En El Salvador también la justicia se ha convertido en un asunto familiar. Ibrajim Bukele, hermano menor de Nayib, reveló recientemente la existencia de una comisión secreta, al margen de la ley, que decide el destino de decenas de miles de personas detenidas bajo el régimen de excepción. En esta comisión, confesó, participan él y otras personas, entre ellas empleados del despacho de la primera dama. Es decir, al menos uno de los hermanos y la esposa del dictador deciden hoy quién se queda y quién sale de prisión.
Ibrajim Bukele no ostenta ningún cargo público y, por si hace falta aclararlo, la esposa del presidente salvadoreño tampoco tiene ninguna potestad para intervenir en la administración de justicia. Según las leyes, solo los jueces pueden ordenar la detención, encarcelamiento o libertad de una persona. Nadie más. Violentar ese mecanismo es una degeneración completa del sistema judicial y un atentado contra los derechos de los ciudadanos.
Pero nadie pedirá explicaciones a Bukele porque ya no queda nadie para pedir explicaciones. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional admitieron ser nombrados violando la misma Constitución, dispuestos a velar desde allí por los intereses de la familia Bukele y sus acólitos.
La Fiscalía es un instrumento personal de los Bukele que persigue a opositores, críticos o simples demandantes de justicia, mientras corta toda posibilidad de investigación contra funcionarios corruptos, contra torturadores o contra violadores de la ley que sean también instrumentales para la dictadura.
Los jueces han sido removidos o cambiados desde Casa Presidencial y ninguno parece estar en disposición de reclamar el imperio de la ley contra el tirano.
La Procuradora de Derechos Humanos, cuya labor es denunciar violaciones a los derechos humanos o defender a las víctimas, se burla de los presos políticos y avala el cumplimiento de los derechos humanos en El Salvador, un estado productor de víctimas recientemente acusado por expertos de cometer crímenes contra la humanidad.
Sin el funcionamiento de las instituciones y la aplicación de la ley, ¿quién garantiza a los salvadoreños sus derechos? Si una comisión secreta delibera en secreto y llega a conclusiones secretas que definen la libertad o la prisión de decenas de miles de ciudadanos, ¿cómo o ante quién puede apelar una víctima esas decisiones secretas?
A pesar de la gravedad de las revelaciones de Ibrajim Bukele, hechas en la red social X, las hizo con una normalidad pasmosa, a manera de respuesta inmediata a otro usuario para aclarar que sí hay personas en el Gobierno preocupadas por los detenidos. Esas personas que, bajo órdenes y supervisión suyas y de la esposa de Bukele, “revisan caso por caso” las decenas de miles de detenciones, sin orden judicial de por medio, llevadas a cabo desde hace cinco años. Como si eso, sustituir la administración de justicia, no fuera ilegal e inconstitucional. Como si revelarlo no constituyera la confesión de un crimen. Porque ya no queda ninguna autoridad del Estado para investigarlo. Peor aún: los salvadoreños nos hemos enterado de la manera en que se decide quién queda detenido y quién sale en libertad solo porque Ibrajim Bukele respondió a un comentario en redes sociales.
Esta normalización de la ilegalidad, de la opacidad, de la arbitrariedad ejercida por la argolla de la dictadura ilustra también cómo los Bukele se conciben a sí mismos, cómo nos conciben a los demás y cómo conciben al país. No hay leyes por encima de la voluntad del tirano y su círculo familiar. No hay más información pública que la que ellos decidan compartirnos. Los demás deben conformarse con ser sujetos pasivos, a la espera de su favor o el temor de su desprecio. Nada de juicios ni jueces, nada de exigir pruebas o de presumir inocencias, nada de obligaciones de demostrar culpabilidades. Un hermano y la primera dama toman la decisión en secreto. Sin explicaciones, sin rendición de cuentas, sin contrapesos.
¿No es esto un escándalo? ¿Cómo, en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo, esto no es un escándalo? ¿Hemos normalizado ya la dictadura al grado de admitir, como una cosa más, que los Bukele y sus subordinados dispongan al margen de la ley el destino de miles de personas detenidas sin acusación? La aparente indiferencia de la población indicaría que sí. Ese es el mayor anhelo de una dictadura: una población pasiva que no oponga resistencia significativa a la apropiación de un país por un grupo de sinvergüenzas.
Pero si la normalización de estas acciones es un triunfo político para cualquier dictadura, el riesgo comienza cuando son sus propios operadores quienes normalizan la ilegalidad en la que operan: porque, cuando pierdan su poder, perderán también su impunidad. También el hermanito del dictador. También la esposa.