En agosto de 2020, Osiris Luna Meza –viceministro de Seguridad Pública y director general de Centros Penales– consiguió una cita para reunirse con varios funcionarios de Estados Unidos. Lo esperaba una pequeña delegación donde estaban representados el FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional.
El encuentro no ocurrió en el interior de la Embajada estadounidense en San Salvador, sino en la sede del Grupo Conjunto de Inteligencia Fronteriza (GCIF), un discreto local en la Colonia San Benito, donde se cruza inteligencia proveniente de distintos países, financiado por Estados Unidos y donde representantes de ese país tenían presencia permanente.
Uno de los funcionarios estadounidenses –experto en temas de seguridad, vinculado a la investigación de pandillas y a sus nexos políticos– que estuvo en aquella reunión relató a El Faro pormenores de esa juntura: “Nosotros propusimos ese lugar porque Osiris no quería llegar a la Embajada, porque ahí siempre hay que pasar por muchos controles y además es obvio cuando alguien llega. Él no quería que lo vieran llegando a la Embajada. En cambio, en esa oficina era más o menos normal su presencia, porque era el viceministro de Seguridad”.
En aquel momento, el gobierno salvadoreño presumía de la sólida y sostenida disminución de los homicidios que tuvo lugar desde la llegada de Bukele al poder y la atribuía al plan “Control Territorial”, que había sido declarado secreto. Desde el oficialismo se enarbolaba un discurso de mano dura contra las pandillas y no se había hecho público ningún indicio de los pactos entre las autoridades y las pandillas. Con el tiempo se conocería la profundidad de esos pactos en artículos publicados por este periódico y recogidos además en abundantes documentos judiciales de la fiscalía estadounidense.
En la reunión, además de la fuente, se encontraba el agente Luis Rosas, del FBI; Charles Walsh, del Departamento de Justicia, y Carlos Ortiz, agregado del Departamento de Seguridad Nacional, y escucharon lo que el funcionario salvadoreño tenía que decir: en resumen, Luna dijo que él había sido forzado por el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, y por Mario Durán, quien entonces era ministro de Gobernación y quien actualmente es alcalde de San Salvador Centro, a ser cómplice del andamiaje logístico del pacto del Gobierno de Nayib Bukele con las pandillas.
“Creo que le dio miedo y llegó a decir ‘yo no soy el de las negociaciones, sino que es Carlos Marroquín y Mario Durán´”, comentó la fuente. “Él estaba molesto porque ellos le pasaban por encima y cuando él se oponía, ellos le decían que venían de parte del jefe”, agregó.
Los acercamientos de Bukele con las pandillas se remontan a 2014, cuando era candidato a alcalde de San Salvador. Bukele ganó esas elecciones y en 2015 asumió la Alcaldía capitalina. Ese mismo año, la Policía y la Fiscalía llevaban a cabo una extensa investigación contra la Mara Salvatrucha-13, conocida como “Operación Jaque” y, al darle seguimiento a uno de los líderes de esa pandilla, lo persiguieron en secreto hasta una Pizza Hut, donde se reunió con dos empleados municipales: Mario Durán, que era síndico de la Alcaldía, y Carlos Marroquín, que dirigía la oficina de reconstrucción del tejido social de la municipalidad. La Policía los fotografió y luego detuvo a ambos funcionarios para poder identificarlos.Bukele mantuvo el acuerdo con las pandillas durante toda su gestión como alcalde y lo renovó una vez que llegó a la Presidencia de la República. Para que estructuras tan grandes –unos 70 mil miembros entre las tres principales pandillas, según las autoridades salvadoreñas– y tan extensamente distribuidas por el territorio nacional, se alinearan al acuerdo era imprescindible que los máximos líderes recluidos en las cárceles de máxima seguridad dieran su aval. Para ello, los operadores del pacto necesitaban que Luna autorizara la entrada de líderes pandilleros en libertad a las prisiones, para sostener reuniones con su dirigencia encarcelada.Luna debía garantizar el ingreso de estos pandilleros sin que pasaran por los controles de seguridad y sin que se identificaran. Todas las versiones recabadas por este periódico, tanto de fuentes documentales, funcionarios de centros penales, como testimonios de pandilleros que ingresaron a las cárceles, aseguran que Luna no ingresaba a los salones donde ocurrían esas reuniones, sino que permanecía afuera cerciorándose de que los pandilleros no fueran interrumpidos por los custodios penitenciarios.
“Él nos aseguró que él sí quería registrar (los ingresos de pandilleros a las prisiones), pero que los demás no lo dejaron… Eso te habla del nivel de idiota que es, porque Osiris no se quería chingar a Bukele, sino a Marroquín y Mario Durán, pero claro que terminaba embarrando a Bukele”, dice la fuente.
Luna pidió a los funcionarios estadounidenses asilo en Estados Unidos junto con su madre, su novia y su hija, pero frenó su entusiasmo cuando supo las condiciones a las que estos beneficios estaban atados: “Le dijimos que no podíamos ayudarle si estaba metido en cosas ilegítimas, porque ya en aquel momento tenía fama de corrupto, y le dijimos: ‘te podemos sacar mañana, pero esto es lo que va a pasar: vas a tener que testificar ante un juez’, y a él eso le dio miedo, porque él no quería clavarle el puñal por la espalda a Bukele”, asegura el exdiplomático estadounidense.
No sólo los funcionarios estadounidenses tenían perfilado al viceministro como alguien corrupto, sino también la Subdirección de Inteligencia Policial del Gobierno de Bukele, una unidad que en abril de 2020 (cuatro meses antes de la reunión con los norteamericanos) lo perfiló en documentos oficiales, como “operador en el negocio de las drogas” de otro político: Guillermo Gallegos, líder del partido GANA, en el que Luna se inició en la política y el que sirvió de plataforma partidaria para que Bukele compitiera por la Presidencia en 2019. En junio de 2021, Estados Unidos formalizó sus sospechas de que el viceministro era un político sucio, cuando el Departamento de Estado lo incluyó en la temida lista Engel, que sanciona a actores corruptos; meses después remató su opinión sobre Luna incluyéndolo también en la lista Magnitsky, emitida por el Departamento del Tesoro, que lo sancionaba por haber facilitado el pacto entre el Gobierno salvadoreño y la Mara Salvatrucha-13, considerada por EE.UU. como una organización terrorista. Las sanciones contra Luna se mantienen al momento de la publicación de esta nota, pese a las buenas relaciones de Bukele con el presidente Donald Trump. Después de sus acercamientos con los agentes extranjeros, el prontuario de actos de corrupción del viceministro no paró de crecer: dos meses después de estos acercamientos, en plena pandemia, Luna y su madre, Alma Yanira Meza, se apropiaron y vendieron para su beneficio personal casi 43 mil sacos de alimentos y granos básicos, que debían ser utilizados para paliar el hambre de los salvadoreños más pobres y más afectados por el COVID-19. Para ello hicieron que reos trasegaran los víveres, desde los sacos con el logo oficial del Gobierno, a otros sin logos. Ese mismo 2020, la Fiscalía -que aún no era controlada por Bukele- había detectado que Luna gastó $278 mil dólares en pagos a supervisores fantasmas, o sea que se inventó plazas para poder apropiarse de los salarios que les correspondían. 2023 también fue un año intenso para Luna: en abril de ese año El Faro descubrió que una cuadrilla de reos había sido destinada para construir -sin ningún tipo de compensación económica o alimentos o agua- un rancho de playa propiedad de una socia de su madre. En julio se conoció que la mano derecha de Luna, Wilfredo Ostorga, fue capturado por la policía de Bukele por cobrar dinero a narcotraficantes a cambio de permitirles recibir visitas o alimentos o salir para tener estancias prolongadas en hospitales, sin padecer ninguna enfermedad.
Volviendo al acercamiento de Luna con los estadounidenses en agosto de 2020: aquella reunión fue un primer acercamiento y los funcionarios norteamericanos fueron perdiendo interés luego de que Luna se mostrara renuente a servir de testigo en una corte y además no acompañara su versión con pruebas sólidas.
Hubo una segunda reunión, según la fuente, esta vez en casa de uno de los funcionarios, a la que se sumó el agregado de asuntos políticos Matt Doore. En aquella ocasión, Luna intentó explorar otros caminos para cumplir su propósito –exponer a Marroquín y a Durán– y uno de los funcionarios le recomendó ponerse en contacto con medios de comunicación. Luna también rechazó esa posibilidad.
En esa segunda reunión, el viceministro de Seguridad llevaba otra petición: que los estadounidenses intervinieran a su favor para que Bukele lo nombrara embajador ante Estados Unidos, o para que le concediera algún cargo diplomático en ese país.
“Él pidió que nosotros lo recomendáramos para la Embajada en los Estados Unidos. Le dijimos: ‘Eso no funciona así’; y le dije: ‘tu otra opción es discretamente darle esa información a los medios’”, recuerda la fuente.
Después de esa reunión, Luna decidió probar su valía. Fuentes al interior de Centros Penales recuerdan que el director general solicitó todos los libros de novedades de las cárceles de máxima seguridad. Fotocopió varias páginas de los libros de novedades de las cárceles de máxima seguridad de Zacatecoluca y de la fase 3 del penal de Izalco, donde estaban recluidos los máximos líderes de las tres principales pandillas en El Salvador.
Esos libros sirven para llevar un registro minucioso de todo lo que ocurre en la prisión: desde la llegada de alimentos, la hora de entrada y salida de los funcionarios del recinto, hasta la extraña visita de unos hombres encapuchados que se negaron a identificarse y a pasar por las revisiones obligatorias y que llegaron acompañados del propio Luna, del director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, y del entonces subdirector de esa unidad, Dennis Salinas, quien actualmente es diputado de la bancada de Nuevas Ideas y miembro de la Comisión de Seguridad y Justicia.
Luna copió las páginas de los libros de novedades en las que aparecían estas visitas anómalas, incluso las que dejaban registro de su presencia y de sus órdenes para facilitar el ingreso de los encapuchados. También copió algunos informes de inteligencia penitenciaria en la que sus subalternos dejaban constancia de la existencia de un pacto entre las pandillas y el Gobierno de Nayib Bukele. En uno de esos informes, uno de los subalternos de Luna escribió: “El otro año vienen elecciones y como Barrio (o sea, como pandilla MS-13) vienen a apoyar a este partido nuevo”, refiriéndose al partido Nuevas Ideas y a las elecciones legislativas de 2021.
Sobre ese mismo asunto, otro de los informes de inteligencia elaborado por el inspector Jairo Solís en la fase 3 del penal de Izalco, asegura que un líder pandillero, conocido como White de Iberias, que entró encapuchado a esa cárcel en compañía de Osiris Luna, llevó un mensaje a los líderes recluidos en esa prisión: “…Ya fue, ya habló, y el Diablo y Snyder que como barrio (pandilla) el otro año vienen las elecciones y como barrio vienen apoyar este partido nuevo porque ellos nos van a ayudar a derrocar el artículo para obtener el privilegio y con el Diablo y Snyder se van a estar entendiendo con la suma de dinero…(sic)”. Diablo es Borromeo Enrique Enríquez y Snyder es Tiberio Ramírez Valladares, dos de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha-13, recluidos en el penal de Zacatecoluca. Según este documento -fotocopiado por Osiris- White de Iberias estaba trasladando una orden de la Ranfla Nacional: apoyar al partido fundado por Bukele. Luna también fotocopió algunas “wilas”, es decir, mensajes escritos en código, donde los líderes pandilleros daban instrucciones a sus soldados, en los que se evidenciaba el pacto con el Gobierno.
Armado con estos documentos, Luna volvió a acudir a los estadounidenses. Pero estos no les adjudicaron mayor relevancia, en gran medida porque muchos eran fotocopias de documentos escritos a mano. “Si no recuerdo mal, fue Charles Walsh (Departamento de Justicia) el que dijo: ‘Esto no nos sirve a nosotros para nada’, porque no entendían el futuro del caso y porque eran documentos escritos a mano que posiblemente no tenían forma de ser considerados en un juicio en Estados Unidos. Ni se le presentaron al embajador porque todo mundo pensó que eso era nada”, aseguró la fuente.
Sin embargo, este exfuncionario de la Embajada de los Estados Unidos ante El Salvador consideró “imposible” que los encuentros con Luna no quedaran consignados en algún reporte oficial dirigido al entonces embajador Ronald D. Johnson, quien ahora es el representante de su país ante México, tras el regreso de Trump a la Presidencia en enero de 2025. “Ese tipo de cosas (las reuniones con Luna) no pueden ocurrir sin que el embajador reciba al menos un (resumen) breve de que eso ocurrió”, pensó.
Para este reportaje, El Faro pidió entrevistas al embajador Johnson —a través de la Embajada en México— y al jefe de la misión diplomática en San Salvador, William Duncan, para que dieran a conocer la versión oficial de Estados Unidos sobre las reuniones. Este jueves 30 de julio, la Embajada anunció que Duncan se retira del Servicio Exterior. También se pidió la reacción, a través de la Embajada en El Salvador, de los representantes estadounidenses que se reunieron con el viceministro Luna. El Faro verificó que todos los funcionarios estadounidenses mencionados por la fuente estaban en funciones en El Salvador cuando ocurrió la reunión. Una vocera en México respondió que Johnson, por su parte, “está totalmente enfocado en los muchos asuntos apremiantes de la relación bilateral México-Estados Unidos, por lo que no está disponible para atender entrevistas”. La Embajada en San Salvador no contestó la solicitud para entrevistar al entonces embajador Duncan y contactar a los demás funcionarios.
Sin embargo, a cinco años de los ofrecimientos de Luna, y a pesar del silencio milimétrico de la administración Trump, todo indica que Johnson sí fue informado sobre estos intercambios, porque The New York Times tuvo acceso a un cable desclasificado, enviado desde la Embajada en El Salvador el 10 de septiembre de 2020, en el que se notificaba al primer gobierno de Trump que Luna había informado a agentes federales de un pacto entre el Gobierno de Bukele y las pandillas.Ante el desinterés del FBI, el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional, los documentos compilados por Luna y entregados a los funcionarios estadounidenses terminaron en manos de El Faro y fueron la base de la investigación que denunció acuerdos entre la MS-13 y el Gobierno de Bukele. En otras palabras: los documentos oficiales que sirvieron para revelar por primera vez los acuerdos entre el Gobierno de Bukele y la Mara Salvatrucha-13 fueron recogidos, fotocopiados y compilados por el viceministro Osiris Luna.
Pese a que en junio de este año, The New York Times hizo público el acercamiento del viceministro con los funcionarios extranjeros para denunciar los pactos del Gobierno con las pandillas, Bukele ha decidido, por el momento, mantenerlo en sus cargos oficiales.