Inversiones Cayalá El Salvador, una empresa salvadoreña administrada por un empleado de Ernesto Castro, el presidente de la Asamblea Legislativa, y de Michelle Sol, la ministra de Vivienda, recibió un préstamo de $6.3 millones de una fundación de Mario Leal Castillo y de su familia, según estados financieros al 31 de diciembre de 2017. La empresa que recibió el crédito fue el vehículo elegido para construir en El Salvador una réplica de Ciudad Cayalá Guatemala, que alberga centros comerciales con plazas peatonales y apartamentos y viviendas de lujo. El proyecto en El Salvador nunca comenzó a construirse con ese nombre comercial, pero en ese terreno sí existe una millonaria inversión en propiedades de lujo financiadas en parte por el Banco Hipotecario.
Ese mismo año, en septiembre de 2017, Nayib Bukele benefició a una empresa de papel -entidad legal que carece de operaciones reales y empleados significativos- de Mario Leal Castillo, con la entrega del 75% de las acciones de un negocio de mercados y con el usufructo de tres inmuebles, que fueron usados para obtener un crédito por $55 millones en el Banrural de Guatemala. Es decir: mientras sucedía este crédito de Leal Castillo a la empresa controlada por el empleado de Ernesto Castro, Bukele beneficiaba a Leal Castillo con un negocio millonario desde la Alcaldía de San Salvador.
Ese fue el primer negocio que nació de esa alianza. A una década de ese préstamo, empresas y sociedades - algunas creadas con prestanombres- de ejecutivos relacionados a Leal Castillo hicieron negocios con el círculo de Bukele y se beneficiaron con acciones de empresas con participación pública, usufructo de inmuebles y bienes públicos, préstamos de la banca estatal y contratos millonarios con el Gobierno.
Según la versión de los abogados de Mario Leal Castillo, la sociedad en cuestión solo tenía un empleado: Julio Bracamonte. Bracamonte dijo a El Faro que desconocía el préstamo o desembolso de 6.3 millones hecho desde Panamá a una empresa que comparte domicilio con otras sociedades de Ernesto Castro y su esposa, la Ministra de Vivienda, Michelle Sol, con las que también ha tenido relación laboral. “¡Un crédito de cuánto!”, respondió Bracamonte al ser consultado vía telefónica. “¿Pero con quién se entendieron? Conmigo no se entendieron”, dijo.
Inversiones Cayalá El Salvador, desde 2013 hasta el último año que reportó información, 2021, reportaba como su domicilio Jardines de la Libertad, Calle Opico, Avenida Jayaque #22, el local de dos empresas del diputado Castro y la ministra de vivienda: Grupo Tres y Punto S.A de C.V y Castro y Sol, S.A de C.V., otras sociedades para las que ha laborado Julio Bracamonte. Grupo Tres y Punto y Castro Sol, además, recibieron medio millón de dólares de la partida secreta de Mauricio Funes, entre septiembre de 2010 y agosto de 2011.
Mario Leal Castillo, a través de su abogado, respondió a El Faro el pasado 13 de octubre que, desde su fundación en 2013 hasta que la sociedad cambió de nombre, Inversiones Cayalá El Salvador solo tuvo un empleado contratado responsable de la administración de la sociedad. “El señor Julio Bracamonte ha sido un empleado honrado y responsable nombrado para apoyar la administración de la sociedad desde esa fecha (16 de enero de 2013) hasta inicios del presente año”. También negó cualquier vínculo con Castro. “Si después de su contratación, el Sr. Bracamonte ha desarrollado relaciones comerciales o políticas, lo desconocemos. Lo que él haga con su tiempo libre es un asunto estrictamente personal”.
El secretario de Inversiones Cayalá El Salvador es Carlos Roberto Castillo Guevara, un contador que trabaja para Ernesto Castro, dueño también del despacho contable Castillo Guevara y Asociados. Este despacho contable fue favorecido con un contrato directo por $630,500 para proveer 65,000 cestas solidarias para el Programa de Emergencia Sanitaria (PES) durante la pandemia.
Carlos Roberto, que administra una agencia de publicidad que registró un sitio web que se dedica a publicar ataques anónimos a defensores de derechos humanos, periodistas y opositores, es hermano de César Augusto Castillo Guevara, el notario ante quien fue constituida Inversiones Cayalá El Salvador, también socio de Ernesto Castro y de Nayib Bukele en la empresa de publicidad Grupo Atomik. Carlos Roberto no respondió a la solicitud de entrevista que se le hizo llegar el 12 de octubre de 2026.
Una empresa de papel
Inversiones Cayala El Salvador es anónima y Mario Leal Castillo no quiso revelar el nombre de los accionistas detrás.
Por vía de su abogado, Leal Castillo dijo: “Los datos de identidad, situación patrimonial y cualquier información que permita identificar o perfilar a una persona solo pueden ser divulgados con el consentimiento expreso del titular, y que su tratamiento debe garantizar confidencialidad, seguridad y finalidad legítima”. Cuando se le consultó sobre si Ernesto Castro había tenido alguna participación accionaria en Inversiones Cayalá El Salvador, respondió que actualmente solo tiene en El Salvador una empresa de nombre Inversiones Portaceli y que en esa segunda empresa “Ernesto Castro no tiene ninguna relación societaria”.
El abogado de Leal Castillo se negó a referirse al préstamo a Inversiones Cayalá El Salvador. En cambio, aludió reiteradamente a Inversiones Portaceli, sin explicar por qué, pese a que los documentos públicos del Registro de Comercio mencionan de forma explícita un préstamo a Inversiones Cayalá El Salvador, donde aparece como administrador Julio Bracamonte.
Julio Bracamonte controla una empresa que no tiene empleados ni operaciones que le generen ingresos comerciales gravables de impuestos en El Salvador, pero acumula $7 millones en activos, según el último estado financiero reportado por Inversiones Cayalá El Salvador en 2021.
Inversiones Cayalá El Salvador fue creada con el propósito de emular un Proyecto Cayalá en Nuevo Cuscatlán, según los estados financieros de 2017 y 2018 de la empresa, inspirada en el proyecto inmobiliario guatemalteco con el mismo nombre y que alberga apartamentos y viviendas de lujo, centros comerciales y plazas peatonales, creada por la misma familia propietaria de un complejo azucarero en la costa del Pacífico guatemalteco.
La empresa que prometía una Ciudad Cayalá para El Salvador fue creada el 16 de enero de 2013, cuando Nayib Bukele ya llevaba un año como alcalde de Nuevo Cuscatlán y Ernesto Castro se desempeñaba como su secretario privado. Un año después -en mayo de 2014- en un evento transmitido por los noticieros de las principales cadenas de televisión de El Salvador el alcalde prometió una inversión de mil millones de dólares en el municipio.
El empresario guatemalteco, Mario Leal Castillo, proveniente de un clan familiar detrás del boom inmobiliario de Ciudad Cayalá en Guatemala y quien aspiraba a convertirse en vicepresidente del vecino país como compañero de fórmula de Sandra Torres, asistió al evento y frente a las cámaras de televisión anunció su respaldo al joven político salvadoreño.
“Es en realidad un gusto ver cómo ustedes tienen esta joya que es Nuevo Cuscatlán, dirigida por un alcalde como Nayib, porque realmente están haciendo las cosas bien”, dijo Mario Leal en su discurso en mayo de 2014. Tres años después Inversiones Cayalá El Salvador registró en sus estados financieros -al 31 de diciembre de 2017- que había recibido un préstamo de $6.3 millones de la Fundación Pajaybal.
Esa fundación de interés privado fue inscrita en Panamá en diciembre de 2014, siete meses después de aquel evento en El Salvador en el que Bukele y Leal Castillo estrecharon las manos.
La junta directiva de Fundación Pajaybal -según la escritura de constitución- está integrada por miembros de la familia Leal: Mario Leal Pivaral (padre) es el presidente. Sus hijos: Rodrigo Leal, tesorero; Alejandro Leal es vicepresidente y como miembros están Denis Leal Castillo y Mario Leal Castillo.
Según la legislación panameña, las fundaciones privadas son utilizadas para administrar un patrimonio aparte de sus fundadores, que es entregado a quiénes estos designen como beneficiarios. No sirven para hacer negocios de manera directa, según la Ley 25 de Fundaciones Privadas de Panamá, sin embargo en los estados financieros de Inversiones Cayalá El Salvador, la Fundación Pajaybal es la acreedora que transfirió capital con el que la sociedad salvadoreña Inversiones Cayalá El Salvador adquirió terrenos en la Finca Suiza en Nuevo Cuscatlán.
El Faro consultó por teléfono a Julio Bracamonte por este préstamo de $6.3 millones de la fundación de Mario Leal Castillo a Inversiones Cayalá El Salvador. “¡Un crédito de cuánto!”, respondió Bracamonte. “¿Pero con quién se entendieron? Conmigo no se entendieron”, aseguró. El crédito fue reportado en los estados financieros de la empresa de 2017 y de 2018. Bracamonte firmó ese balance, en el que consta ese crédito, como representante legal de la empresa. “Yo no soy dueño de la empresa”, dijo Bracamonte. “Pero, ¿quién lo firmó? Yo no fui. Yo no he firmado nada de eso. Yo ya no soy el administrador de Inversiones Cayalá El Salvador. Esa empresa ya cambió de nombre. Ahorita estoy en una trabazón, por favor, hábleme en una hora para que me explique bien”, dijo Bracamonte, quien posteriormente ya no respondió a ninguna llamada.
Documentos del Ministerio de Medio Ambiente, a los que tuvo acceso El Faro, muestran que en la Finca Santa Elena estaba contemplada la construcción del proyecto Residencial Cayalá. Grupo Gramo, una empresa constructora de viviendas de lujo presentó un estudio de suelo a este ministerio el 21 de agosto de 2018 para iniciar el proyecto “Residencial Cayalá”.
El abogado de Leal Castillo aseguró que Grupo Gramo y/o Briko, empresas del grupo Jubilee Universal Ventures, son propietarias de un inmueble vecino a su empresa Inversiones Portaceli: “No existe ninguna relación societaria ni de control entre Inversiones Portaceli y Grupo Gramo o Inversiones Briko. Y, por cierto, ningún proyecto, ni de Gramo, Briko ni de Portaceli, lleva o llevará el nombre Residencial Cayalá”.
Hipoteca de “hasta $35 millones” para los herederos del Proyecto Cayalá
En 2018, la empresa administrada por Bracamonte Sibrián - el padrino de alcohólicos anónimos de Castro- acordó asociarse con el grupo empresarial controlado por Jubilee Universal Ventures Corp, una empresa panameña dueña de las empresas Inversiones Briko y Grupo Gramo, sociedades que tienen distintos proyectos inmobiliarios en El Salvador.
La empresa principal del grupo -que tiene empresas en El Salvador, Panamá, Islas Vírgenes Británicas y México- pertenece a Vicente Eduardo Graniello Pérez, un empresario salvadoreño-mexicano y a María Fernanda Álvarez Morphy Mogollon.
En 2017, Grupo Gramo pagó $1.4 millones a Inversiones Cayalá El Salvador por una porción de la finca Santa Elena. Un año después, el 12 de julio de 2018, Grupo Gramo contrató a una empresa de arquitectos para llevar a cabo un estudio de suelos para el proyecto Residencial Cayalá.
La portada del estudio de suelo entregado al Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador dice: “Estudio de Suelos. Referencia: ES-178-18. Proyecto Residencial Cayalá. Ubicación: Finca Santa Elena, Nuevo Cuscatlán a ser presentado a Grupo Gramo”. El documento tiene fecha de 21 de agosto de 2018.
El 17 de diciembre de 2020, el Banco Hipotecario - un banco estatal salvadoreño- aprobó una modificación de hipoteca de hasta $35 millones a Grupo Gramo para que lleve a cabo proyectos residenciales en Nuevo Cuscatlán. Hasta el 28 de agosto de 2024, la hipoteca había disminuido a $16 millones.
En los estados financieros de Inversiones Cayalá El Salvador del 31 de diciembre de 2021 la empresa cambió de dueños: el 99.9% de las acciones de la empresa sigue siendo administrada por Bracamonte, al menos en papel. Esa sociedad ahora pertenece a Jubilee Universal Ventures Corp, la dueña de Grupo Gramo e Inversiones Briko.
En febrero de 2026, Inversiones Cayalá El Salvador inició las obras de terracería en la Finca Santa Elena. Las obras amenazan con desplazar a 20 familias que han vivido durante generaciones en esa finca.
El País menciona en una publicación de 2015 al nuevo dueño del proyecto Cayalá en El Salvador, Vicente Eduardo Graniello Pérez. Lo relaciona con una investigación por blanqueo de capitales -1.5 millones de euros- en Andorra, que involucra al exgobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo hijo.
La justicia del país europeo investigaba una cuenta de una empresa offshore -Abeodan Corporation- en la que Graniello Pérez y Del Mazo tenían control. Junto a Graniello y Del Mazo era investigado Luis Pablo Laplana, director de la División Internacional del banco BPA de Andorra. Este último es un ejecutivo del banco, procesado en simultáneo en otro caso por ayudar al blanqueo de 2,000 millones de euros desfalcados a la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Empresas de mercados municipales que se mantienen a flote con dinero público
Como alcalde de San Salvador, Nayib Bukele entregó a Mario Leal Castillo el negocio de los mercados municipales en 2017. Le entregó el control de la empresa privada creada para administrar ese negocio y cedió tres inmuebles municipales que fueron hipotecados en Guatemala para obtener $55 millones de un préstamo con el Banrural, de Guatemala en febrero de 2020.
El abogado de Mario Leal aseguró a El Faro que el empresario guatemalteco fue parte del proyecto de los mercados hasta 2017, que contaba con una participación a través de la empresa panameña Banager Advisors Corp y que no formó parte de la gestión del préstamo con Banrural, aunque actas del concejo municipal de San Salvador planteaban la posibilidad de ese crédito cuando estaba en negociaciones la entrega del negocio de los mercados por el alcalde Nayib Bukele. “La empresa de la que fue socio el Sr. Mario Leal fue Banager Advisor, quien vendió su participación en ese proyecto en 2017 varios años antes de la transacción a la que usted hace referencia”.
Los socios privados del negocio de los mercados solo construyeron uno de los tres mercados para los que se obtuvo el crédito. El 14 de septiembre de 2022 la Alcaldía de San Salvador inyectó de emergencia $8 millones para mantener a flote a Simerca y para recuperar el control del negocio cedido por Bukele a privados.
Dos años después, la firma de auditoría externa de la sociedad recomendó a la Municipalidad de San Salvador la disolución de Simerca, la empresa público privada creada para administrar los mercados, porque para diciembre de 2024 este negocio acumulaba ($5,231,978) en pérdidas y el Código de Comercio establece la disolución de empresas por la pérdida de las tres cuartas partes de su capital social. “Llamamos la atención que de acuerdo a los resultados antes mencionados la sociedad está sobregirada al capital social en un valor de ($2,069,658) por lo tanto está en la causal de disolución si los accionistas no efectúan los aportes de capital necesarios”, dice la opinión de la firma de auditoría externa.
El negocio de los mercados tampoco ayudó a solucionar el problema del comercio informal y para 2023 una cuarta parte de los inquilinos que alquilaban locales en el mercado Hula Hula, el único que está operando, estaban en proceso de ser embargados y desalojados de sus puestos.
*Este reportaje se realizó con apoyo de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX). La beca es parte del proyecto global “Space for Freedom” de la iniciativa Hannah Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.