Determinado a silenciar al periodismo independiente, el régimen de Nayib Bukele ha cruzado otra línea roja en su ataque contra El Faro, interviniendo bienes personales de sus socios.
Entre febrero y abril de 2026, congeló dinero en una cuenta bancaria y un inmueble de dos socios de Trípode S.A. de C.V., la sociedad creadora de El Faro.
En términos fiscales, se trata de una “anotación preventiva”, es decir una reserva de bienes individuales, a manera de garantía de pago, contra las eventuales deudas de una empresa.
Es el más reciente episodio de una larga persecución fiscal contra este medio, que empezó en 2020 cuando Nayib Bukele dijo en cadena nacional que “tienen una investigación por lavado de dinero seria”.
Bajo sus órdenes, el Ministerio de Hacienda abrió cuatro auditorías contra Trípode. Al no poder sustentar la acusación presidencial de lavado de dinero en ninguna de las auditorías, Hacienda cambió la acusación a evasión de impuestos, en los cuatro ejercicios auditados. Hemos apelado cada una de estas conclusiones y demostrado que no se sustentan. Pero es muy difícil defenderse en un sistema judicial cooptado como el de El Salvador. Ahora la dictadura ha empezado a proceder contra los accionistas del medio.
La escalada de la agresividad es novedosa, pero no sorpresiva.
Como hemos denunciado durante los últimos cinco años, el Gobierno de Bukele nos acusa de no pagar unos impuestos que sí pagamos y de no pagar impuestos por ingresos que nunca existieron y que Hacienda inventa.
Todo el proceso ha sido irregular desde sus inicios. Por ejemplo: el Ministerio de Hacienda violó la ley para fiscalizar los ejercicios 2014 y 2016, porque ya había caducado el periodo para hacerlo.
El Ministerio de Hacienda nos acusa de haber evadido impuestos por fondos provenientes de fundaciones, que no aparecen declarados en el año en el que firmamos el contrato. Pero esos impuestos, como también demostramos, fueron pagados puntualmente los años en que esos fondos ingresaron a nuestras cuentas. A pesar de ello, y de que no hay ninguna sentencia definitiva de las cuatro auditorías, ha procedido a la paralización de bienes personales.
No podemos, pues, considerar las conclusiones de los auditores como errores de procedimientos, sino como un elemento más en la larga lista de acosos, seguimientos, intervenciones, ataques y campañas de desprestigio contra nosotros por el periodismo que hacemos.
Los ataques del gobierno de Bukele contra El Faro SIEMPRE ocurren tras publicaciones de este medio sobre sus pactos mafiosos, su corrupción, su interés en concentrar todo el poder para sí mismo y sus círculos cercanos; y los efectos que esto tiene en la población salvadoreña.
La primera acusación, en septiembre de 2020, se produjo tres semanas después de que El Faro publicara una investigación que explicaba la existencia de un pacto entre el gobierno salvadoreño y la pandilla MS13. A partir de allí sigue una larga lista. Por ejemplo: el cruce de datos entre las intervenciones a nuestros teléfonos mediante el software de espionaje Pegasus y nuestras publicaciones evidencian la obsesión de Bukele por conocer a nuestras fuentes, los materiales que estamos trabajando y las fechas de publicación. Su objetivo final es silenciarnos.
Esta nueva escalada ocurre en el contexto del estreno de The Deal, un documental que El Faro coprodujo con el programa estadounidense Frontline PBS que detalla estos pactos criminales, y días después de la participación del subjefe de redacción de El Faro denunciando los abusos y la corrupción del gobierno en la comisión de derechos humanos Tom Lantos, en el Congreso estadounidense.
El régimen de Bukele enfrenta señalamientos internacionales por crímenes de lesa humanidad, tras la presentación en marzo del informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (Gipes). El grupo de expertos, que ha tenido entre sus fuentes investigaciones de El Faro, apunta a la posible responsabilidad penal de miembros del gobierno de Bukele.
En ese contexto, el gobierno insiste en la criminalización de periodistas y medios que escapan de su propaganda. Es la utilización del aparato de Estado bajo control de la familia Bukele, para perseguir voces críticas.
Un año después del exilio forzado de nuestro personal de El Salvador, hemos seguido haciendo periodismo e investigado al gobierno, con la publicación de revistas mensuales, podcasts semanales, colaboraciones internacionales y más encuentros de periodistas, como el Foro Centroamericano de Periodismo.
Seguiremos haciendo periodismo con el compromiso y rigurosidad que nos caracteriza desde 1998. Pero también con la certeza de que, mientras no paremos, ellos no van a parar.