Desde hace siete meses no se sabía nada de Irvin Quintanilla, un salvadoreño indocumentado de 24 años, deportado en marzo a El Salvador junto con venezolanos al Centro de Confinamiento contra el Terrorismo (Cecot). Presionado por consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobierno de Nayib Bukele informó este 20 de octubre que el joven está “bajo custodia” en una cárcel del occidente del país y, supuestamente, que está en buen estado de salud.
La respuesta estatal contradice lo que en agosto y septiembre respondió a consultas previas: que no habían encontrado información del ingreso al país de Irvin. “Luego de verificados registros oficiales(sic) y como resultado de diligencias de búsqueda, se ha determinado que Irvin Jevoanny García Quintanilla permanece bajo custodia en el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana”, dice el escueto informe.
El Gobierno de Bukele tiene una relación en declive con la CIDH. En el marco de una investigación sobre el régimen de excepción, el Estado bloqueó y retrasó el informe de la Comisión y luego la acusó de sesgo por recibir financiamiento de organizaciones filantrópicas que a su vez auspician a entidades que velan por los derechos humanos en El Salvador. El Estado además no ha envió representante a cinco de 13 audiencias que la CIDH ha celebrado sobre El Salvador, desde 2019.
El Centro Industrial de Santa Ana suele mostrarse en la propaganda como una cárcel donde los reos trabajan en distintos oficios. Ahí es donde también estuvo recluido Kilmar Ábrego, un salvadoreño deportado a El Salvador por error en marzo y que luego Bukele dijo que no devolvería a Estados Unidos.El paradero de Irvin se conoce gracias a las medidas cautelares que la CIDH emitió hace tres semanas. Las medidas exhortaban al Gobierno de Bukele a buscar a Irvin, informar sobre su condición y coordinar con la familia las medidas a tomar para garantizar su integridad. La CIDH había dado hasta el 18 de octubre para dar una respuesta a las medidas, pero el Estado se pasó dos días del plazo. El abogado confirmó que el Estado aún no se había contactado con la familia.
Cuando emitió las medidas, el 2 de octubre, la CIDH concluyó que había indicios para considerar que Irvin estaba en riesgo pues se encontraba desaparecido, y que encontrarlo era urgente, sobre todo después de casi siete meses de la deportación. Las primeras solicitudes de información y denuncias para saber dónde estaba la hicieron su abogado y familiares en abril.
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El Estado salvadoreño, tal como lo hizo en agosto, manifestó que en este caso no existe ningún riesgo para Irvin ni tampoco es un caso urgente que amerite la emisión de medidas cautelares. Además, el Gobierno de Bukele se quejó de que le estuvieran pidiendo explicaciones de una detención que hizo Estados Unidos, no El Salvador.
Ahora la familia buscará que Irvin sea liberado pues aseguran que no debe nada en El Salvador. En mayo pasado, el abogado de Irvin presentó ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas corpus, con el objetivo de determinar el paradero de Irvin. Hasta el momento, la Sala ni siquiera ha dado por admitido el trámite. No es un caso exclusivo. De 7,542 demandas de habeas corpus presentadas en la Sala desde que comenzó el régimen de excepción hasta octubre de 2025, el 87.6 % se han rechazado, según La Prensa Gráfica.
Irvin fue detenido en diciembre de 2024 en un estacionamiento de la ciudad de Irving, Texas. Su captura, según su abogado, fue porque portaba una cantidad pequeña de marihuana. La investigación por ese hecho nunca concluyó ni se determinó si era para consumo, algo que no está penado, o si era para venta. Estando detenido, se reanudó su proceso de deportación que estaba vigente desde octubre cuando no compareció ante un juez tras solicitar asilo.
La CIDH avisó al abogado de Irvin sobre la respuesta del Estado hasta el jueves pasado, es decir, tres días después de la fecha de la carta. “El Estado reitera que se cumplen con los estándares de detención y se garantiza su integridad personal”, dice la breve respuesta del Gobierno. “Al igual que todos los privados de libertad en el sistema penitenciario salvadoreño se le garantiza alimentación saludable, elaborada bajo estándares de calidad definidos y recibe evaluación periódica de su salud y se le suministran productos de aseo y bienestar personal”, agrega.
La CIDH ha intentado corroborar la versión del Estado sobre las condiciones en las cárceles pero no ha podido visitar el país a pesar de haberlo solicitado varias veces. Por el contrario, la CIDH y la prensa nacional y extranjera han documentado decenas de testimonios de exreos y familiares de personas que estuvieron presas que dan cuenta de asesinatos, torturas y abusos físicos ocurridos en las cárceles, así como del hacinamiento que provoca numerosas enfermedades.
Los migrantes salvadoreños desaparecidos en el CECOT
“En relación a su estado actual y condiciones de salud, no presenta ningún síntoma o padecimiento que afecte su salud, por lo que se encuentra sano”, dice la respuesta estatal sobre Irvin.
El abogado de la familia también pidió este lunes 27 que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia confirme la información provista por el Estado.
Que Irvin y venezolanos fueran enviados al Cecot se debe a que Bukele ofreció esa cárcel a Trump para recibir a los migrantes que él quisiera expulsar. A cambio, Bukele pidió a Estados Unidos regresar a El Salvador a nueve líderes de la Mara Salvatrucha 13 que están procesados en Nueva York. Según The Washington Post, estos pandilleros se habían convertido en informantes de la justicia estadounidense y estaban dispuestos a relatar los detalles de la negociación secreta e ilegal alcanzada con Bukele para reducir los homicidios en el país y mostrarlo como un gobierno efectivo en materia de seguridad. Por eso Bukele los quería de regreso en El Salvador.
Trump acusó a los venezolanos de pertenecer a la pandilla del “Tren de Aragua”. Todos fueron enviados al CECOT y estuvieron ahí hasta que, en julio, los venezolanos fueron repatriados en un canje del gobierno de Trump con el régimen de Caracas, que liberó de sus cárceles a varios estadounidenses. De los salvadoreños se conocía muy poco. Además de Irvin, hay otros tres casos de salvadoreños que han pedido medidas cautelares a la CIDH. El caso de Irvin es el único en el que el Estado ha informado algo sobre su condición de encierro.
En mayo pasado, el abogado presentó un recurso de habeas corpus ante el silencio de las instituciones salvadoreñas.
El Estado salvadoreño volvió a quejarse de que se le esté señalando responsabilidad por una situación captura que no hizo. “