Las diez promesas notariadas con las que Bukele engañó a excombatientes y veteranos de guerra

Un candidato presidencial ofrece obras, proyectos o reformas, pero en octubre de 2018, cuando Nayib Bukele compitió por primera vez para la Presidencia de la República, dio un paso más y firmó un documento ante notario en el que se comprometió con los excombatientes y veteranos de guerra a construirles un hospital “con tecnología de punta” y organizar una Secretaría, adscrita a la Presidencia, para atender sus necesidades en los primeros cinco años de su gobierno. A cambio, aquellos que pelearon en la guerra se comprometieron a darle apoyo electoral. Casi ocho años después, aquellas promesas siguen siendo promesas y algunos líderes están encarcelados por reclamar el incumplimiento.

El compromiso fue firmado el 21 de octubre de 2018, cuatro meses antes de las elecciones presidenciales. El candidato Bukele se reunió con José Dilio Rosales Osorio, representante de los excombatientes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN); y con el sargento Rafael Aguillón Rivera, dirigente de los veteranos de la Fuerza Armada de El Salvador, para firmar un “acuerdo de participación política”. El testimonio de escritura pública fue elaborado ante el notario Víctor Jhoel Rodríguez Mejía, según una copia obtenida por El Faro.

La mañana del 14 de enero de 2026, El Faro llamó a Rosales Osorio, el dirigente de los excombatientes del FMLN que firmó el acuerdo de compromiso político con Bukele. Él confirmó que el sector que representa y el entonces candidato presidencial firmaron el documento tras la reunión del 21 de octubre de 2018, pero dijo que prefería no opinar más. “Ese bolado ya pasó. No estoy en condiciones de hablar. Ya eso es pasado, no quiero hablar nada de ese tema”, insistió.

El 27 y 28 de enero de 2026, El Faro llamó al Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), pero no atendieron las llamadas de este periódico. También se llamó al Secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria y a la Secretaria de comunicaciones de la Presidencia, Sofía Medina, pero no atendieron la solicitud de información. La Presidencia tiene una política de silencio ante las solitudes de información que este periódico hace.

Bukele les prometió que en su primer día de gobierno, el 1 de junio de 2019, crearía por decreto del Consejo de Ministros la Secretaría de Estado de Coordinación Social, una oficina adscrita a la Presidencia de la República, para generar políticas de atención integral para el sector. La creación de esa nueva dependencia gubernamental llevaba implícita otras cuatro promesas: otorgarle un presupuesto adecuado, elegir al secretario de entre unas ternas propuestas por el sector, autorizar al secretario para la contratación del personal idóneo y llevar las propuestas generadas por la nueva secretaría a la Asamblea Legislativa.

Cuando a los veteranos se les ofreció participación directa en la Secretaría, el sector había realizado varios cierres de calles y protestas para denunciar el abandono durante el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019).

El entonces candidato Bukele aprovechó ese desencanto y criticó a su antiguo partido sin mencionar, por supuesto, que durante seis años fue militante de ese partido, se codeó con la dirigencia y recibió $1.9 millones de Alba Petróleos, la empresa manejada por José Luis Merino, uno de los políticos de izquierda que canalizó la compra de combustibles a precio preferente con la Venezuela de Hugo Chávez. “En el FMLN queda mucha gente decente abajo, pero en la cúpula del FMLN, a esos que llamamos FMLN SA de CV o como les digo: Arena 2.0, esos no tienen nada que ver con la lucha del FMLN histórico (...) Nunca es tarde para darles el lugar que se merecen nuestros verdaderos y únicos héroes de esa guerra civil que tuvimos en los ochenta”, dijo durante una conferencia de prensa en la antigua Feria Internacional, minutos después del acto público en el que firmó el compromiso con los veteranos.

El ISTA y un hospital “de punta”

En El Salvador dos instituciones administraban los beneficios para las personas que combatieron durante la guerra: uno era el Fondo de Protección para los Veteranos y Excombatientes (FOPROLYD), creado en 1992 tras la firma de los Acuerdos de Paz; y el Instituto Administrador de los Beneficios de los Veteranos y Excombatientes (INABVE), una institución que inició operaciones en noviembre de 2015, durante la administración de Sánchez Cerén.

Hasta diciembre de 2022, los datos oficiales eran que FOPROLYD atendía a 19,218 beneficiarios; mientras que el INABVE a 11,334. Esto significa que un total de 30,552 veteranos y excombatientes recibieron algún beneficio del Estado como atención médica, capacitación y capital semilla para el montaje de micros y pequeñas empresas, parcelas agrícolas o créditos para viviendas. Durante más de tres décadas, organizaciones del sector exigieron incluir a miles de personas que no están registradas y mejorar la calidad de los servicios.

En ese contexto, en 2018, el candidato Bukele se comprometió a recibir una terna de propuestas para nombrar al presidente y vicepresidente del Instituto de Transformación Agraria (ISTA), institución clave para la transferencia de tierras, en especial las relacionadas con la reforma agraria. Los veteranos y excombatientes consideraban que la elección de funcionarios que representaban a su sector agilizaría trámites para la adjudicación de parcelas o de iniciativas productivas a cargo de esa institución. En junio de 2019, Bukele nombró a Óscar Enrique Guardado al frente del ISTA, sin tomar en cuenta el acuerdo notarial que firmó ocho meses antes.

Bukele también les prometió un hospital. No cualquier hospital. El documento notarial lo describe como uno “especializado con tecnología de punta”.

El hospital especializado es, hasta la fecha, una promesa escrita sobre un papel. Lejos de mejorar los beneficios relacionados con la salud, en los últimos años los veteranos y excombatientes han tenido retrocesos en esas atenciones; en especial, desde diciembre de 2022, cuando la Asamblea Legislativa, a propuesta del Gobierno de Bukele, aprobó el cierre y liquidación del FOPROLYD.

La reforma transfirió los $49.9 millones del presupuesto del FOPROLYD al INABVE. Los diputados de Nuevas Ideas, con mayoría absoluta en la Asamblea, justificaron que era necesario eliminar esa institución porque cumplía la misma función del INABVE. La centralización de funciones también tenía como objetivo ahorrar dinero público, dijeron los diputados. “Nunca más van a estar solos, amigos veteranos de guerra”, dijo Edgardo Mulato en la plenaria del 6 de junio de 2023, un mes antes de comprar junto a la diputada Alexia Rivas un apartamento con fondos del estatal Banco Hipotecario, por un monto de $252,100, según una investigación de Redacción Regional.

Aunque los diputados oficialistas prometían que la reforma mejoraría los beneficios, en la práctica significó un retroceso. El Faro conversó, por separado, con dos veteranos de la FAES y tres excombatientes del FMLN que califican la reforma de Bukele como un “retroceso” y una iniciativa “cruel” porque eliminó beneficios médicos y económicos en una etapa de la vida donde más necesitan la ayuda.

“Nos quitaron muchos beneficios porque si necesitábamos una prótesis ahí nos la daban (en el FOPROLYD). Si necesitábamos medicamento ahí nos lo daban y si no teníamos la posibilidad de ir al hospital nos llevaban en microbús. Es un gran retroceso porque no tenemos a dónde ir a explicar nuestras necesidades”, dice Rosalba Cartagena, excombatiente del FMLN que quedó lisiada en 1984, tras un combate en la zona del Cerrón Grande, en Chalatenango.

“También se nos ha quitado un bono que nos dan para diciembre, el aguinaldo. Eso nos lo han quitado. Eso nos beneficiaba bastante porque para nosotros de escasos recursos era una ayuda para comprar el pollo, digamos. Eso también ya desapareció, para nosotros ya no existe”, contó Cartagena.

La eliminación del aguinaldo también fue confirmada por dos veteranos de la Fuerza Armada, quienes hablaron con condición de no citar sus nombres. “El FOPROLYD te hacía un descuento, como un fondo de ahorro, que te lo daban al final de año. Era un monto pequeño, estamos hablando de unos 60 dólares que para un coronel que tiene una pensión de $2,500 no lo necesita, pero el campesino que está esperanzado a eso, ya es una ayuda. El bono y el aguinaldo lo quitaron”, dijo uno de los exmilitares, quien consideró que ante el recorte de estos beneficios muchos veteranos de la tercera edad han tenido que buscar trabajo en empresas de seguridad privada.

“A los lisiados nos chingó Bukele porque cuando estaba el FOPROLYD ayudaban a comprar medicina”, continúa explicando este exmilitar que quedó lisiado tras una emboscada en Cabañas, en junio de 1988. “Después de la pandemia (2020), me tuvieron que operar en el Hospital Militar porque sentía un dolor indescriptible, siempre por la lesión de la guerra. El FOPROLYD me ayudó con unos clavos que me pusieron, y me daban unas medias elásticas. Esa ayuda ya no la dan, vas al INABVE y te dicen que no, que no”.

Óscar Mejía, un excombatiente al que le cayó una esquirla en la cabeza durante la ofensiva de 1989, entre la zona de Mejicanos y Cuscatancingo, y que usa bastón para caminar, denuncia que la fusión del FOPROLYD con el INABVE eliminó el servicio de alojamiento para personas del interior del país que tenían la necesidad de dormir en la capital para asistir a sus citas médicas. Y hay otros casos más graves: excombatientes que dejaron de ser beneficiarios de la noche a la mañana por la pérdida de documentos tras la eliminación del FOPROLYD. “Tenemos un expediente donde nos dan atención médica. Hay personas que las excluyeron porque perdieron los expedientes del FOPROLYD. Varios compañeros y compañeras que van a preguntar y no aparece el expediente de ellos. Los mandan de allá para acá, es una forma de depurar.Entonces, para mí fue un retroceso”.

Eliminar el FOPROLYD fue negativo, tanto que hasta Guillermo Gallegos, exdiputado afín al oficialismo, presentó en noviembre de 2023 una pieza de correspondencia para revivir el FOPROLYD. “El actual instituto de bienestar para lisiados del conflicto armado les ha quitado muchas prestaciones, dejándolos en total abandono”, dijo Gallegos. Esa propuesta fue ignorada por los diputados de Nuevas Ideas.

Sin ningún hospital con tecnología de punta y sin el FOPROLYD, lo que le quedó a los veteranos y excombatientes fue la institución creada durante el Gobierno de Sánchez Cerén. A pesar de que ese ente tiene más presupuesto, también ha limitado los beneficios como un examen visual que hacían en la Universidad de El Salvador (UES) y la posterior entrega de lentes por parte de la empresa CV+, coinciden en señalar los dos exmilitares entrevistados por El Faro.

La directora de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador (Alges), Olga Serrano, considera que el INABVE no tiene la capacidad técnica para atender al doble de beneficiarios que tenía antes de la reforma; en especial porque la mayoría de los empleados de FOPROLYD fueron despedidos. Serrano advierte que la liquidación del FOPROLYD es una treta política, no un mecanismo para el gasto eficiente del dinero público. “Es como un mecanismo de borrar lo que significó los logros de la firma de los Acuerdos de Paz. Es como borrar la historia”.

El 16 de enero de 2026 se cumplieron 34 años de la firma de los Acuerdos de Paz. El Salvador pasó esta fecha sin conmemoraciones oficiales, y con un gobierno que los desconoce como base del sistema democrático, tras la guerra civil. “La guerra fue una farsa, mataron más de 75 mil personas entre los dos bandos, incluyendo los mil aquí en El Mozote, y fue una farsa”, dijo Bukele en diciembre de 2020, un político interesado en debilitar el proceso democrático en el país con la militarización y la cooptación de instituciones estatales.

Serrano lamenta que la decisión política de Bukele de eliminar el FOPROLYD sea un lastre para personas de la tercera edad, con pocas oportunidades en el mercado laboral salvadoreño.

“Una prótesis bajo rodilla, la más barata, vale $500. Las que son completas de toda la pierna andan entre los $1,500 y $2,000. Hasta hoy no hay un mecanismo establecido ni profesionales capaces de hacer bien las prótesis. No hay un mecanismo establecido para la entrega de medicamentos ni para otros programas de apoyos productivos. La situación más compleja que estamos viviendo es el tema de salud por las edades, por su discapacidad, por el tipo de vida que tenemos. Cerrar el fondo de lisiados fue lo más cruel que pudieron hacer con nosotros”, dijo Serrano.

El modelo Bukele: dividir y capturar

Los veteranos y excombatientes advirtieron el engaño de Bukele desde su primer año de Gobierno. Sin embargo, los líderes de ese sector tomaron caminos distintos ante el incumplimiento de los acuerdos firmados el 21 de octubre de 2018: mientras unos reiteraron en público sus demandas, otros guardaron silencio porque fueron nombrados como directivos del FOPROLYD y del INABVE, y algunos de sus familiares fueron contratados en instituciones estatales.

Rosales Osorio, el dirigente de los excombatientes que firmó el acuerdo con Bukele y que no quiso dar declaraciones a El Faro, mantuvo durante años una postura crítica. En agosto de 2021, por ejemplo, en una entrevista que concedió a El Diario de Hoy, dijo lo siguiente sobre el incumplimiento de las promesas de Bukele: “No creí que fuera mentiroso, mintió al sector”.

El sargento Aguillón Rivera, quien firmó el fallido acuerdo entre los veteranos y Bukele, defiende al oficialismo. “El INABVE si cumple, el problema es que hay muchos detractores que aunque estén recibiendo el beneficio, como es su naturaleza criticar y criticar, hacen ver que nunca han recibido nada”, asegura en un video que publicó en sus redes sociales, el 16 de enero de 2026.

La connivencia entre el dirigente de los veteranos y el Gobierno puede entenderse a la luz de los siguientes hechos: en los últimos cinco años, Aguillón Rivera ha sido directivo de FOPROLYD y presidente del INABVE. En enero de 2021, El Diario de Hoy reveló que el Gobierno descargó un furgón con 1,500 paquetes de alimentos en un local para veteranos que estaba pintado con los colores de Cambio Democrático, el partido político que inscribió a la hija del sargento como candidata a diputada por La Libertad. En esas mismas elecciones, Aguillón fue precandidato a diputado por Nuevas Ideas, mientras que la compañera de vida de su hijo fue contratada por el Gobierno en la Lotería Nacional.

Entre las críticas de Rosales Osorio y el silencio de Aguillón Rivera, las promesas del documento notarial siguen sin cumplirse. El acuerdo consigna que Bukele se comprometió a darles una pensión vitalicia, con incrementos previo análisis del equipo económico del Gobierno y la Secretaría de Estado de Coordinación Social, la cual nunca se creó. Además, firmaron un acuerdo para promover en la Asamblea Legislativa una indemnización y reformas a la Ley de Veteranos para establecer con “claridad beneficios y prestaciones”.

A las asociaciones de excombatientes y veteranos que insistieron en estas reivindicaciones, el Gobierno les aplicó la política del garrote.

“Comenzaron con una estrategia de negarles las credenciales a las asociaciones y organizaciones no gubernamentales donde estaba toda esta gente inconforme. Es la misma estrategia que han utilizado con los sindicatos que no se alinean con el Gobierno. Es una estrategia para neutralizar a las organizaciones y a las cabezas del movimiento social”, dice una fuente que trabaja con el sector de excombatientes y veteranos de guerra, quien pidió reserva de su nombre por miedo a que le apliquen el régimen de excepción.

Esta fuente contó el caso de José Ricardo González, un exsargento del Batallón Atlacatl que participó en la reunión con Bukele en la exFeria Internacional, en octubre de 2018. En el acuerdo de participación política, los veteranos se comprometieron a “trabajar intensamente”, tanto en el sector como en sus familias, para obtener votos a favor de Bukele y “garantizar el triunfo electoral en primera o segunda vuelta”. El candidato se comprometió a financiar esas actividades proselitistas, aunque el documento no detalla un monto concreto.

“González movió una gran cantidad de gente para el voto de Bukele”. Gracias a su aporte significativo en la campaña, dice la fuente, el veterano fue nombrado como directivo suplente del INABVE, puesto con el que se sentía inconforme, razón por la que continúo denunciando el incumplimiento de las promesas con su sector. “Él empezó a participar en diferentes movimientos y sabía que lo iban a capturar. Yo creo que la idea era neutralizarlo porque se les había vuelto un macho sin dueño”, dice esta persona que tuvo acceso a documentos oficiales del caso. La captura ocurrió en 2023, aunque la fuente no sabe precisar el día.

Un año después, a finales de mayo de 2024, horas antes de la juramentación inconstitucional de Bukele para un segundo período presidencial consecutivo, la Policía capturó a 11 excombatientes del FMLN por dos delitos: actos de terrorismo y actos terroristas cometidos con armas, artefactos o sustancias explosivas, agentes químicos, biológicos o radiológicos, armas de destrucción masiva o artículos similares. En las fotografías que difundió la Policía tras las detenciones se observan latas de gaseosas, unas libras de abono agrícola, unos tubos de papel higiénico y una especies de bombas caseras, como las utilizadas para hacer estallar propaganda en las marchas.

Entre los detenidos estaban José Atilio Montalvo Cordero, José Santos Melara Yanes y José Ismael Santos y otras ocho personas más, entre ellos cuatro veteranos de la FAES, algunos con puestos en la directiva del INABVE. Los detenidos eran miembros de la Alianza El Salvador en Paz, uno de los movimientos de la sociedad civil que en septiembre de 2021 participó en una de las manifestaciones más concurridas contra las políticas de Bukele.

“Sepan que con un Estado de Derecho fuerte no se juega. Tras la intervención de nuestra Policía Nacional Civil, hemos capturado a ocho sujetos de la “Brigada de Insurrección Salvadoreña”, que pretendían detonar objetos explosivos en diversos lugares e instituciones públicas de nuestro país”, escribió en su cuenta de X el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro.

Lo que el ministro Villatoro no escribió en su cuenta de X es que la base del caso es un informante sin rostro que a finales de mayo de 2024 “vivió la asombrosa casualidad de haber escuchado lo mismo en dos localidades separadas por 3,000 kilómetros de distancia: un día en un billar al norte de San Salvador, y otro día en un bar de Sinaloa, México, en mesas vecinas de personas que hablaban de causar terror el primero de junio de 2024”, según una investigación de Revista Factum.

La publicación detalla que la versión oficial del caso es tan inconsistente que entre los conspiradores incluyó a un hombre que ya tenía cuatro meses de fallecido cuando según el testigo sin rostro de la Policía se planearon los atentados.

El Faro también ha documentado que Montalvo y Melara son presos políticos. El concepto de preso político se aplica cuando la detención ocurre como represalia a las libertades fundamentales de las personas: la libertad de asociación. Los documentos policiales obtenidos por este periódico confirman seguimientos y elaboración de perfiles contra estos excombatientes desde meses antes de las capturas, cuando organizaban actividades para reivindicar sus derechos.

“¿Qué no les ofreció cuando (Bukele) era candidato? Y al final metió presos a los directivos por terrorismo. El caso es un montaje político para desmontar el movimiento de los veteranos”, insiste la fuente. Esta persona que trabaja con excombatientes y veteranos cuenta que tras la captura de Montalvo y los otros líderes, el sector quedó “partido y valiendo verga”. La mayoría ha dejado de participar en reuniones y en la organización de protestas como el cierre de calles por temor a ser capturados, inculpados por testigos fantasmas, y sin el respeto a sus derechos mínimos por el régimen de excepción.