Lobby de Bukele en Washington se paga secretamente desde una empresa de energía

El Gobierno salvadoreño cambió la manera en la que paga los servicios de cabildeo en Estados Unidos para acercarse a la administración Trump. Los pagos que desde 2022 salían de la partida de gastos reservados de la Presidencia de la República, desde junio de 2025 los hace la Compañía de Luz Eléctrica de Ahuachapán, Sociedad Anónima (CLEA, S.A.), una subsidiaria de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL). Entre junio y agosto de 2025, Latin America Advisory Group, LLC recibió un total de 260,000 dólares, divididos en cuatro pagos de 65,000 dólares. 

CLEA y Latin America Advisory Group firmaron el contrato el 31 de mayo de 2025. El primer pago fue unos días después. El objetivo del contrato, dice el documento, es que CLEA obtenga una “consultoría en relaciones gubernamentales” de siete meses de duración por un total de 455,000 dólares. El mismo objetivo se plantea en los contratos previos. Hasta febrero de 2026, la firma había recibido el 57 % del contrato firmado con CLEA, es decir, 260,000 dólares, según los documentos publicados por el Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos. La consultoría implicó hacer el lobby del Gobierno de Bukele en Estados Unidos, y de los documentos se desprende que cada día de cabildeo en esos siete meses se valoró en 2,126.16 dólares. Hasta el 2 de febrero de 2026, a la firma le habían pagado un monto equivalente a 1214.95 diarios y es previsible que el faltante se pague en el primer semestre de 2026.

CLEA, creada en 1896,  una de las primeras del país, y se dedica al rubro de la electricidad. Su propietaria desde 1991 es la CEL, la institución autónoma que provee de energía a todo el país. 

El contrato entre CLEA y Latin America Advisory Group no está disponible en El Salvador. En la página de transparencia de la CEL no aparece el contrato por consultoría, ni tan siquiera una mención de la empresa. Tampoco aparecen las palabras “cabildeo” o “lobby” en la memoria de labores 2024-2025 de CEL. En este archivo solo se dice, a secas, que de enero a mayo de 2025 se contrataron dos consultorías por 715,525 dólares. No hay más detalles.Los documentos del contrato se conocen solo gracias a que el DOJ los hace públicos cada semestre. La firma tiene el identificador número 6898.

En los documentos, sin embargo, no se explica por qué una empresa de energía contrata servicios de cabildeo para el Ejecutivo salvadoreño en Estados Unidos. 

El contrato con CLEA dice que la consultoría persigue seis tipos de actividades, entre ellas “mantener y fortalecer vínculos estratégicos” con las autoridades de los distintos poderes del Estado norteamericano, así como “facilitar canales de comunicación directa entre El Salvador y actores políticos relevantes en Estados Unidos”. También organizar visitas oficiales, reuniones bilaterales y otras gestiones en Estados Unidos, además de liderar la estrategia de comunicación para “posicionar narrativas clave del Gobierno salvadoreño ante medios internacionales”.

Latin America Advisory Group LLC está asentada en Florida, Estados Unidos. Ha representado los intereses de otros países como Haití y a políticos como el presidente argentino Javier Milei. El administrador único de la compañía es Damián Matías Merlo Debernardi, un estadounidense de padres argentinos pero nacido en Barcelona, España. Fue él quien firmó el contrato por servicios profesionales con CLEA, el 31 de mayo de 2025. Los documentos no consignan de cuánto es su salario; solo se muestran montos totales que su compañía recibe por representar a Bukele en Washington.

Tampoco hay certeza de cuántos empleados tiene Latin America Advisory Group. Esa es información interna de la compañía. Lo que sí se puede saber es la cantidad de personas y los nombres de quienes han hecho gestiones en nombre de El Salvador como parte del contrato. En los documentos del DOJ solo aparece el nombre de Merlo. 

En los documentos no aparecen nombres de otras personas que trabajen para la empresa cuyo administrador único es Merlo ni hay referencia al tamaño de su firma. Prensa Comunitaria reportó que Merlo incluso manejó una cuenta de correo electrónico con el dominio de presidencia.gob.sv

La empresa de Merlo está obligada a reportar las actividades que hace en nombre de El Salvador. Según los documentos, desde marzo de 2022, la firma ha enviado 32 correos electrónicos, 41 mensajes de texto, ha hecho 9 llamadas telefónicas, cuatro entrevistas por Zoom y ha sostenido media docena de reuniones presenciales en nombre del Gobierno de El Salvador. 

En el encuentro entre Bukele y Trump en la Casa Blanca, el 14 de abril de 2025, por ejemplo, solo aparecen ministros, secretarios de la Presidencia, la asesora venezolana Sara Hanna y Merlo. 

CLEA es una empresa estatal que ha financiado más de un emprendimiento del gobierno de Bukele. Es, por ejemplo, una de las propietarias de Diario El Salvador, el medio de propaganda de Bukele surgido en 2020. También de Chivo, S.A de C.V., propietaria de la Chivo Wallet con la que el Gobierno intentó impulsar el Bitcoin en el país en 2021.

Según una memoria de labores de CEL de 2024, CLEA tiene activos por 3 millones de dólares. Esos recursos provienen de la distribución de energía eléctrica. 

Que CLEA sea una sociedad anónima permite que opere en un área gris. Así como Diario El Salvador y Chivo. A pesar de que pertenecen  al Estado, este tipo de sociedades pueden impedir la divulgación de información financiera, alegar secreto empresarial y limitar datos de los contratos suscritos. Al ser personas jurídicas privadas, pueden obviar las leyes de obligatorio cumplimiento para oficinas públicas, ministerios del Gobierno Central o la Asamblea Legislativa o la Corte Suprema de Justicia.

Desde el 1 de enero de 2022, fecha en la que Latin America Advisory Group, LLC suscribió el primer contrato con el Gobierno, la firma ha recibido 1 millón 567 mil 471 dólares del erario salvadoreño. No está claro cuál es el salario individual de Merlo pues los documentos solo muestran consolidados generales y no se desglosan usos y destinos. 

El Faro intentó obtener una explicación por parte de Damian Merlo sobre por qué sus servicios de lobby son pagados por una empresa dedicada al rubro de la electricidad, y si el Gobierno salvadoreño le ha dado una explicación de esto. Hasta el cierre de esta nota ni él ni la CEL respondieron a una solicitud de comentarios a través de correos electrónicos. A Merlo también se le intentó contactar vía telefónica para pedirle más detalles, pero hasta el momento de publicar no había respondido.

A diferencia de un ministerio como el de Salud o Educación, una sociedad mercantil como CLEA puede alegar que funciona bajo derecho privado. Contratos como el de Latin America Advisors Group pueden caer en el ámbito privado. Mientras la Ley de Acceso a Información Pública aplica , al menos en el papel, a  oficinas públicas como ministerios y la CEL, no alcanza a subsidiarias como CLEA con lo que, a pesar de ser una empresa del gobierno de El Salvador que opera fondos públicos, puede negar información al público. Tampoco está obligada a rendir cuentas a instancias como el Tribunal de Ética Gubernamental o la Asamblea Legislativa, como sí ocurre con otras oficinas públicas.

En las últimas décadas, la pobre fiscalización sobre las subsidiarias de CEL ha generado un incipiente debate acerca de la transparencia de los fondos que manejan. En 2019, la misma Corte de Cuentas propuso incluirlas como entes de obligatoria supervisión y control, pero la propuesta nunca prosperó y fue desechada. 

El gobierno de Bukele ha sostenido públicamente que antes de 2019 la CEL y sus subsidiarias funcionaban como una “caja chica” de los gobiernos de turno. Daniel Álvarez, actual presidente de CEL dijo en octubre de 2019: “Encontramos en la CEL y en sus subsidiarias presupuestos inflados en gastos administrativos, encontramos contratos de gente que trabajaba en la CEL y en las cuatro subsidiarias; eran contratos con abogados como de asesorías legales. Todas las empresas fueron mal utilizadas, la CEL y las subsidiarias”. 

El esquema de funcionamiento de la CEL no ha cambiado; las finanzas de las subsidiarias siguen sin poder auditarse a profundidad. Históricamente la Corte de Cuentas solo hace un cruce contable de las partidas presupuestarias pero no entra a auditar la efectividad de los pagos que se hacen. 

Un ejemplo de la opacidad en estos casos es el de la subsidiaria Empresa Transmisora de El Salvador S.A. de C.V. (ETESAL). La empresa es propietaria de COATL, S.A. de C.V. en un 40%. COATL fue investigada por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES) entre 2020 y 2021 por un contrato de 859,000 dólares con el Estado para la venta de insumos y materiales con presunto sobreprecio de hasta 500% durante la pandemia por COVID-19. COATL en 2018 tuvo como directivo al actual presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, y en 2021 y 2022 tuvo como vicepresidenta a Claudia Juana Rodríguez, secretaria privada y encargada del despacho presidencial de El Salvador entre 2023 y 2024.El gobierno de Mauricio Funes, procesado y condenado por malversación de fondos, puso al frente de las empresas de la CEL a socios, amigos o empleados de Miguel Menéndez, conocido como 'Mecafé'. Este amigo del presidente Funes fue condenado por corrupción en distintos procesos.  Durante la primera administración del FMLN, entre 2010 y 2011, otra subsidiaria llamada Inversiones Energéticas (INE) pagó 34 millones de dólares a Inversiones Figueroa Torres (Infitorr), para la importación de combustible desde Rusia. Después de la última transferencia para completar los 34 millones, todos los bienes de Infitorr pasaron a Alba Petróleos producto de un embargo por una deuda no pagada. El propietario de Infitorr era Jaime Figueroa, un exlíder del FMLN, amigo cercano del fundador y asesor de Alba Petróleos en El Salvador: el dirigente del FMLN José Luis Merino. Infitorr entregó todos sus bienes a Alba Petróleos en 2012. Alba Petróleos fue investigada después por la Fiscalía salvadoreña por lavado de dinero. El País reportó el 6 de febrero que la Fiscalía congeló la investigación.ETESAL y otras instancias de Gobierno funcionan como pagadores de complementos salariales para funcionarios, según dijo a El Faro un asesor de seguridad del Gobierno en junio de 2022. Ese mes, este periódico reveló que ETESAL pagó 5,000 dólares mensuales durante 9 meses de 2021 a una empresa fundada y administrada por la madre de Rodolfo Delgado, que en esos meses fue impuesto por Bukele como Fiscal General de la República. Delgado firmó un contrato con ETESAL para dar una consultoría sobre prevención de lavado de dinero.

Llamadas, correos, mensajes

Los pagos a Latín American Advisors Group LLc abarcan los últimos tres años de la administración demócrata en Estados Unidos (2022, 2023 y 2024) y el primer año de la segunda presidencia de Trump (2025). El contrato con El Salvador, según los documentos, siguió vigente hasta el 2 de febrero de 2026. 

Latin America Advisory Group, LLC también hizo actividades de cabildeo en favor de El Salvador entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021, es decir, antes de comenzar a recibir sus pagos por parte del Gobierno salvadoreño. Hacer lobby sin costo es usual en el mundo del cabildeo en Estados Unidos. Puede significar que antes de firmar un contrato, las partes están negociando su acuerdo. El primer contrato formal con Latin America Advisors Group, LLC se firmó hasta el 3 de enero de 2022, y lo firmaron Merlo y Claudia Juana Rodríguez.

Lo anterior no quiere decir que entre 2020 y 2021 Merlo trabajó de a gratis para El Salvador. En esos años otra firma de lobby en la que trabajaba —llamada Invest El Salvador Inc—, fue contratada por Casa Presidencial. El contrato estipulaba pagos mensuales de 65,000 dólares entre el 1 de noviembre de 2020 hasta el 31 de octubre de 2021. Los reportes del DOJ indican que se le pagó un total de 697,204 dólares. A diferencia de Latin America Advisory Group donde él parece ser la única persona que trabaja, en Invest El Salvador Inc sí había más empleados.  Invest El Salvador Inc intentaba influir en Estados Unidos con columnas de opinión en medios locales. Los documentos del DOJ revelan que entre los escritores estaba Gustavo Escalante, diputado de oposición del partido Arena. Para ese momento —el primer semestre de 2020— Escalante ya era considerado un paria en su partido, tenía un proceso disciplinario en contra por su aparente fascinación hacia Bukele, la cual mostraba en redes sociales. Una empresa fundada por él y su hermano recibió en esos meses de 2020 un contrato irregular del Ministerio de Salud del Gobierno de Bukele, por 344,000 dólares. Un escrito sin fecha firmado por Escalante fue usado en esos meses por Invest El Salvador Inc como prueba de su trabajo de lobby en Estados Unidos. Además de elogios a Bukele, esa carta iba firmada así: “El diputado Escalante es miembro de Arena, en oposición al presidente Bukele, pero se encuentra entre un grupo de legisladores que han respaldado los esfuerzos y la agenda del presidente”. Escalante renunció a Arena el 8 de junio de 2020.

Si se suman los pagos consignados a favor de las dos empresas de lobby relacionadas a Damián Merlo entre noviembre de 2020 y diciembre de 2026 (Invest El Salvador Inc y Latin America Advisory Group) el resultado es 2 millones 264 mil 675 dólares con 85 centavos. 

El cabildeo de Merlo y su empresa ha servido para contactar a altas autoridades de la Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Consejo Nacional de Seguridad, de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, del Senado y también periodistas, según los documentos. El Salvador ha mejorado su posición respecto a Washington al grado que Trump ahora considera a Bukele un aliado para su plan de deportaciones.

El trabajo de Merlo permite entender cosas como que Bukele haya sido portada de la Revista Time el 29 de agosto de 2024. Un día antes y ese mismo día envió correos electrónicos a la periodista que entrevistó a Bukele. Lo mismo ocurre con otras publicaciones en medios en inglés en momentos clave, como la visita de Bukele a la Casa Blanca, el 14 de abril de 2025. Días antes y después del encuentro, escribió mensajes y correos a varios periodistas de medios como CNN, The Wall Street Journal, NBC News, Bloomberg, Politico, Mother Jones, entre otros.

Merlo también estuvo en la toma de posesión del mandato inconstitucional de Bukele, el 1 de junio de 2024. En su reporte al DOJ informó que ese día se reunió con media docena de congresistas que asistieron al acto oficial en San Salvador.

A pesar de que el contrato con CLEA tenía una duración hasta el 31 de diciembre de 2025, Latin America Advisors Group reportó el 2 de febrero de 2026 que la relación con el Gobierno salvadoreño se mantiene sin cambios. La ley estadounidense exige a las firmas de cabildeo que reporten cada seis meses las actividades que hace en nombre de un gobierno extranjero, así como los pagos recibidos.