La semana pasada intervine en una audiencia bipartidista del Congreso de los Estados Unidos sobre los abusos generalizados contra los derechos humanos cometidos por el Gobierno de El Salvador durante el actual “estado de excepción” del país, un decreto de emergencia que ha permitido al presidente Nayib Bukele eludir los procedimientos legales habituales desde hace ya casi cinco años.
Me acompañaron otros abogados, periodistas y personas defensoras de organizaciones reconocidas internacionalmente, entre ellas Cristosal y Human Rights Watch. Describimos la realidad sobre el terreno en El Salvador: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, denegación del debido proceso y torturas en prisiones del Estado.
En respuesta, Bukele afirmó que estábamos “defendiendo a terroristas”.
En su intento por desviar la atención pública de las nuevas y severas leyes de sentencias y las tasas de encarcelamiento en alza de El Salvador, Bukele está tratando de ocultar los hechos. El Salvador tiene tanto el derecho como el deber de desarrollar políticas de seguridad para proteger a sus ciudadanos de la violencia de las pandillas. Pero estas políticas no pueden aplicarse a costa de los derechos humanos, ni desmantelando los pilares esenciales del Estado de derecho y la democracia —y mucho menos cometiendo crímenes internacionales.
En abril de 2025, viajé con una delegación del Kennedy Human Rights Center a El Salvador, con el objetivo de visitar a 10 de nuestros clientes venezolanos que se encontraban recluidos en el Centro de Confinamiento de Terroristas (CECOT), tras haber sido deportados de Estados Unidos.
A pesar de agotar todas las vías posibles y recurrir a todos los canales oficiales —incluidas las oficinas de la Presidencia y la Vicepresidencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas de El Salvador y Estados Unidos—, no pudimos obtener acceso ni determinar el bienestar físico o psicológico de nuestros clientes.
Pero sí pudimos reunirnos con sobrevivientes del estado de emergencia en El Salvador, así como con familiares de detenidos, periodistas y personas defensoras de los derechos humanos. Desde el decreto de emergencia en El Salvador en marzo de 2022, más de 90.000 personas han sido detenidas y aproximadamente 500 han muerto bajo custodia del Estado.
Lo que presenciamos en nuestro viaje fue una sociedad sumida en el terror de Estado, una sociedad que había cambiado una forma de opresión por otra. En lugar de la violencia de las pandillas, los salvadoreños estaban ahora sometidos a un poder estatal sin control, ejercido bajo una política de seguridad de mano dura y justificado por la supuesta popularidad ilimitada de su presidente Bukele.
Durante ese viaje, acompañamos a una madre a la prisión del Centro Penal La Esperanza. Su hijo, que tenía solo 20 años en el momento de su detención, llevaba dos años encarcelado. Seguía atrapado en prisión preventiva, sin un juicio justo, sin acceso a un abogado, sin una defensa efectiva, sin comunicación alguna con su familia y sin ningún acceso a las garantías procesales básicas: un verdadero túnel Kafkiano.
Cada mes, esta madre —como miles de otras mujeres— acude al centro de detención donde presume que se encuentra su ser querido. Compra comida, artículos básicos y ropa; los coloca en una bolsa transparente, la etiqueta con su nombre completo y la entrega a un funcionario en la entrada. A cambio, recibe un comprobante con el número de celda y el bloque donde, supuestamente, está recluido.
Ese recibo es la única prueba de vida que ha tenido durante años, desde que su hijo fue detenido y su presunción de inocencia desapareció bajo un estado de emergencia que se ha convertido, de hecho, en la norma. Mientras esperábamos con ella, no pude evitar fijarme en que el 95 % de las personas en la fila eran mujeres —madres, hijas, hermanas, esposas— que soportan la inmensa carga de esta política de criminalización masiva.
En la rueda de prensa que celebramos al final de nuestro viaje, en lo que hasta hace poco había sido la sede de Cristosal en San Salvador, apareció la policía nacional y comenzó a fotografiar los vehículos aparcados como forma de intimidación. Los abogados de Cristosal, entre ellos Ruth López, les recriminaron estas acciones ilegales.
Mucho ha cambiado en El Salvador desde entonces. Ruth fue detenida arbitrariamente unas semanas más tarde, en mayo de 2025. Sigue en prisión preventiva, recluida en régimen de incomunicación, y su caso se encuentra bajo reserva.
En junio de 2025, el abogado, académico, y nuestro cliente, Enrique Anaya, también fue detenido arbitrariamente. Sigue en prisión preventiva y su vida corre peligro. Cristosal se vio obligada a suspender sus operaciones en el país y a continuar su labor desde el exilio.
En la actualidad hay más de 40 periodistas en el exilio y al menos 86 presos políticos. Además, un grupo de expertos ha encontrado motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad durante el estado de emergencia en El Salvador, lo que implica la responsabilidad penal individual de altos funcionarios del Gobierno. Sin duda, esto podría incluir al presidente Nayib Bukele. Precisamente por eso nuestro testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos Tom Lantos del Congreso de los Estados Unidos incomodó tanto al Gobierno salvadoreño, y por eso su única respuesta ha sido distorsionar la información veraz presentada a lo largo de más de dos horas de testimonio.
Durante la audiencia, el congresista Cristopher H. Smith destacó repetidamente la importancia de la popularidad del presidente Bukele, un argumento que el propio Bukele invoca con frecuencia. Este argumento no solo es peligroso, sino que es fundamentalmente erróneo. La popularidad de un líder no puede otorgarle carta blanca para desmantelar el Estado de derecho, y mucho menos el poder de decidir qué vida merece protección y cuál no. Sin embargo, eso es exactamente lo que el presidente parece estar haciendo bajo el estado de excepción.
Designar a ciertos grupos como terroristas puede ser una cuestión de política estatal, pero no puede privarlos de protección legal ni justificar la aplicación de una forma de “derecho penal del enemigo”. Ese es un camino extremadamente peligroso, que invita al abuso y al crimen, y que, en última instancia, conduce a un punto en el que un Estado que afirma luchar contra el terrorismo se vuelve indistinguible de aquello contra lo que dice luchar.
La realidad del gobierno de Nayib Bukele es que nos enfrentamos a un régimen agresivamente autoritario que opera bajo un paradigma populista de seguridad nacional. Su estado de emergencia indefinido contra las pandillas constituye la última expresión de una reafirmación agresiva de la soberanía estatal, más allá de los límites tradicionales impuestos por las instituciones democráticas.
*Isabel Carlota Roby es abogada para América Latina en el Centro de Derechos Humanos Robert y Ethel Kennedy. También es abogada principal de 11 venezolanos que estuvieron en CECOT, El Salvador .