Donald Trump tenía apenas un mes de haber ganado su primera elección en Estados Unidos y asumido como el 45o presidente de ese país cuando habló de la Mara Salvatrucha-13 por primera vez. Era diciembre de 2016 y, en una entrevista con la revista Time, que lo había nombrado el hombre del año, Trump se refirió a los asesinatos perpetrados por miembros adolescentes de la MS-13 en Long Island. En septiembre de ese año, cinco asesinatos cometidos por la pandilla en esa isla habían levantado todas las alertas nacionales: un joven salvadoreño de 15 años asesinado en Mineola; las adolescentes Kayla Cuevas y Nisa Mickens, asesinadas a batazos en las afueras de su escuela en Brentwood; otro adolescente salvadoreño de 19 años y otro ecuatoriano de 15 cuyo cuerpo apareció tirado en los alrededores boscosos del abandonado hospital siquiátrico Pilgrim. Entonces, Trump llegó al poder y volteó a ver a esa mafia que desde los años de la Guerra Civil salvadoreña había crecido aceleradamente en Estados Unidos y luego en El Salvador: “vienen de Centroamérica, son la gente más ruda que hayas conocido. Están matando y violando a todo mundo allá. Son ilegales. Y es su fin”.
Aquel mensaje se mezcló con decenas de notas periodísticas sobre lo ocurrido en Long Island, con el recuerdo fresco de la oleada de 64,000 menores no acompañados -en su mayoría centroamericanos- que había entrado a Estados Unidos en 2014, bajo la administración de Barack Obama, y con el mensaje amplificado de Trump. El nuevo hombre más poderoso del mundo entendió que aquello tenía un efecto importante para sus objetivos antimigratorios, y la MS-13 entró a la médula de su discurso público: “El cártel MS-13 es particularmente violento. No les gusta disparar a las personas porque es muy rápido. Leí que uno de esos animales explicaba que le gustaba cortarlos y dejarlos morir lentamente porque era más doloroso y les gustaba verlos morir… Son animales”, dijo Trump el 28 de julio de 2017, ante oficiales de policía de los dos condados donde ocurrieron los homicidios.
Y con ese tono siguió durante meses, enarbolando su discurso de odio hacia los migrantes indocumentados a través de esas siglas: MS-13. El todo por la parte: si la Mara era mala, todos los migrantes lo eran.
Cuando en 2016 Trump se refirió a la pandilla por primera vez en la revista Time, Nayib Bukele no era el todopoderoso dictador salvadoreño, sino el atribulado alcalde capitalino de la exguerrilla de su país, el FMLN, e intentaba aprovechar su creciente fama para que su partido le concediera competir bajo la bandera roja en las elecciones presidenciales de 2019. Para aquel entonces, el partido de Bukele había roto un pacto con la MS-13 que inició en 2012, cuando él entró a la política como alcalde de un pequeño municipio sin mayor relevancia nacional.
Como buen alumno, Bukele había aprendido las lecciones e inició su propio pacto con esa y otras pandillas en 2014, cuando era candidato a la Alcaldía de la capital, siempre bajo la bandera de izquierda.
El Gobierno del FMLN rompió su acuerdo con la MS-13 a principios de 2015, dejando a El Salvador sumergido en una crisis de homicidios sin precedentes: 106 homicidios por cada 100,000 habitantes. Bukele, por su cuenta, conservó a esos aliados que ya habían aprendido a hacer cálculos políticos y entendían que había que apostar al político del momento, al hombre que tenía todas las fichas para ascender al poder.
Nueve años después de las primeras palabras de Trump sobre la MS-13, en 2025, Trump y Bukele llegarían a acuerdos secretos que tenían como moneda de cambio a varios líderes de esa pandilla, la más numerosa de todo el continente, la más asesina en los 33 años de posguerra salvadoreña.
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Antes de salir del poder, Trump creó en 2019 el Grupo de Tarea Conjunta Vulcan, una unidad interinstitucional entre el Buró de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés), la Administración de Control de Drogas (DEA), la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y varias dependencias de la Fiscalía. El grupo tenía un solo objetivo: destruir a la MS-13 y llevar a sus líderes ante las cortes estadounidenses.
Cuando decían MS-13 se referían a la pandilla de El Salvador. La MS-13 es una internacional marca criminal, y tiene fuerte presencia en Estados Unidos, Guatemala, México y Honduras, pero los cabecillas salvadoreños fueron quienes organizaron otro tipo de estructura que les permitió trascender sus fronteras, quitar poder a la sucursal original de Los Ángeles y expandirse bajo su mandato en la Costa Este de Estados Unidos y en México. Vulcan perseguía a esa cúpula, no a otra.
Vulcan empezó a hacer su tarea. Trump, envuelto en escándalos de acusaciones penales, se fue olvidando de la MS-13 y entró en la campaña presidencial de cara a las elecciones que perdería en 2020 contra el demócrata Joe Biden.
Bukele había sido expulsado del FMLN en 2018 y compitió con un partido de derecha para las elecciones presidenciales que ganó de forma arrolladora en 2019, siempre de la mano de sus socios políticos de la MS-13, a quienes en secreto prometió evitar las extradiciones hacia Estados Unidos de sus cabecillas y así boicotear una de las misiones de Vulcan.
Pero Vulcan nunca dejó de hacer su trabajo, al margen de los titulares y las campañas políticas.
El 14 de enero de 2021, seis días antes de que Trump saliera de su primer mandato, y gracias al trabajo de Vulcan, su Gobierno hizo pública la primera acusación (indictment) contra 14 líderes de la MS-13, donde estaban la mayoría de los más emblemáticos cabecillas de la pandilla que controlaban las actividades de ese grupo criminal desde las prisiones y las calles de El Salvador, México y la Costa Este de los Estados Unidos: Diablito, Crook, Greñas, Tigre, Rata, Colocho, Speedy, Cola, Lucky, Necio, Pavas, Flaco, Trece y Sirra. Once de ellos estaban presos en El Salvador y tres de ellos estaban prófugos. Estados Unidos pretendía enjuiciarlos en la Corte Este de Nueva York por diferentes delitos, incluido terrorismo. La acusación CR 20 577 había sido presentada en diciembre de 2020 por el Departamento de Justicia, semanas antes de hacerse pública.
Para cuando fue presentada la acusación, Bukele llevaba ya más de un año enarbolando su histórica reducción de homicidios y vendiéndola como producto de un plan secreto que llamó Plan Control Territorial, esforzándose por mantener oculto su pacto con la MS-13 y otras pandillas, hasta que este periódico lo hizo público en septiembre de 2020.
La administración demócrata de Joe Biden, poco a poco, solicitó al Gobierno de Bukele la extradición de los 11 líderes presos en El Salvador. Luego, Flaco también fue capturado en El Salvador y sumaron 12. Ninguna extradición fue concedida.
Con el paso de los meses, y luego de que la MS-13 asesinara a 87 salvadoreños en marzo de 2022, como protesta por promesas incumplidas, el pacto de Bukele con las pandillas se derrumbó y el presidente salvadoreño ordenó un régimen de excepción, un severo estado policial, que con el tiempo desarticuló a la pandilla en el país y encarceló a uno de cada 57 salvadoreños sin debido proceso y sin ninguna garantía básica, como el derecho a la presunción de inocencia, a tener contacto con abogados en 15 días o a un plazo determinado de prisión sin condena.
Entonces, en febrero de 2023, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, siempre bajo la administración de Biden, presentó una segunda acusación contra otros 13 cabecillas de la pandilla: Vampiro, Baxter, Chivo, Big Boy, Cabro, Renuente, Cisco, Mary Jane, Cruger, Indio, Rojo, Veterano y Snayder.
Ese segundo indictment contenía una carga política que el primero no tuvo.
“La Ranfla Nacional exigió que el Gobierno de El Salvador se negara a extraditar a los líderes de la MS-13, incluida la Ranfla Nacional, a los Estados Unidos para su enjuiciamiento. A cambio, los líderes de la MS-13 acordaron reducir el número de asesinatos públicos en El Salvador, lo que benefició políticamente al Gobierno de El Salvador, al crear la percepción de que el Gobierno estaba reduciendo la tasa de homicidios”, señala el documento.
Algunos párrafos incluidos en esa acusación, presentada en la misma Corte de Nueva York, fueron un flechazo en el corazón de la narrativa de pacificación de El Salvador que Bukele sostuvo durante años: acusó al director de Centros Penales y viceministro de Seguridad y Justicia de Bukele, Osiris Luna, y al director de Tejido Social, Carlos Marroquín, de negociar influencia política y apoyo al Gobierno a cambio de “beneficios económicos, control del territorio, condiciones carcelarias menos restrictivas… a la Ranfla Nacional, la Ranfla en los Penales y otros líderes de la MS-13”.
“Estas reuniones (con pandilleros) fueron organizadas por el Gobierno salvadoreño en la prisión, funcionarios incluidos; entre otros, el director de Centro Penales y el Director de Reconstrucción del Tejido Social”, consigna textualmente el requerimiento CR 22-429.
Aquello terminó de enconar el conflicto diplomático entre la administración Biden y Bukele. El salvadoreño apostó todo, pagando cientos de miles de dólares en lobby político, para acercarse al ala republicana más conservadora, con la esperanza de que Trump regresara al poder en 2025.
Bukele acertó.
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El 20 de enero de 2025, Trump asumió su segunda presidencia. Bukele fue el primer presidente en felicitarlo en redes sociales. Desde entonces, la relación ha sido inmejorable: Trump lo recibió el 14 de abril en la Casa Blanca, con buena parte de su gabinete, lo felicitó por lo que había hecho en El Salvador con las pandillas y ambos sonrieron en una cordial reunión televisada, a la que el Gobierno salvadoreño sacó toda la partida política posible.
Para entonces ya había ocurrido un hecho inédito en el que nuevamente la MS-13 volvió al discurso político de ambos: Bukele había aceptado recibir en su mega cárcel del CECOT a 238 migrantes venezolanos, la mayoría sin antecedentes en Estados Unidos. El trumpismo, a cambio, empezó a hablar del salvadoreño como “un gran amigo de Norteamérica”.
Entre los venezolanos, llegaron también 23 salvadoreños a quienes se acusaba de ser miembros de la MS-13, sin presentar pruebas en todos los casos.
En las imágenes trascendió la de un hombre grueso que era arrastrado por los carceleros de Bukele, hincado y rapado ante las cámaras del oficialismo: era César Antonio López Larios, Greñas, uno de los cabecillas acusados en el primer indictment, que había sido capturado en México gracias a las investigaciones de Vulcan.
Aquello no tenía sentido: un hombre a quien Estados Unidos había buscado por años, en cuya búsqueda había invertido dinero público de los contribuyentes estadounidenses, que era considerado líder de una organización terrorista internacional, según los cánones del Gobierno de Trump, que había sido llevado a la Corte de Nueva York para pagar por sus delitos… fue devuelto repentinamente y sin mayores explicaciones a Bukele, quien, según la propia Fiscalía de Trump, se había beneficiado electoralmente de acuerdos con esa organización terrorista.
Mucho de esto se aclararía luego, cuando la Fiscalía de Nueva York, a cargo de John J. Durham, el hombre que había dirigido el grupo Vulcan, admitió que la devolución de Greñas había obedecido a “razones geopolíticas”. En los días posteriores a la devolución de Greñas, la embajadora de El Salvador en Estados Unidos, Milena Mayorga, despejó dudas en una entrevista televisiva: “el presidente (Bukele) le dijo (a Marco Rubio, secretario de Estado de Trump), y fue muy tajante: quiero que me mande a los cabecillas pandilleros que están en Estados Unidos… Se lo dijo exactamente. Yo creo que es un tema de honor”. Tras el envío de Greñas, ocho de los 27 cabecillas de la MS-13 siguen presos en Estados Unidos, luego de que el grupo Vulcan los capturara en México.
Se han convertido en fichas políticas de intercambio entre Trump y Bukele: el salvadoreño pone su megacárcel, un agujero negro de legalidad, para que Trump envíe a quien quiera, a cambio de que devuelva a El Salvador a los cabecillas de la pandilla con la que Bukele pactó por años.
Uno de esos ocho líderes es Élmer Canales Rivera, Crook, liberado ilegalmente por el Gobierno de Bukele en noviembre de 2021, cuando aún debía 40 años de condena, antes de que se rompiera el pacto, y luego de que los homicidios reportaran una marcada alza. Crook escapó de El Salvador con ayuda del Gobierno que ahora lo quiere de vuelta. Es la prueba viviente de los acuerdos mafiosos entre Bukele y la MS-13, una organización que en enero de 2025, bajo la administración Trump, fue designada como organización terrorista, junto con El Tren de Aragua y el mexicano Cártel Jalisco Nueva Generación. Si alguien pactó con esas organizaciones, la justicia estadounidense tiene el mandato de perseguirlo.
Bukele pactó con la MS-13 por años.
Con el paso de las semanas, la administración Trump también intentó devolver a Vampiro, otro de esos cabecillas, pero el proceso está entrampado en la Corte porque la defensa ha pedido una explicación de qué significan esos “motivos geopolíticos”.
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Los perfiles que presentamos en esta edición explican quiénes son esos 27 cabecillas históricos de la MS-13 que se han convertido en fichas políticas entre el país más poderoso del mundo y el más pequeño de Centroamérica.
Estos 27 hombres, el menor de 31 años y el mayor de 60, con prontuarios criminales que incluyen homicidios, secuestros, violaciones, robos, extorsiones, tráfico de drogas y de personas, planificación de asesinatos contra agentes federales estadounidenses, entre otros, han sido líderes de la MS-13 por décadas. Han negociado con todos los signos políticos de la posguerra: con el izquierdista gobierno del FMLN, con el derechista partido Arena y con el sui géneris Gobierno de Bukele.
Los políticos con más poder de los últimos 13 años en El Salvador llegaron a la misma conclusión: para gobernar era necesario aliarse con esos criminales. Y todos intentaron hacerlo en secreto.
Para hacer esta entrega recurrimos a Carlos García, el investigador y periodista mexicano que ha dedicado 15 años a entender a la MS-13 y a cada uno de sus líderes, viajando entre Centroamérica, México y Estados Unidos, para entrevistar a muchos de ellos y construir una red de informantes como nadie más tiene. Analizó los indictments, miles de páginas de acusaciones judiciales en El Salvador y Estados Unidos, cientos de publicaciones periodísticas, miles de páginas con información policial reservada que obtuvo gracias a filtraciones de activistas digitales como las reveladas en Guacamaya Leaks, solicitudes de información de transparencia, bibliografía, expedientes fiscales, reportes desclasificados y entrevistas a decenas de agentes de la ley, pandilleros y víctimas en diferentes países.
Algunos de estos 27 mareros estuvieron durante años en el radar internacional, con órdenes de captura de Interpol o en las listas de más buscados de El Salvador y Estados Unidos; otros, pasaron años lejos de los reflectores y no fueron parte de la narrativa en El Salvador, a nivel nacional al menos, porque sí que lo fueron en las colonias, cantones y caseríos a los que atormentaron y donde sus apodos mareros eran el nombre del miedo.
En estos perfiles está contenida la barbarie a la que estos mareros sometieron a El Salvador, asesinando, extorsionando y desapareciendo a decenas de miles de personas. También entrevé un sistema de justicia corrupto que durante décadas permitió que muchos de estos cabecillas entraran y salieran de prisiones salvadoreñas para seguir delinquiendo.
Estos documentos pretenden crear un registro histórico de estos asesinos que pasaron de ser, muchos de ellos, deportados de Estados Unidos, a negociadores con funcionarios públicos, a dar conferencias de prensa desde penales, sermones en cultos de corporaciones evangélicas u obligar a Bukele, el político más poderoso de toda la posguerra salvadoreña, a prometerles que nunca los deportaría a Estados Unidos.
Sin estos hombres, sin estos criminales, es imposible entender la historia política de la frágil democracia salvadoreña y su derivación en la actual dictadura. A la vista de los hechos, estos mareros también son ahora mismo indispensables para comprender los métodos del hombre más poderoso del mundo, Donald Trump.