La administración de Donald Trump pretende retirar en secreto los cargos contra líderes de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13) acusados de actos de terrorismo, a los que ordenó perseguir durante su primer gobierno y cuya captura era el objetivo prioritario de la Fuerza de Tarea Conjunta “Vulcan”.
Vulcan fue creada y anunciada con bombo por Trump en 2019, como una unidad especialmente diseñada para combatir a la MS-13, en la que convergen el Departamento de Seguridad Nacional, varias agencias federales y diez fiscalías, que operaron en cinco países. Uno de los resultados más promocionados de esta unidad fue la captura de nueve líderes de esa pandilla, todos salvadoreños, acusados de narco terrorismo, tráfico de personas, homicidios cometidos en Estados Unidos y de planificar el asesinato de un agente del FBI, entre otros delitos.
El Gobierno de los Estados Unidos, a través del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, John J. Durham, ya solicitó a la Corte Este de Nueva York el retiro de los cargos que pesaban contra dos de los nueve líderes de la MS-13: Antonio López Larios, alias Greñas, y Vladimir Antonio Arévalo Chávez, alias Vampiro. En ambos casos, el fiscal Durham argumentó ante la Corte que había consideraciones “geopolíticas” y de “seguridad nacional” más relevantes que hacer pagar a estos pandilleros por los crímenes de los que se les acusaba.
El fiscal Durham apeló a la Regla 48 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que establece que “el gobierno podrá, con autorización judicial, desestimar una acusación, información o denuncia” siempre que no vaya contra el interés público.
A Greñas le fueron retirados los cargos en marzo de 2025 y fue deportado de inmediato a El Salvador. En el caso de Vampiro, sus abogados libran una feroz batalla contra la Fiscalía para impedir su deportación a El Salvador. El fiscal Durham intentó que el retiro de los cargos y la expulsión de Vampiro se hicieran en secreto, argumentando que “la divulgación pública de esta moción antes de que finalice la operación podría perjudicar la relación del gobierno con un aliado extranjero”, refiriéndose al Gobierno salvadoreño presidido por Bukele.
La Fiscalía de Nueva York no explicó a la Corte qué consideraciones geopolíticas son las que habían primado en su criterio, ni tampoco cómo se perjudicarían las relaciones con El Salvador si la deportación de Vampiro se hacía pública. Al respecto, la embajadora salvadoreña ante Estados Unidos, Milena Mayorga, dijo públicamente en televisión, en febrero de 2025, que Bukele exigió un solo punto “de honor” al secretario de Estado Marco Rubio, durante las negociaciones en las que El Salvador aceptó recibir a venezolanos deportados de Estados Unidos: según la embajadora, Bukele habría dicho a Rubio: “Quiero que me mande a los cabecillas pandilleros que están en Estados Unidos”.
Además, de acuerdo con un reportaje de CNN, la negociación para recibir venezolanos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) fue realizada por el hermano del presidente Nayib Bukele, Ibrajim Bukele –sin ningún cargo oficial en el Gobierno salvadoreño–, a Michael Needham, jefe de gabinete del secretario de Estado, donde le ofreció recibir hasta 300 supuestos miembros del Tren de Aragua en el CECOT por un año, a cambio de 6 millones de dólares y dar un descuento del 50 % para el segundo año, si Trump devolvía a los nueve líderes de la MS-13 que Vulcan había capturado.
El Gobierno de Bukele sostuvo un pacto secreto con las tres principales pandillas que operaban en El Salvador, incluyendo a la MS-13, desde el inicio de su gestión. El acuerdo implicó que las pandillas movilizaran el voto a favor de Bukele, que intimidaran a los simpatizantes de otros partidos políticos para evitar que acudieran a las urnas y que redujeran los homicidios para que el Gobierno pudiera presumirlo como un logro propio. A cambio, el Gobierno se comprometió a mejorar las condiciones carcelarias de los pandilleros, a permitir visitas ilegales de pandilleros libres a sus líderes recluidos en cárceles de máxima seguridad, prolongadas estancias de los líderes encarcelados en hospitales privados, donde podían recibir visitas e incluso liberó a Elmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los máximos líderes de la MS-13, que tenía una condena pendiente de 40 años en El Salvador y que estaba solicitado en extradición por los Estados Unidos. Los agentes de Vulcan lograron capturar a Crook en Chiapas en noviembre de 2023, un año después de que fuera liberado de forma ilegal por el Gobierno de Bukele.
El Faro conversó con Daniel Brunner, un agente retirado del FBI y exintegrante del Grupo Vulcan, quien está convencido de que Vampiro será deportado a El Salvador tarde o temprano: “Eventualmente, Vampiro se va a ir”, dijo, y agregó, molesto: “Yo no estaría sorprendido de ver si esos mismos papeles que usted vio para Vampiro, haya papeles para Crook también. No estaría sorprendido ni un minuto. ¿Sabe qué? Yo estaría sorprendido si no están esos papeles”, dijo, vaticinando la deportación del hombre que es la prueba viviente de los pactos entre Bukele y la Mara Salvatrucha-13, por los que Estados Unidos ya ha sancionado a dos de los funcionarios del Gobierno de Bukele.
En uno de los escritos que la defensa de Vampiro envió a la Corte, su abogado argumenta que las deportaciones de los líderes pandilleros –entre ellos su defendido– buscan evitar que estos testifiquen ante una corte estadounidense sobre los pactos que sostuvieron con el Gobierno de Bukele y garantizarle así impunidad.
Estas acciones gubernamentales se dan en un contexto que parece ir en contra sentido luego de que el pasado 20 de febrero de 2025 el Departamento de Estado designara a la Mara Salvatrucha-13 como una Organización Terrorista Extranjera.
Vampiro
De acuerdo con el requerimiento fiscal CR22_429 en el que está acusado Vampiro, es señalado de haber sido un mando medio de la pandilla; de participar en negociaciones con el Gobierno salvadoreño y de haber llegado a México para consolidar el Programa México, una extensión de la MS-13 que buscaba consolidar los vínculos con los cárteles de la droga mexicanos.
Un antiguo pandillero de la MS-13 asentado en suelo mexicano sostiene que Vampiro ascendió en la jerarquía criminal de la pandilla hasta convertirse en integrante de la cúpula de la estructura, llamada Ranfla Nacional, gracias al respeto que imponía y a que la célula que dirigía generaba mucho dinero.
Otro antiguo compañero de pandilla asegura que Vampiro vivió en Celaya, Guanajuato, antes de su captura ocurrida el 22 de febrero de 2023. Inmediatamente después fue enviado a Estados Unidos por las autoridades mexicanas y formalmente capturado y recluido en una celda aislada del penal Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde se encuentra la mayoría de los otros líderes de la MS-13. Dos años después de su captura, en febrero de 2025, la Fiscalía solicitó la pena de muerte contra él.
Dos meses después, el 1 de abril de 2025, el fiscal John J. Durham, solicitó a la jueza del caso, Joan M. Azrack, mediante una carta bajo sello, desestimar la acusación de Vampiro, basándose en la Regla 48.
Dicha desestimación suele realizarse “sin perjuicio” para que se permita volver a acusar a la persona por el mismo delito. Sin embargo, el Tribunal puede decidir desestimar un caso “con perjuicio” para impedir una nueva acusación similar si considera que el fiscal actuó de “mala fe”.
La solicitud del fiscal, que resultó ser casi idéntica a la elaborada para removerle los cargos a Greñas quince días atrás, alegaba “consideraciones sensibles e importantes de política exterior” y “preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional de Estados Unidos” con el fin “que El Salvador pueda proceder primero con sus cargos penales contra el acusado bajo la ley salvadoreña”, según se lee en el documento número 155.
Durham solicitó que esa carta fuera puesta bajo reserva en función de la operatividad y seguridad de las personas involucradas en el traslado debido a que “la divulgación pública de esta moción antes de que finalice la operación podría perjudicar la relación del gobierno con un aliado extranjero”, tal y como lo había alegado antes con Greñas.
Al día siguiente, el 2 de abril, el abogado defensor Louis M. Freeman envió una carta confidencial pidiéndo a la jueza no decidir sobre la desestimación de cargos sin que Vampiro pudiera defenderse. Así que solicitó un plazo hasta el 9 de abril para dar una respuesta, argumentando que necesitaba reunirse con el pandillero en la Unidad Especial de Reclusión del penal, a la cual es difícil acceder, según consta en el documento 156. La jueza le concedió el tiempo y el abogado demandó que alguaciles y funcionarios del Buró de Prisiones no lo removieran del penal mientras se resolvía su caso, como lo consigna el documento 157.
El 9 de abril, según el documento 158, el abogado Freeman solicitó otra postergación para el 23 de abril, en un afán de prolongar los tiempos y evitar que el Gobierno de Trump actuara de inmediato contra Vampiro.
Al siguiente día, el fiscal Durham expresó su oposición al plazo, argumentando una vez más que la desestimación responde a motivos de “política exterior” y recordó a la jueza que solo en “raras ocasiones” se invalida una solicitud como esta y que el Tribunal no puede ordenar que un caso continúe una vez solicitada la desestimación. Además le señaló que no se requiere del consentimiento del acusado.
Freeman respondió ese mismo 10 de abril que la prorroga responde a dos razones. La primera, porque encuentra “inusual” y de “mala fe” que el Gobierno de Trump quiera desechar los cargos a Vampiro bajo el argumento de que debe ser procesado primero en El Salvador bajo un sistema judicial y carcelario conocido por violar derechos humanos y negar el debido proceso. Y, la segunda, porque Vampiro tiene el derecho de impugnar su deportación basándose en la Ley de Inmigración y Nacionalidad o amparándose en la Convención Contra la Tortura para no ser retornado.
En ese mismo documento, con número 160, el abogado recuerda que la Corte Suprema recientemente había suspendido el uso de la Alien Enemies Act o Ley de Enemigos Extranjeros como instrumento legal para deportar extranjeros sin el debido proceso. Sumó que pensaba preparar un habeas corpus para conocer la ubicación de Vampiro y asegurarse de que no lo deporten inmediatamente. Nuevamente la jueza le concedió prórroga.
En medio de esa batalla por plazos legales, la jueza le pidió Gobierno estadounidense y a la defensa de Vampiro que justificaran por qué deben estar bajo secreto los documentos y órdenes del Tribunal, y por qué cualquier presentación relacionada con el retiro de cargos no debe incluirse en el expediente público, ni celebrarse en audiencia pública. A lo que el fiscal explicó, una vez más, que eso respondía a preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional y que la divulgación temprana de los documentos podría tener un efecto peligroso y disruptivo en la seguridad operativa de los oficiales que trasladarían a Vampiro, según consta en el documento 165. El fiscal incluso alegó que si la documentación se difundiera antes de completarse la operación “podría perjudicar la relación del gobierno con un aliado extranjero”, refiriéndose al Gobierno salvadoreño.
Por su parte, la defensa del pandillero, a la que se había sumado el abogado Thomas H. Nooter, argumentó que la carta del fiscal “no explica con precisión” ni con “argumentos convincentes”, las preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional, ni da razón del porqué funcionarios estarían en peligro al revelarse los documentos, como lo señala el folio 166.
El 23 de abril se cumplió la prórroga solicitada por la defensa de Vampiro y la defensa envió una carta de 17 cuartillas solicitando una audiencia para que, de una vez por todas, el Gobierno de Trump dé “razones legítimas” y con “base fáctica” para sostener la desestimación de los cargos a Vampiro, pues deseaban saber si existía mala fe de parte del fiscal en su “urgencia” de retornarlo a un país donde no tendrá derechos constitucionales ni un juicio justo en los tribunales salvadoreños. Los defensores consideraron que el regreso ante ese panorama político-judicial en El Salvador “huele a mala fe y es precisamente el tipo de mal contra el que la cláusula de autorización judicial de la Regla 48 busca proteger”, escribieron. En esa carta, con número 167, los abogados presumen que las acciones del Gobierno estadounidense podrían no ser “realmente válidas” y plantean algunas dudas: ¿Cómo el Tribunal determinará si el gobierno actúa de mala fe o contrario al interés público si el gobierno no revela los motivos? ¿Cómo la Corte ejercerá su discreción basándose únicamente en la “escueta declaración” de razones geopolíticas y de seguridad nacional? Por último, pidieron a la jueza que si llegara a concederle al Gobierno el retiro de cargos lo haga “con perjuicio”, para impedir una nueva acusación similar. Ahí mismo le solicitaron retrasar siete días la orden final de desestimación para tramitar un habeas corpus que supervise su posible deportación. Los abogados concluyeron diciendo que desconocen si el Gobierno de Trump tiene la intención de regresarlo bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad o por la Ley de Enemigos Extranjeros, esta última prohibida por un juez federal el 1 de mayo de 2025 como instrumento para expulsar migrantes.
Una semana después, el 30 de abril, en el documento 171, el Gobierno estadounidense se opuso a las solicitudes realizadas por la defensa, sin mencionar cuál será el proceso migratorio con el que pretenden deportar a Vampiro. Ante esa respuesta, el abogado Hooter envió una nueva carta a la jueza, argumentando que Trump está tramando una maniobra legal “para ayudar a Bukele a suprimir la verdad sobre una negociación secreta con líderes de la MS-13” y escribe lo siguiente:
“Ahora parece, a través de informes de la prensa, que la razón por la que el Gobierno ha estado avanzando para desestimar las acusaciones contra presuntos miembros y líderes de la MS-13 es que existe algún tipo de acuerdo entre el Presidente de El Salvador y el Presidente de los Estados Unidos (o al menos su Administración) para devolver a estos presuntos miembros de la pandilla MS-13 a El Salvador a cambio de un acuerdo del Presidente Nayib Bukele de El Salvador para recibir y encarcelar a deportados estadounidenses de países distintos de El Salvador sin brindarles todos sus derechos al debido proceso. El informe muestra que existe evidencia de que Bukele, durante su campaña presidencial de 2019, bajo el lema "ley y orden" de controlar a la MS-13 y otras pandillas, participó en una negociación secreta con los líderes de las pandillas para que redujeran su nivel de violencia a cambio de varios beneficios (como condiciones de encarcelamiento menos estrictas para los miembros acusados de delitos en ese país y encarcelados), y que el conocimiento público de esta negociación secreta representa una carga política para Bukele, la cual pretendía silenciar al tomar el control de dichos líderes antes de que este hecho se hiciera público en juicios en Estados Unidos. De ser cierto, esto sugiere que no existe una intención real de someter a juicio a los presuntos líderes de las pandillas que tienen conocimiento de las negociaciones secretas”.
Una reciente investigación de ProPublica reveló que Bukele no sólo comenzó a ser investigado por autoridades estadounidenses por sus presuntas negociaciones con las pandillas, sino que sus colaboradores cercanos desviaron fondos otorgados por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a estos grupos a cambio de votos y de reducir el número de homicidios.
Hooter señaló en el documento 171, que el Gobierno de Trump había vuelto a actuar, por segunda ocasión (en referencia a la deportación previa de Greñas), de mala fe al limitarle a los pandilleros ejercer su derecho a un debido proceso judicial y escribió que “en realidad, las preocupaciones geopolíticas y de seguridad nacional parecen ser un esfuerzo del Gobierno para apoyar un acuerdo con El Salvador para ayudar a Bukele a suprimir la verdad sobre una negociación secreta que mantuvo con líderes de la MS-13 a cambio de que nuestro gobierno utilizara las cárceles de El Salvador, incluyendo la infame prisión antiterrorista CECOT, para la deportación de pandilleros sin brindarles el debido proceso legal”.
En ese mismo documento, el defensor de Vampiro solicitó a la jueza más de tres días para realizar el habeas corpus, pues no tienen garantías de queel pandillero vaya a ser transferido a un centro de detención migratoria como cualquier persona y como marca la ley.
El 22 y 29 de mayo, a través de los documentos 176 y 178, la jueza desclasificó todos los documentos expuestos en esta investigación. En estos documentos salieron a relucir un extracto de la Notificación Roja de la Interpol contra Vampiro, girada por El Salvador, y dos órdenes de captura realizadas por el Juzgado Especializado de Instrucción B, emitidas el 29 de mayo de 2018 y del Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado, del 6 de enero de 2025, en el cual aparece sentenciado a 39 años de prisión por dos delitos: agrupaciones ilícitas y por homicidio agravado contra Emerson Gabriel Sánchez Carrillo.
Llama la atención que la Fiscalía y la Policía salvadoreñas hayan cooperado con las autoridades estadounidenses luego de que por años los funcionarios salvadoreños han dificultado la entrega de información de pandilleros al Departamento de Justicia, como lo ha asegurado para esta investigación un colaborador del FBI.
La orden de arresto de 2025 proporcionada por el Gobierno Bukele, avivó el ánimo de los abogados, que el 13 de junio respondieron una vez más que se actuaba de “mala fe” y “con perjuicio”, al sostener que Vampiro “ya fue juzgado y condenado en ausencia” sin ser notificado para comparecer ante el tribunal y defenderse, y desconociendo por completo la sentencia.
En un documento de 19 cuartillas, bajo el folio 180, los abogados exponen varios reportes de organizaciones de derechos humanos, trabajos periodísticos y hasta informes oficiales del Gobierno estadounidense donde se denuncian los procesos judiciales, las torturas en el sistema penitenciario y los vínculos entre Bukele y Trump para recibir venezolanos a cambio de deportar a los pandilleros capturados por Vulcan.
Un ejemplo de ello es el Reporte de Derechos Humanos de El Salvador de 2023, realizado por el Departamento de Estado, donde los defensores subrayan que el propio informe señala que el Régimen de Excepción en materia de procedimientos judiciales “suspendió el derecho a ser informado con prontitud de los cargos y el derecho a la defensa”.
En ese documento solicitan más tiempo para continuar realizando el habeas corpus y concluyen que “la verdadera razón de la moción de desestimación de esta acusación, como en el caso de César López Larios, no tiene nada que ver con la justicia, ni para Estados Unidos ni para nuestro cliente, sino con la política”.
Diez días más tarde, el Gobierno contraatacó acusando a los abogados de “contaminar” con esos reportes el caso y de adelantarse a denunciar el proceso de deportación como un distractor para la Corte.
Durham escribe en la carta No 181 que, en caso de que Vampiro evitara la deportación y fuera liberado en Estados Unidos, eso significaría un “riesgo” para al país a menos de que el juez conceda desestimarle los cargos “sin perjuicio”, tal y como lo ha solicitado desde el origen.
El fiscal subraya que no actúa de “mala fe”, pues gracias al Gobierno la defensa conoció los cargos contra Vampiro en El Salvador e insiste que la Regla 48 permite la discrecionalidad para que ese país lo enjuicie en un proceso “independiente”.
“Como el Gobierno (de Estados Unidos) ha señalado previamente, El Salvador cuenta con un poder judicial y una Corte Suprema independientes, así como con un proceso de apelación, mediante el cual el acusado puede impugnar sus cargos y condenas”, escribió Durham haciendo caso omiso de la abundante evidencia de que en El Salvador es el presidente Nayib Bukele quien controla plenamente a la Corte Suprema de Justicia, a los juzgados que llevan los casos trascendentes y a la Fiscalía.
La carta denuncia que han pasado 10 semanas desde la solicitud y solicita sea improcedente otra prórroga de la defensa. Durham quiere que se retiren los cargos “lo antes posible”.
Al momento de esta publicación no se sabe cuál es el paradero de Vampiro y tampoco se ha podido ubicarlo bajo su nombre en el portal de localización de presos federales, Inmate Locator. El Faro intentó ponerse en contacto con la defensa a través de correo electrónico, pero no se obtuvo respuesta.
Durham, el fiscal contradictorio
El fiscal federal del Distrito Este de Nueva York, John J. Durham, es quien ha solicitado la desestimación de los cargos de Vampiro y Greñas y quien ha insistido en regresarlos a El Salvador. Sin embargo, este funcionario tiene un largo historial combativo contra la Mara Salvatrucha-13. Fue fiscal de Long Island, donde la MS-13 de Nueva York comenzó a tomar relevancia, luego de que Trump llegara a la presidencia por primera vez. En octubre de 2018 fue designado director del Subcomité MS-13, del Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado Trasnacional de la Fiscalía General, cuando el presidente Trump ya había declarado la guerra contra esta pandilla. Ese grupo pasó a convertirse por la Orden Ejecutiva 13773 en la Joint Task Force Vulcan o Grupo de Tarea Conjunto Vulcan, para coordinar y liderar las investigaciones en contra de la MS-13 entre del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, agencias estadounidenses y diez fiscalías diferentes. Ese grupo que Durham comenzó a dirigir el 16 de agosto de 2019 también compartía esfuerzos con las fuerzas antipandillas de El Salvador, Honduras, Guatemala y México.
Vulcan es el equipo que ha investigado y solicitado la captura y la extradición de 27 miembros de la cúpula de la MS-13, conocida como Ranfla Nacional, la mayoría presos en El Salvador. Durham estuvo presente en la Casa Blanca el 15 de julio de 2020, cuando el Departamento de Justicia acusó por primera vez a un miembro de la MS-13 con cargos de terrorismo y solicitó su extradición. La primera solicitud de extradición fue contra Armando Eliu Melgar Diaz, alias “Blue”, un pandillero que no fue entregado a las autoridades norteamericanas, lo que detonó que las autoridades estadounidenses sospecharan sobre las negociaciones entre Bukele y la MS-13. Su no extradición creó tensiones diplomáticas entre El Salvador y el Gobierno de Joe Biden.
Este grupo, que arrancó sus tareas para golpear el liderazgo trasnacional de la MS-13, pronto expandió sus esfuerzos en investigar las negociaciones de Bukele con las pandillas y terminó consignando un posible desvío de fondos de USAID a líderes pandilleriles, como reveló ProPublica en su investigación.
Vulcan ha invertido varios millones de dólares del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos en la persecución de pandilleros a lo largo de casi seis años de operaciones, sin embargo, los montos precisos de este grupo no están claros. El Departamento de Seguridad Nacional, encargado de combatir el terrorismo y del cual depende el Grupo Vulcan, solicitó para el año fiscal de 2026 la cantidad de 117.2 millones de dólares, según el Resumen de presupuesto y empeño del año fiscal 2026 de Departamento de Justicia.
El Departamento de Justicia ha ensalzado en su portal de Internet las labores cruciales que Durham emprendió en la desarticulación de la MS-13 con “importantes acusaciones formales contra la estructura de mando y control de la MS-13 en Estados Unidos, Centroamérica y México, incluyendo el primer uso de cargos de seguridad nacional contra líderes de la MS-13.”
El 23 de febrero de 2023, cuando se dio a conocer la captura de Vampiro, Durham apostaba porque la justicia norteamericana se hiciera cargo de él y dijo “llevando a los líderes de más alto rango de esta organización criminal transnacional ante la justicia en Estados Unidos podremos romper los ciclos persistentes de violencia que han asolado nuestras comunidades”.
Durham se encargó de presentar una gran cantidad de pruebas contra los 27 líderes de la MS-13 que comprenden: un Informe de Incidentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Marin; mensajes internos escritos obtenidas en noviembre de 2020 por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) de El Salvador y otros más obtenidos en Estados Unidos en septiembre de 2022; transcripciones de llamadas y mensajes de textos de un testigo del FBI; traducciones de llamadas interceptadas obtenidas por la Fiscalía de El Salvador; informes de análisis elaborados por el MJSP entregadas al FBI en febrero de 2021; informes de laboratorio de la Unidad de Criptoanálisis y Registros de Crimen Organizado del FBI con fecha del 18 de marzo de 2021; 21 cajas con documentos judiciales y audios otorgados por la Fiscalía salvadoreña; informes preparados por el Departamento de Seguridad Nacional y de Investigaciones de Seguridad Nacional que resumen las comunicaciones interceptadas ocurridas entre mayo y julio de 2016; la información de una tablet y celular de Miguel Ángel Serrano Medina, conocido como “Cabro”, y de Juan Manuel Chávez Aguilar, alias “Saymon”, como se pueden corroborar en los documentos 81 de la acusación CR20_577 y documento 117 de la acusación CR22_429.
Incluso, doce días antes de solicitar el retiro de cargos de Vampiro, Durham aún parecía tener intenciones de enjuiciar a los líderes de la MS-13 en Estados Unidos, cuando se expresó sobre la captura en México de Francisco Javier Román Bardales, “Veterano”: “gracias a la incansable y valiente labor de las fuerzas del orden estadounidenses, pronto tendrá que rendir cuentas en un tribunal de Long Island, donde su organización criminal transnacional ha impactado a tantas comunidades”. Pero su postura cambió.
Daniel Brunner, el agente retirado del FBI y exintegrante del Grupo Vulcan, habla con enfado sobre lo que está ocurriendo con las desestimaciones de cargos, aunque defiende a su antiguo jefe Durham. Asegura que se trata de un hombre con “mucho honor”, pero que podría estar cediendo ante las presiones de Trump. “Estoy seguro que John tomó esa decisión para poder quedarse en una posición de poder y hacer algo importante por Brooklyn”, dijo.
Brunner aseguró que todos los agentes que originalmente formaron parte de Vulcan y participaron en la captura de Vampiro ya no trabajan ahí, “solo ha quedado el nombre” de la agrupación, sostuvo. Desde el 6 de marzo de 2025 el Grupo Vulcan se ha transformado y ya no se dedica exclusivamente a la persecución de la MS-13, sino que ahora se encarga también de atacar al Tren de Aragua, bajo la nueva dirección de Christopher A. Eason y Jacob Warren.
Greñas: el primer ensayo
El caso de Greñas sirve para conocer cuál ha sido o será el destino de Vampiro, pues el 11 de marzo de 2025, 19 días después de que la MS-13 fuera designada Organización Terrorista, el fiscal Durham solicitó a la jueza Joan M. Azrack que desestimara la acusación en su contra, conforme la Regla 48, alegando razones “sensibles e importantes de política exterior”. Ese mismo día la jueza ordenó la desestimación de cargos, como lo señala el documento número 93 de la acusación CR20_577, por lo que sus abogados no tuvieron el tiempo para defenderlo ni tramitar un habeas corpus. Cinco días más tarde fue enviado en avión con 238 venezolanos a El Salvador y encerrado en el CECOT.
Gracias al documento liberado en el caso de Vampiro, bajo el folio 171, se sabe que Greñas fue expulsado sin ser presentado ante un juez de migración y retornado a El Salvador bajo la Alien Enemies Act o Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 en la que se basaron para enviar a los 238 venezolanos que viajaron con él a El Salvador.
*Carlos García es un periodista e investigador mexicano, colaborador de El Faro y experto en la Mara Salvatrucha 13.