El “broker” detrás de los opacos contratos de los mercados con la Alcaldía de Bukele

En junio de 2015, el empresario guatemalteco Mario Leal Castillo creó en El Salvador, con prestanombres, la empresa Direct Security Systems. Un año después, Leal Castillo y dos de sus socios convencieron a un empresario mexicano, Enrique Sánchez Hernández, de que podían conseguir todos los contratos de la Alcaldía de San Salvador para constituir un negocio de construcción, gestión y administración de mercados municipales con la Alcaldía dirigida por Nayib Bukele entre 2015 y 2018. Leal Castillo y sus dos socios solicitaron a Sánchez el pago de $8.96 millones una vez estos negocios se concretaran. Leal Castillo fue candidato a vicepresidente de Guatemala y estuvo bajo investigación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Esta trama de negocios está documentada en un expediente del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador y con documentos obtenidos por la organización Ddo Secrets. “José Guillermo Paz Quezada y Jorge René Gómez Gruest, que junto al señor Mario Leal Castillo, quien es accionista mayoritario de Banager Advisors Corp, decidieron invitar a participar en el emprendimiento del proyecto de modernización, diseño y construcción del sistema de mercados municipales en El Salvador al señor Enrique Sánchez Hernández”.

El expediente del Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador permite reconstruir la historia de cómo un grupo de empresarios fueron elegidos a dedo como socios de la Alcaldía de San Salvador para constituir la empresa Nuevo Sistema de Mercados (Simerca), una empresa público privada a la que Bukele entregó en usufructo tres inmuebles municipales para la construcción de mercados: el Mercado Hula Hula, el Expredio Biblioteca y el local Escalón. 

El empresario mexicano se comprometió a pagar a Banager Advisors Corp -una empresa panameña en la que Leal es accionista mayoritario- por una consultoría, denominada “prestación de servicios de asesoría y gestión para la adquisición de los contratos marcos para la construcción, administración y mantenimiento de los mercados municipales”, dice el testimonio incorporado al expediente. Los servicios por esta asesoría fueron prestados desde 2016 hasta agosto de 2017.

En ese periodo, la Municipalidad de San Salvador, dirigida por Bukele, suscribió dos contratos marcos. Leal cumplió su palabra y consiguió los contratos con la Alcaldía: el primer contrato consistió en la designación de la empresa de Leal, DSS, como socia de la Alcaldía, para crear una empresa pública privada para la construcción, administración y mantenimiento de los mercados. Luego fue suscrito un segundo acuerdo marco el 27 de septiembre de 2016:  la creación de la empresa público-privada Nuevo Sistema de Mercados, Simerca, una empresa en la que la Alcaldía suscribió el 25% de las acciones, y a los socios privados, agrupados en DSS, les fue cedida la participación mayoritaria: el 75% de las acciones. 

La Alcaldía cedió el usufructo de tres inmuebles municipales, para la construcción de los mercados: el Hula Hula, el ExPredio Biblioteca y un local en la Colonia Escalón. 

Regresando a la trama que involucra al empresario mexicano, Leal Castillo iba a beneficiarse con $6.1 millones (de ese pago de $8.96 millones) y sus otros socios, José Guillermo Paz Quezada y José René Gómez Gruest, con los $2.8 millones restantes.

Leal Castillo es miembro de la familia detrás de Paseo Cayalá, un opulento desarrollo inmobiliario creado en los márgenes de la Ciudad de Guatemala para la élite de ese país y visitantes extranjeros. Él fue el principal recaudador de la campaña que llevó a la presidencia de Guatemala al general Otto Pérez Molina en 2011 y fue uno de sus secretarios, pero cortó vínculos previo a que el general fuera depuesto por una investigación de corrupción y defraudación aduanera. Leal Castillo formó parte del binomio que compitió por la presidencia de Guatemala en 2015, como candidato a vicepresidente de Sandra Torres. La CICIG investigó a Leal Castillo en 2015 por financiamiento electoral ilícito del partido Unidad Nacional de la Esperanza para esa campaña. La investigación concluyó que Leal hizo aportes a UNE que no reportó al TSE, pero el caso y las órdenes de captura fueron archivadas por un fallo de la Corte de Constitucionalidad. 

Un año antes, en mayo de 2014, Leal Castillo y Bukele habían estrechado lazos en un evento en el municipio de Nuevo Cuscatlán. Bukele prometió llevar una inversión de $1,000 millones para ese municipio y lo hizo en compañía del empresario Mario Leal Castillo, quien asistió a la ceremonia en representación de Inversiones Cayala.  Esta promesa iba acompañada de un plan de cambio de zonificación en el municipio -revelado por la Revista Malayerba-, con el que buscaban la construcción de una Ciudad Cayalá en El Salvador. La inversión nunca llegó a Nuevo Cuscatlán, pero otro negocio sí prosperó: la sociedad mixta a la que Bukele cedió los mercados de la capital, en su etapa de alcalde de San Salvador.

En 2022, Leal Castillo, Paz Quezada y Gómez Gruest demandaron al empresario mexicano Enrique Sánchez ante el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador. El empresario mexicano firmó pagarés por $8.96 millones, pero seis años después de que fueron suscritos todos los contratos con la Alcaldía de San Salvador, Sánchez no había honrado su deuda.

El empresario mexicano fue procesado en San Salvador en un juicio penal por estafa por el incumplimiento de estos pagos.

Los documentos del Juzgado muestran que todo lo prometido por Leal Castillo sucedió. La Alcaldía de Bukele aprobó a través de un acuerdo municipal del 6 de abril de 2016 elegir a Direct Security Systems como socio de la Municipalidad para crear Simerca y Simerca fue inscrita en el Registro de Comercio de El Salvador el 27 de septiembre de 2016. La empresa Simerca nació después de que Leal compitió para ser vicepresidente de Guatemala, cuando sucedieron los aportes no declarados a la campaña de Sandra Torres, del partido Une, por los que fue investigado por la Cicig.

Leal Castillo no aparece en los documentos del Registro de Comercio de El Salvador, con los que fue fundada la empresa Direct Security Systems, ni como accionista ni como director. Sin embargo, una serie de pagarés firmados por Enrique Sánchez en los que se compromete a pagar a Leal Castillo por acciones de DSS permiten concluir que el empresario guatemalteco era el beneficiario final oculto de la empresa cuando fue fundada en 2015 y cuando Bukele la seleccionó a dedo como socia de la Alcaldía. 

El acuerdo con la Municipalidad fue generoso: la Alcaldía de Bukele solo suscribió el 25% de las acciones de Simerca y cedió el 75% de las acciones de al socio privado, Direct Security Systems. La Alcaldía ponía al servicio de Simerca el control de tres inmuebles para la construcción de mercados mientras que el privado sólo se comprometía a gestionar los bienes.

“El Concejo designó a DSS como socio estratégico para (…) el desarrollo del plan integral de modernización, diseño, construcción y reestructuración, readecuación, administración y operación del sistema de mercados municipales de San Salvador”, dice el acuerdo municipal suscrito el 6 de abril de 2016. DSS tenía apenas diez meses de existir. Bukele, cuando eligió a DSS, tenía un año de ser alcalde capitalino.

Bukele justificó la elección de DSS porque aportaría el capital para reconstruir y remodelar tres mercados. Con esa excusa, el Concejo de Bukele negoció el contrato de usufructo de las tres propiedades de la Alcaldía para cederlas a Simerca. Pero los empresarios no tenían el capital, sino que lo prestaron: los empresarios agrupados en DSS usaron su participación accionaria mayoritaria en Simerca para dejar  los inmuebles de la Municipalidad de San Salvador como garantías y los hipotecaron para pedir un crédito de $55 millones al banco Banrural, de Guatemala.

El juicio secreto por el control de los mercados

Leal Castillo, a través de la empresa panameña Banager Advisors Corp, promovió un caso penal contra Enrique Sánchez. En marzo de 2022, Sánchez fue detenido por la Policía salvadoreña en el Centro Comercial Loma Linda -sede de DSS- acusado de una estafa millonaria en la compra venta de acciones de una empresa, a la que no identificaron en la publicación en redes sociales. 

La publicación fue borrada por la Policía Nacional Civil, pero diversos medios retomaron la noticia de la captura. Según Infobae, Sánchez fue liberado horas después con la ayuda del entonces secretario jurídico de la Presidencia de Bukele, Conan Castro. 

Leal Castillo gestó el negocio de los mercados con la Alcaldía de San Salvador, aunque el empresario mexicano Enrique Sánchez era la cara pública de las empresas que administraban el negocio estructurado con esa municipalidad. 

Sánchez, según el mismo expediente, fue el ejecutivo de Simerca detrás del plan de hipotecar los tres mercados municipales en un banco guatemalteco, Banrural, a cambio de un préstamo de $55 millones. El destino del préstamo fue gestionado de manera opaca y lo único que se sabe es lo dicho al banco por Simerca en una correspondencia para solicitar el crédito, que fue aprobado en febrero de 2020: $34 millones para invertir en la construcción y remodelación de tres centros comerciales municipales en San Salvador y $21 millones para pagar una deuda que tenía Simerca con un acreedor no identificado.  

Sánchez firmó cuatro pagarés para que le permitieran participar en el negocio de los mercados el 6 de septiembre de 2017. En los pagarés, una empresa de Sánchez, Makensa, se comprometía a hacer pagos a Leal Castillo, a Paz Quezada y Gómez Gruest, según documentos que constan en el expediente contra Sánchez en el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador.

El primer pagaré fue para “la adquisición de 140 acciones” de DSS.  Makensa se comprometió a pagar $4.86 millones a la empresa panameña Banager Advisors Corp, cuyo beneficiario final es Leal Castillo, por la compra de estas acciones

El segundo pagaré es un pago de $1.3 millones que Makensa se comprometió a desembolsar a Banager Advisors Corp, por el “servicio de asesoría y gestión para la adquisición de los contratos marco para la construcción, administración, mantenimiento de los mercados municipales, servicio prestado por la sociedad acreedora durante 2016 hasta agosto de 2017”. Este pago era una retribución para Leal Castillo por la asesoría para la suscripción de los contratos con la Municipalidad de San Salvador, dirigida por Bukele. 

El tercer y cuarto pagaré que firmó Sánchez fueron por la compra de 56 acciones de DSS a Paz Quezada y 28 acciones a Gómez Gruest. Makensa se comprometió a pagar $1,920,000 al primero y $960,000 al segundo empresario.

Según LPG, el juicio concluyó en diciembre de 2024 con una conciliación entre las partes, sin embargo el proceso fue reservado a solicitud del actual alcalde de San Salvador, Mario Durán, del partido de Bukele, y quien manifestó a la Fiscalía y al Juzgado que el expediente trataba asuntos estratégicos en la gestión de los mercados.

DSS, una empresa con prestanombres

En El Salvador, la empresa DSS que tiene las acciones de Simerca no menciona en su escritura de constitución ninguna relación de control o comercial con la empresa panameña de maletín Banager Advisors Corp ni con el empresario guatemalteco Mario Leal Castillo. 

La escritura de constitución de la empresa DSS tiene como accionistas a Mario Noe Castillo Barahona y Juan Carlos Preza Salinas. La empresa fue fundada en junio de 2015.

Detrás de la creación de esta empresa -aunque no figura en ningún documento público- estaba Leal Castillo. Para ese entonces, él era una persona política expuesta (o PEP, en el lenguaje de los bancos) ya que estaba compitiendo en las elecciones presidenciales de Guatemala, como candidato a vicepresidente de Sandra Torres, un proceso en el que fue electo presidente Jimmy Morales en octubre de 2015.

Un año después, DSS fue elegida por la Alcaldía de San Salvador como socia en la escritura de constitución de la empresa Simerca, registrada el 27 de septiembre de 2016.

Cuando fue constituida la empresa, Leal Castillo era accionista en secreto de la empresa DSS y vendió a Makensa una parte de su participación accionaria, según un escrito de obligación de pago del 6 de septiembre de 2017 suscrito por la empresa de Sánchez, Makensa, y la empresa de Leal Castillo, Banager Advisors Corp. 

En 2017, Sánchez asumió la presidencia de Simerca y el 31 de agosto de 2022 fue renovado su nombramiento. 

Sánchez -además de haber fungido como presidente de Simerca- es dueño de la empresa guatemalteca Manufactura de Estructuras (Makensa) y también de la empresa constructora salvadoreña Maika. 

El 9 de septiembre de 2022, Simerca -bajo administración de Sánchez- prestó $5.7 millones a Maika,  una empresa del mismo Sánchez.

Simerca contrató a Maika para ejecutar la construcción de tres mercados, el Mercado Hula Hula, el Expredio Biblioteca y el mercado en la Colonia Escalón. Solo el Hula Hula está en funcionamiento y opera con pérdidas debido a que los arrendatarios están siendo llevados a juicio por el incumplimiento de pagos de alquileres de los locales. 

Ni Simerca ni la Municipalidad de San Salvador han aclarado cuándo comenzará a funcionar el local comercial en el predio Exbiblioteca y el local en la colonia Escalón.

 El 18 de julio de 2016, cuando todavía estaba en deliberación la constitución de Simerca como empresa, el regidor de oposición del partido Arena, Edwin Zamora, cuestionó a emisarios de DSS sobre por qué estaban interesados en incursionar en el negocio de los mercados municipales, según consta en el acta de la reunión del Concejo Municipal de ese día. “Por qué necesitan de la AMSS (Alcaldía Municipal de San Salvador), y por qué no buscan hacer un negocio con un privado? Sinceramente, yo no invertiría con ninguna alcaldía del país”, cuestionó Zamora a Uwe Christian Martinz y a José Guillermo Paz, quienes asistieron a la reunión en representación de DSS. 

Zamora requirió información sobre las proyecciones que tenían sobre el negocio: “¿8 millones es un flujo constante a lo largo de 30 años?”, preguntó Zamora. El acta consigna la respuesta de José Guillermo Paz: “no es un flujo constante, es la suma de los valores que a ellos como empresa les interesa recuperar lo más pronto el dinero invertido”. DSS recuperó $8 millones, y no tuvo que esperar 30 años. 

Seis años después de que el alcalde Bukele regaló a un socio privado (la empresa DSS) la mayoría de las acciones de Simerca, en septiembre de 2016, su sucesor Mario Durán acordó pagar $8 millones de dólares a esos mismos socios privados para recuperar el control mayoritario de la empresa pública - privada el 14 de septiembre de 2022. 

DSS pasó de concentrar el 75% de las acciones de Simerca a solo tener el 25%; la Municipalidad de San Salvador ahora concentra mayor riesgo debido a que tiene el 75% de las acciones de Simerca.

Con esta modificación, Simerca mantiene su deuda con Banrural por el crédito de $55 millones concedido para la construcción de los mercados, pero el accionista mayoritario pasa a ser la Municipalidad, que asume más riesgos asociados a estos pasivos, porque ahora tiene el 75% de las acciones de la empresa mixta.