La permanencia de más de 170 mil salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS) en Estados Unidos pende de un hilo. Un hilo que parece irse royendo cada día. El 12 de agosto de 2026, la administración Trump informó, a través de la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que la designación de El Salvador y los beneficios relacionados con el TPS “están programados para terminar el 9 de septiembre de 2026.”
La novedad no es que Trump cancele un programa que siempre ha querido eliminar. Lo vergonzoso es que, para el gobierno de El Salvador, lo que durante un cuarto de siglo fue una prioridad y un consenso de la política diplomática —sin importar la ideología del partido en el poder— ahora parece haberse convertido en una posdata al final de la diplomacia de Nayib Bukele.
Durante años, los gobiernos salvadoreños buscaron convencer a Washington de renovar un estatus que debe revisarse cada 18 meses. Los gobiernos de ARENA y el FMLN movilizaron sus aparatos diplomático, consular y mediático para hacer visible la importancia del TPS. Ahora, al menos públicamente, el Gobierno de Bukele —experto en publicidad y en construir narrativas— no ha divulgado abiertamente sus esfuerzos para defender la continuidad del programa. Si ha hecho lobby en secreto, lo sabremos si finalmente se confirma la prórroga.
El gobierno de Bukele no ha perdido la batalla por el TPS; apenas la ha librado. Y eso revela un cambio más profundo: proteger a los salvadoreños en Estados Unidos ha dejado de ser una prioridad diplomática frente al valor que Bukele le atribuye a mantener su cercanía con Donald Trump.El plazo en el que el gobierno de Estados Unidos debía anunciar una eventual renovación del TPS ya pasó, y que los permisos de trabajo expiren es cuestión de tiempo, con el 9 de septiembre como fecha límite.
Desde que Donald Trump regresó al poder por segunda vez, su administración ha prometido la eliminación del TPS para 17 poblaciones, con el respaldo de la Corte Suprema, que le ha permitido avanzar en estas medidas. La maquinaria de persecución migratoria también ha reescrito las reglas: desde impedir que salvadoreños con TPS sean empleados por compañías que prestan servicios en edificios federales hasta cancelar el TPS para más de 300 mil haitianos y preparar deportaciones masivas desde aeropuertos.
En las últimas semanas, funcionarios salvadoreños han dejado entrever una deprimente realidad: nadie en el gobierno de Bukele está seguro si Trump hará una excepción con los salvadoreños. El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro aseguró que “como Asamblea Legislativa vamos a darle todo el apoyo para que los salvadoreños puedan incorporarse (...)Nosotros esperamos que se prorrogue.”
Muchos beneficiarios del TPS no quieren regresar ni creen que el país que dejaron —y que continúa con una economía estancada— pueda ofrecer condiciones similares a las que tienen en Estados Unidos. La supuesta mejora en la seguridad pública de El Salvador no es suficiente para convencer a migrantes que llevan décadas viviendo en Estados Unidos —y que podrían no volver a pisarlo si son deportados— de regresar a establecerse en un país que dejaron hace al menos 25 años.
Lo que sí está claro es que la cobardía de Bukele ha decepcionado a varios beneficiarios del TPS, incluidos votantes suyos que esperaban que, durante su visita a Washington- a mediados de julio de 2026- anunciara la renovación del programa.
Pero eso no sucedió. La razón es simple: desde la última vez que Bukele mencionó un intento oficial por cabildear ante Trump para proteger el TPS han pasado seis años. Desde entonces, el tema parece haber desaparecido de su agenda.
Bukele ha preferido ofrecer a Washington sus servicios para hacer el trabajo sucio —como encarcelar inmigrantes de terceros países— y pedir favores para regresar a líderes pandilleros que dejó escapar y que ahora se encuentran bajo custodia en Estados Unidos. Para conservar el abrazo de Trump, parece haber dejado a los beneficiarios del TPS a su suerte.
A cambio, recibe migajas: espejismos de una masiva inversión estadounidense y respaldo propagandístico para afianzar su imagen ante la extrema derecha mundial. Mientras tanto, lo que El Salvador puede perder con la deportación de los beneficiarios del TPS es mucho más concreto: las remesas que sostienen una economía que depende, en buena medida, del dinero enviado por sus migrantes.
Si Trump cancela el TPS, será la segunda vez desde que Bukele llegó al poder. La primera vez sucedió durante el último gobierno del FMLN en 2018, pero la canciller Alexandra Hill aseguró que, gracias a las buenas relaciones de Bukele con Washington, el gobierno había logrado una extensión antes de que el programa llegará a su fecha límite.
Sin embargo, fue una serie de juicios que mantuvieron al TPS vigente hasta que Joe Biden lo renovó, a pesar de la animadversión del gobierno de Bukele hacia la administración demócrata.
Tras mis conversaciones con expertos en inmigración, diplomáticos salvadoreños, periodistas que cubren el tema y activistas que luchan por mantener el TPS, el futuro del programa sigue siendo incierto. ¿Lo renovará Trump para sorpresa de todos? ¿Lo cancelará, como hizo en 2019? ¿O simplemente lo dejará morir en silencio?
Las apuestas siguen abiertas. Pero hay algo que parece cada vez más claro: Bukele y su canciller han matado una larga práctica de la diplomacia salvadoreña que ha sido luchar para que sus migrantes en Estados Unidos tengan mejores condiciones migratorias. Hoy, eso parece ser secundario. Lo prioritario es mejorar la imagen del caudillo y ofrecer a El Salvador como una colonia penitenciaria con vista al océano Pacífico.