El Gobierno de Estados Unidos afirmó categóricamente que “no hubo informes creíbles de abusos significativos de los derechos humanos” en El Salvador, en su informe anual sobre derechos humanos. El Departamento de Estado emite cada año un informe sobre todos los países que reciben asistencia estadounidense y sobre los estados miembros de Naciones Unidas.
Apenas el año pasado, bajo la administración demócrata, el mismo informe, que hacía referencia a lo ocurrido en el año 2023, hablaba de reos asesinados a golpes por guardias, prisioneras embarazadas que sufren abortos por falta de atención médica y vigilancia a opositores y periodistas.
El informe de 2024 dice que “no se registraron cambios significativos en la situación de los derechos humanos en El Salvador". Pero este año, pese a la continuación de violaciones a derechos humanos ocurridas en el marco del régimen de excepción, o la existencia probada en documentos estadounidenses de presos políticos en El Salvador, el informe lava la cara de un gobierno aliado. El Salvador se ofreció a recibir migrantes deportados en la megaprisión del Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot) en marzo y quienes salieron de ahí lo han hecho denunciando torturas.
El Washington Post adelantó que la Casa Blanca también aminoró las críticas a otros gobiernos autoritarios como Israel y Rusia, a la vez que incrementó sus cuestionamientos a países con los que ha entrado en tensiones diplomáticas, como Brasil y Sudáfrica.
Prácticamente cada afirmación del informe niega directamente denuncias de grupos de la sociedad civil salvadoreña.
Por ejemplo, Estados Unidos asegura “la Constitución garantiza la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa y otros medios de comunicación, y el Gobierno respetó en general este derecho”. Pero en los últimos dos meses, al menos 80 periodistas y defensores de derechos humanos se han exiliado por vulneraciones e intimidaciones policiales o de agentes del Estado. Un comité de familiares de perseguidos y presos políticos salvadoreño registró, hasta marzo de este año, a 28 personas en condición de prisión política. Incluso Amnistía Internacional calificó en julio los casos de la abogada Ruth López, Alejandro Henríquez y José Ángel Pérez, como “presos de conciencia”, una categoría que no había sido reportada en el país desde el fin de la guerra civil.
Si bien el reciente reporte estadounidense habla de 2024, aparece en un contexto en el que la deriva autoritaria de Bukele está en la discusión internacional, tras las reformas aprobadas por su Asamblea Legislativa el 31 de julio pasado que permiten a Bukele la reelección indefinida. El régimen no tardó en lucir este espaldarazo.
El propio presidente Bukele replicó en su cuenta de X la postura oficial del Gobierno de Estados Unidos ante esta acción, informada a través de la agencia de noticias EFE: “La Asamblea Legislativa de El Salvador fue elegida democráticamente para promover los intereses y las políticas de sus electores. La decisión de realizar cambios constitucionales es suya. Les corresponde decidir cómo debe gobernarse su país. Rechazamos la comparación del proceso legislativo de El Salvador, basado en la democracia y constitucionalmente sólido, con regímenes dictatoriales ilegítimos en otras partes de nuestra región”, citó Bukele el tuit de EFE.
Según el informe “periodistas, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y figuras de la oposición criticaron el acoso en línea del Gobierno hacia sus detractores y su retórica hacia los periodistas”, como si las vulneraciones se redujeron al espacio virtual. La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) ha reportado intentos de captura de miembros de El Faro, seguimientos policiales e interrogatorios en las casas de miembros de la prensa, así como a 47 periodistas en el exilio.
Tan sólo un día después de que se publicara el informe de Estados Unidos, la organización Amnistía Internacional hizo una publicación en la que señala que “desde 2021, el gobierno ha tomado decisiones que debilitan el poder judicial y restringen libertades fundamentales”, y también menciona que “la represión ha alcanzado a periodistas, activistas, abogados, ambientalistas y líderes comunitarios que hoy están encarcelados injustamente por ejercer sus derechos”, siendo esta “una estrategia para silenciar voces críticas y concentrar el poder”.
El informe del Gobierno estadounidense también afirma que “el Gobierno tomó medidas creíbles para identificar y sancionar a los funcionarios que cometieron abusos contra los derechos humanos”. Reporta que, “hasta el 16 de agosto (de 2024), la PNC registró dos denuncias de tortura, 47 denuncias de integridad corporal violada, 53 denuncias de malos tratos, 34 denuncias de abuso físico y tres denuncias de agresión y discriminación cometidas por agentes de policía”. Y añade: “la PNC remitió 171 denuncias a la Fiscalía General de la República, disciplinó a 14 agentes de policía y destituyó a 12 agentes de policía”. No se dan detalles de cuántos casos fueron llevados a tribunales.
Funcionarios de alto rango que están al frente de instituciones señaladas de masivas violaciones, como la Dirección de Centros Penales, su director Osiris Luna, o el custodio William Ernesto Magaña Rodríguez, alias Montaña, identificado como un torturador, siguen operando sin que exista aún información pública sobre sanciones o rendición de cuentas de sus actos y gestiones. Fidel Zavala, vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), quien presentó denuncias contra Luna y Magaña, fue recapturado el pasado 25 de febrero.
El contradictorio informe minimiza las violaciones a derechos humanos pese a que identifica graves situaciones: ocho muertes en prisión, ocho denuncias por la falta de información sobre detenidos bajo el estado de excepción, 10 denuncias alegando tortura o castigos crueles e inhumanos a manos de agentes de la PNC, 23 denuncias de abuso sexual, 19 denuncias de violencia contra la mujer y cuatro denuncias de abuso infantil presuntamente cometidos por la policía. Además, “la Inspectoría General de Seguridad Pública investigaba 66 casos de presuntas violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad pública durante el estado de excepción, incluyendo tres violaciones del derecho a la vida, 11 violaciones de la libertad personal y nueve violaciones de la seguridad personal”, dice el documento. El mismo informe indicó que la Fiscalía General de la República inició 19 investigaciones por presuntos abusos de fuerza durante el régimen de excepción.
Incluso las cifras reconocidas representan una cantidad mucho menor de lo que algunas organizaciones han señalado. Por ejemplo, el último conteo del Socorro Jurídico Humanitario del 2024 señaló que el año cerró con 354 personas fallecidas bajo custodia del Estado. Cifra que no ha parado de crecer: el 10 de agosto de este año la organización había sumado 79 personas registradas como fallecidas en prisiones salvadoreñas este año, para un total de 433.
El 27 de junio, dos meses antes de que se publicara el informe estadounidense, la organización internacional Human Rights Watch hizo público una serie de testimonios sobre abusos policiales durante el régimen de excepción, en donde se registra la captura de al menos 3 mil menores de edad. Los testimonios de los policías que entrevistó la organización para este informe “ofrecen una perspectiva poco conocida sobre cómo la policía fabrica evidencias para cumplir con cuotas de arrestos, extorsiona a personas inocentes, ignora el debido proceso y desobedece órdenes judiciales”, dijo Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.
El cambio de tono del informe empezó el año pasado. Pese a denunciar detenciones arbitrarias, torturas y un país sin garantías legales bajo el régimen de excepción, funcionarios estadounidenses admitieron que el informe de 2024 suavizó sus críticas a la corrupción.
Desde el regreso de Trump al poder en su segundo mandato en la presidencia estadounidense, desde enero de 2025, las críticas contra las acciones autoritarias de Bukele han disminuído. Incluso, el presidente salvadoreño es considerado hoy el socio regional más cercano de Trump. Esto se evidenció desde que Bukele tomara posesión de la presidencia en su segundo período inconstitucional, en junio de 2024, al tener como invitados de honor a miembros cercanos del movimiento trumpista, como el propio Donald Trump hijo.
La cercanía entre los dos mandatarios se hizo mucho más clara cuando la prensa informó que Bukele le había ofrecido a Estados Unidos el uso de sus sistema carcelario para albergar a reos migrantes en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que incluyó la oferta de un descuento del 50 % en los gastos de manutención de los reos, a cambio del retorno de nueve pandilleros clave de la MS-13. Ese acuerdo logró constituirse durante la visita en febrero de este año del Secretario de Estado Marco Rubio a El Salvador. De momento, uno de esos pandilleros, que podría tener información sobre pactos con el Gobierno de Bukele, ya fue devuelto al país, y el debate judicial sobre la devolución de un segundo sigue vigente.
La negación de violaciones a derechos humanos en El Salvador para favorecer la política internacional estadounidense tiene también precedentes históricos. El 28 de enero de 1982, el presidente Ronald Reagan certificó ante el Congreso de Estados Unidos que El Salvador había conseguido una mejora en el campo de la reducción de abusos y violaciones de derechos humanos por parte del Ejército, durante la guerra civil. El Gobierno justificó de esa manera el enorme flujo de apoyo militar a las Fuerzas Armadas de El Salvador.
Solo un día antes, el Washington Post y el New York Times habían publicado sendos artículos revelando la masacre de El Mozote, donde el ejército asesinó a mil campesinos salvadoreños.