El juicio de El Mozote pasa a la última etapa

Impune por cuarenta y cuatro años, la masacre de El Mozote, el operativo con mayor número de víctimas de toda la guerra salvadoreña (1980-1992), pasó a la última etapa del proceso penal. El juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera notificó que el caso entró a la fase plenaria, como se conocía anteriormente a la vista pública.

La resolución firmada por la jueza Mirtala Portillo se libró el 26 de noviembre de 2025 pero llegó a manos de las víctimas este 9 de diciembre, en vísperas del 44 aniversario de la masacre ocurrida entre el 10 y 13 de diciembre de 1981 en el caserío El Mozote y otras siete comunidades aledañas, en Morazán, al nororiente del país. En la operación militar fueron asesinados cerca de mil personas, la mayoría eran niños, niñas y adolescentes.

Diario El Mundo reporta que solo están vivos 13 de los oficiales militares acusados, incluido el exministro de Defensa, el general Guillermo García, y el general de la Fuerza Aérea, Juan Rafael Bustillo. Serán enjuiciados por once delitos, los más graves: asesinato, asesinato tentado, incendio, tortura, violación y coacción agravada, desaparición forzada y actos terrorismo.

La noticia ocurre al cierre de un año de persecución a personas defensoras de derechos humanos que llevó al exilio a Cristosal, una de las organizaciones que representan a las víctimas del caso.

David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal y abogado querellante del caso, dijo a El Faro que la elevación a plenario, además de poner fin la etapa de instrucción (investigación judicial), tiene relevancia histórica porque indica que un juzgado llegó a la convicción que existen elementos suficientes de prueba sobre los hechos como de la participación de los acusados.

“Lo vemos como una conquista de las víctimas en su larga lucha por tener acceso a la justicia. Los militares van a juicio por los delitos más graves y se acepta el criterio de su responsabilidad como autores que utilizaron su posición en la cadena de mando para cometer la masacre que estuvo autorizada por el Alto Mando de la Fuerza Armada”, dijo Morales.

La masacre fue perpetrada en diciembre de 1981, pero las víctimas presentaron una denuncia hasta 1990, con el país aún en guerra. Ese caso se cerró en 1993, con la aprobación de la ley de Amnistía, y fue reabierto en 2016, cuando la amnistía se declaró inconstitucional.

El período de instrucción se alargó durante nueve años. Esta etapa fue dirigida con fuerza por el juez Jorge Guzmán, quien enfrentó bloqueos y desafíos a sus resoluciones durante el gobierno de Nayib Bukele. En septiembre de 2021, fue uno de los jueces purgados por la ofensiva de Bukele contra el sistema de justicia y fue destituido.

Morales dijo que “en los casos de los delitos de asesinato, incendio y coacción el fallo se somete a la decisión de un jurado”, mientras que en los delitos de violación se tramitará ante el tribunal, sin jurado, mediante alegatos escritos, según lo establece el Código Procesal Penal de 1973, que se aplica en este caso. El juez Guzmán hizo avanzar el caso aplicando las reglas vigentes, pero su reemplazante, la jueza Portillo, revirtió a usar las reglas antiguas desde 2022. La querella también cuestionó a la jueza Portillo por demorar innecesariamente el proceso.

Un juicio politizado

El juicio llega a la etapa final tras un año marcado por la persecución contra organizaciones y personas defensoras de derechos humanos que ha llevado al cierre de operaciones y a exilios.

La primera gran ausencia del juicio es el propio juez Jorge Guzmán. Siete meses después de ser destituido en 2021, denunció hostigamientos en su casa. Su esposa, que era secretaria del Juzgado de lo Laboral de San Miguel, denunció que había sido despedida arbitrariamente en noviembre de 2022. Guzmán ahora está exiliado.

La segunda podría ser la del principal querellante, David Morales. Después de la captura de su jefa anticorrupción, Ruth López, Cristosal anunció su salida de El Salvador. En noviembre, el propio Morales, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el exilio de al menos 12 abogados de alto perfil que salieron del país en 2025 por temor a ser detenidos. Morales fue además uno de los investigadores originales que acompañaron a las víctimas a interponer la denuncia en 1990, cuando trabajaba en Tutela Legal, bajo las órdenes de María Julia Hernández, una histórica defensora de derechos humanos. Cristosal dijo a El Faro que Morales continúa acreditado como parte de la querella pero no hizo comentarios sobre su participación en esta etapa.

El juicio ha durado tanto que Cristosal reporta más de 140 víctimas fallecidas en ese periodo. Incluso Wilfredo Medrano, otro de los querellantes que estuvo en las audiencias desde el reinicio del caso en 2016, falleció en 2021.

Según el comunicado, Cristosal continuará acompañando el caso, aunque no detalló cómo participará del proceso desde el extranjero. “Nuestro compromiso con las víctimas sigue firme e instamos a que esta etapa decisiva del caso de la masacre de El Mozote sea respetada y se permita la aplicación de la justicia sin ningún tipo de instrumentalización o propaganda política desde los poderes del Estado”.

“Claro que esto ocurre en un momento complicado al haberse consolidado un régimen autoritario en El Salvador que ha socavado la independencia judicial y por eso no hay plenas garantías de justicia. Sin embargo, para los casos de los crímenes de guerra y de lesa humanidad del conflicto armado siempre ha sido así. Esta incertidumbre no es nueva, sino que ha sido una constante desde los años del proceso de paz”, dijo Morales al ser consultado por El Faro.

En diciembre de 2023, la jueza Portillo decidió por su cuenta formular una acusación contra el expresidente Alfredo Cristiani y otras nueve personas, la mayoría exdiputados directivos de la Asamblea Legislativa, entre estos, Rubén Zamora, crítico de Bukele. A todos los señaló sin pruebas de “encubrimiento personal” en favor de los militares. El Faro escribió un editorial que cuestionó el interés político detrás de la decisión de la jueza: “es una aberración judicial, una manipulación histórica y una traición a las víctimas de la masacre”. Cristosal confirmó a El Faro que tanto Cristiani, Zamora y el resto de acusados por este delito serán parte de este próximo juicio.

Este es el segundo juicio por crímenes de guerra que el general Guillermo García enfrenta en El Salvador. En junio de este año ya fue condenado por su autoría intelectual en el asesinato de los periodistas holandeses (1982).