Irvin Jeovanny Quintanilla García fue deportado a El Salvador, desde Estados Unidos, en marzo de 2025, pero desde su ingreso al país su paradero ha sido una permanente incógnita. Después de casi 16 meses de su deportación no hay certeza de que se encuentre en una de las cárceles del país, según la información que ha logrado recabar una jueza ejecutora nombrada por la Sala de lo Constitucional, el máximo tribunal del país.
Quintanilla es uno de los salvadoreños deportados junto con 252 venezolanos como parte de la agresiva política migratoria de Donald Trump. Mientras los venezolanos fueron enviados a Venezuela en julio del año pasado, Quintanilla y los otros 35 salvadoreños ingresaron al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Un año y cuatro meses después se conoce muy poco de ellos, salvo el emblemático caso de Kilmar Abrego, quien fue devuelto a Estados Unidos.
En el caso de Irvin Quintanilla, la Sala de lo Constitucional salvadoreña abrió el 3 diciembre de 2025 un proceso de exhibición personal, con referencia 325-2025, para que las autoridades responsables de su resguardo se defiendan de las acusaciones de violación de derechos humanos y rindan cuentas de su paradero exacto y de su situación. La Sala nombró Evelyn Escobar como jueza ejecutora para recopilar la información.
Siete meses después, las gestiones de la jueza no han servido de mucho. La Dirección General de Centros Penales sigue sin ubicarlo ni reportar sobre su situación, y la única certeza que se tiene es que desapareció en custodia de esta institución pues en octubre el Estado admitió que estaba en una cárcel salvadoreña. El sistema carcelario ya incumplió con dos solicitudes de información hechas por la Sala de lo Constitucional.
“(Las autoridades) han omitido atender los requerimientos de este tribunal, retrasando con ello la resolución de este proceso”, dice una resolución de la Sala del 10 de junio.
La Sala reclama a Centros Penales. “Estos requerimientos (de información) no son meras sugerencias para los servidores públicos o particulares, sino auténticas órdenes (…) Las autoridades en comento deberán cumplir con los requerimientos que esta sede constitucional les realice en el desarrollo de este u otros procesos constitucionales diligentemente”, reza el escrito.
Las instituciones a las que se les pidió información fueron Centros Penales, el Centro de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana y la Fiscalía General de la República. En siete meses, solo la Fiscalía entregó información.
La Fiscalía informó que en abril de 2025 inició su propia investigación por una denuncia en San Miguel que puso la familia de Quintanilla. Como parte de su indagación, pidió información a la Dirección de Migración y Extranjería, quien reportó que no había encontrado ningún registro del ingreso al país de Quintanilla ni tampoco emisión de pasaporte a su nombre. La Fiscalía también consultó con el director de Centros Penales, Osiris Luna, quien informó que no tenía reporte de la entrada de Quintanilla a ninguna cárcel.
En mayo de 2025, dos meses después de la deportación, la familia de Quintanilla pidió el hábeas corpus que la Sala de lo Constitucional sigue sin poder resolver. La familia se autodeportó en abril para poderse reunir con Quintanilla pero no ha sido posible.
En su resolución de seguimiento del 10 de junio pasado, la Sala también culpó a Centros Penales de entrampar el proceso. “Por tanto -dice el tribunal- no se cuenta con la información necesaria y suficiente para resolver la petición de hábeas corpus”.
Ante la falta de cooperación, la Sala volvió a pedir nuevos reportes. Las oficinas que debían responder eran la Dirección de Centros Penales, el director del penal de Santa Ana y la Dirección de Migración. Las instituciones tenían tres días hábiles para responder pero nuevamente guardaron silencio. El plazo se venció el lunes 15 de junio.
En la práctica, la Sala, el máximo tribunal encargado de hacer valer los derechos constitucionales de los salvadoreños no ha podido hacer que se respeten los derechos de Irvin Quintanilla, quien en 2016 abandonó El Salvador con su familia por amenazas y la violencia de las maras.
Lo poco que se conoce hasta la fecha sobre el paradero de Quintanilla fue gracias a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 23 de octubre de 2025, a raíz de una petición de medidas cautelares para protegerlo, se supo que Quintanilla había sido trasladado desde el CECOT, en la zona paracentral del país, al centro penal de Santa Ana. Desde entonces, su condición y las razones de su detención volvieron a ser una incógnita. Ninguna autoridad tampoco ha informado que Quintanilla tenga un proceso abierto en El Salvador.
Otros cuatro salvadoreños deportados igual que Quintanilla también gozan de medidas cautelares de la CIDH, pero la diferencia entre estos y Quintanilla es que este último tiene a su favor un recurso de hábeas corpus en curso.
Quintanilla tenía 24 años cuando fue detenido en diciembre de 2024 en Estados Unidos por cargos de drogas que no se confirmaron. Estando bajo custodia, pasó a manos de autoridades migratorias que tenían pendiente deportarlo por haber faltado a una audiencia de migración. Estaba pidiendo asilo. El último día que logró comunicarse por teléfono con su familia en Estados Unidos fue el 9 de marzo de 2025, cuatro meses después de su captura.
En aquella conversación con su mamá dijo que las autoridades estaban pidiéndole un documento de identidad salvadoreño para conocer sus antecedentes judiciales. Su mamá prometió que le enviaría por correo electrónico una copia escaneada de la partida de nacimiento. Seis días después, Quintanilla fue expulsado por la administración Trump. “Me quedé esperando que él me llamara para decirme cuál era la dirección de correo a la que yo tenía que enviar la copia de la partida de nacimiento”, dijo en octubre pasado la madre, Sonia García, en una entrevista telefónica con El Faro. “Yo lo que quiero saber es dónde me lo tienen y por qué lo tienen detenido”, agregó la señora García.
Ella y su hijo vivían en Dallas, Texas, junto con otros miembros de su familia. La señora García explicó a El Faro que, a raíz de la detención de Irvin, como familia decidieron reencontrarse todos en El Salvador. Quintanilla no tenía confianza de ganar el proceso migratorio a pesar de su solicitud de asilo.
“Mi otro hijo se metía a la cuenta de él y aparecía que estaba (bajo detención) en la ciudad de Alvarado, Texas, pero después desapareció de todas las redes. No lo encontramos en Migración, pusimos la denuncia en la Fiscalía, fuimos al consulado salvadoreño… a muchas partes, y nada. No sabían ni aquí y yo decía, ¿qué hicieron de él? Ni en fotos lo he podido ver”, dijo la señora García.
Ella, tres niños más -dos de ellos nacidos en Estados Unidos- volaron a El Salvador el 29 de abril de 2025 con la esperanza de encontrarse con Quintanilla pero no lo han logrado. “Tuvimos que dejar todo y nos trajimos a dos niñas que nacieron allá, un niño que de año y medio lo llevamos lo tuvimos que traer… dejamos todo por venirnos a buscar a él y creíamos que aquí lo íbamos a encontrar y hasta la fecha no encontramos respuesta en nada”.
Fiscalía sigue investigando
El 3 de diciembre de 2025, siete meses después de pedido el hábeas corpus, la Sala de lo Constitucional emitió los oficios 2128 y 2129 para pedir información a la Fiscalía y otras instituciones. Fue la primera vez que la Sala pidió reportes del joven.
La Fiscalía había iniciado una investigación propia en abril de 2025, por la denuncia que puso la familia. Gracias al hábeas corpus se conocen los avances.
El secretario general de la Fiscalía, Miguel Ángel Iraheta Joachín, informó que el 10 de abril de 2025, un mes después de la deportación, activó el Protocolo de Acción Urgente (PAU) y la Estrategia de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, y que se emitió una dirección funcional al jefe de la División de Investigaciones de la Policía de San Miguel para hacer pesquisas.
Como parte de esos protocolos, la Fiscalía buscó en el Sistema de Información y de Gestión Automatizado del Proceso Fiscal (SIGAP) y solicitó a la Policía Internacional INTERPOL que informara si Irvin “ha sido detenido o puesto a la orden de alguna autoridad nacional”. La Fiscalía no encontró ningún registro en sus expedientes, mientras que de la respuesta de la INTERPOL no se consignó nada.
La Fiscalía también requirió un informe al Director General de Migración y Extranjería y al Director General de Centros Penales. Migración reportó que no había ningún registro de su ingreso en calidad de persona retornada ni de movimiento migratorio vía aérea, terrestre o marítima y que tampoco se emitió un pasaporte a su nombre.
Sobre lo que respondió Centros Penales a la Fiscalía, escuetamente se dice: “el director de centros penales informó que no reporta ingreso a ningún centro penal”.
La Fiscalía concluyó a partir de esos informes “que los hechos denunciados no encajaban en el delito de desaparición de persona” y “consideró que en caso de haber sido víctima de algún hecho delictivo no fue cometido en territorio salvadoreño por lo que se archivó definitivamente el proceso”.
Pese al archivo, la Fiscalía dice que a la fecha “la investigación sigue activa” y dijo haber informado a la familia de Irvin Quintanilla sobre estas decisiones. En internet, aun puede encontrarse el perfil de Facebook del joven Quintanilla. Su última foto pública es del 1 de febrero de 2024, 13 meses antes de desaparecer en las cárceles de El Salvador.