El gobierno de Nayib Bukele enfrenta un nuevo frente de escrutinio internacional tras la publicación del informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), un equipo académico que documenta violencia estatal y tendencias autoritarias en el país centroamericano. El documento señala la posible comisión de crímenes de lesa humanidad durante el régimen de excepción, un escenario que incluso podría llevar a funcionarios del gobierno ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Como era previsible, Bukele, sus funcionarios y su maquinaria de propaganda reaccionaron de inmediato. No niegan los hechos; al contrario, los exhiben como motivo de orgullo. Aseguran que las críticas buscan debilitar al presidente y las atribuyen a supuestos complots financiados por George Soros. El propio Bukele ha dicho que no escuchará a estas organizaciones y ha pedido a otros países que les cierren las puertas.
Contrario al griterío de Bukele y su vicepresidente, Felix Ulloa, el informe del GIPES fue elaborado por cinco pesos pesados de los derechos humanos: Susana SáCouto, Claudia Martin, José Antonio Guevara Bermúdez, Gino Costa y Santiago Cantón.
Guevara Bermúdez ha sido presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, ministro responsable de derechos humanos en la Misión de México en Ginebra y coordinador de la Coalición por la Corte Penal Internacional. Costa fue jefe de la misión de observación de los Acuerdos de Paz de la ONU en El Salvador y posteriormente ministro del Interior del Perú. Cantón, por su parte, se desempeñó como secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y participó en un grupo de expertos que documentó violaciones constitutivas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela en 2018
Pude conversar sobre el informe con el experto Guevara Bermúdez, quien subrayó con firmeza que la reacción de Bukele responde a que el presidente “recibió el mensaje” que el documento buscaba enviar. A su juicio, Bukele es plenamente consciente de las consecuencias que implicaría para él y sus funcionarios enfrentar acusaciones de crímenes de lesa humanidad ante la CPI.
Según me dijo, no es menor que una política de seguridad que ha debilitado los controles y contrapesos y ha derivado en violaciones de derechos humanos sea calificada como un crimen de lesa humanidad. Su valoración adquiere peso no solo por su experiencia en Naciones Unidas, sino también por su amplia trayectoria en defensa internacional de derechos humanos.
Lo que inquieta al presidente no es el golpe a su imagen pública ni un posible impacto en su popularidad, que él asegura supera el 90%. Lo que realmente le preocupa es que los funcionarios de su gobierno —e incluso sus aliados— sigan el camino de líderes como Benjamín Netanyahu, Vladimir Putin, Nicolás Maduro o el expresidente filipino Rodrigo Duterte, todos investigados por la CPI.
Aunque no se prevé una acción inmediata, El Salvador ya cumple uno de los requisitos para que la CPI abra una investigación: ratificó el Estatuto de Roma que dio origen a la Corte en 2016. Entre quienes respaldaron esa ratificación figuraban antiguos aliados del presidente, como Guillermo Gallegos. Tras años de cabildeo internacional, el país firmó el Estatuto durante el gobierno de Mauricio Funes, pese a la férrea oposición de la derecha política salvadoreña.
El otro requisito depende de tres posibles detonantes: que organizaciones de la sociedad civil presenten evidencia suficiente; que uno o varios Estados parte remitan el caso; o que el Consejo de Seguridad de la ONU lo envíe a la Corte, algo poco probable por el poder de veto, especialmente de Estados Unidos.
Según Guevara Bermúdez, la misión de GIPES no es llevar el informe a la fiscalía, pero sí ofrece “una oportunidad de oro” para que otras organizaciones lo hagan. Guevara Bermudez también asegura que de iniciar un proceso “la movilidad internacional” de funcionarios y cercanos a Bukele podría verse afectada.
Aquí aparece el verdadero dilema para Bukele: ¿cómo responder a corto y mediano plazo? Si niega las acusaciones, arriesga debilitar su imagen de defensor implacable de la mano dura ante sectores que celebran ese estilo. Si no las niega, alimenta una narrativa que podría crecer y cruzar fronteras, incluso hacia países gobernados por aliados. Nicolás Maduro evitó a la CPI para luego buscar colaborar con ella. Rodrigo Duterte se sentía intocable en Filipinas, pero un cambio político lo llevó directamente ante la Corte, donde lo espera un juicio.
“Bukele es joven y puede ver cómo este proceso se desarrollará frente a él, sobre todo porque estos delitos no prescriben ni pueden ser indultados. Además, cualquier Estado podría tomar estos hechos e iniciar un juicio”, me aseguró Guevara Bermúdez.
Las acusaciones contra Bukele también han comenzado a pesar fuera de El Salvador. En Estados Unidos, las denuncias de violaciones de derechos humanos en el CECOT —que involucran a centenares de venezolanos y al salvadoreño Kilmar Abrego— se transformaron en un problema político. Debilitaron la popularidad de Donald Trump en migración y proyectaron al senador demócrata Chris Van Hollen como uno de sus principales críticos. Una posible demanda de un venezolano deportado y encarcelado en CECOT podría revelar información sensible sobre el gobierno estadounidense y sus vínculos con el de Bukele. Si además los demócratas ganan una de las cámaras del Congreso, se abriría la puerta a investigaciones, audiencias e incluso visitas oficiales a El Salvador.
Si estas piezas internacionales terminan encajando, Bukele y su gobierno podrían enfrentarse a un escenario complicado. Por ahora, el dilema está sobre la mesa y el presidente aún no muestra claridad sobre cómo responder.