La dictadura salvadoreña envió un elocuente mensaje a sus críticos con la captura de Ruth López el 18 de mayo de este año: exigió silencio, que nadie se queje, que nadie alce la voz. A quien denuncie —decía el mensaje— la cárcel le espera. El 1 de diciembre se cumplieron 197 días desde que los policías sacaron a Ruth de su casa para detenerla. Después de aquella noche, las visitas policiales a las casas de activistas, defensores de derechos humanos e incluso periodistas adquirieron otro sentido: se supo que sí representaban un riesgo real y por eso muchos terminaron exiliándose días o semanas después, tras notar un aumento de las amenazas en el mes de mayo
A Ruth López, salvadoreña, abogada, de 48 años, necesitaban callarla antes de que sus denuncias y verdades alcanzaran más oídos y antes de que su popularidad hiciera más difícil y costosa su captura. Por eso la detuvieron.
Desde el 11 de mayo de 2021 fue la jefa de anticorrupción y justicia de Cristosal, una organización de defensa de derechos humanos, pero desde antes de trabajar ahí ya incomodaba a Nayib Bukele y a los suyos. Ruth, por ejemplo, puso la demanda para que, el 10 de febrero de 2020, la Sala de lo Constitucional prohibiera a Bukele el uso del Ejército para fines partidarios. La Sala dio aquella orden después de que Bukele tomara la Asamblea Legislativa con policías y soldados y amenazara con disolverla. Desde entonces, Ruth no paró. Aproximadamente, cada mes y medio presentó escritos o denuncias de corrupción o violaciones legales ante la Corte de Cuentas, el Tribunal de Ética, la Sala de lo Constitucional, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).
Dicho de otra manera: Ruth le marcó el paso a Bukele como pocas personas, con las herramientas a su disposición. Investigó pistas de corrupción, elaboró informes con sus hallazgos, hizo litigio estratégico y, aunque no hubiera respuesta del Estado, usó todas las redes sociales para contar sus descubrimientos. Tenía 16,000 seguidores en Tik Tok, otros 32,000 en X. Es, como mencionaron hace unas semanas en Londres, en la ceremonia en la que su esposo recibió en su nombre el Premio Magnitsky: “una abogada todo terreno” que “le dice las verdades al poder”. El premio lo da un comité de derechos humanos que lleva el nombre de Sergei Magnitsky, un abogado ruso que destapó un enorme caso de corrupción de Vladimir Putin en 2007.
El domingo de su captura, la versión que circuló entre periodistas y activistas fue que los policías la habían engañado para sacarla de su casa sin orden de captura. Que los agentes usaron palabras que en ese momento ya formaban parte del fraseario nacional de la detención arbitraria: “Investigamos un choque”, “queremos hablar con el dueño del vehículo”. Lo intentaron, dijeron las mentiras de cajón, pero a Ruth nadie la engañó. Ella sabía que eso del accidente automovilístico era una excusa. Sabía que en realidad iban por ella, que el día que había vaticinado al menos año y medio antes, en una charla con su amigo Malcolm Cartagena, había llegado.
Su esposo, Louis Benavides, atendió a los policías en la puerta y luego subió las escaleras desde el garaje para decir a Ruth que los agentes preguntaban por ella. “Me dijo que alcanzara sus documentos y me dijo: ‘grabá esto’”, cuenta Louis. Los policías siguieron con la mentira unos minutos más: “Sí, parece que todo está normal con el carro”, dijeron, pero, segundos después, de la patrulla se bajó un policía que dio por terminado aquel teatrillo. “Va a disculpar, estamos haciendo un trabajo que nos han ordenado. Le traemos aquí una orden de detención administrativa de la Fiscalía”. Y entonces, Ruth dijo las palabras que quedaron inmortalizadas en aquel audio que su esposo logró grabar desde un teléfono escondido en el pantalón: “Tengan decencia, hombre, esto un día se va a acabar…”.
Con su esposo nunca discutió la posibilidad de ser capturada, pero por lo que él vio esa noche —su rostro, su calma— ahora piensa que era algo que ella esperaba: “Ella sabía que iba a enfrentar eso tarde o temprano y que para ella… ¿Cómo decirlo?... Iba a verse feo que quisiera eludirlos; quiso hacer algo más propio… No encuentro la palabra, como con honra, pues. Con honra, dignidad, como si dijera: ‘no tengo nada que esconder, aquí estoy’”.
Los policías pudieron haber detenido a Ruth obviando aquel preludio falso, pero entonces no hubieran enviado el mensaje de terror a todos los críticos de Bukele. La dictadura siguió ocupando a policías para amedrentar a activistas, periodistas y sus familiares con el cuento de un choque vehicular. Muchas personas salieron al exilio después de recibir visitas policiales como la que Ruth recibió. Mucha gente huyó porque el régimen decidió detenerla precisamente a ella, que había ganado tanta visibilidad en el mundo. El mensaje de la dictadura salvadoreña hizo eco en decenas de personas y organizaciones. El veterano periodista Jorge Beltrán, que se exilió casi un mes después de la captura de Ruth, lo resume en una frase: “Ruth era reconocida a nivel internacional y tenía mucha reputación. Pensé: si eso hacen con ella, ¿qué no pueden hacer conmigo?”. No había periodista internacional que no la citara a ella o a Cristosal cuando hablaban de corrupción o violaciones a derechos humanos del régimen de Bukele. Solo siete meses antes de que la sacaran de su casa, la BBC, un medio británico, la había nombrado entre las 100 mujeres más influyentes del planeta para el año 2024. Entre las líneas con las que presentaron su reconocimiento, estaban estas: “Su trabajo cobró más importancia cuando, a principios de este año, El Salvador reeligió al presidente Nayib Bukele por un segundo período: Bukele, cuya popularidad se disparó tras tomar medidas enérgicas contra el crimen, se ha descrito a sí mismo como ‘el dictador más cool del mundo’”. También explicaron así su selección: “Buscábamos candidatas que hubieran aparecido en los titulares o influido en noticias importantes en los últimos 12 meses, así como aquellas que tienen historias inspiradoras que contar o han logrado algo significativo e influyente en sus sociedades en maneras que no necesariamente llegaban a ser noticia”.
Ruth fue nombrada presa de conciencia por Amnistía Internacional, una organización que lleva décadas promoviendo la defensa de los derechos humanos en el mundo. Amnistía aseguró en su designación que las acusaciones contra ella parecen no tener fundamento. No es la única en esa situación en El Salvador. En 2021 surgió el Comité de Familiares de Presos y Perseguidos Políticos (COFAPPES), que en octubre de 2025 ya contabilizaba 35 presos políticos. En 2023, el Departamento de Estados de Estados Unidos había identificado 11 casos de prisioneros políticos, entre ellos el exalcalde Ernesto Muyshondt, del partido de derecha Arena, que en septiembre fue condenado a 18 años de prisión por fraude electoral. Los presos políticos en El Salvador existen hoy, así como existieron en los años previos a la democracia. Cuando Amnistía Internacional designó a Ruth como presa de conciencia, también lo hizo con el abogado ambientalista Alejandro Henríquez y el pastor José Ángel Pérez, ambos detenidos unos días antes que Ruth. Se les procesa por desórdenes públicos y resistencia tras una marcha pacífica cerca de la casa de Bukele, en la carretera que conduce al puerto de La Libertad.
Ella era experta en algunos temas, pero sobre todo era incansable para compartir esos conocimientos. En enero de 2025, durante una reunión de organizaciones y académicos en Ciudad Guatemala, apenas cuatro días después del regreso de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, Ruth compartió su análisis de las implicaciones para Centroamérica: “Habrá autoritarismo para largo”, escribió en una presentación de Power Point que proyectó. “La democracia no importará; habrá abusos de poderes de emergencia; se cerrará la cooperación; y merecerán el favor de Trump los regímenes autoritarios que prioricen la seguridad y el control bajo el discurso de la soberanía”, siguió. “Tenía el alcance de saber qué iba a pasar antes de que las cosas ocurrieran”, dice su esposo Louis.
Desde su llegada a Cristosal en 2021, demostró ser una voz autorizada en temas de corrupción. Colocó numerosas demandas contra funcionarios públicos. Denunció a Osiris Luna, director de cárceles, por el uso de reos para la construcción de un rancho de playa de una amiga de su madre, y por la apropiación de miles de sacos de alimentos comprados por el Estado para atender la pandemia por Covid. También logró la destitución del esposo de la diputada oficialista Rebeca Santos, que había sido nombrado en una oficina estatal mediante un procedimiento irregular. Hizo 120 solicitudes de información pública; investigó 15 casos de corrupción en Agricultura, en Salud, en Nuevo Cuscatlán, en el Ministerio de Obras Públicas, y también pidió a la Fiscalía investigaciones por irregularidades en obras estatales, por estafas con criptoactivos y la Chivo Wallet, y por construcciones del Estado en las que estaban involucrados familiares de Bukele.
Pero su pasión siempre fueron los temas electorales. Como pocas personas, era capaz de explicar en videos, reels, hilos de X, entrevistas y artículos cómo se había ido consolidando la dictadura: el golpe de Estado a la Sala de lo Constitucional, la sustitución de jueces, la cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública, la persecución de opositores con acusaciones espurias, la eliminación del financiamiento público de los partidos, la reducción de escaños y de alcaldías, el cambio de fórmula para repartir las diputaciones, el adelanto de las elecciones…Ruth fue la asesora jefe de Eugenio Chicas cuando fue presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) entre 2009 y 2014. En parte por la asesoría de ella, Chicas se ganó enemigos en su partido, el FMLN, y terminó distanciado con el presidente Mauricio Funes. Ruth y Chicas determinaron cumplir las resoluciones de la Sala de lo Constitucional, incluso las que perjudicaban política y electoralmente al partido. El pleito con Funes ocurrió en la elección presidencial del 2 de febrero de 2014, cuando el TSE prohibió un spot de propaganda que Casa Presidencial puso en el aire cuando aún no se habían cerrado las urnas. Segundos después de anunciar la sanción por cadena nacional, Chicas contestó una llamada en su móvil. Era Funes: “Usted y yo no estamos en el mismo barco”, reclamó el presidente. “Lo hice porque era mi deber político”, respondió Chicas.
Contrario a la suspicacia habitual de los militantes del FMLN, Ruth atendía llamadas y mensajes, incluso a altas horas de la noche, para explicar con detenimiento y paciencia los complicados temas legales detrás de cada votación. “Si algo sé de elecciones es por ella”, dice Malcolm Cartagena, su amigo de años y excompañero en el TSE. “Cuando Ruth entró al Tribunal, ella cambió la forma de trabajar que teníamos. Hizo equipo y, mientras ella aprendía, nos comenzó a enseñar al resto”, agrega. Se volvieron tan especialistas que incluso la Sala de lo Constitucional del período 2009-2018 les consultó, previamente, algunas resoluciones que emitió en materia electoral. “Incluso los de Nuevas Ideas (el partido de Bukele) nos llamaban cuando querían entender algunas cosas”, cuenta Malcolm, con quien ella armó una alianza informal con la que cobraban para hacer estudios y consultorías.
A la mañana siguiente de la captura de Ruth, Malcolm estaba devastado. Él, un usuario muy activo de redes sociales, prefirió callar por completo esas primeras horas. Vio en redes sociales que la Fiscalía acusaba a Ruth del delito de peculado, es decir, que supuestamente se había apropiado de fondos públicos mientras trabajó, igual que él, con Eugenio Chicas en el TSE. Pero aquello no tenía sentido porque Ruth nunca administró fondos públicos en su cargo de asesora. “El vivo, a señas; y el tonto, a palos. Si a ella la están acusando de algún vínculo con Eugenio sin haber manejado dinero público, ¿qué les detiene de acusarme de lo mismo a mí?”, pensó. Mientras Ruth era reportada por su familia como desaparecida en las primeras horas después de su detención, Malcolm comenzó a preparar su salida del país. Fue a renovar su pasaporte y a resolver pendientes. El 25 de junio, policías en un vehículo sin placas llegaron a su casa con preguntas para un supuesto censo. Le preguntaron si había servicios básicos, internet, agua y anotaron sus respuestas en una libreta cualquiera. “No parecía un censo de verdad”, dice Malcolm. Los policías se fueron, en breve regresaron. A la media hora, Malcolm ya iba rumbo a Guatemala.Tiene todo el sentido que al régimen le haya interesado este 2025 callar a las voces expertas en temas electorales. Un monitoreo de Acción Ciudadana publicado en noviembre dice que el TSE está fallando en aspectos básicos de integridad electoral. Declaró reserva sobre información relevante acerca de la depuración del Registro Electoral, negó información de la unidad que fiscaliza el financiamiento privado de los partidos. Tampoco hay un calendario electoral aprobado ni un presupuesto de elecciones, algo que ya debería conocerse. Y por si fuera poco, el TSE no ha permitido que la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) fiscalice su trabajo, como lo manda la Constitución. Todo indica que el Tribunal no quiere voces críticas. A principios de agosto, policías llegaron a la casa de Wendy Alfaro, directora del partido Vamos, el más crítico del bukelismo desde la Asamblea Legislativa. Llegaron a su casa con la excusa del censo. Alfaro se exilió días después.
Entre todas las voces críticas a las reformas electorales, la corrupción y la falta de transparencia, Ruth era quizá la más popular debido a su intensa actividad en redes sociales, también por la docencia y su visita a comunidades los fines de semana para hablar sobre corrupción. “Hoy nos fuimos al territorio. 28 jóvenes (19-22 años), de varias comunidades hablan de su experiencia sobre la corrupción. Ellos saben. Feliz tarde de domingo”, escribió en X, el 7 de julio de 2024. “Hoy tocó #EducaciónPopular sobre Anticorrupción y Transparencia. Ser y hacer ciudadanía es un reto necesario en nuestro país (hoy y siempre) #SomosCristosal”, escribió el 13 de septiembre de 2023. Hubo partidos como Nuestro Tiempo que le ofrecieron una candidatura en la fórmula presidencial para 2024. También la alianza de partidos y sociedad civil que estuvo a punto de formarse en 2023 le ofreció una candidatura. Pero ella siempre rechazó las ofertas. Para ser diputado por San Salvador, por ejemplo, se necesitan 59,100 votos. Ruth recolectó firmas ciudadanas para pedir la inconstitucionalidad de la ley de la minería aprobada en diciembre de 2024. Ella presentó ante la Corte Suprema de Justicia 59,906 firmas el 24 de marzo de 2025.
El cinismo estatal
Tras su captura, Ruth estuvo incomunicada durante al menos 32 horas, a pesar de que sus familiares más cercanos se desvivieron desde el primer minuto para no perder contacto con ella. Abogados y parientes tocaron puertas de delegaciones de la Policía y bartolinas y en ningún lugar les dijeron nada. Cuando la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) recibió una denuncia por la detención arbitraria, el 20 de mayo, hubo silencio hasta más de dos meses después, el 31 de julio, cuando un funcionario dio una respuesta a medias. Se cumplían 74 días desde la captura. El funcionario de la PDDH dijo escuetamente que habían pedido información a distintas instancias y que hasta esa fecha no habían podido visitarla en el penal donde estaba, la Granja Penitenciaria Izalco. Casi seis meses después de la captura, el 13 de noviembre, Raquel Caballero, la titular de la PDDH, confirmó que vio a Ruth por primera vez. En el canal de YouTube de Romeo Lemus un experiodista devenido en propagandista del régimen, la recién electa funcionaria habló de tips de belleza en un tono de burla: “Quiero ir otra vez a verla para ver si me planchan el pelo, así como lo anda ella, porque ha decidido estar en cosmetología”.
El Estado controlado por Bukele ha enterrado a Ruth bajo una cortina de opacidad y las granjas de troles afines a la dictadura han hecho su parte para intentar manchar su nombre. Desde el momento de su captura, y a raíz de la publicación en X que hizo la Fiscalía -donde la mostraba esposada, junto al carro patrulla y dos agentes policiales armados- le llovieron ataques e insultos. La llamaron “perra”, “ladrona”, “gorda”, “rata”. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los abogados de Ruth denunciaron que los ataques provenían de granjas de troles, “presuntamente operados desde el Estado”. En su respuesta a la CIDH, el Estado respondió que estaba de acuerdo, que los ataques a Ruth eran “preocupantes” y “que debían ser investigados internamente”.
Una rehén
La CIDH concluyó, en septiembre pasado, que la situación de Ruth “ha venido empeorando en el tiempo; pasando de ser objeto de seguimientos y vigilancia de agentes estatales a estar privada de libertad y bajo custodia de estos en un régimen de incomunicación”. La prensa salvadoreña documentó que la Policía había hecho perfiles de inteligencia sobre ella y la calificaban como opositora.
En los días cercanos a su captura, Louis logró visitarla en las bartolinas de la División de Tránsito de la Policía. Hablaban de ser fuertes. “Me dijo que iba a comer menos carbohidratos, que sentía que el pan le estaba haciendo daño”, dice Louis.
Su esposo contó que agentes policiales quisieron chantajear a Ruth el día de su primera audiencia, el 4 de junio, cuando le decretaron detención provisional por seis meses. A ambos, los policías les dijeron esa mañana que podrían reunirse y almorzar juntos si ella aceptaba cambiarse de ropa antes de la audiencia: quitarse las prendas blancas características de los reos de la era Bukele y sustituirlas por ropa casual. Ruth no aceptó. Supuso que era una treta para aparentar comodidades que no tenía. Así que, aun en esas condiciones, Ruth volvió a hacer lo suyo: denunciar. Durante los segundos en que las cámaras lograron grabarla, antes de entrar al juzgado, cuando los policías la llevaban casi alzada, Ruth denunció a gritos y dejó en la memoria nacional una de las más duras escenas de represión y también de dignidad: “¡No me traían porque yo no me cambiaba de ropa, querían que viniera con traje!”, dijo, esposada de las muñecas. Llevaba un libro entre manos, la Biblia de Jerusalén, una de las lecturas que Louis, su esposo, había podido llevarle en sus primeros días de cautiverio.
Tras la audiencia, cuando ya le habían decretado prisión provisional por seis meses, continuó su denuncia de la única forma que le quedaba, a gritos:
—¡No me van a callar! ¡Un juicio público quiero! ¡Que me concedan un juicio público quiero! ¡El que nada debe nada teme! ¡Soy inocente! ¡Soy una presa política! ¡Todas las imputaciones son por mi actividad jurídica, por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno! ¡No hay ninguna institución pública que garantice derechos! ¡Soy inocente y voy a demostrar mi inocencia! ¡Quiero un juicio público! ¡Me quieren acusar por no callarme por la corrupción!
A principios de julio, la jefatura de las bartolinas dijo que no tenía más espacio para Ruth y ordenó su traslado hacia un penal. Louis la vio por última vez el jueves 3 de julio. El día 4, Louis intentó visitarla en la Delegación de Tránsito de la Policía a las 8 de la mañana, pero le dijeron que había un procedimiento fiscal en curso que hacía imposible la visita. A las 10, alguien le dijo que Ruth ya no estaba ahí, que había sido trasladada a Izalco. “La sacaron sin avisarme, mientras yo estaba ahí”, dice Louis. Con un cuñado, manejó hasta la Granja de Izalco donde dos custodias se refirieron a ella como “la famosa” y dijeron a Louis que no podría visitarla nunca. El 28 de julio, un empleado del penal dijo a uno de los abogados de Ruth que todas las visitas estaban prohibidas mientras “el presidente de la República esté en el gobierno”. Como tantos familiares de detenidos durante el régimen de excepción, Louis solo ha podido dejarle medicinas y comida que entrega a los custodios con la esperanza de que ella las reciba.
Abraham Ábrego, compañero de Ruth en Cristosal, ha estado a cargo de buena parte de la estrategia legal que permitió que ella recibiera medicinas y estuviera un mes en la División de Tránsito. Ábrego resume en pocas palabras la sensación que ha tenido todo este tiempo. Es una sensación de frustración, dice, como cuando se tiene que lidiar con un secuestrador:
—Es como jalar un hilo muy fino porque si denuncias mucho también te puede generar un resultado de venganza u otra cosa. Es muy subjetivo porque todos los funcionarios del clan Bukele creo que juegan mucho con la irregularidad, con los sentimientos, con lo vengativo, entonces es bien volátil la relación. En el caso de Cristosal creo que todavía se mantiene un rechazo a nosotros, entonces en el caso de Ruth hemos tratado de mantener un perfil no tan confrontativo porque también nos preocupa la seguridad del equipo legal allá en El Salvador.
Todo es secreto
Tan vacía era la acusación por peculado contra Ruth —que implicaba manejo suyo de fondos públicos, algo que nunca tuvo— que la Fiscalía tuvo que sustituirla dos semanas después por enriquecimiento ilícito. Al cambiar el delito, el Estado reveló aún más su arbitrariedad. Toda acusación penal de esta naturaleza requiere que previamente se haya demostrado el enriquecimiento ilícito en un examen patrimonial y luego en un juicio civil. En el caso de Ruth, ni el examen patrimonial ni la investigación civil existen.
El 21 de julio pasado, cuando Ruth ya llevaba dos meses presa, Probidad aseguró que investigaba las finanzas de Ruth. Mandó un correo a un familiar para pedir información de sus cuentas de 2016, cuando era asesora de la dirección general del Seguro Social y parte del consejo directivo de la Superintendencia del Sistema Financiero. La familia de Ruth sospecha que la Fiscalía podría estar tratando de justificar vacíos probatorios en su acusación.
Es imposible saber fechas, montos y otros datos porque el juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador ha decretado “reserva total” al caso, una etiqueta cada vez más común en el sistema judicial controlado por Bukele: secreto absoluto. Por eso Ruth exigió un juicio público. “¡La gente merece saber”, gritó afuera del juzgado.
La Fiscalía dijo la noche de su captura, a través de redes sociales, que la acusación era por su relación laboral con Eugenio Chicas, de quien dijo que era “su mano derecha”. Lo cierto es que sí cultivaron una profunda amistad, que se mantuvo incluso cuando, en julio de 2014, Ruth pasó a asesorar legalmente la dirección del Seguro Social. En 2015, Eugenio fue nombrado secretario de Comunicaciones de la Presidencia. Ahora la Fiscalía los investiga a ambos con procesos secretos.
Chicas es también un preso político: fue detenido en febrero de 2025 después de más de dos años de que se le abriera un expediente por presunto enriquecimiento ilícito, un delito que, a día de hoy, no se le ha comprobado. La Corte abrió su caso a finales de 2022, un año después de que Bukele tomara el control de la Sala de lo Constitucional y del Órgano Judicial. La Fiscalía lo demandó en enero de 2023, fue condenado en noviembre de 2024, pero Chicas apeló. La Sala de lo Civil de la Corte Suprema aún estudia si se enriqueció con dinero público, pero, a inicios de febrero de 2025, la Fiscalía consideró que podía acusarlo penalmente por ese enriquecimiento y además ordenó capturarlo. Su juicio, como el de Ruth, como el de más 87,000 personas capturadas bajo el régimen de excepción desde marzo de 2022, es secreto. Las arbitrariedades en el proceso contra Chicas parecen represalias contra alguien que en 2019 derrotó a Bukele en tribunales en un proceso por difamación. Chicas también incomodó al régimen con columnas de opinión y su activismo contra la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal. Llamó “cobarde” y “boca floja” a Bukele.
El mismo día en que detuvieron a Ruth por enriquecimiento ilícito, a Chicas le sumaron un nuevo delito: peculado. La Fiscalía dice ahora que Chicas también se apropió de dinero estatal que administró mientras trabajó en los gobiernos del FMLN. En los dos años previos a su caso civil, la Fiscalía no mostró ningún indicio de eso y mucho menos que Ruth haya tenido algo que ver con esa acusación, ya que ella no tenía potestad alguna para firmar erogaciones de dinero público.
Así como contra otros activistas y periodistas, el ataque a la imagen de Ruth desde el poder no empezó previo a su captura; se ha venido construyendo desde hace años. En septiembre de 2021, Diario El Salvador, el órgano de propaganda de la dictadura que se financia con dinero público, difundió un texto titulado: “Ruth López y su esposo percibieron más de $11,000 en solo tres años en conceptos de viáticos en el TSE”. Por esos años, entre 2011 y 2014, también trabajaba como magistrado en el TSE un político de derecha llamado Walter Araujo. Probidad encontró que él cobró $58,000 en viáticos por viajes al extranjero entre 2004 y 2014 que nunca hizo, según la Dirección de Migración. Pero de eso, Diario El Salvador no ha dicho nada. Araujo es un youtuber que desde su programa aclama a Bukele y Nuevas Ideas, e insulta a todos los críticos del Gobierno. Ruth era una de las figuras más insultadas en sus transmisiones.
La CIDH emitió medidas cautelares de protección a favor de Ruth en septiembre, cuatro meses después de su captura, pero el Estado salvadoreño pidió mantener bajo absoluto secreto la manera en la que reaccionaría a esas medidas. La CIDH En su resolución 667-25 del 22 de septiembre, la CIDH ordenó a El Salvador adoptar medidas para que la detención de Ruth estuviera acorde a estándares internacionales, que cesara la situación de incomunicación con sus abogados y sus familiares, y que se concertaran las medidas para garantizar sus derechos. Si el Estado tomó ya algunas medidas al respecto, es algo que no puede saberse porque El Salvador así lo pidió. La decisión de la dictadura es que todo lo relacionado al caso de Ruth ocurra en secreto.
En teoría, el 4 de diciembre, Ruth López debería asistir a una segunda audiencia de su caso, correspondiente al fin de la etapa de instrucción. Ahí puede decidirse si saldrá bajo libertad condicional. Al cierre de este texto, la gente cercana a Ruth tenía pocas o ninguna expectativa de que eso fuera a pasar.
Cuando Louis escucha la idea de que la dictadura ha lanzado su más severa amenaza a sus críticos a través del encarcelamiento de Ruth, responde: “Debemos organizarnos. Pero si no nos involucramos en reconstruir, mejor vámonos de aquí, porque entonces el país estaría destinado a derrumbarse. Podemos tener miedo, pero a pesar de eso podemos hacer las cosas sin necesidad de tanto bullicio”.