La dictadura a la caza: un año de exilio y cárcel

Colectivos, parroquias y universidades se plantan frente a la Biblioteca Nacional. Exigieron revertir la ley minera recién aprobada y firmaron para revocarla.

Una investigación del The New York Times reveló que Osiris Luna, director de Centros Penales y uno de los hombres más cercanos al presidente Bukele en la política de seguridad, compartió información confidencial sobre los pactos entre el Gobierno salvadoreño y la MS-13 con personal de la Embajada de Estados Unidos. En los encuentros, Luna describió beneficios en penales para los líderes, detalles operativos del pacto y señaló a l director de Tejido Social, Carlos Marroquín, como el artífice. La publicación evidenció que la primera administración Trump, antes de dejar el poder, supo de los pactos y no hizo nada con ello. Días después de que el NYT revelara la exclusiva, El Faro publicó más detalles tras hablar con uno de los funcionarios estadounidenses que estuvieron en esas reuniones cuya información terminó engavetada.

Siete vuelos y más de 200 venezolanos, muchos señalados por Trump y Bukele como miembros del Tren de Aragua, sin aportar evidencia, fueron enviados por EE.UU. sin un proceso judicial adecuado bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. Se confirmó que varios de estos fueron recibidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Tiempo después sus relatos coincidieron en lo mismo: golpes, incomunicación y tortura en la prisión salvadoreña.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a Nayib Bukele en una visita oficial a Washington que, según versiones diplomáticas y de prensa, consolidó el pacto migratorio entre ambos países. El encuentro ocurrió en medio de un contexto de aumento de deportaciones desde EE.UU. hacia El Salvador y marcó un aval internacional al modelo de seguridad del Gobierno salvadoreño en medio de un régimen de excepción que restringe derechos. Si bien el evento público duró 43 minutos, Bukele habló aproximadamente solo tres minutos. El resto, fue de Trump y los miembros de su Gabinete.

Tras el reportaje de Charli, El Faro alertó que al menos siete periodistas podrían ser detenidos, según información de fuentes internas del sistema de justicia salvadoreño.

Ruth Eleonora López, jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, una de las principales organizaciones salvadoreñas anticorrupción y de defensa de los derechos humanos y ciudadanos, fue detenida de noche y permaneció incomunicada por más de treinta y dos horas. Su captura abrió un proceso con secreto total en el que un juzgado decretó prisión provisional. Organizaciones nacionales e internacionales denunciaron una maniobra para castigar a quien había señalado corrupción en el círculo de Bukele. La captura de López derivó en la salida del país de varios activistas de derechos humanos que recibieron, al igual que López, visitas de carros policiales a sus casas, con excusas inverosímiles. Para finales de este 2025, López lleva más de 200 días encarcelada.

El Faro confirmó que gran parte de su redacción salió del país a partir del riesgo inminente de detención. Fuentes policiales y fiscales confirmaron al medio que algunos de sus miembros estaban en una lista de detención de personas. En nuestro editorial, se relató que patrullas merodearon viviendas de reporteros y que fuentes advirtieron que la lista de detenciones incluía a quienes investigaban corrupción y abusos del régimen. La salida ocurrió mientras el Gobierno impulsaba leyes para controlar a organizaciones con fondos externos y aumentaba la presión sobre el periodismo independiente.

Con una biblia alzada en manos, Ruth López fue retratada por diversos medios en el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador, donde la jefa anticorrupción de Cristosal tuvo una audiencia a puerta cerrada. La audiencia se realizó bajo reserva total, decretada desde la acusación fiscal, pero ella pudo ser vista mientras policías la arrastraban hasta la sala. López, a gritos, pudo decir que era presa política y exigió un juicio público. La Fiscalía pidió mantenerla recluida mientras continúa la fase de instrucción. El caso se convirtió en uno de los ejemplos más claros del uso del sistema penal para castigar voces críticas del Gobierno.

Una investigación del medio estadounidense detalló cómo Bukele protegió durante años a los cabecillas de la MS-13 de deportaciones hacia Estados Unidos, interfiriendo en el trabajo del Grupo Vulcan, creado por Trump en su primera administración para destruir a ese grupo criminal. La investigación reveló que los agentes estadounidenses incluso seguían la pista de fondos entregados al Gobierno salvadoreño por USAID, que creían podían haber sido entregados a pandilleros.

La directora de Socorro Jurídico Humanitario, la organización que más peso ha tenido en el acompañamiento a las familias de los miles de presos durante el régimen de excepción, dejó El Salvador tras tener información de su inminente captura y tras haber grabado a policías merodeando su casa en múltiples ocasiones. Su caso resumió el método: vigilancia, asedio y criminalización de quienes documentan muertes en cárceles y abusos del régimen.

La bancada oficialista aprobó una reforma exprés: reelección sin límites, periodos presidenciales de seis años y eliminación de segunda vuelta. Un rediseño para que Bukele se perpetuase en el poder, pero además adelantó las elecciones presidenciales, previstas para 2029, para el 2027. En medio, un contexto: Trump debería dejar el poder en 2028.

La histórica Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, que desde 1989 impulsaba un Estado democrático, cerró sus funciones en el país ante un marco que criminaliza a las oenegés críticas y castiga con un 30 % de impuesto los fondos externos. Otro golpe a la defensa legal de víctimas del régimen.

El tribunal de San Vicente absolvió a los cinco defensores de Santa Marta que la Fiscalía intentó llevar a juicio por un asesinato ocurrido en 1989. Con la sentencia, los ambientalistas pasaban a estar de nuevo sin riesgo inmediato, pero bajo la misma sombra que los sacó de sus casas antes: un Estado que insiste en criminalizar por delitos de los años ochentas a quienes se opusieron a la minería antes de que fuera política oficial en 2017.

La revista GatoEncerrado anunció el traslado de su figura legal y el cierre administrativo en El Salvador ante la nueva ley de “agentes extranjeros”.

Una investigación del Washington Post reveló que Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., accedió a revocar los acuerdos que el Departamento de Justicia de EE.UU. había alcanzado con líderes de la pandilla MS‑13 que cooperaban con las autoridades estadounidenses y revelaban sus pactos con Bukele. Según la investigación, Rubio prometió entregar a esos informantes a El Salvador, como parte del acuerdo para recibir migrantes en la cárcel del CECOT. Uno de los nueve líderes de la MS-13 capturados por Estados Unidos ya había sido devuelto a El Salvador en los primeros vuelos con venezolanos. Otros de ellos, lucha en la corte de Nueva York por no correr el mismo destino. De eso, creen algunos de los abogados involucrados en el caso, dependerá si los demás son devueltos al país controlado por el hombre con el que pactaron por años.

La fundación alemana, con 30 años de trabajo en la región centroamericana, anunció el cierre de su oficina en San Salvador y el traslado de su sede centroamericana a Ciudad de Guatemala, ante “el contexto cada vez más restrictivo en El Salvador”.