La serie de deportaciones irregulares de venezolanos y salvadoreños ha escalado a una crisis constitucional en Estados Unidos, y un conflicto diplomático internacional entre tres países. El emblemático caso del salvadoreño Kilmar Ábrego García evidencia fallas en la aplicación de la justicia y pone en entredicho el respeto al Estado de Derecho, incluso desde las más altas esferas del poder.

Ocho empleados municipales de San Salvador denunciaron a Carlos Rodríguez, cuando fue concejal y presidente del Instituto Municipal de la Juventud, por utilizar a jóvenes de un proyecto municipal para construir su casa en Nuevo Cuscatlán. Según la denuncia, Rodríguez también solicitó cuotas mensuales a trabajadores para conservar sus puestos. Rodríguez es actual empleado de la Asamblea Legislativa. El Tribunal de Ética Gubernamental abrió una investigación y lo absolvió. 

La madre de un joven capturado durante el régimen protesta afuera del penal de Mariona. Su hijo es parte de ese 9 % de todos los jóvenes salvadoreños de entre 25 y 29 años que están presos en el país con la mayor tasa carcelaria del planeta.

La ciudadana estadounidense Angie González denuncia que su esposo, Jesús Ríos, fue expulsado de Estados Unidos pese a no tener antecedentes criminales y estar tramitando su residencia. Es uno de los venezolanos presos en El Salvador desde el 16 de marzo. Dos de los salvadoreños enviados al Cecot tampoco tienen una historia delincuencial, una continuación de la política de encarcelamiento masivo de El Salvador.