Cristosal documenta 245 casos de persecución política en El Salvador

La organización de derechos humanos Cristosal concluyó en un informe presentado este jueves que desde que Nayib Bukele gobierna en El Salvador al menos 245 personas han sido perseguidas por motivaciones políticas a causa de su disidencia respecto de los intereses del Gobierno. Se trata de la investigación más sustentada hasta la fecha del mecanismo de persecución contra voces disidentes de la administración Bukele.

El informe, presentado en Ciudad Guatemala, sostiene que en el 73 % de los casos (180 personas) ha sufrido algún tipo de criminalización hasta llegar a instancias judiciales. En la mayoría de estos casos se ha usado la ley penal para procesarlos en tribunales, pero hay registro de que también se ha usado la ley civil, la Ley de Ética Gubernamental, Ley de Rectificación y Respuesta y otras normas.

“En términos prácticos, siete de cada diez personas perseguidas por motivos políticos fueron criminalizadas. De ellas, 86 continúan detenidas y solo 7 han sido condenadas, en procesos que presentan patrones similares a los observados en países como Nicaragua y Venezuela”, dijo la organización.

En los casos que no han llegado a instancias judiciales, se habla de la existencia de un entramado donde se combinan estrategias de amedrentamiento, vigilancia, acoso y estigmatización ejercido por distintas instituciones y funcionarios. “El aparato estatal adapta las formas de persecución según el perfil de la persona perseguida”, dice el informe.

La investigación describe de manera detallada 20 casos ilustrativos y emblemáticos de persecución, entre los cuales hay sindicalistas, ambientalistas, periodistas, jueces, políticos de partidos de oposición, activistas de derechos humanos, académicos y exfuncionarios. Se identifica además la responsabilidad de instituciones como la Fiscalía General de la República, la Dirección de Centros Penales, así como la participación de funcionarios del oficialismo como los diputados e incluso personas particulares que, en ocasiones, han presentado recursos o demandas para afectar a las víctimas.

Siete de esos casos fueron documentados en un reportaje de El Faro publicado el 1 de julio de 2025. Otros de los casos incluyen al ambientalista Silverio Morales, la abogada Bertha María Deleón, la académica e investigadora Jeannette Aguilar, al exjefe de la oficina de Anticorrupción de la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), Wilson Sandoval, la periodista especializada en Medio Ambiente Carolina Amaya, y el excandidato a diputado Héctor Silva Hernández.

“Lejos de tratarse de hechos aislados, los casos documentados evidencian la existencia de una estrategia sostenida de represión política, que combina mecanismos penales, civiles, administrativos y extrajudiciales para silenciar la disidencia, castigar la crítica y neutralizar el pluralismo”, reza el documento.

De acuerdo a René Valiente, director de investigaciones de Cristosal, la mayor parte de las víctimas de la persecución estatal, el 60 %, son personas que deberían gozar de “protección especial” de acuerdo con instrumentos de derecho internacional debido a la labor social que realizan. Este es el caso de los defensores de derechos humanos, defensores de territorio, sindicalistas, etc.

La protección a la que se refiere responde a un reconocimiento explícito, tanto del Sistema Interamericano de la Organización de Estados Americanos (OEA) como del sistema de Naciones Unidas, de que estas personas desempeñan “funciones esenciales para la democracia, la justicia social y la garantía de derechos fundamentales”, y que por ello enfrentan riesgos específicos derivados de su labor.

“La intención es neutralizar su labor de defensa, acallar las voces que se oponen a la injusticia, e imponer el silencio como medio de control social, lo que busca el régimen es procurar su propia impunidad para violar los derechos de la población, por eso dirige su maquinaria con mayor crueldad en contra de quienes se dedican a proteger a otros”, dijo Valiente a El Faro.

Las personas perseguidas con protección internacional representan la mayoría de casos. Le siguen las personas opositoras, con 50 casos (20.4%), y las personas críticas al Gobierno, con 38 casos (15,5%).

El informe sostiene que, según el perfil de la persona perseguida, así es el nivel de presión que se ejercerá sobre ella. La persecución más hostil, dice la organización, se evidencia en casos de dirigentes políticos y exfuncionarios de gobiernos anteriores. El primer nivel de presión se ejerce mediante un acoso fuera del terreno judicial, luego escala a acciones judiciales no penales (leyes civiles como los de enriquecimiento ilícito, procedimientos en el Tribunal de Ética, traslados de sede judicial en el caso de jueces). Por último, el escalón más grave de castigo es la criminalización en tribunales.

“Estamos frente a un ecosistema de “(in)justicia” que ha abandonado su función de protección y defensa de los derechos de la población y se ha moldeado y reconfigurado para servir como instrumento de castigo y miedo. Si bien algunas de las formas democráticas se mantienen, pues hay unas instituciones que formalmente aún existen, tribunales, fiscales, defensores públicos, incluso la PDDH se han convertido algunas en meros cascarones vacíos”, agregó Valiente.

El documento explica que la condición previa para este tipo de persecución es la falta de independencia judicial y la cooptación de las instituciones que hacen contrapeso al Órgano Ejecutivo. El 1 de mayo de 2021, después de ganar la mayoría en la Asamblea Legislativa, el partido Nuevas Ideas de Bukele descabezó la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía General de la República y comenzó un proceso de reacomodos y traslados en la judicatura.

El estudio indica que los mayores con más hostigamiento penal fueron 2021 y 2024. En 2021, la mayoría de casos fueron impulsados por diputados de Nuevas Ideas, mediante avisos presentados ante la FGR. Luego, en 2024, los casos documentados corresponden a arrestos y allanamientos presuntamente arbitrarios contra personas con protección internacional especial. “Estas acciones parecen haber sido una respuesta al aumento de las manifestaciones sociales”.

En mayo de 2025, la Policía Nacional Civil impulsó una oleada de persecución contra voces opositoras y defensores de derechos humanos. Ese mes, 40 periodistas y una cantidad similar de activistas tuvieron que salir del país por temor a sufrir represalias. En los siguientes meses, cuatro organizaciones y dos medios de comunicación cerraron operaciones en el país y trasladaron sus personerías al extranjero.

El estudio también encontró numerosos casos de persecución vicaria, es decir, en la que un familiar del objetivo político se convierte en víctima de la represión. En nueve casos (3.6%) se utilizó este tipo de represión, dice Cristosal.