El debate sobre el régimen de excepción en El Salvador ya no es una causa impulsada exclusivamente por demócratas en Estados Unidos. La audiencia celebrada el 16 de abril de 2026 por la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos de la Cámara de Representantes mostró que el tema ha empezado a cruzar líneas partidarias y a generar matices dentro del Partido Republicano.
La audiencia se distanció con claridad de dos encuentros similares realizados en 2022 y 2024. Esta vez no fue un espacio dominado por periodistas, académicos y defensores de derechos humanos que exigieran a la administración del presidente Donald Trump una postura más severa frente a los abusos y los posibles crímenes de lesa humanidad atribuidos al gobierno de Nayib Bukele. Fue, de forma inequívoca, una audiencia bipartidista.
Los copresidentes de la comisión —el demócrata James McGovern y el republicano Christopher Smith— compartieron el liderazgo del encuentro, que además incluyó voces conservadoras entre los testigos. Con esa composición, la discusión se volvió más difícil de descartar como una iniciativa exclusivamente impulsada por sectores liberales. Aun así, en ninguno de los tres encuentros funcionarios del gobierno de Bukele han participado en las audiencias, aunque representantes de la embajada han estado presentes en más de una ocasión.
Los fantasmas de Maduro y Duterte acechan a Bukele
Este giro no ocurrió de la noche a la mañana. En 2022, seis meses después de que Bukele decretara la suspensión de garantías constitucionales para combatir a las pandillas, la audiencia fue impulsada en solitario por McGovern y reunió a representantes del gobierno de Joe Biden, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos. En 2024, al final de la administración Biden, Smith apareció por primera vez junto a McGovern y reconoció que el estado de excepción había contribuido a “restaurar el orden”, aunque pidió —de manera tímida— que El Salvador saliera de ese régimen.
En la audiencia de 2026, Smith dio un paso más al solicitar la inclusión como testigo de Andrés Martínez‑Fernández, asesor del tanque de pensamiento pro‑Trump, Heritage Foundation. El mensaje fue claro: el modelo de seguridad de Bukele ya no es un tema que los republicanos eviten, sino uno que algunos están dispuestos a debatir.
Como era previsible, Smith abrió su intervención destacando como logro “la transformación” de la seguridad en El Salvador y la supuesta reducción de un 98% de los homicidios. Pero, al mismo tiempo, el republicano —uno de los representantes con más tiempo en la Cámara Baja— lanzó una advertencia clara: la reelección de Bukele “no elimina la importancia de los derechos fundamentales ni del Estado de derecho”. El republicano subrayó que el estado de excepción “ha implicado la suspensión de ciertas garantías constitucionales en áreas como el debido proceso y el procedimiento penal” y remató calificando como “legítimas” las preocupaciones de organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales sobre denuncias de detenciones arbitrarias, condiciones carcelarias y restricciones a las libertades civiles.
Martínez-Fernández minimizó las preocupaciones expresadas por la mayoría de los panelistas al describir los abusos de derechos humanos como “fallos”. El asesor de The Heritage Foundation sostuvo además que “son demasiados los que tratan de exagerar la naturaleza y la magnitud de estos problemas”.
Sin embargo, la sola participación de ambos conservadores sugiere que existe preocupación en sectores de la coalición de Trump sobre lo que ocurre en el país centroamericano.
Desde la llegada de Trump a la Casa Blanca, los republicanos en el Congreso habían mantenido, en su mayoría, una política de escasos contactos con la sociedad civil salvadoreña y de silencio respecto al estado de excepción de Bukele. Las últimas reuniones conocidas ocurrieron a finales de 2024 e incluyeron a la oficina del entonces senador Marco Rubio, hoy secretario de Estado.
Este cambio coincide con un contexto político distinto. Desde la última audiencia, en 2024, las deportaciones de inmigrantes venezolanos y del salvadoreño Kilmar Ábrego a cárceles en El Salvador sacudieron la opinión pública estadounidense y contribuyeron a un descenso sostenido en la imagen de Trump. Como respuesta, Washington dejó sin efecto sus planes de enviar nuevos deportados de terceros países y ciudadanos estadounidenses a las cárceles de Bukele. Al mismo tiempo, la exposición de los abusos y torturas en las cárceles salvadoreñas, así como de los acuerdos de Bukele con las pandillas, se ha convertido en un tema recurrente en los medios estadounidenses.
Diplomacia de chantaje y adulación: Trump y los militares de América Latina
Sería iluso pensar que la administración Trump dará un giro de 180 grados en su política hacia El Salvador. Sin embargo, es posible que los republicanos en el Congreso se estén preparando para una reconfiguración estratégica ante una eventual victoria demócrata en al menos una de las cámaras, lo que podría traducirse en una postura más dura frente a la política de seguridad de Bukele. La diferencia de tono entre Smith -un republicano con más de 40 años en el Congreso- y figuras MAGA como la representante republicana Anna Paulina Luna —quien llama héroe a Bukele— sugiere que podría estar tomando forma una visión distinta: una que no renuncia a Bukele, pero que empieza a admitir la necesidad de exigir con mayor claridad el fin del estado de excepción y la investigación de violaciones a los derechos humanos.
Los propagandistas de Bukele suelen leer este tipo de audiencias como un espacio para atacar a los panelistas que rechazan y para celebrar a aquellos que perciben como aliados. Sin embargo, por ignorancia o servilismo, parecen no advertir que el tono del debate ha cambiado. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos están dejando de ser un asunto marginal y comienzan a convertir al modelo salvadoreño en una incomodidad creciente incluso para sectores del conservadurismo que antes lo veían con mayor indulgencia. El modelo Bukele se vuelve radiactivo.