Durante la década de 1940, investigadores de Estados Unidos y Guatemala infectaron a cientos de guatemaltecos con sífilis y gonorrea para evaluar la eficacia de vacunas en fase experimental. Siete décadas después, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pidió disculpas y calificó aquellos experimentos de “censurables” y “sumamente inquietantes”. Los estudios habían sido financiados por la Oficina Sanitaria Panamericana, precursora de la OPS.
Las diferencias entre ambos casos son evidentes. No se trata hoy de experimentos médicos sobre cuerpos humanos, sino de experimentos sobre información privada. Pero en ambos casos aparece una misma lógica: poblaciones vulnerables convertidas en materia prima para proyectos concebidos fuera de sus fronteras. Los gobiernos de los países pobres ofrecen a su población; a cambio, los países ricos despliegan sus tecnologías para experimentar, recopilar datos y extraer valor de ellos. En este modelo global El Salvador no produce su tecnología, solo abre las puertas a grandes empresas tecnológicas para convertir a El Salvador en un laboratorio social con amplias exenciones fiscales, para compañías como Google y Nvidia, que parecen haberse sumado al esfuerzo.
Bukele, el dictador que vende orden pero siembra incertidumbre
La participación de estos emporios tecnológicos ocurre mientras se publican reportes periodísticos que la administración Trump busca acceder a los datos personales de ciudadanos de África a cambio de cooperación sanitaria bajo la estrategia America First Global Health Strategy, un acuerdo suscrito por 30 países, incluidos El Salvador, Honduras y Guatemala.
Antes de que El Salvador contara con una regulación sobre el uso de datos personales, el gobierno de Bukele impulsó proyectos como la adopción del bitcoin, una iniciativa que avanzó sin garantías suficientes para proteger la información de los ciudadanos. El proyecto del Bitcoin terminó fracasando: Bukele revocó el estatus del bitcoin como moneda de curso legal, presionado por el Fondo Monetario Internacional y por su baja adopción entre la población.
Ahora, Bukele apuesta por un nuevo experimento. El líder autoritario y representantes de Google han presentado Doctor SV, una aplicación basada en Gemini, la plataforma de inteligencia artificial de Google. El proyecto constituye la punta de lanza de una estrategia que, según el gobierno, busca “mejorar el acceso a los servicios de salud, fortalecer las capacidades de los proveedores y mejorar los resultados sanitarios”. El gobierno de Bukele espera atender, según sus propias palabras, “30,000 consultas por día, o aproximadamente 10.95 millones al año”.
Doctor SV ha sido financiado parcialmente con préstamos internacionales y forma parte de una alianza entre el gobierno de Bukele y Google que le costará al país centroamericano alrededor de $500 millones en siete años. El acuerdo es secreto de estado, pero está claro que Google tendrá acceso a datos privados de una gran cantidad de oficinas estatales, para lo cual el Congreso de El Salvador —controlado por Bukele— llamó a todas las estructuras del gobierno a firmar acuerdos de cooperación con la gigante tecnológica.
Doctor SV es un ecosistema donde Google controla la transferencia de pies a cabeza: las videollamadas se realizan usando Google Meet, Google asiste la operación de soporte telefónico y conecta a 78 laboratorios, 48 compañías de rayos X y 322 farmacias. Curiosamente, junto a funcionarios del gobierno de Bukele y representantes de Google, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) apoya el proyecto, en una continuidad que evoca su propio historial en Guatemala en los años cuarenta.
El acuerdo crea las condiciones para una concentración sin precedentes de datos sanitarios y administrativos en una infraestructura tecnológica controlada por Google. Aunque el alcance exacto del acceso a esos datos permanece oculto, la experiencia internacional demuestra que los datos privados se han convertido en uno de los recursos más valiosos de la economía digital. Mientras en Estados Unidos, la IA es objeto de regulación y debate, en El Salvador se presenta como un proyecto incuestionable.
El gobierno asegura que cuenta con el consentimiento de los pacientes para manejar su información, pero lo cierto es que los datos quedan a merced de los humores políticos, económicos y personales del gobierno de Bukele. La versión de la revolución de la IA en la que parece creer Bukele es la de atraer a grandes compañías tecnológicas para que se asienten en el país y administren la información privada de los salvadoreños, sin transparencia sobre el destino de esos datos ni sobre la posibilidad de que termine alimentando sistemas de inteligencia artificial desarrollados por esas mismas empresas. En El Salvador, como en cualquier proyecto de poder altamente concentrado, la última palabra siempre la tiene el caudillo. El gobierno de El Salvador oculta información de proyectos pagados con dinero público y concede excepciones a diestra y siniestra en la aplicación de las leyes de compras públicas. Bukele concibe el manejo de datos como una forma de vigilar a amigos y enemigos.
Doctor SV no es un proyecto aislado. La misma lógica aparece en la alianza con Nvidia que crea un ejército de un millón de ciudadanos sintéticos. El proyecto de Nvidia busca replicar las características de la población salvadoreña y utilizar datos demográficos del país para alimentar el desarrollo de agentes de inteligencia artificial y modelos de lenguaje. Mientras Bukele apuesta por la creación de salvadoreños virtuales, el líder salvadoreño despide a decenas de profesionales de la salud y maestros para cumplir con las exigencias del Fondo Monetario Internacional de reducir el gasto público.
En busca de la ciudad Bitcoin
Esto no es nada nuevo. Nick Couldry y Ulises A. Mejias lo denominan “colonialismo de datos”: la normalización de “la explotación de los seres humanos a través de los datos, del mismo modo que el colonialismo histórico se apropió de territorios y recursos y gobernó a los sujetos con fines de lucro”. Según Couldry y Mejias, este fenómeno puede rastrearse hasta principios del siglo XX, cuando las compañías telefónicas occidentales buscaban conectar las naciones africanas con las principales capitales europeas.
Para Valeria Di Croce, docente de la Universidad Nacional de La Plata y experta en las relaciones entre Javier Milei y las empresas de inteligencia artificial, un proceso similar ocurre en Argentina. “No proponen que desarrollemos tecnología propia, sino que nos integremos a la cadena global de suministros e infraestructura: el nuevo Potosí”, me dice Di Croce, en referencia a la histórica ciudad minera boliviana. La académica señala que Argentina aporta recursos especialmente atractivos para esta industria, como grandes extensiones de tierra, bajas temperaturas en la Patagonia, minerales vinculados al litio y agua potable. Esa es una diferencia importante con El Salvador, cuyas limitadas extensiones de tierra y creciente estrés hídrico lo convierten menos en un proveedor de infraestructura y más en un destino para la experimentación social y política.
Los representantes del régimen salvadoreño apuestan por “moverse rápido”.En una dictadura como la salvadoreña, las preguntas que en una democracia alimentan el debate público simplemente no tienen cabida: son ignoradas o reprimidas.Así, la inteligencia artificial se convierte en un dogma incuestionable. Cuando el poder elimina la crítica, los ciudadanos dejan de ser participantes y se convierten en sujetos de prueba, en conejillos de Indias, como los guatemaltecos lo fueron en los años cuarenta en los experimentos de vacunas financiados por Estados Unidos.