El Estado de El Salvador reconoce que mantiene preso a un ciudadano salvadoreño enviado al CECOT por la administración Trump junto a 252 venezolanos a inicios de 2025, sin que exista un proceso penal o imputación en su contra. Dicho reconocimiento va en un escrito enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que el país califica como confidencial. El escrito en poder de El Faro tiene fecha de 12 de agosto de 2026.
La persona encarcelada es Irvin Quintanilla, un joven salvadoreño de 26 años que su familia daba por desaparecida. Irvin Quintanilla vivía en Texas, Estados Unidos, desde 2016, y fue deportado a El Salvador el 15 de marzo de 2025 como parte de la campaña antimigrante de Donald Trump. Los más de 200 venezolanos con los que fue enviado ya fueron liberados.
Horas después de la deportación, Bukele se burló de la justicia de Estados Unidos que había intentado ponerle freno a la expulsión ordenada por Donald Trump. “Ups, demasiado tarde”, escribió Bukele la madrugada del 16 de marzo, acompañando sus palabras con un emoji llorando de la risa.
El Estado salvadoreño dijo a la CIDH que el encarcelamiento de Quintanilla no es por un proceso que tenga abierto en El Salvador. Dice que si está preso es por “la colaboración y cooperación soberana entre Estados”, aunque la carta nunca menciona a Estados Unidos, sino que solo menciona reiteradamente a un “Estado requirente”.
El 15 de marzo, la agencia AP reveló que Estados Unidos y El Salvador habían llegado a un acuerdo para que el CECOT recibiera 300 supuestos miembros de la pandilla Tren de Aragua de Venezuela deportados, por 6 millones de dólares.
Sobre Quintanilla, el Estado ahora dice que “[s]u permanencia [en El Salvador] responde a esta modalidad de colaboración internacional mediante la cual se facilita la infraestructura para el resguardo de personas trasladadas en el contexto de actuaciones desarrolladas por autoridades extranjeras”, dice la carta, cuyo contenido el Estado exige que no se divulgue aludiendo a que incluye datos personales.
“En virtud de esta asistencia mutua internacional, El Salvador actúa únicamente como Estado receptor para brindar facilidades de infraestructura e internamiento material, mientras que la titularidad, la causa jurídica originaria y la jurisdicción penal sobre el individuo corresponden de manera privativa al Estado requirente”, dice la respuesta del Estado salvadoreño.
El Salvador también reconoce que ignora y desconoce “los procesos y causas penales o determinaciones” que provocaron la deportación de Quintanilla al CECOT. El Estado salvadoreño dice que no le compete conocer esa información, y que eso solo está en manos de Estados Unidos.
“La ausencia de un proceso penal, imputación o falta de una orden judicial dictada por autoridades locales [de El Salvador] respecto del señor Quintanilla obedece a la naturaleza misma del marco de colaboración soberana aplicable”, dice el Estado en su comunicación a la CIDH.
Expertos ven esto como una señal de desaparición forzada. “El caso Quintanilla ejemplifica lo que puede ocurrir cuando Estados Unidos deporta personas sin garantías legales suficientes. El Salvador admite que lo mantiene preso sin cargos, lo que constituye una detención arbitraria, y en régimen de incomunicación. Este es el riesgo que enfrentan muchos de los miles de salvadoreños que están por perder el TPS debido a que su gobierno no respeta garantías mínimas de derechos humanos y desaparece personas dentro del sistema penitenciario con impunidad”, dijo Juanita Goebertus, directora de las Américas para Human Rights Watch.
El Salvador reconoce que “la emisión de las órdenes procesales que motivan la restricción de libertad se mantiene de forma intocable bajo la competencia exclusiva del Estado originario (Estados Unidos”. Y que a El Salvador solo le toca “la logística, el alojamiento y el internamiento físico en la infraestructura penitenciaria nacional”.
El Salvador dice que se ha convertido en “el garante” de “la vida, salud integral, alimentación, integridad física y psicológica” de Quintanilla. Pero en ninguna parte de su escrito, El Salvador explica por qué para cumplir con estas condiciones de internamiento debe tenerlo recluido en un penal, y no en otra instalación como un hotel o en su casa o en otra instancia.
El Gobierno dice que en el penal, Quintanilla tiene acceso a actividades de agricultura y talleres industriales de estructuras metálicas. También dice que está en buen estado de salud, que juega fútbol, levanta pesas y que está emocionalmente estable. Sobre el centro penal donde está preso —el Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y Rehabilitación de Santa Ana—, el Gobierno dice que se trata de un “Centro Abierto” con medidas de seguridad menos restrictivas que otras cárceles del país.
Un proceso “confidencial”
Lo que se conoce hasta la fecha de Quintanilla es gracias a una petición de “medidas cautelares” de protección que la familia de Quintanilla promovió ante la CIDH en 2025. El 20 de octubre de 2025, el Estado informó a la CIDH que Quintanilla estaba en el penal de Santa Ana.
El 13 de julio de 2026, la CIDH pidió información al Estado en seguimiento a las medidas cautelares otorgadas. La Comisión pedía datos sobre el lugar y las condiciones de detención de Quintanilla, incluyendo su estado de salud y el acceso a visitas de representantes legales y familiares, y su situación jurídica. El Estado salvadoreño respondió el 12 de agosto.
En su primera página, el documento dice que es un documento “confidencial, privilegiado”, dirigido “exclusivamente a su destinatario”. El Estado dice que “notifica” que la divulgación o copia del documento está prohibida debido a que tiene datos personales, los cuales están protegidos por Ley para la Protección de Datos Personales y la Constitución de la República. “Se notifica que cualquier uso, divulgación o copia no autorizada de esta información está prohibida conforme a la legislación vigente”, dice el escrito.
Ahora el Estado también pide a la CIDH que “valore el cierre o el levantamiento de las presentes medidas cautelares dado que no existe una situación de gravedad, urgencia o riesgo inminente de daño irreparable respecto de los derechos tutelados del beneficiario bajo la jurisdicción salvadoreña”.
En 2025, la familia de Quintanilla que vivía con él en Estados Unidos se autodeportó a San Miguel, El Salvador, con el objetivo de reencontrarse todos en suelo salvadoreño. Un año después de la deportación, el reencuentro no ha sido posible.
El Estado justifica que Quintanilla no pueda recibir visitas en la cárcel “debido al régimen de excepción”.
Los aspectos procedimentales del régimen de excepción, sin embargo, solo aplican a los casos del régimen de excepción que están en manos de los Tribunales de Crimen Organizado. Quintanilla no está procesado en ningún expediente, según reconoció el mismo Estado.
El Estado asegura que las visitas profesionales (incluyendo la de abogados) en las cárceles “están limitadas” y que “cualquier persona debidamente acreditada puede solicitar información mediante escrito dirigido a la Dirección General de Centros Penales o acudir a los mecanismos institucionales a pedir información sobre la ubicación de personas bajo resguardo en establecimientos penitenciarios.”
Esto no se ha cumplido con el caso de Quintanilla. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso de exhibición personal (habeas corpus) en 2025 para que las autoridades revelaran el paradero del joven después de su deportación. La Sala ordenó en dos ocasiones a la Dirección de Migración y Extranjería, a Centros Penales y al penal de Santa Ana que rindiera informes al respecto pero ninguna de las instancias respondió.}
El proceso de habeas corpus no se ha resuelto en la Sala salvadoreña. Pero el Estado dice en su carta que solo el hecho de que el proceso exista ya es un síntoma de salud democrática. “Existen los controles constitucionales”, dice el Estado. Los procesos de habeas corpus son medidas que la gente puede usar para garantizar el respeto al debido proceso de personas detenidas. Con el régimen de excepción, las peticiones de este tipo se disparó.