Fiscalía confirma que desconoce paradero de salvadoreño deportado al CECOT

La última vez que su familia supo de él fue el 9 marzo de 2025, cuando les llamó desde una cárcel migratoria en Texas, Estados Unidos. Irvin Jeovanny Quintanilla García, de 24 años, fue detenido en diciembre de 2024 en un parqueo de la ciudad de Irving, Texas.

Su captura, según su abogado, fue porque portaba una cantidad pequeña de marihuana. La investigación por ese hecho nunca concluyó ni se determinó si era para consumo, algo que no está penado, o si era para venta, porque en eso comenzó su proceso de deportación.

Irvin tenía una orden de deportación vigente desde octubre, por no presentarse ante un juez tras solicitar asilo. El 5 de marzo de 2025, Irvin fue llevado a otra cárcel, y después a otra, hasta que por último fue trasladado a la cárcel de Prairieland, en la ciudad tejana de Alvarado para luego ser enviado a El Salvador, su país natal.

Durante su última llamada con sus parientes, el 9 de marzo, Irvin estaba esperando que su familia en San Miguel, en el oriente salvadoreño, le consiguiera una partida de nacimiento que era necesaria para su deportación. Irvin tenía que darle a su familia la dirección de correo electrónico para recibir la partida. En las llamadas previas, todos llegaron a la convicción de que si Irvin era deportado sería mejor que todos se reunieran nuevamente en El Salvador, de donde habían salido en 2016. El 15 de marzo de 2025 Irvin fue subido a un avión y deportado al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (CECOT), la megacárcel de Bukele. La última vez que él habló con su mamá fue el 9 de marzo. Desde entonces, su abogado y su familia consideran que Irvin está desaparecido.

En total, el Departamento de Estado informó de la deportación a El Salvador de 288 venezolanos presuntos miembros del Tren de Aragua y salvadoreños supuestos miembros de la MS: en vuelos que llegaron el 16 y 31 de marzo, y el 13 de abril. Estados Unidos dio dos nombres de líderes de la MS-13 y de los otros solo dijo que eran “de los más buscados”.

Pero Irvin no es pandillero. Ellos huyeron del cantón El Brazo, municipio de San Miguel Centro en 2016 por amenazas de las dos pandillas principales, la MS-13 y el Barrio 18. Irvin y su hermano, entrando en la adolescencia, estaban siendo acosados por los dos grupos criminales, pues los querían reclutar y a la vez querían impedir que entraran en las filas de la organización contraria, según su madre.

Desde aquellos días, la familia ha sufrido un calvario burocrático de solicitudes de información, llamadas telefónicas, respuestas a medias y silencio, mucho silencio. Ni Estados Unidos ni El Salvador dan noticia sobre el paradero de Irvin. Así es el resumen del caso en la resolución 1101-25 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la que este 2 de octubre otorgó a Irvin medidas cautelares para intentar resguardar su integridad y su vida.

La resolución de la CIDH solicita a El Salvador que adopte medidas inmediatas para determinar la situación y el paradero de Irvin, y que investigue la cadena de hechos que desembocaron en la denuncia ante la Comisión “y así evitar la repetición”.

“Me parece bien que le den seguimiento —dijo la madre Sonia García a El Faro— porque yo lo que quiero saber es dónde me lo tienen y por qué me lo tienen detenido, porque él ya pagó sus delitos por droga allá. ¿Por qué tendría que estar preso aquí en El Salvador si cuando nos fuimos a Estados Unidos era menor de edad, él iba cumplir 11 años”. La madre de Irvin explicó que ella y otros parientes dejaron sus vidas en Estados Unidos, donde estaban desde 2016, para reunirse con Irvin en El Salvador.

A diferencia del magnetismo mediático que despertaron los 232 venezolanos que fueron también enviados al CECOT, de 36 salvadoreños —entre ellos Irvin— se sabe muy poco. El listado completo de los nombres sigue siendo desconocido.

En julio, Media404, un medio digital estadounidense, publicó una lista de nombres de personas que habían sido deportadas junto con los ciudadanos venezolanos en marzo hacia el CECOT. La lista la consiguió un hacker que atacó el sitio de la compañía de aviación Global X encargada de transportar a los deportados. La información hackeada era los manifiestos de vuelo. En esa lista, el segundo nombre era el de Irvin. Media404 pudo confirmar a través de búsquedas en redes sociales que aquellos nombres pertenecían a ciudadanos de verdad y en algunos casos encontraron también publicaciones donde las familias pedían ayuda para encontrar a los deportados.

Los nombres de los otros salvadoreños se han ido conociendo a cuentagotas. Uno es Kilmar Abrego, un hombre sin vínculos con pandillas, convertido en chivo expiatorio de la política de criminalizar migrantes.

La familia de Irvin puso la demanda ante la CIDH el 6 de agosto. En septiembre, familiares de otros tres salvadoreños, José Santos Robles, Brandon Sigaran Cruz y William Martínez Ruano, también interpusieron una demanda ante la CIDH por desaparición forzada.

Para la madre de Irvin, la desidia con los salvadoreños que venían en los mismos vuelos que los venezolanos es desconcertante. “No entiendo por qué para los venezolanos todos estaban pendientes y de los salvadoreños no, quizás la mayoría de madres no están pasando por las situaciones por las que uno está pasando aquí en El Salvador, no les importa la situación de sus hijos desaparecidos”, dijo Sonia García.

En julio, los venezolanos deportados al CECOT fueron repatriados en un acuerdo político. Los venezolanos fueron sacados del CECOT y enviados a Venezuela en agosto en un proceso de canje con presos estadounidenses del régimen de Nicolás Maduro. Estados Unidos agradeció el papel de El Salvador y de Nayib Bukele en la negociación.

Ahora El Salvador tiene hasta el 18 de octubre para dar información sobre las medidas tomadas para encontrar a Irvin.

La CIDH ordenó este 2 de octubre que “adopte medidas inmediatas necesarias para determinar la situación” de Irvin y que informe sobre su paradero. La Comisión, con sede en Washington, señaló que está suficientemente establecida la situación grave de riesgo en la que se encuentra Irvin, sobre todo porque ya pasaron casi siete meses desde su deportación y no se ha sabido nada de él.

La desaparición de Irvin llevó a su familia a preguntar al consulado de El Salvador en Texas, y ahí, en marzo, les dijeron que había sido deportado con los venezolanos. Días después, el 9 de abril, preguntaron en la Gerencia de Atención al Migrante, en la colonia La Chacra, de San Salvador, y ahí les respondieron que Irvin no había ingresado al país porque no había registros suyos en la lista de deportados o retornados. Ese mismo día, los parientes pusieron una denuncia por desaparición en la Fiscalía General de la República (FGR).

En el proceso ante la CIDH, la Fiscalía confirmó haber abierto una investigación pero que hasta el momento no habían encontrado nada porque ninguna autoridad salvadoreña decía tener conocimiento de él y porque la Dirección General de Migración y Extranjería tampoco había encontrado registros migratorios suyos. La Fiscalía informó que ordenó a la Policía Nacional Civil salvadoreña que buscara a Irvin a través de entrevistas a familiares, que indagara en redes sociales, que hiciera consultas con la Interpol, con la Dirección General de Centros Penales y con Migración. El Estado salvadoreño no reportó el detalle del resultado de esas pesquisas.

El 13 y 14 de mayo de 2025, la familia presentó una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y un recurso de habeas corpus en la Sala de lo Constitucional, pero en ninguno de los dos casos hubo respuesta. El 6 de agosto, el abogado de la familia presentó una demanda ante la CIDH alegando la desaparición forzada de Irvin.

“En consecuencia, valorando que el Estado reconoció la debida diligencia de su actuar, la Comisión estima que es el momento de adoptar las medidas adicionales que resulten necesarias para dar con su pronta localización o destino, redoblando los esfuerzos”, dice un párrafo de la resolución.

La respuesta de El Salvador

En el proceso ante la CIDH, el Estado salvadoreño aseguró que no tenía por qué investigar el caso de un salvadoreño detenido en otro país, pero que estaba tomando medidas como parte de su responsabilidad “para la protección de ciudadanos incluso en situación que escapa a la jurisdicción salvadoreña”. El Salvador cuestionó que se le pretendiera responsabilizar de una “supuesta desaparición forzada”, cuando los captores de Irvin habían sido autoridades estadounidenses. La CIDH respondió que con el procedimiento de solicitud de medidas cautelares no se está buscando responsabilidad internacional sino solamente confirmar si hay un riesgo para la persona.

El Estado también pareció cuestionar a sus autoridades consulares en Estados Unidos porque no dieron respaldo de documentos cuando aseguraron a la familia que había sido deportado. La CIDH respondió que precisamente esa es la dificultad del caso, pues la información no existe o no se está entregando, pese a los indicios de la veracidad del relato de la familia, como la publicación de Media404. En el proceso de las medidas no consta que se haya consultado al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre Irvin.

El Estado también dijo que no se había demostrado que Irvin estaba enfrentando riesgo de daño irreparable y que no se había comprobado ni la gravedad ni la urgencia del caso. La CIDH le respondió que el hecho de que después de seis meses siga desaparecido es muestra inequívoca de que sí está en peligro.

“La Comisión valora el compromiso de las autoridades estatales para dar con la localización del propuesto beneficiario. No obstante, advierte que a la fecha sigue desaparecido”, dice la resolución de la CIDH.