La Raza: la pandilla que el régimen de Bukele inventó | Capítulo 3: El Juez sin rostro

[Gabriela Cáceres]:En los dos episodios anteriores contamos cómo la Fiscalía sostiene que 34 estudiantes y exestudiantes de institutos públicos integraban una nueva pandilla. Una estructura que, según el Estado, era comparable con la MS-13 y el Barrio 18.

Para entender esa acusación revisamos más de 700 páginas de documentos policiales, fiscales y judiciales. La prueba principal son las declaraciones de testigos criteriados. para robustecer su acusación la Fiscalía incautó cuadernos que contenían un dibujo del guasón y letras góticas; pines personalizados, escarapelas oficiales de los institutos, y laptops entregadas por el Gobierno de Nayib Bukele, cuyo contenido la Fiscalía no ha incorporado al proceso, pese a haber transcurrido un año desde que inició el proceso judicial. 

Pero también encontramos que, en todas esas páginas,  no aparece un sólo delito de los que definieron a las grandes estructuras pandilleras que operaron en el país, con las que las autoridades comparan a esta supuesta nueva estructura: Ni extorsiones, ni secuestros, ni control territorial y desde luego, ni asesinatos. Si todavía no han escuchado los primeros dos episodios este es un buen momento para hacerlo. 

[Audio archivo - Gustavo Villatoro]: “ (...) la investigación lo que refleja es una conducta típica y característica de una pandilla, donde ustedes pueden ver, tienen niveles jerárquicos”.

[Gabriela Cáceres:] A quien escuchamos es a Gustavo Villatoro, ministro de seguridad pública y una de las figuras más poderosas dentro del oficialismo. A Villatoro le pareció relevante ser él mismo quien presentara públicamente a esta supuesta nueva amenaza. Sus palabras son importantes porque tuvieron eco en la argumentación del juez que decidió enviarlos a todos a prisión provisional.

[Gabriela Cáceres]: Es el 11 de julio de 2025. En redes sociales circula un video grabado afuera de los tribunales de San Salvador. En las imágenes aparece una mujer. Es la madre de uno de los estudiantes capturados.

[Audio archivo- madre de estudiante]: "Logré hablar con mi hijo… y qué le comentó: pida justicia, mamá, justicia. Porque es injusto que nosotros estemos aquí".

[Gabriela Cáceres]: Mientras ella pedía justicia en la calle, en una sala de audiencia de los tribunales de San Salvador, su hijo y otros 33 jóvenes enfrentaron la primera audiencia dirigida por el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador. No podemos describirles qué tipo de casos lleva la jurisdicción contra el crimen organizado, porque los casos permanecen bajo reserva, las audiencias tienen un acceso muy limitado y las resoluciones rara vez son públicas. La única versión disponible suele ser la que difunde la Fiscalía cuando informa sobre una acusación a través de redes sociales.

Un mes después, el juez dejó por escrito las razones de su decisión en la resolución que tuvimos acceso. Aunque sabemos el nombre del juez que tomó esa decisión. la ley ordena mantenerlo en reserva y  nos prohíbe revelarlo. La persona que decidió el futuro de estos estudiantes existe, al menos en el expediente, bajo una sola etiqueta: Juez 1.

Ese funcionario es uno de los jueces sin rostro habilitados por la dictadura salvadoreña el 30 de marzo de 2022. La bancada oficialista aprobó la existencia de jueces anónimos con dispensa de trámite, es decir sin discusión previa en comisiones legislativas. No hubo juristas convocados, ni universidades, ni asociaciones de abogados. La transmisión en vivo de la sesión plenaria se cortó al momento de la aprobación de la reforma. Después de la plenaria, los canales oficiales del Gobierno se llenaron de videos sobre el tema. Este es un clip que la Asamblea publicó en sus redes sociales el 1 de abril de 2022.

[Audio archivo- Asamblea Legislativa:“Como nueva Asamblea, desde nuestra llegada, apoyamos todas las iniciativas para fortalecer el Plan Control Territorial. El único plan que ha dado resultados a nuestro país (...) Definimos nuevas medidas para proteger a los jueces”.

[Gabriela Cáceres]:Desde entonces, en cientos de procesos penales, los responsables de decidir quién entra a prisión, quién obtiene medidas sustitutivas y quién recupera su libertad, permanecen en el anonimato.

Pero no es la primera vez que se hacen reformas judiciales para combatir a las pandillas. En 2007, la Corte creó los juzgados especializados justamente para que se encargaran de resolver los casos contra pandilleros de la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18, organizaciones que con el tiempo Estados Unidos llegó a designar como terroristas. Conocieron casos de homicidios, extorsiones, tráfico de armas y narcotráfico.

Los jueces y juezas de estos juzgados especializados realizaron audiencias públicas  mostrando el rostro frente a los acusados y firmando con nombre y apellido cada sentencia. Esto también servía para que tanto la fiscalía como la defensa, pudieran recusar al juez si creían que ese juez en concreto tenía un conflicto de interés que lo inhabilitara para decidir de forma imparcial o, incluso, que se repitiera una audiencia. 

Desde que se crearon los juzgados especializados ningún juez ha sido asesinado por su trabajo. Todos tenían, como lo tienen ahora, seguridad personal. El ocultamiento de la identidad de los jueces en 2022 no fue el único cambio en los tribunales salvadoreños. A medida que las capturas bajo el régimen de excepción se multiplicaron y los juzgados especializados colapsaron, la Asamblea aprobó la creación de una nueva estructura judicial: los Tribunales Contra el Crimen Organizado para que esta nueva jurisdicción asumiera los procesos relacionados con los casos de agrupaciones ilícitas.

Y estos casos comenzaron a llevarse bajo reserva total. Es decir, si un juez aplica un criterio arbitrario en una audiencia, si un requerimiento contiene pruebas escuetas o ninguna evidencia para justificar la detención de una persona, si los testigos son desacreditados con información de la defensa durante un juicio, nada de eso puede salir a la luz pública. Antes, los periodistas podíamos ingresar a los juzgados solo mostrando nuestra credencial de prensa. Ahora, hay que tramitar un permiso y esperar ser aceptado por el equipo de comunicaciones que evalúan los perfiles bajo criterios desconocidos.

La figura de los tribunales anónimos no es nueva en América Latina. Durante las décadas de 1980 y 1990, países como Colombia y Perú recurrieron a los llamados "jueces sin rostro" como una herramienta para enfrentar a grupos armados y organizaciones criminales. Sin embargo, ambas experiencias terminaron dejando un legado controvertido: denuncias de violaciones al debido proceso, restricciones al derecho de defensa y condenas contra personas que posteriormente fueron reconocidas como inocentes.

Para entender qué implica este tipo de tribunales, hablamos con el juez chileno Daniel Urrutia Laubreaux, quien acumula más de dos décadas de experiencia en materia penal y también se desempeñó como juez internacional en la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de la OEA en Honduras.

[Audio - Daniel Urrutia ]: “Si no sabemos quién es el juez, cómo ese juez va, por ejemplo, a defender su independencia judicial. ¿Cómo sabemos que acaso aquel que toma las decisiones no es nombrado directamente por el Ejecutivo? No hay independencia judicial. Y si ese juez, por ejemplo, está sujeto a una amenaza o a una coerción desde el mismo Ejecutivo. Por eso es justamente la determinación de que la existencia de jueces sin rostro es uno de los más claros atisbos acerca del desmantelamiento del estado derecho. Y por lo tanto, no debe ser acogido y debe ser absolutamente sacado de cualquier institución de nuestra región”

[Gabriela Cáceres] Para Urrutia, el hecho de que un juez esté plenamente identificado, aporta elementos para verificar su independencia.

 [Audio- Daniel Urrutia]:"El Estado de derecho existe porque cualquier ciudadano o ciudadana puede controvertir las decisiones estatales ante un tercero imparcial y con posibilidades reales de obtener una decisión favorable. Si ese tercero imparcial no existe, no estamos en un Estado de derecho, sino en alguna forma de dictadura(...) “Entonces, lamentablemente, El Salvador ha dado muchas malas noticias acerca del respeto de las garantías de sus ciudadanos en los procesos penales".

[Gabriela Cáceres]Fue en ese nuevo escenario judicial, con jueces cuya identidad permanece oculta y con tribunales re-diseñados para procesar los casos del régimen de excepción vinculados a pandillas, donde se conoció el expediente de La Raza, la supuesta pandilla surgida de institutos públicos. Para entender lo que decidió el juez, queremos contarles cómo está ordenada la resolución de más de 200 páginas. Los primeros datos que aparecen en el documento dibujan el perfil de los acusados. 25 hombres y 9 mujeres. Catorce tenían 18 años, nueve tenían 19, seis tenían 20, uno 21 y los cuatro restantes entre 22 y 23 años.

El expediente también ofrece algunas pistas sobre quiénes eran. Doce aparecen identificados únicamente como estudiantes. En los demás casos, además de estudiar, se consigna un oficio: albañiles, ayudantes de odontología, repartidores, empleados de gasolinera, mecánicos, barnizadores y meseros. También una estudiante universitaria.

Pero hasta aquí, uno esperaría que la resolución se detuviera en cada uno de los acusados: quién hizo qué, qué pruebas existen contra cada uno y por qué. O sea, establecer hechos y conductas de cada uno de los acusados, pero el juez tomó otro camino. Antes de hablar de responsabilidades individuales, abrió un largo paréntesis histórico.

El juez dedicó más de 120 párrafos para justificar teóricamente que las rivalidades en las escuelas públicas pueden escalar hasta convertirse en graves problemas de seguridad pública. Cita libros de sociología, relatores de la ONU para argumentar que la Mara Salvatrucha-13 y el Barrio 18 comenzaron a reclutar a sus miembros directamente desde los centros escolares públicos. 

En su análisis el juez omite la amplia documentación que existe sobre cómo los estudiantes fueron víctimas de las pandillas. En 2016, por ejemplo, la prensa reportó que al menos 50 estudiantes fueron asesinados por vivir en territorios controlados por una pandilla distinta a la que dominaba la zona donde se encontraba su centro escolar. En muchos casos, el riesgo no era de pertenecer a una estructura criminal, sino de algo tan simple como la colonia donde vivían o la escuela a la que asistían.

[Audio archivo]: “Los centros educativos públicos de El Salvador sufren el asedio de la pandillas  estudiantes.En lo que va del año no menos de 50 estudiantes fueron asesinados por residir en un sector dominado por una pandilla distinta a la que controla la escuela”.

[Gabriela Cáceres]: El juez reconstruyó el contexto. Luego venía el paso decisivo: determinar si esos 34 estudiantes eran, en efecto, los nuevos pandilleros. Uno de los principales documentos en los que se basó son los perfiles delincuenciales. Muchas de las personas detenidas durante el régimen de excepción fueron arrestadas con base en fichas policiales: documentos que cualquier agente puede elaborar en cualquier momento y que, en algunos casos, incluso fueron redactados después de las capturas.

En las fichas que revisamos, la Policía incluye el nombre, edad, pandilla y clica, que en este caso son La Raza Nacionales y La Raza Técnicos. También el rango en que se encuentran, como los supuestos Doctores Cirujanos, Misters  y Señores. También escriben la función que cumplían dentro la estructura.  

A 23 de los 34 acusados la fiscalía los ubica en la función de “topar”, es decir, golpear a un estudiante rival. En algunas fichas agregan información de la vestimenta, que la identifican como pandilleril o adjuntan fotografías de los estudiantes haciendo señas que aluden al INTI o INFRAMEN, que fueron descargadas de cuentas de Instagram. En ninguno de los perfiles que revisamos la Policía adjuntó antecedentes penales.

El juez también le da credibilidad a los testigos cuya identidad permanece secreta. Los testigos Clave I-5 y I-6 son estudiantes del INFRAMEN que dijeron ser víctimas de amenaza de parte de supuestos miembros de la Raza. El testigo Clave Guerrero es un estudiante, pero no especifican el instituto al que pertenece. Este testigo dio valoraciones sobre el uso de tenis blancos y cejas cortadas por características de los miembros de La Raza. También se encuentran los testigos Pantera y Tigre, que son dos policías que declararon sentirse en peligro tras haber participado en la captura de los estudiantes. Los testigos Águila, Taurus, Principito, Espino, Bruni y Juda contaron cómo supuestamente estaba organizada La Raza, pero los documentos no dan brindan mayor detalle de cómo ellos conocen esa información. 

A partir de ahí, el juez interpretó el resto de las pruebas. Cito sus palabras:  “se evalúo el caso de forma ascendente esto es, desde el acto individual para fijar la existencia de la organización, sino todo lo contrario: de forma descendente en clave de una forma de responsabilidad por transferencia de la organización, dado que la existencia de aquella es un hecho notorio".

Le consultamos a un abogado cómo explicar este concepto sin tanto lenguaje jurídico. Nos dijo que imagináramos una empresa dedicada al narcotráfico, al lavado de dinero o al financiamiento del terrorismo. Como cualquier empresa, tiene una jerarquía. Hay quienes toman las decisiones, quienes las ejecutan y quienes cumplen distintas funciones dentro de la organización.

En esos casos, nos explicó, la responsabilidad no se analiza únicamente a partir de los delitos que cometió cada persona por separado. Una vez se demuestra que esa organización existe y que alguien forma parte de ella, la responsabilidad se extiende a todos sus integrantes por pertenecer a esa estructura. A eso el juez le llama "responsabilidad por transferencia de la organización".

Según  uno de los abogados penalistas a quienes consultamos, esa es la lógica que el juez aplica en el caso de La Raza. Si la Fiscalía logra demostrar que existe una estructura con distintos niveles de mando — jefes de cancha, palabreros y homeboys— ya no necesita atribuir a cada integrante un delito específico, como una extorsión o un homicidio. Lo que busca demostrar es que todos pertenecen a esa organización y, por eso, los procesa por agrupaciones ilícitas. Por eso la resolución dedica tantas páginas a describir esa jerarquía.

[Gabriela Cáceres]: Desde ese momento se podía anticipar hacia dónde se inclinaría la decisión final del juez. Pero antes de decirlo, revisó los documentos que la defensa presentó para demostrar que sus clientes pueden continuar el proceso penal en libertad y que no escaparán de la justicia.

Como ha ocurrido en todos los procesos penales, la defensa presentó recibos de agua y energía eléctrica, solvencias municipales, contratos de arrendamiento, escrituras y otros documentos relacionados con las viviendas donde residían los jóvenes. Pero ninguno tenía casa propia y muchos todavía vivían con sus familias. Por eso, los recibos de servicios, las escrituras y los contratos de arrendamiento estaban a nombre de sus padres o familiares. 

La Fiscalía intentó usar esto en contra de los jóvenes porque los acusados no podían demostrar su arraigo domiciliar ya que "no son los propietarios" de las viviendas. El juez sí reconoció que los recibos a nombre de los familiares eran evidencia válida para demostrar que los estudiantes tenían un hogar. El problema no fue de quién era el nombre en el recibo de luz o agua, sino que la defensa entregó fotocopias sin autenticar. Un error técnico anuló esos documentos que pudieron jugar en favor de los 34 acusados. 

Las familias también intentaron hacerse escuchar. Veinte de ellas firmaron declaraciones ante un notario. Querían contar quiénes eran sus hijos, cómo vivían, qué hacían antes de ser capturados. Pero el juez  las descartó todas porque a su juicio contenían valoraciones subjetivas sobre la conducta de los jóvenes y no pruebas relacionadas con sus vínculos familiares, domiciliarios o laborales que permitieran evaluar el riesgo de fuga.

Una familiar de uno de los detenidos con quien hablamos y pidió no ser identificada por temor a represalias nos contó sobre la documentación que recopiló.

 [Audio familiar]: “Entonces, yo presenté todos los arraigos, presenté cartas, presenté todo, notariado, hasta llegaron a revisar el libro de firmas de los días sábados y yo presenté todo eso y el el el fiscal, el juez dijo de que a él no le constaba que eso fuera cierto”.

[Gabriela Cáceres]: Finalmente el juez concluyó que existía una nueva pandilla operando dentro de los centros educativos salvadoreños. La llamó La Raza y sostuvo que compartía las características que definieron a las pandillas tradicionales: una jerarquía interna basada en rangos, relaciones de subordinación entre sus miembros, un lenguaje propio, presencia en distintos territorios y la capacidad de cometer delitos para imponer control e influencia. En uno de los casos, por ejemplo, el juez escribió en el documento que una de las alumnas detenidas intimidó a otra para que votaran por un candidato en específico en una elección estudiantil.

Entonces ordenó seis meses de detención provisional para los estudiantes.  Debido a las reformas aprobadas durante el régimen de excepción, las personas procesadas por delitos de crimen organizado ya no tienen un plazo máximo de detención provisional. Eso significa que pueden permanecer en prisión hasta que exista una sentencia firme.

Uno de los abogados de los estudiantes, que no quiso que su nombre sea público por la reserva del caso, dijo esto el 11 de julio de 2025, el día que el juez ordenó la detención provisional. 

[Audio archivo ]: "Son 14 buenos estudiantes, jóvenes deportistas, jóvenes emprendedores, que lastimosamente tiene un señalamiento como partícipes de pertenecer a una estructura delincuencial, lo cual esta defensa considera no es cierto. Esto es algún rencor de algún joven o envidia de los compañeros de ellos. No hay ningún tipo de evidencia que pueda sostenerlo”.

[Gabriela Cáceres]Para entender cómo cambió la forma de litigar bajo esta nueva jurisdicción, conversamos con Elías Ramírez, abogado salvadoreño que representa a personas procesadas durante el régimen de excepción.

[Audio- Elías Ramírez]: A nivel personal es bastante frustrante el hecho de que uno como defensor particular haga su máximo esfuerzo en hacer una solicitud bien fundamentada y con arraigos que acrediten eh, los temas que le he venido mencionando en cuanto a trabajo, a familia, a hogar y que los jueces siempre en alguna medida contra el crimen organizado eh establecen que son insuficientes. Siempre buscan algún vacío, siempre, buscan alguna excusa para decir que siempre que son insuficientes. Y, por lo tanto, el peligro de fuga de las personas no se desvanece. Entonces, le digo,  es bastante frustrante”.

[Gabriela Cáceres]:Dos meses después de las capturas de La Raza, hubo un relevo en el Ministerio de Educación en 2025. Nayib Bukele nombró como ministra de educación a la capitana del Ejército Karla Trigueros. Y con ella empezaron a cambiar algunas cosas dentro de las escuelas públicas. El Ministerio revisó los libros y materiales educativos para eliminar referencias a conceptos como feminismo, diversidad y cualquier "alusión a la Agenda 2030", según un manual de estilo y redacción que revelamos en El Faro. 

También empezó a poner el foco en la disciplina: cómo debían vestir los estudiantes, cómo debían comportarse... y hasta cómo debían llevar el cabello. Así explicaba esa decisión la ministra Trigueros en el programa Frente a Frente de TCS:

 [Audio archivo -Karla Trigueros : “Entonces estas cosas teníamos que regresarlas. El civismo, el patriotismo, los valores dentro del hogar y la escuela. Aparte de eso, el famoso del corte de cabello, el corte de cabello fue algo muy bonito porque sabemos que con que se corten el cabello no aprende a leer más el niño. Sí, es cierto, pero sí le crea una base dentro de su mente y dentro de su interior para poder entender cómo es la sociedad a la que está perteneciendo”.

[Gabriela Cáceres]: Bukele se sumó a resaltar las virtudes de las nuevas medidas para los estudiantes durante una cadena nacional de agosto de 2025:
[Audio archivo- Nayib Bukele]: "Presidente, esas son ideas viejas, eso es de antes, ahora es más moderno todo. ¿Y a qué nos llevó la modernidad? Ahí están los videos de los 90s, los videos de los años 2000, donde los jóvenes ya están haciendo lo que quieren. ¿Y qué pasó? Lo reclutaron las pandillas. Yo me imagino que ha de ser un dolor horrible como madre tener un hijo en la cárcel. Ha de ser un dolor horrible y más horrible ha de ser tener un hijo muerto o desaparecido. Y los tres casos provienen de la misma consecuencia y no haber y ser, ¿cuál es esa consecuencia no haberles aplicado disciplina cuando estaban niños".

[Gabriela Cáceres]:Un año después, los 34 estudiantes continúan en prisión y la Fiscalía aún no presenta la acusación ante el mismo juez. Pero la historia de La Raza no se detuvo. En enero de 2026, la Policía arrestó a otros 15 jóvenes y la Fiscalía los incorporó al mismo proceso y los acusó de tráfico de droga, amenazas, lesiones y agresiones sexuales. Según la acusación, entre ellos había seis "palabreros" y otros con rangos de "señor" y "míster".La Fiscalía pudo agregar a estos jóvenes al proceso judicial, porque una de las reformas aprobadas por la Asamblea oficialista permite sumar nuevos acusados a un caso por crimen organizado hasta antes de la sentencia.

La reestructuración del sistema de justicia, las capturas masivas que ahora tienen a 2 de cada 100 salvadoreños encarcelados y el régimen de excepción ininterrumpido, es el modelo que el Gobierno de Bukele defiende como indispensable para evitar el regreso de las pandillas.  El mismo modelo que, en marzo de 2026, hizo que en El Salvador se volviera a hablar de crímenes de lesa humanidad. Durante décadas, esas palabras remitieron a las desapariciones, las torturas y otros abusos cometidos durante el conflicto armado. Treinta años después, volvieron al debate público, porque un grupo internacional de expertos presentó un informe ante la ONU en el que concluyó que el uso prolongado del régimen de excepción en El Salvador ha propiciado la comisión sistemática de esos crímenes.

En el discurso por su primer año en su segundo mandato inconstitucional en 2025, Bukele dijo estar dispuesto a pagar el precio por los señalamientos a los abusos de su Gobierno.

[Audio archivo - Nayib Bukele ]: “(...)prefiero que me llamen dictador a ver cómo matan a los salvadoreños ”.

[Gabriela Cáceres] Las productoras y reporteras de este episodio somos Victoria Delgado y yo. El editor es Carlos Martínez. La producción de sonido y música es de Omnionn. El director de El Faro es Carlos Dada.