El exprocurador Tobar, que calló ante los abusos del régimen, decidirá sobre las cadenas perpetuas

La tarde del 13 de mayo de 2026, José Apolonio Tobar Serrano fue nombrado magistrado de la recién creada Cámara de lo Criminal de Santa Ana. La Corte Suprema de Justicia se lo notificó mediante un "correograma", un correo electrónico que  la Secretaría General  de la Corte le envió para informarle que asumiría el cargo al día siguiente y "hasta nueva disposición".

El exprocurador de derechos humanos integra una Cámara que conocerá las apelaciones de la Fiscalía y la defensa, decidiendo en última instancia si se ratifican, modifican o revocan las condenas a cadena perpetua. Estas penas aplican para delitos de homicidio y violación, e incluyen el procesamiento de menores de edad desde los 12 años. La reforma fue aprobada el 17 de marzo de 2026, pocos días después de que expertos internacionales señalaran al Estado salvadoreño por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante el régimen de excepción.

El Faro habló con tres jueces del occidente del país, quienes ayudaron a reconstruir cómo la Corte ejecutó de nuevo la redistribución de jueces y magistrados para poner en marcha la nueva “jurisdicción de lo criminal”. Las tres fuentes aceptaron hablar bajo condición de anonimato, por temor a represalias o destituciones.  

El jueves 28 de marzo de 2026, este periódico contactó al magistrado Apolonio Tobar a través de su teléfono personal. Aunque respondió los mensajes enviados, no atendió la solicitud de entrevista. Posteriormente, El Faro llamó a la Cámara de lo Criminal de Santa Ana y se identificó como medio de comunicación para gestionar una entrevista. El secretario del despacho informó que Tobar se encontraba en una reunión y pidió que se llamara más tarde. Hasta el cierre de esta nota, no había respondido a la petición de entrevista.  

El traslado de Tobar a la nueva Cámara de lo Criminal ocurrió en silencio: sin convocatoria pública y sin que la Corte explicara los criterios que Tobar cumple para ejercer dicho cargo. Al igual que en otros expedientes documentados por El Faro, su designación esquivó el mandato de la Constitución, la cual exige de forma clara que los jueces y magistrados deben surgir de ternas evaluadas y propuestas por el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Estos procedimientos donde el bukelismo reordena el sistema judicial a antojo son ya recurrentes.

Para Tobar, ocupar un cargo saltándose los filtros de la ley no es una novedad. Este atajo institucional es, de hecho, el mismo mecanismo con el que fue acogido nuevamente en el sistema judicial el 17 de octubre de 2022, un día después de dejar su despacho como procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. 

La Corte utilizó esta misma fórmula nombrándolo de tajo magistrado de la Cámara Tercera de lo Penal en San Salvador,  un punto clave del sistema penal salvadoreño donde se concentran expedientes de mayor relevancia pública. Los magistrados revisan las resoluciones emitidas por jueces penales y deciden si se mantienen o se revierten. Previamente Tobar fue juez en materia mercantil y también juez propietario del Juzgado de lo Civil de San Vicente, según registros de la Corte Suprema de Justicia disponibles hasta el 16 de octubre de 2019.

El nombramiento de Tobar se suma a otros movimientos dentro del sistema judicial que han terminado colocando en cargos claves a funcionarios que participaron en decisiones importantes para el proyecto político de Bukele. Entre ellos están Dora Esmeralda Martínez de Barahona y Luis Guillermo Wellman, los exmagistrados del Tribunal Supremo Electoral que habilitaron la candidatura de reelección inconstitucional del presidente. 

Tras dejar el TSE en 2024, ambos fueron enviados a distintas cámaras judiciales. Martínez fue nombrada magistrada en la Cámara de Menores en San Miguel y, tras la eliminación de las Cámaras de Menores para crear las Cámaras de lo Criminal, pasó automáticamente a ser la encargada de revisar condenas a cadena perpetua. Wellman fue enviado a la Cámara de lo Penal de Sonsonate.

En la redistribución judicial de 2026 también aparece el exfiscal adjunto Carlos Linares Ascencio, nombrado juez de sentencia en Santa Ana, apenas tres días después de haber dejado la Fiscalía, como lo dio a conocer este periódico hace un mes. 

El procurador que Bukele no quería

Apolonio Tobar asumió la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos el 16 de octubre de 2019, cuando Bukele no controlaba el órgano legislativo, y ante la desaprobación de su Presidencia. Ese día, la Asamblea Legislativa eligió a Tobar con 57 votos de ARENA, FMLN y PDC, pese a que horas antes Bukele había solicitado públicamente a los diputados que no votaran por Tobar.

“Como Jefe de Estado, hago un llamado a los diputados de la Asamblea a que NO VOTEN por José Apolonio Tobar”, escribió en la red social X , el 16 de octubre de 2019. El presidente Bukele argumentó que Tobar tenía expedientes abiertos en la Fiscalía y que “no estaba apto” para dirigir la institución encargada de vigilar violaciones a derechos humanos. Aun así, la Asamblea lo nombró procurador esa misma noche.

En aquel momento, Tobar arrastraba investigaciones por falsedad ideológica y prevaricato en su etapa de juez, además de cuestionamientos por aparecer como donante del FMLN en registros del Ministerio de Hacienda de 2016.

En una entrevista con la revista GatoEncerrado Tobar intentó desmontar los señalamientos apelando a precisiones técnicas. “Cuando usted dice que tiene procesos en Fiscalía, eso está equivocado. Proceso es cuando llega a ser judicial”, respondió. Según explicó, lo que existía en su contra eran denuncias e investigaciones administrativas todavía en fase preliminar.

Sobre las donaciones al FMLN, Tobar reconoció haber autorizado descuentos mientras trabajó en la fracción legislativa de ese partido, aunque negó ser afiliado o financista. “No puedo decir que no autoricé ese dinero porque hay un registro oficial”, dijo. Luego minimizó el monto, más de 1,700 dólares, según Hacienda,  y aseguró que esos aportes formaban parte del funcionamiento interno de la oficina legislativa. 

Durante los primeros meses de la pandemia, la PDDH de Tobar todavía parecía dispuesta a incomodar al Gobierno de Bukele. Mientras policías y militares detenían personas por violar la cuarentena y el Ejecutivo encerraba a viajeros en centros de contención improvisados, la Procuraduría emitió resoluciones por abusos y restricciones arbitrarias a derechos humanos. Con el tiempo, organizaciones humanitarias también documentaron contagios y muertes dentro de algunos de esos centros.

Tobar pasó de ser un funcionario vigilante a un abierto defensor de la narrativa oficial cuando la Asamblea implementó el régimen de excepción en marzo de 2022. Entre junio y julio de 2022, la PDDH  difundió dos videos institucionales sobre recorridos en los penales de Mariona e Izalco. Las grabaciones mostraban pasillos limpios, privados de libertad recibiendo alimentos y autoridades penitenciarias guiando las inspecciones.

Durante esos recorridos, Tobar insistió en que las personas detenidas recibían alimentación suficiente, kits de higiene y atención médica. El único problema que reconoció públicamente fue el hacinamiento. En las imágenes también aparecían internos vestidos distinto al uniforme blanco utilizado por la mayoría de reos, lo que sugería que se trataba de privados de libertad en fase de confianza y no necesariamente de capturados bajo el régimen.

Las visitas no las realizó solo. Tobar apareció acompañado por el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como responsable de las denuncias de torturas, malos tratos y muertes bajo custodia que comenzaban a multiplicarse durante el régimen de excepción.

El 15 de agosto de 2022,  Apolonio Tobar  se presentó ante la Asamblea Legislativa para buscar su reelección como procurador. “Muchos me preguntan ahora: ¿Procurador y por qué no se ha resuelto ninguno de los expedientes que se han abierto durante el régimen de excepción?’ Porque la estructura burocrática de la institución no lo ha permitido”, según registró Diario El Mundo. Para entonces, la PDDH ya había recibido más de 3,100 denuncias relacionadas con las primeras prórrogas del régimen. La mayoría correspondía a detenciones arbitrarias. Tobar dijo que la institución debía “agotar las instancias” antes de determinar si existían violaciones a derechos humanos y llegó a considerar “lógica” la cantidad de denuncias debido a la suspensión de garantías constitucionales.En paralelo, el propio Tobar comenzó a cuestionar el papel histórico de la Procuraduría como institución de contrapeso frente al poder. Según dijo, la PDDH se había prestado durante años a “aspectos político partidarios”, incluso llegando a asumir “papeles de oposición a los gobiernos de turno”. “Estamos rompiendo ese esquema”, dijo. Sin embargo, el oficialismo decidió prescindir de él y la Asamblea impuso en su lugar a la exprocuradora Raquel Caballero de Guevara, que, al igual que Tobar, es aliada  del oficialismo en una etapa marcada por el mayor deterioro de derechos y libertades desde la posguerra.

Los primeros meses del régimen de excepción, cuando Tobar era procurador, son en los que más capturas injustificadas se realizaron y cuando más denuncias hubo de abusos e incluso asesinatos de reos a manos de custodios del Estado.

Los nuevos juzgados de lo criminal

Apolonio Tobar entregó un reconocimiento al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, principal encargado de implementar el régimen, durante una cumbre iberoamericana de derechos humanos organizada por la propia PDDH, en agosto de 2022. 

El 17 de marzo de 2026, el ministro Villatoro presentó a la Asamblea oficialista la reforma constitucional para permitir la cadena perpetua en El Salvador. Esta petición la hizo siete días después de que el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) denunciara ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) posibles crímenes de lesa humanidad en El Salvador en el contexto del régimen de excepción. Villatoro los acusó de representar: “la maldad, la pobreza y la inseguridad”.  Y agregó: “Sus argumentos ya no tienen ningún sentido de valor en nuestra sociedad (...) No les vamos a ceder ningún centímetro de soberanía”.Ese mismo día, la Asamblea oficialista aprobó, sin discusión y por trámite exprés, la propuesta impulsada por el Gobierno de Bukele, a pocos días de que el régimen de excepción cumpliera cuatro años de vigencia ininterrumpida, el 27 de marzo.

Una semana después, la Asamblea aprobó un paquete de reformas al Código Penal, la Ley Penal Juvenil, la Ley contra Actos de Terrorismo y la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, con el objetivo de habilitar la cadena perpetua. Y crearon los “Juzgados de lo Criminal”: 13 juzgados y cámaras que antes conocían procesos de menores y supervisaban el cumplimiento de sus condenas en San Salvador, Santa Ana y San Miguel fueron reconvertidos para integrar el nuevo andamiaje penal impulsado por el bukelismo.

Desde el 14 de mayo de 2026,  la Fiscalía podrá presentar directamente ante esos juzgados casos de homicidio, feminicidio, violación, violación agravada y violación. La reforma también incluye a menores de edad dentro de este sistema: adolescentes desde los 12 años pueden enfrentar condenas perpetuas revisables.

Los casos relacionados con agrupaciones ilícitas y organizaciones terroristas, incluyendo procesos vinculados al régimen de excepción y pandillas,  quedaron fuera de esta jurisdicción y seguirán siendo conocidos por los Tribunales contra el Crimen Organizado.