Después de las elecciones, la discusión que Guatemala sigue postergando

Read in English

En cuestión de pocos meses, Guatemala ha renovado buena parte de las autoridades que integran el sistema de justicia y control institucional. Ya fueron electos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, se renovó parcialmente la Corte de Constitucionalidad (CC) y ya se ha instalado el nuevo Fiscal General, aunque la misma Corte acaba de zanjar la disputa por la Universidad de San Carlos, dejándola en manos del cuestionado rector Walter Mazariegos. En los próximos días iniciará además la elección del Contralor General de Cuentas, que ha sido identificada por observadores internacionales como clave para la lucha anticorrupción.

Como ha ocurrido durante años, cada uno de estos procesos estuvo acompañado de controversias, negociaciones políticas, recursos judiciales, campañas de apoyo y rechazo, así como debates sobre la independencia y capacidad de quienes aspiraban a los cargos. Es parte de nuestra realidad institucional. Sin embargo, una vez más corremos el riesgo de quedarnos discutiendo únicamente los resultados, como si fuera una carrera de caballos, sin detenernos a analizar las causas de tanto conflicto.

[rel1]

Porque más allá de quiénes fueron electos, existe una pregunta que Guatemala sigue evitando responder: ¿funcionan realmente los mecanismos mediante los cuales elegimos a nuestras más altas autoridades? La evidencia demuestra que no. La forma en que Guatemala selecciona a sus principales autoridades ha evidenciado profundas deficiencias y requiere reformas que permitan recuperar la independencia y la confianza en las instituciones.

Durante las últimas décadas, las comisiones de postulación fueron concebidas como una alternativa para evitar que las designaciones quedarán exclusivamente en manos del poder político. La intención era legítima. Se buscaba abrir espacios de participación académica y profesional que permitieran privilegiar los méritos sobre los intereses. Pero la experiencia acumulada nos obliga a reconocer que el modelo ha mostrado limitaciones evidentes.

No es una crítica dirigida a una comisión específica ni a una elección en particular. Es una reflexión sobre un sistema que, elección tras elección, termina generando conflictos similares. Cambian los actores, cambian los candidatos y cambian las circunstancias, pero las dudas sobre transparencia, independencia, objetividad y legitimidad permanecen.

Las contiendas de este año deberían servir para abrir una discusión seria sobre el futuro. No sobre quién ganó o quién perdió una determinada elección, sino sobre qué reformas necesita el país para fortalecer los procesos de designación de autoridades y reducir los espacios de captura institucional.

[newsletter]

Lamentablemente, todo apunta a que el debate volverá a quedar relegado. Los principales actores políticos ya han comenzado a moverse con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo año. La dinámica de la precampaña empieza a absorber la atención pública y, como tantas veces ha sucedido, los temas estructurales corren el riesgo de ser desplazados por la coyuntura electoral. Sería una oportunidad desperdiciada.

Las reformas al sistema de justicia no pueden depender únicamente de las crisis. Tampoco pueden impulsarse solo cuando una elección genera inconformidad. Deben surgir de una evaluación honesta de lo que ha funcionado y de lo que claramente necesita ser corregido.

El país necesita discutir cómo fortalecer la independencia judicial, cómo profesionalizar las carreras fiscal y judicial, cómo transparentar los mecanismos de evaluación de candidatos, cómo reducir la discrecionalidad en las designaciones y cómo crear mayores controles frente a la influencia de redes políticas, económicas o criminales sobre las instituciones públicas.

No se trata de una agenda ideológica ni de una discusión reservada para especialistas. Se trata de uno de los temas más importantes para la vida democrática del país. Sin instituciones independientes, profesionales y legítimas, cualquier esfuerzo de desarrollo, inversión, combate a la corrupción o protección de derechos termina debilitándose.

[rel2]

Quizá el principal error que hemos cometido como sociedad es creer que los problemas se resuelven cambiando personas. Las personas importan, por supuesto. Pero las instituciones importan mucho más. Cuando las reglas son deficientes, tarde o temprano los resultados también lo serán.

Por eso, ahora que concluye este ciclo de elecciones de segundo grado y antes de que la campaña electoral absorba completamente la atención nacional, vale la pena plantear una discusión de fondo: ¿qué sistema de justicia queremos construir para las próximas generaciones?

Si dejamos pasar nuevamente esta oportunidad, dentro de algunos años volveremos a encontrarnos exactamente en el mismo lugar, discutiendo los mismos problemas y lamentando las mismas deficiencias.

Las autoridades cambian. Los ciclos políticos pasan. Pero las reformas que Guatemala necesita siguen esperando.

*Juan Francisco Sandoval es el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Guatemala.