Tras el fracaso del alzamiento popular de 2021, en Cuba ocurrió el mayor éxodo en la historia reciente de ese país: más de un millón de cubanos salieron de la isla. Al llegar a Estados Unidos creyeron haber concluído su travesía y esperaban comenzar de cero en “la tierra de las oportunidades”. Pero ocurrió Donald Trump y muchos fueron deportados a un lugar que ya no era el mismo del que escaparon.

Cuba está sumergida en la oscuridad. La isla atraviesa una crisis eléctrica extrema durante 2026. Además de los cortes programados por el gobierno, se sumaron tres colapsos eléctricos completos en apenas nueve días. Un país entero, casi 10 millones de habitantes en la oscuridad. Desde inicios de 2026, cuando Donald Trump impuso una serie de medidas draconianas, que sancionan con dureza a cualquier empresa o Estado que venda combustible a Cuba, la crisis se ha profundizado hasta tocar fondo . Los apagones tienen un efecto que abarca todos los aspectos de la vida diaria: el acceso al agua, la refrigeración de alimentos, las comunicaciones, el transporte y la sanidad. También alimentan un creciente malestar social: los cortes de electricidad fueron la chispa que hizo estallar las protestas sin precedentes de 2021 y han provocado nuevas muestras de descontento en La Habana durante 2026.

Si uno aguza la mirada, si se deja de ver el mundo entero con sus monstruos y sus monstruosidades, la esperanza anda por ahí revoloteando, tímida, discreta.

En 2017, El Salvador llegó a convertirse en el único país del mundo que prohibió la minería metálica por los daños ambientales irreversibles que provocaría en los escasos 21 mil kilómetros cuadrados de su territorio. Con la llegada del régimen de Nayib Bukele, una familia de ambientalistas fue forzada al exilio en abril de 2025 por su oposición a la explotación minera que la Asamblea oficialista revivió en noviembre de 2024. El Estado salvadoreño empleó toda su fuerza contra ellos: acoso policial y militar, vigilancia permanente, persecución y hostigamiento en sus viviendas, hasta desplazarlos fuera del entorno que protegieron por décadas. En marzo de 2026, España reconoció que los defensores corren peligro de sufrir violencia por parte de las autoridades salvadoreñas, y también reconoció las amenazas que padecieron durante tres años y les otorgó asilo político.