Arévalo abre tercer año de Gobierno bajo estado de sitio y enfrentado con el Barrio 18
<p>Bernardo Arévalo ha declarado un estado de sitio mientras la oposición reclama un aumento de inseguridad durante el último año. Arévalo señala a “estructuras políticas” de organizar atentados junto con el Barrio 18, a quienes Guatemala y Estados Unidos designaron el año pasado como una organización terrorista internacional.</p>
Roman Gressier Yuliana Ramazzini Carlos Barrera
Este lunes 19 de enero, el Congreso de Guatemala ratificó por mayoría absoluta un estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo, tras tres de motines y el asesinato de nueve policías por el Barrio 18 este fin de semana que pusieron en relieve la creciente inseguridad en el país. El estado de sitio de Arévalo durará 30 días y permitirá a patrullas conjuntas de policías y militares realizar arrestos y allanamientos sin orden judicial. “No negociamos con criminales ni toleramos acciones terroristas”, afirmó Arévalo en cadena nacional el domingo por la noche, rodeado de sus ministros de Gobernación y Defensa.
El estado de sitio de Arévalo llega la semana que cumplió dos años en el poder, en medio de una férrea pugna por las cárceles. Por la mañana del domingo, miembros del Barrio 18 se alzaron simultáneamente en Renovación I, el Centro de Detención Preventiva de la Zona 18 y Fraijanes II y tomaron a decenas de rehenes entre los custodios penitenciarios. Arévalo relató que las autoridades retomaron el control sin matar a ningún privado de libertad pero que, como represalia, la pandilla asesinó en las calles de la capital a ocho agentes de la Policía Nacional Civil. Por la madrugada, murió un noveno policía en el hospital.
El lunes tras la declaración del estado de sitio, en un recorrido por los barrios de Zona 18 controlados por el Barrio 18 hasta el Centro Preventivo, la presencia policial era mínima. El único grupo de policías que patrullaba la zona advirtió a un grupo de fotoperiodistas: “No se acerquen mucho a nosotros, porque estamos bajo ataque y hay que tener cuidado”. El Centro Preventivo estaba custodiado por militares y un tanque acorazado con metralletas.
De vuelta al centro de la ciudad, en Zona 1, los militares y policías que no estaban en los barrios hicieron un fuerte despliegue en frente del Congreso de la República. Afuera, columnas de soldados y patrullas militares recorrían el cuadrante del edificio. Al interior, los diputados discutían la ratificación del estado de sitio. De los cinco mecanismos en la Constitución guatemalteca para atender crisis nacionales, este es el segundo renglón más grave después de un estado de guerra; y la Ley del Orden Público lo reserva para actos de terrorismo, sedición, violencia grave o amenazas a la constitución o seguridad del Estado.
La misma mañana del lunes, los cuerpos de siete de los nueve agentes de la Policía asesinados recibieron honores en la sede del Ministerio de Gobernación. Allí, un pasillo de policías y flores recibió siete ataúdes cubiertos con la bandera de Guatemala mientras sonaba la banda fúnebre. Los familiares, el presidente Arévalo, el ministro de Gobernación Marco Antonio Villeda y los altos mandos de la Policía rindieron homenaje. “No vamos a descansar ni escatimar recursos para castigar y encontrar a los responsables de estos crímenes”, dijo el presidente durante el acto, antes de entregar la bandera a los familiares.
Aunque el estado de sitio se ratificó con 149 votos a favor, algunos diputados de oposición responsabilizaron al Gobierno de Arévalo por la inseguridad en el país. Ronald Portillo, del partido Vamos, el movimiento del anterior presidente Alejandro Giammattei, dijo que Arévalo y los diputados afines “han mentido y siguen mintiendo” sobre la seguridad. Por el contrario, Boris España, otro miembro de la misma bancada, argumentó que la inseguridad no es culpa de Arévalo, sino de todo el Estado. El diputado Inés Castillo de la UNE, el partido de la excandidata presidencial y opositora Sandra Torres, afirmó que, aunque su bancada apoya el estado de sitio, el gobierno “no va a poder capturar a ningún terrorista”.
Al mismo tiempo, el diputado Samuel Pérez, de Raíces —una facción de Semilla, el cancelado partido de Gobierno—, propuso una moción para indemnizar a las familias de los policías asesinados. El dinero proviene del fondo del Congreso y equivale a 300 mil quetzales para los familiares de policías fallecidos y 100 mil quetzales para los policías heridos. “Se les entrega inmediatamente”, aseguró Pérez. “Con más de 140 votos, fue un tema de amplio consenso”.
Arévalo dice que su estado de sitio debe restringirse al “combate a la criminalidad organizada”, sin afectar “la vida cotidiana en sus actividades normales” ni el derecho a la movilidad. Arévalo “no habló de toques de queda ni de restricciones a la libre locomoción”, escribió en X el abogado constitucionalista Édgar Ortiz. “Tampoco anunció (la) suspensión de derechos políticos, algo que la ley permitiría en estado de sitio, pero no se aplicó”.
Creciente inseguridad
Bajo el Gobierno de Arévalo, Guatemala enfrenta una crisis de inseguridad. Los homicidios en 2025 alcanzaron una tasa de diez por día o 17.2 por cada 100,000 habitantes, según un análisis de datos hecho por Diálogos. Fue la tasa anual más alta desde antes de la pandemia.
Tras los motines y asesinatos de policías, la Municipalidad de Guatemala suspendió por el día sus actividades barriales como Pasos y Pedales, un espacio dominical de cierre de bulevares y caminatas al que asisten miles de personas cada semana. Arévalo también anuló las clases escolares a nivel nacional para el lunes 19 y declaró luto nacional durante tres días.
“Yo veo un Sistema Penitenciario manejado por los líderes de las estructuras criminales tradicionales de Guatemala, que tienen un nivel de empoderamiento por el abandono del Estado durante varios gobiernos”, dijo en ConCriterio Stu Velasco, ex subdirector de Investigación Penal de la Policía. Atribuyó la violencia carcelaria a una “lucha de narcotráfico y por diferentes delitos que le traen mucha rentabilidad en el territorio guatemalteco”.
En medio de los atentados, opositores políticos, como la Fundación Contra el Terrorismo, pidieron este domingo la renuncia de Arévalo. Múltiples contrincantes presidenciables también se posicionaron: la conservadora Zury Ríos respaldó el uso de la “fuerza legítima” contra las pandillas, mientras el empresario Carlos Pineda pidió militarización y “choque” contra las pandillas, para evitar un “estado fallido” provocado por decisiones de “la administración política”. Sandra Torres llamó por la tarde a un estado de excepción, acusando a Arévalo de “pasividad”, pero borró el tuit tras anunciarse el decreto.
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El oficialismo acusa a sus enemigos de un complot con las pandillas. Arévalo señala a “estructuras políticas desestabilizadoras” de orquestar el atentado del Barrio 18. “Las torres de corrupción e impunidad que por décadas han sostenido el crimen organizado están cayendo”, agregó. Desde el Congreso, el diputado Pérez, de Raíces, condenó al Ministerio Público de Consuelo Porras por no “incluir el delito de asesinato en contra de los terroristas que mataron a los policías” y por haber autorizado teletrabajo para sus empleados el lunes. También acusó a la bancada de la UNE, liderada por Sandra Torres, de ser “los verdaderos líderes de esta estructura terrorista”.
Pérez afirma que Torres lo ha demandado por difamación, junto con su colega de bancada Andrea Villagrán, por afirmar que la excandidata tiene vínculos familiares con el Barrio 18. Entre los capturados figura Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias “El Lobo”, cara visible y líder histórico del Barrio 18, al que las autoridades acusan de coordinar los tres motines del fin de semana. Según medios guatemaltecos como eP Investiga, Lobo está casado con la sobrina de Sandra Torres, María Marta Castañeda Torres. Castañeda fue sindicada en el caso por el asesinato en 2016 del exmilitar Byron Lima, que se había apoderado de las cárceles que lo alojaban en una batalla contra el Barrio 18 dentro del Sistema Penitenciario.
“A pesar de que nos estamos muriendo los guatemaltecos, desde todas las banderas políticas muchos mantenemos la rivalidad política y la lucha ideológica para aprovechar una crisis de esta envergadura (y) seguir en nuestra guerra de intereses”, lamentó el comisario Velasco.
Una crisis carcelaria
Para el Gobierno, las cárceles han sido un foco importante de confrontación con las pandillas. A inicios del año pasado, el Gobierno comenzó una serie de traslados de privados de libertad en una campaña para fragmentar las dirigencias de las pandillas entre distintas instalaciones. En Escuintla, remodelaron la cárcel El Infiernito y la inauguraron en noviembre de 2024 como el Centro de Detención de Máxima Seguridad Renovación I. En julio de 2025, movieron a una decena de cabecillas del Barrio 18 y la MS-13 a Renovación I. Esa cárcel fue uno de los tres recintos donde el Barrio 18 lanzó sus motines este fin de semana.
La toma de cárceles por parte de las pandillas se ha vuelto recurrente bajo el Gobierno de Arévalo. Solamente entre junio y agosto del año pasado, las pandillas lanzaron siete amotinamientos, estableciendo una práctica de tomar rehenes entre los custodios. Mataron a un policía en el mismo plazo. Meses después de reabrir Renovación I, los pandilleros destruyeron el circuito de cámaras, según Prensa Libre.
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Pero la profundidad de la crisis se reveló en octubre, forzando la renuncia del ministro de Gobernación Francisco Jiménez. El exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa reveló en redes sociales que 20 líderes del Barrio 18 se habían fugado de Fraijanes II dos meses atrás, sin que el Gobierno dijera nada al respecto en público. Foppa también acusó a líderes de la Policía y del Sistema Penitenciario de ayudarlos a escapar. Para la semana pasada, al menos 13 de estos líderes aún permanecían en libertad, a pesar de una recompensa de tres millones de quetzales —alrededor de $391,000 dólares— para información que llevara a su recaptura.
En su lugar, Arévalo nombró a Marco Antonio Villeda, un destacado juez antimafias y magistrado de apelaciones de Mayor Riesgo. La Corte Suprema de Justicia le permitió ausentarse de la judicatura hasta finales de abril para dirigir la cartera de Gobernación; Villeda dijo esta semana que pedirá una prórroga.
Endurecimiento regional
En los últimos meses, el endurecimiento de medidas contra las pandillas centroamericanas ha dominado los discursos regionales. En noviembre del año pasado, Arévalo firmó la Ley Antipandillas, aumentando las penas por extorsión, reclutamiento de menores y usura y designando al Barrio 18 y a la Mara Salvatrucha-13 como organizaciones terroristas.
Desde inicios de 2025, los Gobiernos de Arévalo y Donald Trump establecieron una relación de colaboración. El lunes por la tarde, la Embajada de Estados Unidos condenó los atentados del fin de semana. “Estos terroristas, quienes cooperen o estén vinculados con ellos, no tienen lugar en nuestro hemisferio”, escribieron. “Reafirmamos nuestro apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala para frenar la violencia”, agregaron.
En septiembre de 2025, la administración de Trump agregó al Barrio 18 a su lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO), en la que ya estaba la MS-13 desde enero. En noviembre, aterrizaron en Guatemala miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan, una iniciativa del Departamento de Justicia para destruir a las pandillas en cortes estadounidenses.
Fue una señal de prioridades cambiantes en Washington: al mismo tiempo, el Gobierno de Trump obstruía el juicio en Nueva York contra dirigentes salvadoreños de la MS-13, a petición de Nayib Bukele, para desestimar cargos y anular acuerdos de cooperación como testigos clave, descartando años de trabajo de Vulcan.
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Frente al hacinamiento de las cárceles guatemaltecas, Arévalo ha propuesto construir una “megacárcel” en Izabal exclusivamente para pandilleros, suscitando comparaciones con el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT) en El Salvador. Ha encargado el proyecto al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, con una “primera fase” de construcción que costará 450 millones de quetzales ($58.7 millones). Prometió inaugurarla en octubre de este año, pero la Corte de Constitucionalidad suspendió la entrada en vigor del presupuesto nacional en diciembre, citando irregularidades en su aprobación que todavía no han sido corregidas.
Mientras tanto, crece la presión sobre Arévalo, que prometió respetar los derechos humanos, para que implemente mano dura como Bukele en El Salvador. Este sábado, un día antes de los motines, Bukele publicó en su cuenta de X: “No puedes solucionar el crimen con educación y oportunidades. A los criminales solo les puede parar por la fuerza”. Elon Musk, dueño de la plataforma y exfuncionario del trumpismo, respondió: “Es verdad”.