La Fiscalía de Estados Unidos había alcanzado complejos acuerdos de cooperación con al menos tres de los nueve líderes de la Mara Salvatrucha-13 que fueron capturados por el grupo de tarea Vulcan. Entre los pandilleros que accedieron a colaborar con las autoridades se encuentra Élmer Canales Rivera, alias Crook, uno de los máximos líderes de esa organización criminal, quien dijo tener pruebas que documentan los pactos con el gobierno de Nayib Bukele.
Sin embargo, según reveló el prestigioso periódico estadounidense The Washington Post este domingo 19 de octubre, el secretario de estado Marco Rubio prometió a Bukele que traicionaría los acuerdos alcanzados con sus informantes a cambio de poder usar la mega cárcel CECOT para encarcelar a migrantes indocumentados.
El periódico estadounidense cita a funcionarios que tuvieron conocimiento de una conversación telefónica entre Rubio y Bukele, que ocurrió el 13 de marzo de 2025, en la que el dictador salvadoreño presionó para que Estados Unidos repatrie a los nueve líderes pandilleros en poder de la justicia norteamericana.
“Al prometer dar por terminado los acuerdos con los informantes, según dijeron actuales y ex funcionarios del Departamento de Justicia, Rubio amenaza con minar años de trabajo hecho por oficiales de la ley estadounidenses para aprehender y asegurar la cooperación de miembros de alto rango de una de las pandillas más mortíferas del mundo”, aseguró el periódico estadounidense y agrega una frase de una fuente a la que citan como funcionario del Departamento de Justicia: “El acuerdo pondría en las manos de Bukele a individuos que amenazaban con exponer los supuestos acuerdos que su gobierno hizo con la MS-13 para conseguir alcanzar la histórica caída de la violencia”.
Según las fuentes del Post, Bukele anticipó la posibilidad de que el sistema de justicia de Estados Unidos entorpeciera las deportaciones y que “presionó repetidamente” a Rubio en esa llamada para que le garantizara que los 9 líderes de la MS-13 serían retornados. Bukele prometió encarcelar a cientos o incluso miles de inmigrantes provenientes de los Estados Unidos si eso ayudaba a consolidar el acuerdo. Incluso aseguró que su gobierno garantiza la integridad física de los nueve pandilleros que exige.
El artículo asegura que Trump le dio un seguimiento cercano al acuerdo con Bukele y que estaba interesado en cerrarlo cuanto antes pues temía que un juez federal pudiera ordenar la liberación de los venezolanos que terminó enviando a El Salvador.
Según el diario, Rubio le aseguró a Bukele que al público estadounidense le interesaba poco el destino de pandilleros salvadoreños.
“Para el presidente salvadoreño el retorno de los informantes es visto como crítico para mantener su reputación de hombre fuerte contra el crimen. Es también un paso clave para obstaculizar una investigación en curso de los Estados Unidos sobre las relaciones de su gobierno con la MS-13 una pandilla famosa por su excesivo despliegue de violencia en los Estados Unidos y en otros lugares”, dice el artículo.
El Post cita a “docenas” de funcionarios públicos de los Estados Unidos y de El Salvador, abogados que representan a los líderes de la MS-13, fiscales, diplomáticos y ex funcionarios del Departamento de Estado y designados políticos. Los funcionarios estadounidenses coinciden en que romper los acuerdos de cooperación alcanzados con los pandilleros para dejarlos a merced del político al que accedieron a delatar, debilita la credibilidad en las autoridades de ese país.
“¿Quién podría alguna vez volver a confiar en la palabra de las autoridades de seguridad o en la de la Fiscalía?”, dijo Douglas Farah, un contratista que trabaja con autoridades federales para investigar y ayudar a desmantelar a la MS-13.
El artículo es insistente en el potencial daño que esta decisión puede hacer a las posibilidades que tengan las autoridades en el futuro para conseguir cooperación.
“Anular los acuerdos amenaza con dañar la credibilidad del Departamento de Justicia, que rutinariamente recurre a informantes para construir casos contra criminales de alto nivel”, dijeron al Post algunos de los funcionarios citados en el artículo.
El artículo califica la investigación que llevó a la captura de los nueve pandilleros como “entre las más significativas causas abiertas por el Departamento de Justicia en años”. Dentro de las acusaciones formales contra los líderes pandilleros, la fiscalía de Estados Unidos consigna el pacto entre la Mara Salvatrucha-13 y el gobierno de Bukele y argumenta que ese acuerdo le permitió a Bukele obtener réditos políticos tras atribuirse el descenso de los homicidios. La acusación asegura también que los pandilleros exigieron al gobierno salvadoreño que se negara a extraditarlos a Estados Unidos.
Los testigos traicionados
Según las fuentes del periódico, al menos 3 de los pandilleros capturados en Estados Unidos habían ofrecido información incriminatoria sobre los miembros del gobierno salvadoreño que estuvieron involucrados en los acuerdos con la pandilla. Uno es César López Larios, alias Greñas, quien ya fue enviado a El Salvador a mediados de marzo, apenas 2 días después de la llamada telefónica entre Rubio y Bukele.
El otro informante al que la publicación identifica con nombre y apellido es Crook. El artículo asegura que ofreció colaborar para establecer jurídicamente la existencia de un acuerdo entre su pandilla y el gobierno de Bukele, y prometió grabaciones, fotos, videos y documentación, de acuerdo con tres fuentes familiarizadas con este caso citadas por el medio.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo que el gobierno de Estados Unidos cree que Crook puede “proveer una montaña de evidencia que el Departamento de Justicia necesita para sacar adelante sus acusaciones”. Dijo que si es regresado a El Salvador “el caso entero se podría caer”.
La publicación cita una investigación de El Faro en la que se hicieron públicas las grabaciones de varias llamadas telefónicas entre el director de la Unidad de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín y algunos líderes de la Mara Salvatrucha-13. En esas llamadas Marroquín admite haber sido él quien liberó a Élmer Canales Rivera, alias Crook de Hollywood, como muestra de “lealtad” a la pandilla.
El artículo cita a tres funcionarios cercanos al caso que dijeron que la fiscalía estadounidense perseguía a dos funcionarios del gobierno de Bukele que habrían facilitado los acuerdos para beneficiar a la pandilla. La agencia de noticias Reuters reportó en 2021 que la fiscalía preparaba acusaciones contra Marroquín y el viceministro de justicia y seguridad, Osiris Luna. El Departamento de Justicia se negó a hacer cometarios en torno a esas posibles acusaciones.
El portavoz del departamento de Estado, Tommy Pigott, defendió el acuerdo argumentando que permitió deportar a cientos de personas a las que Estados Unidos considera miembros del Tren de Aragua. Y calificó el acuerdo como un “esfuerzo increíble” contra el crimen.
El vocero del departamento de Justicia, Gates McGavick dijo que su departamento está “orgulloso de su colaboración con el Departamento de Estado.
Aunque el gobierno salvadoreño se negó a ofrecer declaraciones al respecto, el Post contactó a Damian Merlo, un lobista que ha cobrado cientos de miles de dólares para abrirle camino a Bukele en Washington y que defendió el acuerdo diciendo que esos eran “terroristas salvadoreños” y que por eso Bukele quería que pagaran condenas en cárceles salvadoreñas.
El periódico estadounidense menciona que no está claro si la administración Trump piensa cumplir a fondo su parte del acuerdo, deportando a los 8 líderes pandilleros restantes, ahora que este tema ha cobrado relevancia en Estados Unidos gracias a publicaciones de medios como Propublica, The New York Times y la más reciente del Washington Post.
La Fiscalía estadounidense intentó que las deportaciones de pandilleros fueran secretas, argumentando razones de seguridad, pero una jueza federal de Nueva York no se dio por satisfecha con esa escueta argumentación y detuvo la deportación del segundo pandillero al que la Fiscalía retiró los cargos: Vladimir Arévalo Chávez, alias Vampiro. De la forma en la que se resuelva el intento de deportación de Vampiro depende la ruta que la administración Trump utilice para cumplirle su promesa a Bukele. El sistema de justicia puede ser un obstáculo, pese a la seguridad con la que Rubio le aseguró al dictador salvadoreño que eso no sería un problema.
Aunque formalmente la investigación contra la MS-13 y sus vínculos con el gobierno de Bukele continúan su curso, “Nadie quiere investigar nada relacionado con El Salvador o Bukele, porque la administración Bukele actualmente tiene una línea directa con la Casa Blanca”, según le dijo al Post un ex miembro del Departamento de Estado que estuvo en El Salvador.