La comunidad que lucha para que no construyan un basurero sobre sus muertos de la guerra

Debajo de la tierra de San Francisco Angulo, ha habido huesos humanos. Algunos de sus habitantes piensan que aún no los han desenterrado a todos aquellos a los que masacró el Ejército. En el poblado, ubicado en el municipio de Tecoluca, en la zona paracentral de El Salvador, existe un sitio conocido como Lomas de Angulo que hoy está en disputa. Informes oficiales y de organizaciones civiles lo catalogan como un lugar de alto valor histórico, debido a que fue escenario directo de la violencia del conflicto armado. Entre septiembre de 2005 y enero de 2006 se recuperaron 30 osamentas de una masacre cometida contra población civil. Casi dos décadas después, a finales de 2025, la empresa mexicana Cyeemsal inició la construcción de un relleno sanitario que la comunidad ha denunciado por múltiples irregularidades. En noviembre del año pasado, un extrabajador que laboraba en el proyecto se reunió con tres miembros de la comunidad para avisarles que había encontrado tumbas y huesos en Lomas de Angulo. Les mostró fotografías tomadas con su celular sobre los supuestos hallazgos que hizo. Las imágenes que les mostró son ambiguas y en ninguna de ellas se ve claramente un hueso. Sin embargo, desde que Cyeemsal irrumpió en la comunidad, las vidas de sus habitantes se han volcado a defender un territorio que reclaman por sus características históricas, por estar protegido bajo medidas cautelares y que, de contaminarse, podría además tener graves repercusiones a la salud y el medio ambiente.

Donde hubo masacres, huesos quedan

San Francisco Angulo, como otros pueblos rurales de El Salvador que fueron atravesados por la brutalidad del conflicto armado interno, tiene en su memoria su propia masacre. Se trata de una comunidad de aproximadamente 200 familias agricultoras. La mayoría ha vivido aquí durante varias generaciones. En el imaginario colectivo de sus lugareños existe una particular convicción histórica marcada por ese triste recuerdo, que actualmente está inmortalizado en un memorial con el nombre de 45 víctimas civiles que fueron asesinadas en un operativo paramilitar en 1981.

Según registros de investigaciones promotoras de derechos humanos, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el inactivo Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec —que contribuyó a hacer el memorial de las víctimas—, el 25 de julio de 1981, presuntos miembros del Destacamento Militar de Ingenieros de la Fuerza Armada (DMIFA) y otros paramilitares, perpetraron la masacre. La mayoría de víctimas fueron mujeres, personas ancianas, niños y niñas.

La primera vez que se hizo pública una denuncia alrededor de la masacre fue el 10 de septiembre de 1991, luego de que un testigo declaró ante la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en San Salvador que cinco unidades militares atacaron a las comunidades de diez poblados del municipio de Tecoluca.

Décadas después, en julio de 2005, familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales solicitaron a la Fiscalía General de la República realizar exhumaciones. Un informe de DPLF señala que se recuperaron 30 osamentas de las 45 víctimas asesinadas. Sin embargo el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca decidió no continuar con el proceso de exhumación, y tras casi cuarenta y cinco años el caso sigue impune.

La conversación en torno a la memoria histórica de San Francisco Angulo fue revivida en noviembre del año pasado, cuando la empresa mexicana Cyeemsal, con el aval de la Alcaldía de San Vicente Sur, controlada por el partido oficial y el apoyo de la Asociación de Municipios de los Nonualcos, empezó la construcción de un relleno sanitario que, además, ha creado un conflicto ambiental en la comunidad.

Un extrabajador de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), que renunció en diciembre del año pasado, a pocos meses de iniciar labores, organizó una reunión con el presidente de la Asociación Comunal, Félix Laínez; el coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, César Cañas; y René Alfaro, un jornalero que conoce bien el terreno, para notificarles que había encontrado al menos cuatro tumbas y tres osamentas en la zona donde la empresa realizaba la terracería.

El Faro logró contactar al extrabajador, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.

El extrabajador fue contratado en octubre de 2025 por Los Recolectores, el equipo de campo operativo de ANDRES, para una vacante de motorista de camión recolector, pero finalmente se le asignó laborar en el proyecto debido a sus antecedentes como mecánico y habilidades en la manipulación de maquinaria pesada. Fue entrevistado por dos ingenieros mexicanos a quienes identificó como Horacio y Carlos, y que junto a ellos se encontraban otros empresarios, también mexicanos, a quienes identificó como Ismael y José Luis.

Según información disponible en el Centro Nacional de Registros, y en las redes sociales de Cyeemsal, existen al menos dos representantes y un aliado de la empresa con esos nombres (José Luis Netzahualcóyotl Iniesta, presidente; Ismael Ordoñez Hernández, director; y Horacio Guerra, director general de Red Ambiental y aliado estratégico), sin embargo El Faro no ha podido verificar que sean las mismas personas a quienes se refiere el extrabajador en su relato.

El Faro contactó a Cyeemsal y a ANDRES para conocer sus posturas sobre esta historia y sus relaciones organizacionales, pero ni la empresa ni la autoridad del manejo de desechos respondieron los correos de este medio.

El extrabajador aseguró que una de las primeras tareas que se le encomendó fue preparar el terreno manualmente, cortando estacas y colocándolas como puntos indicadores en la zona donde se haría el relleno sanitario. Según su testimonio, en el cuarto día de trabajo encontró ocho inusuales cúmulos de roca y tierra en forma de triángulo, a los que tomó una fotografía con su celular, que compartió primero a René, Félix y César, y luego a este medio.

Tras el primer hallazgo, avisó al ingeniero Ismael y, según su versión, este le dijo que no hablara con ningún poblador sobre lo encontrado. Siguió haciendo la labor hasta que, una semana después, entró con la primera retroexcavadora al terreno y, mientras tapaba hoyos y abría senderos, dice haber encontrado una osamenta. En esa semana se unió al proyecto otro operador de máquinas al que él sólo conoció como Varón y que, afirma, también encontró huesos.

“Dejé la primera osamenta en el área donde la encontré. No la quería tocar porque el ingeniero Carlos me dijo que ahí la dejara, que solamente se le iba a hacer alguito y que no me preocupara. Pero luego me dio la orden de hacer un hoyo y me dijo: ‘sácalo despacito y lo vas a poner allá, y echale tierra’. Le pregunté si estaba de acuerdo y él me dijo ‘dale’. Entonces, yo despacito metí un cucharón en uno de esos cúmulos de tierra, y no tenía ni un metro de profundidad cuando empezaron a salir los primeros indicios: brazo, cráneo… y me puse nervioso. Entré en shock. Pero ingresé el cucharón nuevamente más abajo y vi que estaba otro, como que estaban apilados. Quizá había unos tres (cuerpos) enterrados ahí. Había mucho polvo óseo ahí. En esa área iban a poner las oficinas”, dijo.

El extrabajador cuenta que, al siguiente día, el ingeniero Horacio se presentó para decirle que debía ubicar esos huesos en una zona distinta. “Le dije que no lo iba a hacer, porque eso no forma parte de mis principios. ‘¿Por qué?’, me dijo. ‘¿Cuáles principios? Aquí el principio es la plata’, me dijo. Como tenía la máquina encendida, la apagué, me bajé y le di la llave”.

Tras esa confrontación con el ingeniero Horacio, el extrabajador, resignado, decidió retirarse en su motocicleta. Antes de irse, habló con René para que pudieran concretar una reunión en el parque de Tecoluca, junto a otros miembros de la directiva. Dijo que tenía algo importante que mostrarles. Esa reunión ocurrió a finales de noviembre de 2025, unos días antes de que interpusiera su renuncia formal en diciembre.

César Cañas, que además de ser coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra es concejal por el FMLN de la Alcaldía de San Vicente Sur, contó a El Faro que conoció al extrabajador luego de que estableciera contacto con René Alfaro para compartir sus hallazgos. Ambos, junto al presidente de la asociación comunal Félix Laínez, corroboraron haber asistido a esa reunión.

“Nos dijo que había sido operario de una retroexcavadora, y que a él lo obligaron a mover dos osamentas para enterrarlas en un hoyo. Entiendo que había buscado a una representante legal, y quería que le ayudáramos a pagarle a esa abogada para poner una denuncia, pero nosotros no teníamos tanto dinero”, dijo Félix.

Cuando el extrabajador habló con El Faro no dijo explícitamente que había movido las osamentas, pero sí compartió una fotografía intervenida con una flecha de plumón digital señalando un punto distante, detrás de una excavadora amarilla, con la leyenda: Aquí trasladé los cuerpos.

René afirma haber recibido el 24 de noviembre como evidencias las mismas fotografías que el extrabajador compartió a El Faro meses después. “Nos expresó su preocupación por haber removido las osamentas. Dijo haber encontrado los huesos cerca del árbol donde ahorita hay un rótulo que dice Propiedad Privada”.

Félix señala que, pese a las exhumaciones que tuvieron lugar en Lomas de Angulo entre 2005 y 2006, aún prevalecen dudas sobre la existencia de huesos subterráneos. “Como aquí toda la zona ha sido de masacres tras masacres, hay un montón de osamentas que no están visualizadas legalmente. Incluso hay personas que ni las conocemos, porque la Fuerza Armada también tiraba gente aquí en los operativos”, dice.

Las sospechas de las que habla el presidente de la Asociación Comunal, tienen eco en el testimonio de otro habitante de la comunidad aledaña Nuevo Amanecer. Un exguerrillero de seudónimo Robin confirmó a El Faro que Lomas de Angulo albergó durante la guerra un campamento comandado por la organización política-militar Frente Paracentral de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí.

Robin afirmó que en la zona fueron asesinados muchos combatientes. Algunos de ellos incluso, dice, fueron víctimas de los mismos comandantes guerrilleros. “Por cualquier error que un guerrillero cometía, en la noche lo desarmaban, lo vendaban y lo iban a ajusticiar. El castigo que recibían eran dos plomazos (balazos) en la frente y luego eran enterrados en fosas clandestinas”, dice.

Robin asegura que él mismo, en 1981, junto a otros cuatro excompañeros, por órdenes superiores, enterró en Lomas de Angulo a un guerrillero de seudónimo Efraín, que se suicidó a los treinta y ocho años. Un hombre, calcula Robin, de 1.60 metros, originario del cantón Las Pampas en Tecoluca.

Según Robin, Efraín acabó con su vida tres días después de haberse enterado de que un grupo de exterminio paramilitar asesinó a su familia: “Él, decepcionado, hizo uso de la consigna que el Ché Guevara nos había dado a todos los guerrilleros. Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Él ya no tenía una causa por qué pelear. No miraba futuro, porque su principal familia había fallecido. Se disparó con un fusil FAL de calibre 7,62 mm, de fabricación belga”.

Luego de aquella reunión con Félix, César y René, en la que se ofreció como eventual testigo ante una corte, y conseguir a una abogada a cambio de ayuda económica, el extrabajador desapareció. No regresó a la comunidad y no volvió a tener contacto con ninguno de sus miembros. Cuando El Faro lo localizó a mediados de febrero mediante una llamada telefónica, dijo que temía que la empresa Cyemsal o ANDRES lo estuviera buscando, y que por eso había empezado a trabajar en otra zona en el occidente del país. Tras algunas llamadas e intercambios de mensajes, el extrabajador dejó de responder. En marzo, César Cañas confirmó que el sujeto cambió de número telefónico por temor a estar siendo vigilado.

Relleno sanitario, otra vez

La comunidad ya se había enfrentado antes, en dos ocasiones, a proyectos para construir allí un relleno sanitario. En mayo del 2007, bajo iniciativa de la entonces agrupación municipal Microregión Los Nonualcos, se construyó uno en tres manzanas de terreno, que entró en funcionamiento en 2008, pero por presiones de la comunidad sólo duró nueve meses.

“En aquel tiempo se destapó un mosquero, proliferaron enfermedades y fue todo un desastre porque ese relleno se llenó rápido, así que presionamos para que lo cerraran, pero luego, años después, en 2017, la Asociación de Municipios de Los Nonualcos compró un terreno y quisieron ampliarlo con ayuda de una empresa alemana. La comunidad tenía la experiencia y le planteó todo a la Procuraduría de Derechos Humanos”, dice René Alfaro.

La Asociación de Municipios de Los Nonualcos fue constituida el 31 de julio de 2002 por 7 municipalidades del departamento de La Paz (San Pedro Masahuat, El Rosario, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y San Luis La Herradura) luego de los terremotos del 2001, como una iniciativa para abordar la crisis de forma conjunta. Actualmente su página web dice que la organización busca facilitar “el desarrollo económico, social y ambiental de la región”, y abarca quince distritos de El Salvador.

El 1 de marzo de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución de medidas cautelares que evitaba la construcción del relleno, alegando riesgos ambientales y el entorpecimiento de “diligencias de investigación fiscal sobre exhumaciones pendientes relacionadas a la masacre de San Francisco Angulo”, según el expediente SV-0064-2017, al que El Faro tuvo acceso.

“(...) El referido proyecto afectaría veinticuatro manzanas de bosque natural, la fauna silvestre; contaminaría el río Salamar que provee a los cantones de San Francisco Angulo, Canta Rana y Colonia El Milagro; generaría problemas de salud a ochenta y seis familias del lugar y; sobre todo, entorpecería la labor todavía pendiente de las autoridades del Estado en la recuperación de algunas osamentas de personas asesinadas durante el pasado conflicto armado”, dice el documento.

Tras las nuevas irrupciones por parte de Cyeemsal, desde finales del 2025, la comunidad se ha visto obligada a solicitar de nuevo el socorro de las instituciones del Estado salvadoreño y hacer acciones de protesta para evitar la construcción de un nuevo relleno sanitario.

Cyeemsal es una organización de capital mexicano que según Diario El Salvador, el periódico propagandístico del régimen de Bukele, “ha invertido más de $34 millones en El Salvador durante los últimos cuatro años”.

Información pública disponible en el Centro Nacional de Registro (CNR), dice que Cyeemsal es una empresa constituida en El Salvador el 15 de octubre de 2020, con un balance financiero inicial de $5,000. Según el documento de Constitución, en el nombramiento de la primera administración, figuran como administrador único propietario y su respectivo suplente la salvadoreña Guadalupe Iraheta Espinoza y el mexicano Ismael Ordoñez Hernández.

La documentación del registro público señala que Cyeemsal está compuesta por quinientas acciones. Los accionistas que figuran en el perfil de la sociedad, indican que son otras dos empresas las dueñas: Carrocerías y equipos del Estado de México, con 350 acciones, y Giambental S. A. de C. V., con 150. El último balance de la empresa, presentado en julio de 2025, muestra que su capital ha aumentado a $7,628,447.96. Un año antes, en junio de 2024 presentó un balance menor de $3,665,413.81.

Desde su primer balance presentado en el CNR, la empresa ha estado operando en El Salvador durante el Gobierno de Nayib Bukele.

Además de los documentos del registro público, información disponible en el sitio web del Consejo de Negocios México El Salvador, perfilan como presidente de Cyeemsal al empresario mexicano José Luis Netzahualcóyotl Iniesta, quien también ocupa el mismo cargo en Grupo CYEEMEX, un conglomerado empresarial especializado en la recolección y el tratamiento de deshechos. Netzahualcóyotl, junto a Ismael Ordoñez Hernández, son miembros de la mesa directiva de ese consejo de negocios. El periodismo salvadoreño ya había identificado relaciones entre Cyeemsal e instituciones y funcionarios públicos del bukelismo. En agosto de 2023, Revista Factum informó que la empresa había hecho negocios en el rubro de recolección de basura con al menos tres alcaldías gobernadas por el partido oficialista Nuevas Ideas: Soyapango, Mejicanos y Nuevo Cuscatlán. Además, su presidente, Netzahualcóyotl, junto al entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, José Manuel Dueñas y el abogado Ricardo Arturo Roque, quien estuvo implicado en una trama de corrupción en la Alcaldía de Soyapango, formaron una sociedad un año antes de esa publicación, el 3 de noviembre de 2022: Servicios Integrales Nuevo Cuscatlán, que se abrevia SINC, S.E.M., de C.V.

Pese al conflicto social y ambiental que la intervención de Cyeemsal ha generado en San Francisco Angulo en los últimos meses, Netzahualcóyotl afirmó en una entrevista publicada el 15 de enero por el diario de propaganda estatal, que la empresa se caracteriza por analizar “el contexto social, económico, demográfico y ambiental de cada zona para diseñar soluciones a la medida”.

“Son hallazgos de prueba de un crimen”

Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 los habitantes pusieron carteles con mensajes de rechazo al proyecto y organizaron vigilias para custodiar la entrada de la comunidad y el camino hacia Lomas de Angulo. El 9 de diciembre de 2025, Félix Laínez interpuso ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla una petición de nuevas medidas cautelares ante la reactivación del proyecto.

En el documento de la solicitud se expone que esta intervención puede generar destrucción de flora y fauna, incluyendo árboles centenarios, contaminación de los ríos aledaños y nacimientos de agua que forman parte de la cuenca media y del Estéreo de Jalapa, que ha sido catalogado por el Estado en el convenio de Ramsar como humedal de importancia internacional. Además, en el documento se menciona, de nuevo, que es un sitio de “alto valor histórico”, por la existencia de restos humanos dispersos, producto de masacres ocurridas durante el conflicto armado interno.

La PDDH, al emitir las medidas cautelares en 2018, se pronunció en el documento sobre las exhumaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2006:

“Se debe dejar claro, que si bien es cierto se culminó con las diligencias de exhumación autorizadas por el Juzgado Segundo de Paz de Tecoluca; no significa que la investigación esté concluida, y que ello implique que automáticamente se habilite (...) a proceder con la construcción; ya que esta Procuraduría ha sido enfática en señalar a las diferentes autoridades involucradas que, como parte del Estado tienen la obligación de hacer un análisis de las repercusiones que la implementación de un proyecto de esta naturaleza, en el cantón Tecoluca, representaría para la recuperación de la memoria histórica y dignificación de los familiares de las víctimas (...) lo cual es una obligación vigente para el Estado Salvadoreño, no postergable e inevitable (sic)”.

David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, quien acompañó en el proceso de petición de exhumaciones ante el Juzgado a los familiares de las 45 víctimas asesinadas en la guerra, señaló que si bien es cierto que en su momento se agotaron los sitios de exhumación que se habían identificado, por los antecedentes históricos de la zona —“una muy afectada por (...) varias masacres y ejecuciones extrajudiciales”—, es un sitio donde “potencialmente hay o pueden haber fosas con inhumaciones de víctimas, que si no se trabajaron en el momento, fue porque no se contaba con información específica… Esto integra una obligación de preservar pruebas e información y de realizar acciones de búsqueda e investigación que fueran pertinentes”.

“Si durante cualquier construcción o trabajo de obra pública se encuentran indicios de la existencia de una fosa, la obligación de las personas que tienen este hallazgo es dar aviso inmediato a las autoridades judiciales o fiscales, para que verifiquen, porque son hallazgos de prueba de un crimen”, dijo.

A propósito de las medidas cautelares antes mencionadas, Morales afirmó que “a fin de preservar evidencia, hubieran conducido a que cualquier obra contara con una supervisión de autoridades judiciales, fiscales y de la misma Procuraduría”. Y añadió: “Sí es una zona que probablemente tenga más sitios de inhumación que no fueron identificados antes, pero este tipo de abusos se ven favorecidos por un escenario de impunidad absoluta que el Estado salvadoreño sostiene en favor de los criminales de guerra”.

Morales también fue Procurador de Derechos Humanos entre 2013 y 2016. Estuvo involucrado en el proceso judicial de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños desde sus inicios. Fue uno de los investigadores originales que acompañaron a las víctimas a interponer la denuncia formal el 26 de octubre de 1990, cuando trabajaba en Tutela Legal del Arzobispado. Décadas después siguió relacionado al caso como abogado querellante.

Una comunidad campesina bajo acoso policial

En septiembre de 2025, representantes de la Alcaldía de San Vicente Sur y de ANDRES, convocaron a vecinos y líderes comunitarios a una reunión en la casa comunal, que queda a escasos metros del memorial de víctimas, para solicitar su ayuda podando maleza y cortando árboles, ante la iniciativa de pavimentación de la calle de tierra que conduce a Lomas de Angulo.

La comunidad aceptó y algunas familias pagaron para que colaboradores trabajaran. Al cabo de unos días, con una intención distinta, una excavadora y un tractor ingresaron al poblado. La maquinaria se dirigió a Lomas de Angulo, a 400 metros de las últimas casas que bordean el camino pedregoso que supuestamente iban a pavimentar, para emprender la tala de decenas de árboles centenarios y hacer la terracería para el relleno sanitario.

La maquinaria que ingresó ese día a la zona logró intervenir dos manzanas de terreno, provocando la modificación parcial del paisaje, convirtiendo a la arboleda en un descampado en donde se han clavado estacas que marcan el área donde se hará el agujero que albergará los desechos.

El extrabajador que afirma haber visto huesos asegura que él condujo las primeras dos excavadoras hasta el terreno.

“La comunidad fue engañada para que entrara la maquinaria”, sostiene César Cañas. “Este es un proyecto impuesto e inconsulto. En ningún momento hubo un acercamiento con la comunidad, ni una consulta pública. Mucho menos han presentado un estudio de impacto ambiental, donde la gente tiene derecho a saber cuáles van a ser los daños ambientales y sociales, y qué medidas se van a tomar para resarcir, pero eso nunca ha existido acá”.

Meses después de la primera irrupción, el 23 de diciembre a las diez de la noche, una bulldozer intentó ingresar para continuar con la terracería. Cuando una veintena de vecinos se percataron, salieron de sus casas a impedir que siguiera su camino. Ante la inmediata manifestación de los lugareños, la Policía intervino para que se firmara un acta en la que la comunidad se comprometía a resguardar la excavadora en la entrada del poblado, mientras se llevara a cabo un proceso de diálogo entre los promotores del proyecto y los líderes comunales, pero en el transcurso de los meses ese proceso se fue erosionando.

La mañana del 13 de febrero de 2026, representantes y trabajadores de Cyeemsal llegaron a San Francisco Angulo en una camioneta negra con vidrios polarizados. Ninguna de las personas se bajó del vehículo ni se dirigió a ningún miembro de la comunidad. En cambio, uno de los trabajadores intentó mover el bulldozer que en diciembre fue detenido, para que este pudiera ingresar hasta Lomas de Angulo, a pesar del acuerdo pactado.

La acción alertó a los vecinos, quienes grabaron con sus celulares para difundir en redes sociales lo ocurrido. “Nuevamente intentan ingresar maquinaria por la fuerza. La comunidad nuevamente está pidiendo los permisos requeridos, y ellos no presentan ningún tipo de permiso. Están haciendo todo de manera inconsulta”, denunció uno de sus miembros en un vídeo envíado a El Faro en el momento de los hechos.

“Nos están violentando nuestros derechos, a vivir en un ambiente sano y equilibrado. No han presentado ningún permiso medioambiental. ¡¿Dónde están los derechos humanos?!”, decía otra mujer en una transmisión. Y otra señora, con un megáfono, repetía una consigna al lado de la camioneta polarizada: “¡Alerta, alerta que camina, la lucha popular por las calles de Angulo!”

Ante la presión colectiva, el trabajador que conducía el bulldozer tuvo que bajarse y retirarse, pero días después, el 16 de febrero, más de noventa agentes policiales fuertemente armados irrumpieron alrededor de las 3 de la tarde junto a representantes de la empresa, para custodiar al bulldozer y hacerlo ingresar a la zona de terracería.

“Por acá van a pasar camiones con al menos 275 toneladas de basura a diario. Aunque este día entren de manera antidemocrática, de manera impuesta, de manera ilegal, nosotros vamos a continuar la lucha en las instancias nacionales e internacionales. No vamos a quitar el dedo del renglón hasta que saquemos ese relleno sanitario de San Francisco Angulo”, dice César Cañas en un vídeo difundido en redes sociales tras la irrupción policial.

Al día siguiente, el 17 de febrero, un grupo de habitantes de la comunidad acompañados por miembros del Movimiento por la Defensa de la Tierra y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular, interpusieron un aviso en el despacho de San Vicente de la Fiscalía General de la República (FGR), por el posible cometimiento de actos arbitrarios, según un comunicado que fue leído ante medios nacionales.

“Este sobredimensionado operativo, frente a una población que ha ejercido métodos de resistencia pacífica, escala la utilización del aparato coercitivo del Estado para favorecer intereses empresariales privados, en detrimento de los derechos humanos, ambientales y territoriales de las comunidades”, leyó el comunicado María Inés Dávila, docente de la Universidad de El Salvador, quien acompañó a la comunidad en el proceso de la denuncia.

“Cyeemsal, filial de la empresa mexicana CYEEMEX, ha actuado con evidente oportunismo al introducir maquinaria pesada en un territorio que cuenta con antecedentes históricos, ambientales y jurídicos sensibles y bajo medidas cautelares (...). El sitio intervenido es reconocido como un lugar donde reposan restos de personas asesinadas por la Fuerza Armada de El Salvador durante el conflicto armado, lo que convierte esta acción en una grave falta de respeto a la memoria histórica y a la dignidad de las víctimas”, dijo la académica.

El Movimiento Indigena para la Articulación de las Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA) también se pronunció ante el operativo policial en un comunicado divulgado en redes sociales: “Estamos indignados y solicitamos de manera urgente la intervención y el apoyo solidario y fraterno de parte de las organizaciones sociales, las comunidades cercanas y pedimos a las instituciones y a los Estados Internacionales para que nos acompañen en esta denuncia a favor de las comunidades afectadas”.

El 21 de enero, habitantes del poblado junto a miembros de organizaciones sociales interpusieron una demanda ante el Juzgado Ambiental de Santa Tecla, para la suspensión inmediata de las obras de terracería iniciadas en septiembre pasado, la imposición de las medidas cautelares solicitadas por Félix Laínez y la reparación ambiental causada por las obras. En una conferencia ofrecida a medios ese mismo día, Rafael Paz Narváez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico, denunció que se habían hecho amenazas de capturas contra quienes se opusieran al proyecto.

“Denunciamos esta falsa propuesta de negociación, acompañada de amenazas de captura”, dijo a los periodistas.

César Cañas dijo a El Faro que, a principios de enero, a través de una militante del partido FMLN que tiene relación con fuentes gubernamentales, fue advertido de que podrían haber repercusiones. “Recibí llamadas de que se pueden girar órdenes de captura contra las personas que están al frente de esta defensa”, contó.

Según Cañas, la Policía misma confirmó a la comunidad que las capturas podrían efectuarse “si no se accede a la negociación con la empresa”.

Félix Laínez también afirmó haber recibido en noviembre insinuaciones de demandas por parte de un gestor social de la responsabilidad empresarial y de un ingeniero de la empresa que no supo identificar, pero que se refería a Laínez como “el revoltoso”. “Me sentía bastante atolondrado por las amenazas. Como medida de seguridad, tuve que abandonar mi casa todas las noches por un mes y dormir en otro lado”.

En El Salvador ya ha habido casos de represión policial y judicial ante la resistencia comunitaria. El 12 de mayo de 2025 fueron detenidos en La Libertad cinco representantes de la cooperativa El Bosque, tras una protesta pacífica hecha a las afueras de Los Sueños, la colonia privada donde reside el presidente Nayib Bukele, para solicitarle su ayuda ante el riesgo de desalojo que la comunidad sufría por una trama de estafa y usurpación de tierras que atribuían a un hombre llamado Luis Palomo, quien fue el administrador de la cooperativa entre 2001 y 2007.

Otro caso emblemático fue el arresto en septiembre de 2023 de cinco líderes comunitarios de Santa Marta, Cabañas, que fueron acusados de privación de libertad y homicidio de una mujer en 1989, en un caso en el que su defensa siempre alegó falta de pruebas. Pedro Rivas, Antonio Pacheco, Alejandro Laínez, Saúl Rivas y Miguel Gámez, antes de su detención, fueron voceros de la denuncia colectiva de su comunidad ante los indicios de reactivación de minería metálica por parte del Gobierno salvadoreño.

Hasta la fecha ningún habitante de San Francisco Angulo ha sido capturado, pero la intimidación policial se hizo palpable desde el operativo del 16 de febrero. “Vinieron como si fuéramos unos grandes criminales. Pedimos una orden de operación, pero uno de los agentes policiales dijo que nosotros no éramos quiénes para andar pidiendo documentos, que sólo los mareros eran los que pedían. La gente se enojó y se hizo una gritolera, diciendo que no nos compararan con pandillas, porque nosotros sólo estábamos exigiendo el respeto de nuestros derechos”, contó Félix Laínez.

El diez de marzo de este año, el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentó en ciudad de Guatemala en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que concluye que existen bases razonables para creer que, en el marco del régimen de excepción, decretado por el bukelismo en marzo de 2022, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad.

En la sesión, en la que estuvo presente el Estado salvadoreño, participaron también representantes de organizaciones internacionales que acompañaron la elaboración del informe. Entre ellas estuvo Irene Cuéllar, investigadora para Centroamérica de Amnistía Internacional, quien alertó que el régimen ha propiciado la consolidación de “un patrón de restricciones del derecho a defender derechos humanos”. Mencionó que sólo en 2025 se registraron 55 casos de persecución y criminalización contra defensores de derechos humanos.

“Casos de criminalización como los de Ruth López, Fidel Zavala, otros líderes comunitarios, sindicalistas, personas defensoras del territorio y del medio ambiente, así como referentes de organizaciones sociales, muestran un patrón que trasciende situaciones individuales”, dijo Cuéllar.

En la misma audiencia también compareció Zaira Navas, jefa jurídica de Estado de Derecho y seguridad de Cristosal, quien dijo que los patrones descritos por Amnistía Internacional “tienen impactos concretos en quienes acompañan a comunidades frente a conflictos territoriales y socioambientales”. En su intervención, además de mencionar casos emblemáticos de criminalización, señaló como ejemplo el de San Francisco Angulo.

“El proyecto impulsado por la Asociación de Municipios Los Nonualcos, desde 2018, se pretende desarrollar en una zona de recarga hídrica con ecosistemas sensibles, lo que ha generado preocupación por los riesgos de deforestación y contaminación del agua. Además, el área tiene valor de memoria histórica, ya que está vinculada a hechos del conflicto armado. (...) En los últimos meses, la comunidad ha denunciado intimidaciones y riesgo de criminalización, especialmente contra quienes ejercen vocerías. También se reporta presencia permanente de las fuerzas de seguridad en la zona”, dijo Zaira Navas.

En esta audiencia también estuvo presente Félix Laínez, quien afirmó que, a pesar de haber buscado el apoyo institucional del Estado, la comunidad no ha obtenido respuestas. “Nos preocupa el despojo de nuestra tierra, la remoción de osamentas que están dentro de la zona y la contaminación del único río que nos queda, que es el Salamar. Por lo tanto nosotros no estamos de acuerdo, y se nos han sumado las (posibles) capturas de algunos miembros de la comunidad”, dijo ante la CIDH.

El conflicto ambiental

Las tres manzanas de terreno que se intervinieron en 2007 en Lomas de Angulo, actualmente conforman una llanura árida de calor sofocante, donde el viento sopla un olor amargo, los árboles son grises, sin hojas, con las ramas retorcidas, y la tierra pálida se agrieta a cada paso. Telas roídas, trozos de plástico, latas, zapatos abandonados, y un montón de desperdicios se aglomeran entre los huecos de las raíces que sobresalen del suelo.

En una de esas manzanas, a un kilómetro del acceso al sitio contaminado, se encuentra una fosa de lixiviados que fue diseñada en su momento para almacenar los residuos líquidos que se forman cuando la basura se desintegra y se fusiona con las aguas lluvias. La fosa todavía posee en su interior un estanque aceitoso de fluidos verdes y negros, que despide un hedor que es sólo atravesado por moscardones y libélulas que sobrevuelan sin tocar la superficie limosa. “A veces se pueden ver patitos nadando acá”, dijo René Alfaro mientras contemplaba el fondo del estanque, imaginando el contraste de la imagen: los patos nadando, casi arrastrándose, en la mugre.

El pasado 29 de enero El Faro realizó una visita que coincidió con una jornada de verificación en terreno, hecha por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y representantes de la empresa, como parte del acuerdo preliminar pactado antes de la irrupción policial. En ese encuentro, miembros de la comunidad expresaron a los representantes de la empresa sus preocupaciones.

Ahí habló Patrocinio Dubón, presidente de las Asociaciones de Juntas de Agua de la zona del Litoral: “Toda negociación es sobre la base que no queremos que nos vengan a depositar basura en nuestra comunidad. Yo no soy agitador político, soy ciudadano de Tecoluca y me voy a sentir afectado por mis nietos y mis tataranietos que vienen en camino, que son a quienes no les quiero dejar un ecosistema contaminado. Desde el límite de La Paz con Tecoluca, son más de 19 comunidades y 11 juntas de agua que están siendo administradas por los y las campesinas, y serán afectadas”, dijo.

Leonardo Cuéllar, quien en ese encuentro se presentó como gestor social de la responsabilidad social empresarial y representó la postura de Cyeemsal, señaló que un objetivo del proyecto es generar una comunidad económica que pueda ser de apoyo laboral para la región de Tecoluca. “Una de las tareas que se me ha encomendado es poder ofrecer a la comunidad, con el apoyo jurídico que puedan tener, la creación de una cooperativa comunitaria integral que pueda coexistir con la empresa privada”, dijo.

El Faro identificó la existencia de documentación extendida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a favor de la Asociación de Municipios de Los Nonualcos.

En una resolución emitida el 25 de marzo de 2021, el Ministerio asegura haber otorgado un permiso ambiental “de ubicación y construcción” en diciembre de 2017 a la agrupación municipal, representada en aquel momento por Elsa Antonia de Guevara de Melchor. Según el documento, para asegurar el cumplimiento del permiso ambiental, Los Nonualcos presentaron una fianza por un monto de $45,280.65, que sería pagado en un plazo de once meses.

La decisión del Ministerio ha sido cuestionada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que un año después de que se otorgó el permiso, emitió medidas cautelares a favor de la comunidad, alegando que esa institución pública “observó un trámite eminentemente formal, en el cual no se cumplieron todas las garantías del debido proceso y del cual se derivó que la resolución favorable a la ejecución del ‘Relleno Sanitario Los Nonualcos’, no se emitiera con un enfoque holístico de derechos”.

El Faro intentó contactar vía correo electrónico con Los Nonualcos, pero al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.

Cinco mapas y un desastre

En abril de 2023, académicos y estudiantes de la Universidad de El Salvador fueron invitados a una actividad hecha por liderazgos comunitarios de Tecoluca y cooperativas del Bajo Lempa, para abordar problemáticas socioambientales que en ese entonces ocurrían en la zona, como el impacto ecológico del cultivo industrial de caña de azúcar, o las implicaciones de las descargas de aguas contaminadas a causa de la construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la famosa cárcel que Bukele alquiló al Gobierno de Donald Trump para recluir venezolanos y salvadoreños deportados.

Posteriormente, en 2024, esta agrupación de académicos apoyó a San Francisco Angulo y otras comunidades aledañas a tener un censo actualizado y a hacer análisis en los cuerpos de agua para determinar indicios de contaminación. Fue en este acompañamiento técnico que María Inés Dávila, docente de la facultad multidisciplinaria Paracentral de la Universidad de El Salvador e integrante de la Red Interfacultades para la Investigación Social, entró en contacto con la comunidad.

Desde entonces, la profesora, junto a un equipo de académicos de la universidad pública, ha ayudado a San Francisco Angulo en el análisis de documentos legales y gestiones de investigación científica, para elaborar cinco mapas de riesgo e impacto ambiental, y generar informes que eventualmente puedan ser útiles para las instituciones del Estado que investiguen las demandas por contaminación.

Las investigaciones científicas elaboradas por el equipo académico al que pertenece Dávila apuntan a riesgos ambientales latentes debido a la recarga hídrica que existe en la zona.

“La comunidad está ubicada en las faldas del volcán de San Vicente. Este material volcánico facilita que los suelos sean porosos, actúen como una esponja y puedan filtrar el agua hacia el subsuelo, y de hecho el agua es muy superficial. El establecimiento de una actividad que involucre varios tipos de desechos de las diferentes municipalidades, más de 260 toneladas de basura, implica una contaminación alta para la zona acuífera, pero eso no se queda ahí. Este sistema hídrico está conectado con las comunidades que están en la zona más baja, que se abastecen de agua del subsuelo, y esto sí representa un peligro a la salud muy importante. Son cientos de familias las que pueden verse afectadas. Tal vez el proyecto puede empezar funcionando bien, pero al cabo de un tiempo, con la debilidad de la institucionalidad, la reglamentación no se va a cumplir”, explicó la académica a El Faro.

Dávila señala que la zona de Tecoluca es una de las que más agua de lluvia almacena en sus suelos, recibiendo una precipitación de hasta 1800 milímetros de agua al año. “Si se vierten los líquidos lixiviados en el suelo o si en los mismos desechos hay baterías o agrotóxicos, inevitablemente esto se va a infiltrar en el agua subterránea, y tendrá efectos negativos en la salud. Además, si quitan la cobertura vegetal con la tala de árboles, se va a reducir el área de infiltración de esta agua. También puede ocurrir una escorrentía superficial que a la larga puede derivar en inundaciones en la zona más baja”, dijo.

El Juzgado dio la razón a la empresa

El lunes 18 de mayo de 2026 se dio una audiencia de seguimiento del caso en el Juzgado Primero de Paz del Centro Judicial de Tecoluca, por la última denuncia que representantes de la comunidad hicieron en la Fiscalía en contra de Cyeemsal. Félix Laínez dijo a El Faro que la resolución fue a favor de la empresa, por lo que el juez decidió sobreseer la demanda: poner fin al proceso. “Prácticamente nos llamaron sólo para que fuéramos a escuchar. Dejaron libre de culpas a la empresa”.

A la audiencia acudió una comitiva de San Francisco Angulo en la que también estaban César Cañas y René Alfaro. A la salida del juzgado fueron abordados por un periodista de La Prensa Gráfica para conocer el resultado. “Consideramos que lo que hoy se ha dado en el juzgado es una burla para Tecoluca. Es una burla para San Francisco Angulo y para todo el país”, dijo César, en referencia a que, como concejal de la Alcaldía, él mismo ha visto cómo desde adentro, la municipalidad está a favor del proyecto. Y añadió: “Estamos analizando hacer una apelación, no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Vamos a utilizar las herramientas legales que hay a nuestra disposición, aunque sabemos que el sistema de justicia ahorita responde a la orden directa del presidente”.

René Alfaro denunció ante el periodista que el juez no dejó que la comitiva hablara durante la audiencia. “Están hablando de permisos que el Ministerio de Medio Ambiente les dio en 2017, lo cual fue para una propiedad, y hoy están talando y destruyendo otra área para la cual no han dado permiso. Además, hay que recordar que ese año la Procuraduría dio una resolución en donde hacía constar que en la zona habían osamentas humanas”, dijo.

Casi nueve meses después de la irrupción de Cyeemsal en San Francisco Angulo, y pese a las denuncias interpuestas en la Fiscalía por los pobladores, y la petición del cumplimiento de medidas cautelares a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, los tractores y las retroexcavadoras han continuado cavando el agujero donde serán depositadas las toneladas de basura. La construcción del proyecto sigue.

En la última comunicación que este medio tuvo con Félix Laínez, él dijo: “No hemos podido parar esto, pero nosotros continuamos siempre en la lucha, para ver si podemos hacer algo ahí porque no estamos vencidos. Vamos a continuar con el esfuerzo”.