La abogada Ruth Eleonora López Alfaro, jefa de la sección de anticorrupción de la organización Cristosal, fue detenida a las 11:00 p.m. del domingo 18 de mayo por delitos que, según la Fiscalía controlada por Nayib Bukele, cometió cuando trabajó en el Tribunal Supremo Electoral y en la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén. Al día siguiente, lunes 19 de mayo, a las 4 p.m., Cristosal denunció que aún no sabían dónde estaba López detenida y que tampoco había podido comunicarse con sus abogados defensores.
La Fiscalía dijo en una publicación de redes sociales que el delito del que se le acusa es peculado (robo de fondos públicos) y que también está relacionado Eugenio Chicas, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral, que fue detenido en febrero. Chicas estaba acusado de enriquecimiento ilícito y, según la Fiscalía, este domingo también se le informó del nuevo delito. Todo el proceso por el delito de enriquecimiento ilícito cuenta con reserva total, el secreto judicial que el sistema de justicia controlado también por la Presidencia, suele establecer a todos los casos que tienen una carga política en el país, incluyendo las más de 85,000 personas capturadas durante los más de tres años de régimen de excepción.
López es una de las voces de denuncia más insistentes ante distintos indicios de corrupción de la administración Bukele. López dirige un equipo de abogados y peritos forenses en la investigación de casos y desde 2019 presentó avisos y denuncias en distintas oficinas estatales. Cristosal detalló que López ha estado al frente de 15 casos de gran corrupción. Por ejemplo, interpuso avisos penales por presuntos fraudes relacionados con la Chivo Wallet, la fracasada billetera digital que el Gobierno de Bukele creó para intercambios con criptomonedas; también denunció transferencias irregulares de inmuebles, la creación de plazas fantasmas en instituciones del Estado y presentó avisos por presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios. También denunció el uso de software de espionaje Pegasus contra periodistas, activistas y defensores del medio ambiente. Cristosal anunció que también ha sido atacada masivamente en redes sociales.
Según el relato de los familiares, los policías que llegaron a su casa a bordo de una patrulla policial le mencionaron, inicialmente, que ella estaba involucrada en un accidente de tránsito y que necesitaban hablar con ella. Al salir de la vivienda, los policías le dijeron que quedaba detenida con una orden girada por la Fiscalía. López estaba en ropa de dormir y pidió espacio para cambiarse de ropa antes de subir a la patrulla. Los policías le negaron el permiso. López tuvo que cambiarse contiguo a la patrulla. A partir de ahí no se ha podido confirmar su paradero.
La organización Cristosal, en una conferencia brindada el lunes, dijo que ni su abogado ni sus familiares han podido hablar con ella ni han podido saber con certeza dónde se encuentra. Louis Benavides, su esposo, explicó que han preguntado en los distintos lugares donde ha estado pero no reciben información certera. Noah Bullock, director ejecutivo de Cristosal, dijo que en el momento de la detención los policías dijeron que la llevarían a la Dirección Central de Investigaciones (DCI) sobre la calle El Progreso, en San Salvador, pero que al llegar los guardias del recinto los trataron con hostilidad y no quisieron confirmar que estuviera ahí.
Benavides agregó que por la mañana supieron que la llevarían a las bartolinas policiales conocidas como El Penalito, utilizada al inicio del régimen de excepción para encarcelar a decenas de salvadoreños que luego eran trasladados a algún penal; que luego la llevaron a un centro de salud, y luego a la Dirección Central de Investigaciones de la Policía (DCI). Ahí, la familia le llevó comida. “Les preguntamos si ella estaba ahí, pero no nos dijeron, solo les dejamos las cosas”, dijo Benavides. El Diario El Mundo publicó a las 3 de la tarde que una patrulla la sacó de la DCI en un carro particular, pero la imagen de López no era clara atrás de unos vidrios polarizados. López, según la familia, padece de hipertensión y está bajo tratamiento.
Minutos después de la captura de López, el comisionado presidencial de libertad de expresión y derechos humanos, Andrés Guzmán Caballero, que ha sido un fiel defensor del régimen bukelista, publicó en redes sociales su renuncia al puesto. “Para alcanzar nuevas cumbres hay que saber cuándo cerrar un capítulo y comenzar otro con visión estratégica y prudencia”, escribió en una carta que publicó 40 minutos después del anuncio de la captura por parte de la Fiscalía. La organización Cristosal reaccionó a su renuncia. “Lamentablemente el rol que ha tenido es que ha tratado de ocultar y negar la violación de derechos humanos, y ha pertenecido a esa posición lamentable del Gobierno salvadoreño de ser negacionista de las violaciones de derechos humanos”, dijo Abraham Ábrego, director de litigio estratégico de Cristosal. La carta de renuncia de Guzmán estaba fechada 15 de mayo.
Eleonora Alfaro, madre de la defensora de derechos humanos capturada, dijo que la detención de su hija podría estar relacionada con la denuncia que hizo contra la industria de la minería. A título personal, López ayudó a la recaudación de firmas que distintas organizaciones sociales entregaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Asamblea Legislativa para derogar la ley que rehabilita la industria del oro y en la que Bukele depositaba las esperanzas de enriquecimiento del país. “Es un crimen lo que han hecho contra mi hija”, dijo la señora Alfaro.
Ábrego dijo que, debido a que a López no se le ha dejado ver a su abogado y a queno se tiene certeza de su paradero, lo ocurrido estos días constituye una desaparición forzada. Asegura que podría haber hechos tipificados como tortura contra personas detenidas. Ábrego dijo que denunciarán la captura ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ante los mecanismos de la Organización de Naciones Unidas (ONU): la relatoría de derechos humanos, la relatoría de desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias, para que estas pidan información al Estado de El Salvador.
Sobre los hechos acusados a López, Ábrego mostró precaución: “No tenemos información, hasta no conocer cuáles son los cargos no podemos pronunciarnos sobre la versión que dice la Fiscalía”.
La Fiscalía dijo que el nuevo delito que se le acusa al exmagistrado Eugenio Chicas es peculado. Anteriormente, en febrero, Chicas fue detenido en otro proceso que también presenta sus propias anomalías: la Fiscalía lo acusa de enriquecimiento ilícito por hallazgos encontrados en su patrimonio. La base de esa acusación es una investigación en materia civil que aún no ha terminado y que sigue en fase de apelación en la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia. No hay sentencia firme que lo haya condenado o absuelto de resarcir dinero al Estado y sin embargo la Fiscalía ordenó en febrero la captura de Chicas por supuesto enriquecimiento ilícito. Normalmente, solo después de agotado el proceso civil, la Fiscalía entabla un segundo proceso penal por el enriquecimiento ilícito.
Años atrás, Chicas derrotó a Bukele en un juicio por difamación y obligó al entonces alcalde de San Salvador a entregarle 50,000 dólares en compensación. Luego, lo llamó “cobarde” ante las cámaras de televisión y frente a Bukele.
Ahora la Fiscalía suma contra Chicas un segundo delito, el de peculado, y asegura que López “colaboró en la sustracción de fondos del Estado”, mientras fue “mano derecha” de Chicas en los distintos cargos públicos que ambos ostentaron. Chicas fue magistrado del TSE entre 2009 y 2014, después fue diputado del Parlamento Centroamericano, y durante un par de años de la administración de Sánchez Cerén fue secretario de comunicaciones de la Presidencia. López fue asesora de Chicas en el TSE y trabajó como asesora jurídica del Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
La captura de López ocurre a menos de dos semanas del sexto aniversario de gobierno de Bukele que, desde 1 de junio de 2024, ocupa la Presidencia en violación a la Constitución que prohíbe que los mandatos presidenciales duren más de cinco años. Cristosal, la organización en la que trabaja López, también denunció que en las últimas tres semanas ha habido un agravamiento de las hostilidades contra defensores de derechos humanos.
“Ahora una persona que critique, que salga a la calle, o que haga una denuncia, puede ser sujeto, no solo de persecución, sino también que le lleven los militares o que haya represión, como sucedió con la Cooperativa El Bosque”, dijo Abraham Ábrego, de Cristosal. “Este es un mensaje del Gobierno, de que está dispuesto a reprimir, a violar derechos humanos, lo está reconociendo”, aseguró. Cristosal también ha enfrentado de primera mano un aumento en la presión de parte del Gobierno. Noah Bullock, director de la organización, recordó que en diciembre denunciaron una detención temporal irregular de un colaborador de la organización, y el allanamiento en la casa de una periodista que trabajaba con ellos en un programa de radio. También que en abril, policías entraron a las oficinas de la organización durante una conferencia de prensa y tomaron fotografía de los vehículos estacionados.
“Quieren que la gente se calle y quieren mandar un mensaje de que quienes pretendan participar en la vida política, económica, social y cultural de manera no alineada con el Gobierno no será tolerado, que habrá represalias contra ellos”, dijo Bullock. “Defender los derechos humanos no es un delito, exigimos la libertad inmediata de Ruth”, dijo Ábrego.