“¡No me van a callar; un juicio público quiero! Que me concedan un juicio público, la gente merece saber. El que nada debe nada teme”. Eran los gritos de la abogada salvadoreña Ruth López frente a un numeroso grupo de periodistas que la esperaban a la entrada del Juzgado Décimo Segundo de Paz, en San Salvador, donde se realizó la audiencia inicial contra ella, el miércoles 4 de junio. López es acusada de enriquecimiento ilícito. Inicialmente, al momento de su captura hace dieciocho días, la Fiscalía informó vía X que había sido detenida por peculado.
La jefa de la Unidad Anticorrupción de Cristosal ingresó con un traje blanco y una biblia en sus manos, custodiada por agentes de la Policía Nacional Civil que abrieron camino entre jaloneos y empujones en los pasillos del Centro Judicial Isidro Menéndez. Al ser abordada por la prensa, en medio del alboroto ella alcanzó a decir: “Querían que viniera con traje”. Un periodista le preguntó: “¿La llevaron al Hospital Militar?”. Su respuesta: “¡No!”
El lunes 2 de junio, López fue presentada ante un juzgado, y su caso fue declarado bajo reserva total. Según manifestó ante medios de comunicación horas antes de la audiencia, uno de sus abogados, Pedro Cruz, dijo que la reserva total (del caso) se debe a que la Fiscalía tiene miedo. “¿A qué le temen? A haber hecho una acusación infundada, a haber hecho un requerimiento infundado. Le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional. Le temen a la defensa, por la superioridad evidente en materia técnica, ética y jurídica”, dijo.
Su arresto ha puesto en evidencia una de las escaladas autoritarias más notorias en el país en el último mes, al que también se suman las amenazas a periodistas, capturas a empresarios del transporte público y detenciones arbitrarias contra el abogado y un representante de una comunidad. “Este día se lleva a cabo Audiencia Inicial en contra de Ruth Eleonora López Alfaro, acusada de enriquecimiento ilícito” se leía en una publicación de la Fiscalía General de la República en su cuenta de X, en la que también solicitaron a la sede judicial que el caso pase a la siguiente etapa procesal.
Por su parte, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos WOLA, condenó la criminalización injustificada contra Ruth López, denunciando que la negación a un juicio público es una clara violación al debido proceso de la defensora de derechos humanos. Su directora para Centroamérica, Ana María Méndez, responsabilizó a la administración Biden por la captura de Ruth López y por el deterioro democrático en El Salvador. “Pudieron usar sus herramientas diplomáticas para detener la concentración del poder de Nayib Bukele, no lo hicieron”, escribió en su cuenta de X.
De igual forma, en horas de la mañana, previo al inicio del juicio, la a Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) hizo un señalamiento público dirigido a El Salvador: “Sobre las recientes detenciones de personas defensoras de Derechos Humanos, OACNUDH recuerda que cualquier restricción a la libertad previa al juicio debe estar basada en los criterios de estricta necesidad y proporcionalidad”.
Al finalizar la audiencia inicial, el Juzgado le otorgó a López detención provisional con fase de instrucción y fue enviada a un centro penal. Los fiscales que llevan el caso se retiraron de las instalaciones sin dar declaraciones a la prensa.
Cuando López salió escoltada por policías de la sala de audiencia exclamó a los medios: “¡En El Salvador no hay ninguna institución pública que garantice los derechos de los salvadoreños! ¡Soy inocente! Soy una presa política. Todas las acusaciones son por mi actividad jurídica. ¡Por mi denuncia de la corrupción de este Gobierno!”.
*Con reportes de Gabriela Cáceres