diseñamos una estrategia de defensa legal, preparándonos para enfrentar una acusación contra Confidencial. Sin embargo, el golpe llegó por las vías de hecho en la madrugada del 14 de diciembre de 2018, cuando la Policía asaltó, sin una orden judicial, la redacción de Confidencial, saqueó todos nuestros equipos, computadoras y cámaras de televisión, y se robó nuestra documentación institucional y personal. Un día después, acudimos a presentar un reclamo en Plaza del Sol, las oficinas centrales de la Policía, donde fuimos expulsados a golpes por las tropas antimotines, y en la Fiscalía recibieron con displicencia una denuncia contra la Policía que jamás sería tramitada, igual que los recursos de amparo que presentamos ante la Corte Suprema de Justicia.
Con nuestra redacción ocupada por la Policía y sin ninguna posibilidad de defensa legal, nunca dejamos de informar un solo día y seguimos adelante con la convicción de que el periodismo de Confidencial no dependía del espacio físico de una oficina, sino del compromiso de los periodistas de informar la verdad a cualquier costo, sin someternos a la censura. Una semana después, se produjo el campanazo final de la escalada represiva con el asalto policial al canal de cable 100% Noticias, donde fueron capturados los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, mientras transmitían el noticiero, y al día siguiente fueron acusados ante los tribunales del régimen por el presunto delito de “incitación al odio y conspiración para el terrorismo”.
En esa extraña navidad de 2018, cuando me debatía entre el temor y la incertidumbre, una fuente de toda mi confianza que tuvo acceso de forma fortuita a la información que manejaba la cúpula policial, me alertó que ya había sido dada la orden de encarcelarme en cualquier momento, “se puede ejecutar mañana o la próxima semana”, me dijo, “para después inventar los cargos en un proceso judicial”.
Sin haber preparado nunca un plan de salida y todavía aferrado al compromiso de seguir reporteando desde Nicaragua, me tomó más de 72 horas entender que estaba ante la disyuntiva de ir a la cárcel y convertirme en un periodista silenciado o salir al exilio y seguir siendo un periodista en libertad. Fue una decisión agónica, que logré tomar con el respaldo y el coraje de mi esposa y mis hijos, hasta que gracias a una red de apoyo y solidaridad logramos salir de Managua, evadiendo los retenes policiales implantados en las carreteras, hasta cruzar la frontera de Costa Rica por puntos ciegos.
En esos días finales de diciembre 2018, otros cinco periodistas de Confidencial decidieron salir del país por sus propios medios, en base al análisis de riesgo individual realizado en cada caso, pero la mayoría de nuestros reporteros y editores se mantuvieron reporteando en Nicaragua, desde un local improvisado, desafiando la amenaza permanente del Estado policial.
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Durante la emergencia de mi primer exilio en San José, conté con la extraordinaria solidaridad de Teletica, Canal 7 que me permitió seguir dirigiendo Confidencial de forma remota y producir Esta Semana y Esta Noche desde sus estudios. Cuando en Nicaragua se impuso la censura contra el canal 12, convocamos a la migración masiva de la audiencia televisiva al canal de YouTube de Confidencial que hoy, seis años después, tiene más de 520,000 suscriptores. Desde el exilio en Costa Rica, fundé una nueva institución para relanzar un medio que había sido ilegalizado y criminalizado por la dictadura, y fui un periodista con los ojos y oídos puestos en Nicaragua, con la única prioridad de retornar al país apenas se restablecieran las libertades mínimas que me permitieran hacer periodismo sin ser encarcelado.
Como resultado del segundo Diálogo Nacional, celebrado entre el Gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, entre febrero y abril de 2019, el régimen se comprometió a liberar a todos los presos políticos y a restablecer los derechos constitucionales. La dictadura cumplió a medias lo primero y dictó una ley de autoamnistía para proteger a sus partidarios, responsables de los crímenes de la represión. Al amparo de esa ley también excarceló a más de 300 presos políticos, entre ellos a mis colegas periodistas, pero mantuvo invariable el Estado policial y no aceptó discutir o negociar una reforma electoral que permitiera realizar elecciones libres en 2021.
Unos meses después de la liberación de los presos, un pequeño grupo de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, decidimos asumir el riesgo de regresar a Nicaragua. El 25 de noviembre de 2019 reinicié en Managua el reclamo por la devolución de la redacción de Confidencial, que seguía ocupada por la Policía, y mientras tanto instalamos una nueva redacción y un improvisado estudio de televisión en un edificio comercial, donde se reagrupó todo el equipo de Confidencial, hasta que la pandemia de la Covid 19 nos obligó a replegarnos en nuestros hogares en marzo de 2020.
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La pandemia nos enseñó a trabajar de forma remota y a poner a prueba las mejores prácticas del periodismo para vencer el triple cerco del Estado policial, la censura, y la negación oficial de la crisis sanitaria. Según el Ministerio de Salud, en Nicaragua solamente murieron 179 personas a causa de la Covid 19, lo cual habría sido una proeza mundial, pero en base a la observación de los entierros exprés, los testimonios de los familiares de las víctimas y los médicos independientes en los hospitales, y las proyecciones de los salubristas basadas en el subregistro de la información oficial, Confidencial estimó que Nicaragua tuvo uno de los índices más altos de sobremortalidad en el mundo. Mientras morían varias decenas de miles de personas, entre ellas centenares de altos funcionarios del régimen, civiles y militares, que creyeron a pies juntillas la mentira oficial a ritmo de cumbia de que la Covid 19 era un “virus importado”, la dictadura se preparaba para liquidar la última oportunidad para permitir un cambio cívico a través de las elecciones de noviembre 2021. Entre octubre de 2020 y febrero de 2021 la Asamblea Nacional controlada por el Frente Sandinista aprobó el tridente de leyes represivas: la Ley Especial de Ciberdelitos, la Ley de Agentes Extranjeros, y la Ley de Soberanía (que tipifica el delito de traición a la patria), que se aplicarían a posteriori para justificar la condena de los presos políticos en las cárceles. Pero la punta de lanza de la represión continuó siendo el Estado policial, la prohibición de los derechos de reunión y movilización, imponiendo un cerco policial contra los líderes de la rebelión cívica y potenciales candidatos presidenciales, que quedaron inmovilizados bajo un régimen de casa por cárcel de facto.
En diciembre de 2020, la dictadura oficializó la confiscación ilegal de Confidencial, asignando el inmueble al Ministerio de Salud, y en un burdo intento por lavar el crimen contra la libertad de prensa la ministra del Minsa inauguró con bombo y platillo una “Casa Materna” para mujeres embarazadas en nuestra redacción, que eventualmente quedaría abandonada. El 20 de mayo de 2021, la Policía asaltó por segunda vez la nueva redacción de Confidencial, se robó todos nuestros equipos y documentación, y mantuvo por 10 horas en la cárcel de El Chipote a nuestro productor audiovisual Leonel Gutiérrez.
Con nuestra segunda redacción confiscada y bajo la presión de la escalada represiva, persistimos en seguir haciendo periodismo de forma remota, aprovechando las enseñanzas de la pandemia. Pero en las siguientes tres semanas se desató una masiva redada policial para capturar a los siete precandidatos presidenciales de la oposición, y a más de 40 líderes políticos y cívicos, incluyendo periodistas, estudiantes universitarios, campesinos, empresarios, activistas políticos y defensores de derechos humanos. El objetivo era ilegalizar a la oposición y eliminar la competencia política en las elecciones del 7 de noviembre, que según las encuestas Daniel Ortega habría perdido contra cualquiera de los candidatos opositores, e imponer por la fuerza su reelección.
El 13 de junio de 2021 la Cancillería distribuyó a la comunidad internacional un documento oficial titulado, en lenguaje orwelliano, “En defensa del Estado de derecho”, en el que intentaba justificar la redada electoral, alegando que el Gobierno estaba siendo objeto de “un acto de traición”, y una “conspiración sediciosa” financiada con decenas de millones de dólares de USAID, IRI y NED, canalizados a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que dirigía mi hermana Cristiana Chamorro, una de las precandidatas presidenciales, bajo arresto domiciliario, y que esos fondos habían sido transferidos a mi persona y a Confidencial, a La Prensa, y a otros medios independientes que estaban “bajo proceso de investigación por el Ministerio Público”. Y, aunque Confidencial nunca había recibido una donación de dicha fundación, cuya relación con los demás medios de comunicación tampoco representaba un ilícito, era evidente que ya había sido condenado de antemano por un supuesto crimen en un proceso en el que no tendría ningún derecho a la defensa.
Nuevamente, ante una inminente detención ilegal, el 15 de junio de 2021 salí con mi esposa por segunda vez al exilio por una nueva ruta de veredas hacia Costa Rica. Seis días después, cuando empezaba a trabajar de incógnito desde San José, un contingente de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía allanó mi casa de habitación en Managua para encarcelarme, en la misma noche en que capturaron al cronista deportivo y bloguero Miguel Mendoza. Dos meses después, emitieron una orden de captura en mi contra y me acusaron formalmente por “lavado de dinero”, en la misma causa en que estaban procesando a mis hermanos Cristiana y Pedro Joaquín y a otros cuatro presos políticos.
Fue en ese mes de agosto de 2021, cuando se llenaban las cárceles de presos políticos y se cerró de forma de forma definitiva el espacio cívico de las elecciones del 7 de noviembre, cuando entendí y acepté que mi segundo exilio dejaba de ser una emergencia para convertirse en una condición permanente, mientras otros compañeros de mi redacción también se veían obligados a exiliarse para evitar el acoso de la Fiscalía y las amenazas de detención. Mi prioridad, esta vez, ya no sería el retorno inmediato a Nicaragua donde iría directamente a la cárcel, sino proteger desde el exilio a mi redacción dispersa entre Nicaragua, Costa Rica y otros países, para seguir haciendo periodismo, y hacer valer la última reserva de todas las libertades en un país sometido a la censura de una dictadura totalitaria.
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El 7 de noviembre de 2021, el dictador Daniel Ortega se autoproclamó ganador en su tercera reelección consecutiva, sin competencia política, por segunda vez con su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, consolidando una dictadura familiar dinástica. Contrario a la apertura que esperaban algunos analistas internacionales, el régimen profundizó un proceso de radicalización totalitaria con la persecución religiosa contra la Iglesia católica; la eliminación de todos los espacios de la sociedad civil, cancelando más de 5,500 asociaciones y organizaciones no gubernamentaes, incluyendo universidades privadas y asociaciones empresariales; y lanzando una campaña de represión transnacional contra la oposición en el exilio, que incluyó la desnacionaliación de más de 450 ciudadanos, entre ellos una veintena de periodistas; el destierro de facto de miles de ciudadanos, expulsados de forma arbitraria, o impedidos de ingresar al país; y la ejecución de operativos de terrorismo de Estado contra refugiados nicaragüenses en Costa Rica.
Entre 2022 y 2024, se incrementaron las detenciones arbitrarias y el acoso contra los periodistas independientes en Nicaragua, sometidos bajo un régimen de arresto domiciliario de facto, hasta el punto de que prácticamente todos los reporteros que permanecían en el país tuvieron que salir el exilio para evitar la cárcel o el silencio.
Reporteando desde fuera del país, y con las fuentes independientes en Nicaragua también criminalizadas, nos propusimos evitar la “burbuja del exilio”, para seguir contando la historia de la represión, la resistencia y también la vida cotidiana en Nicaragua. Para ello, el periodismo en el exilio prioriza brindarle seguridad a los periodistas y las fuentes informativas; promueve la innovación en la relación con nuestras audiencias, cuya confianza y credibilidad en nuestro trabajo es la única defensa con que contamos; y se empeña en lograr la sostenibilidad económica de los medios, cuando los anunciantes tradicionales también han sido criminalizados, y las agencias de cooperación cancelan sus programas o disminuyen sus donaciones.
El periodismo en el exilio, con una audiencia mayoritariamente concentrada en Nicaragua, está derrotando la censura de la dictadura. Las investigaciones sobre los crímenes de lesa humanidad, los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, torturas, persecución política, confiscaciones y desnacionalizaciones, están sembrando una semilla de verdad para los procesos de justicia internacional. Las investigaciones sobre las coimas y la extorsión, y la red de 22 empresas privadas de la familia Ortega Murillo; el espionaje ruso con la complicidad del Ejército de Nicaragua, y el “tapón” de los 24 generales que bloquean la carrera militar, pone en evidencia la corrupción pública generalizada. Y, sobre todo, las revelaciones de las purgas internas de altos oficiales del régimen, civiles y militares, y la sucesión dinástica en curso de la codictadora Rosario Murillo, representan el plato del día de una audiencia creciente que incluye a los mismos servidores públicos, que son rehenes de un régimen corrupto en proceso de descomposición.
El exilio, sin embargo, conlleva enormes costos humanos para los periodistas que han sufrido las represalias contra sus familiares en Nicaragua, mientras en Costa Rica predomina un clima de temor e incertidumbre por los atentados criminales orquestados por el régimen, como el del mayor en retiro Roberto Samcam, la voz más potente de denuncia del involucramiento del Ejército en la represión, asesinado de ocho disparos en su casa en San José, el 19 de junio de 2025.
El exilio de los periodistas también implica el dolor del desgarramiento familiar provocado por el castigo del destierro. El pasado 14 de junio de 2025, mi madre, la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro, falleció en Costa Rica, después de una prolongada enfermedad. Por ahora, reposa temporalmente en San José y solamente podrá descansar en paz en su patria cuando Nicaragua sea libre y vuelva a ser República. Más temprano que tarde, después de este exilio prolongado, al periodismo independiente también le tocará contar la historia de la caída de una dictadura y cómo empieza la tarea monumental de la reconstrucción de Nicaragua.
*Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica desde junio de 2021. Despojado de su nacionalidad por la dictadura Ortega Murillo en febrero de 2023. Director de www.confidencial.digital.