Han pasado más de ocho años desde la Rebelión de Abril en Nicaragua y la resistencia ha tomado múltiples formas: protestar, documentar, exiliarse, sostener la memoria y negarse al silencio. Ninguno de esos esfuerzos ha sido en vano; han sido un modo de defender la vida y mantener abierta la posibilidad de justicia. Pero después de todo este tiempo queda una pregunta incómoda: ¿qué pasa cuando una sociedad vuelca toda su energía hacia afuera y posterga la mirada hacia adentro?
Durante mucho tiempo entendimos que resistir implicaba concentrar nuestros esfuerzos afuera: las denuncias, la visibilización, la presión internacional y las sanciones. Hoy es evidente que las transformaciones profundas —en una persona, en un movimiento y en un país— no ocurren solo cuando cambia el entorno, sino cuando existe el valor de revisar lo que también somos.
Esta revisión crítica no es aislamiento, nostalgia ni retiro espiritual. Es una práctica política incómoda y un ejercicio sin anestesia. Implica reconocer qué violencias, silencios, lógicas de poder o heridas seguimos reproduciendo colectivamente mientras invocamos la democracia.
Carta desde Nicaragua: esa película ya la vimos
Yo tuve que hacer ese ejercicio.
No entré hacia adentro para encontrar paz ni para reconstruirme emocionalmente. Entré hacia adentro para sostenerme políticamente, para no culpabilizar a mi país por todo el dolor vivido, para no romper el vínculo incluso en medio de tanta violencia, para no perder el norte, para entender qué nos pasó como sociedad y decidir hacia dónde caminar sin terminar convertida en el reflejo de aquello que combatía. Entré también para verme a mí misma en estos años: mis límites, mis contradicciones, mis luces y mis sombras.
Después de todo, ningún cuerpo es solo individual. Los cuerpos son políticos: en ellos se inscriben el miedo, la resistencia y la historia.
Ese mismo examen que un individuo se debe a sí mismo, se lo debe la resistencia como cuerpo colectivo. No basta con oponerse al autoritarismo de turno si replicamos sus prácticas en nombre de la libertad. Tampoco basta con impugnar jerarquías verticales si habitamos espacios donde se clausura la autocrítica, el desacuerdo se asimila como traición, o la legitimidad política depende de sostener una supuesta pureza moral intacta.
La democracia no solo se exige; se practica. En sociedades atravesadas por la violencia política, la dignidad no emana de la pureza moral, sino de la capacidad de revisar, transformar y no repetir.
Finalmente, está el país. El cuerpo-país que duele en la distancia y en la cercanía. Durante años buscamos la salida fuera del país y fuera de nosotros mismos. Todo ello importa. Pero la resolución de la crisis de Nicaragua exige también volver la mirada hacia su propia matriz: su historia, su cultura política y los modos en que aprendimos a relacionarnos con el poder. Un país no se transforma sustituyendo un gobierno por otro; se transforma cuando es capaz de hacerse cargo de la historia que ayudó a construir.
Esa memoria no admite dicotomías simplistas entre buenos absolutos y culpables absolutos. La historia de una nación pertenece también a quienes lucharon, callaron, resistieron o simplemente intentaron sobrevivir. Lo que hicimos y lo que omitimos forma parte del presente que habitamos. Esto no iguala responsabilidades ni borra las asimetrías de poder, pero confirma que ninguna sociedad rompe el bucle autoritario si convierte la memoria en una disputa de santidades morales.
Defender la vida no es renunciar a la resistencia
Las sociedades no rompen sus ciclos autoritarios solo recordando el pasado, sino comprendiendo cómo fueron posibles. La introspección no es un ancla en el pasado; es el fundamento de la no repetición. La memoria no es nostalgia. La memoria es responsabilidad.
Llega un momento en que el individuo, la resistencia y el país deben levantar la mirada y tomar decisiones. Y esa decisión siempre es política. La salida fue hacia afuera cuando hubo que salvar la vida. La salida es hacia adentro si algún día queremos cambiar el país.
*Claudia Vargas M. es una feminista defensora de derechos humanos exiliada de Nicaragua. España le otorgó la nacionalidad como medida de protección. Su voz hoy denuncia la represión transnacional y exige justicia por el asesinato político de su esposo, Roberto Samcam.