Basta abrir cualquier texto de historia del derecho para advertir una verdad bastante simple: desde siempre, el silencio, el secreto y la reserva se han asociado a la concentración del poder, al autoritarismo y al sometimiento de las personas y de las sociedades.
El ejemplo más patente son los sistemas inquisitivos de la Edad Media, en los que las nacientes monarquías absolutas, sedientas de poder, escondían bajo el secreto sumarial las actuaciones de la instrucción. Al acusado y a su familia se les ocultaba celosamente la identidad de los testigos y de quien lo señalaba, las diligencias de investigación y el contenido de la prueba.
Eran mazmorras donde la tortura arrancaba la confesión; mazmorras oscuras para procesos oscuros. Porque lo transparente deja ver su interior, deja ver cómo opera el poder, y lo que se ve también se puede analizar y cuestionar. Eso no les interesaba a los déspotas de entonces, deseosos de ampliar sus territorios y fortunas mediante un poder tan omnímodo como incontrolable.
Hoy ya no vivimos en aquellas monarquías absolutas o, al menos, no deberíamos vivir como se vivía en ellas. Por eso la Constitución de nuestro país consagra la publicidad de los juicios. No lo hace solo para garantizar la defensa del procesado, sino también para que el ciudadano conozca el proceso, aprenda de él y sepa en qué condiciones funciona el aparato al que confía su vida pública: el Estado. Francis Bacon escribió que el conocimiento es poder. En una democracia, donde el poder reside en el pueblo, este debería ser el más informado, aquel al que menos se le oculta.
Por eso resulta llamativo el proceso penal contra Ruth López. Cuando la llevaban a rastras a su audiencia inicial, gritaba con todas sus fuerzas: «¡Quiero un juicio público!». Y yo me pregunto: ¿por qué no concedérselo? Se trata de supuestos delitos graves contra la administración pública de todos los salvadoreños. ¿Por qué ocultarle al ciudadano lo que concierne a una falta que habría afectado sus intereses más elementales?
Recuerdo haber visto por televisión la audiencia preliminar del caso de Francisco Flores, en 2015. Me alegra haberla visto: gracias a ella me convencí del desvío de 10 millones de dólares de las donaciones taiwanesas. También pude informarme de la confesión del expresidente Saca en 2018, porque el proceso estuvo abierto a los medios.
¿A qué le temen para no hacer lo mismo en el caso de Ruth López? ¿Qué diferencia hay entre su caso y cualquiera de los anteriores? ¿Qué ley ha cambiado desde entonces para obligarnos a vivir a oscuras? Si la prueba en su contra es tan contundente como se afirma y el proceso tan justo como presumen, estoy seguro de que ambos hablarían por sí solos. No necesitarían que los monopolice y defienda un grupúsculo de supuestos hackers y pseudoperiodistas, ni la narrativa misteriosa e interesada de unos cuantos youtubers.
Como es imposible conocer el caso, estoy convencido de que su secretismo constituye un robo, cometido por el Estado. El Estado le sustrajo a su población el derecho sagrado, conferido por la Constitución, de ver lo público y apreciar cómo se maneja. Con ese derecho la población puede controlar a esos poderes, pues solo se piden cuentas de aquello que se conoce.
La oscuridad solo sirve a los ladrones, que se valen de ella para cometer sus fechorías. Precisamente en La ciudad de Dios, san Agustín advierte que un Estado sin justicia no es más que una gran banda de ladrones. La oscuridad y la reserva que imperan en el proceso contra la defensora de derechos humanos Ruth López son una fuente potencial de injusticia para ella y su familia. Pero se han convertido también en un nuevo acto de latrocinio contra el pueblo salvadoreño y sus ya tan marchitos derechos.
*Abogado, litigante y docente universitario.