Bukelismo llena de mentiras las redes como respuesta a acusaciones de crímenes contra la humanidad

Nayib Bukele y su aparato de propaganda respondieron a un informe de juristas internacionales -que señala al régimen salvadoreño de cometer crímenes de lesa humanidad- con una campaña  en redes sociales en la que se ataca a quienes lo elaboraron e intenta instalar la idea falsa de que los expertos en derechos humanos piden la liberación de todos los pandilleros. 

El Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la investigación de violaciones de derechos humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), compuesto por 5 organizaciones de Derechos Humanos, señaló en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Guatemala, el 10 de marzo, y un día después, ante las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza, que el estado salvadoreño ha cometido crímenes de lesa humanidad en el marco del régimen de excepción. 

El informe, que recoge información sobre 540 desapariciones, al menos 403 muertes bajo custodia del estado, y miles de menores de edad detenidos, desató el 11 de marzo una campaña coordinada del aparato de propaganda del bukelismo, que acusa a las organizaciones de ser aliados de las pandillas salvadoreñas; de ser sus “bufete de abogados” y de buscar que estas organizaciones criminales recuperen su poder, promoviendo la liberación de todos los pandilleros detenidos. 

El mismo día en que el informe fue presentado ante las Naciones Unidas, Bukele publicó en X: “Es divertido ver a todas las ONG, tanques de pensamiento, medios y periodistas tarifados de Soros atacando al unísono y de manera evidentemente coordinada. Me preocuparía si no fuera así. Significa que vamos por el camino correcto.
Gracias a Dios”.

El informe señala sistemáticas violaciones al debido proceso, lo que ha sido traducido por el oficialismo como respaldo a las organizaciones criminales. Esta narrativa es recurrente en la línea discursiva del bukelismo, que acusa a todos los que cuestionan un régimen de excepción -que ya tiene 4 años en vigencia- y a quienes denuncian los múltiples casos de detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas, de ser aliados de las pandillas. 

Más tarde, el mismo 11 de marzo,  Bukele hizo otra publicación en X que marcaría la pauta en el mensaje que luego repetirían funcionarios, propagandistas y cuentas troll que suelen amplificar los mensajes del oficialismo: republicó el video de una conferencia de prensa en la que responde a una periodista chilena que lo cuestiona sobre los señalamientos de abusos durante el régimen: “Lo que no entiendo es ¿por qué siempre se enfocan en los derechos humanos de los que masacran, de los que matan niños, de los que violan mujeres, de los que cortan cabezas?… ¿Por qué ellos son la prioridad única de las organizaciones de derechos humanos?. 

El aparato de propaganda del oficialismo, que incluye cuentas de diputados, ministros, secretarios y de sitios web de desinformación, han replicado sistemáticamente este mensaje.

El informe reconoce que no todos los presos pueden o deben ser liberados, pero recomienda medidas para reparar daños en contra de la población que haya sido encarcelada injustamente. “Resulta necesario establecer mecanismos excepcionales para liberar a miles de personas detenidas sin pruebas, asegurando que quienes recuperen su libertad no representen un riesgo para la seguridad”, dice el informe de GIPES. 

Los crímenes de lesa humanidad son definidos por el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional como un ataque “generalizado o sistemático” contra una población civil, en el que el perpetrador de los ataques tiene conocimiento de que están ocurriendo, entre otros actos, asesinatos, “encarcelación y otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, torturas o desapariciones forzadas.

Estos crímenes no prescriben y pueden ser juzgados por la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya. “Existen bases razonables para creer que en el marco del régimen de excepción se han cometido crímenes de lesa humanidad”, dijo Ignacio Jovtis, director de la organización Interjust, una de las cinco organizaciones que integra el GIPES.

El 14 de marzo, a las 10 de la noche, Nayib Bukele compartió el video  con las declaraciones de Jovtis e inició una campaña para promover teorías conspirativas sobre las motivaciones y el financiamiento de las organizaciones que trabajaron el informe.

Para desmentir un informe de 275 páginas, que se nutre de 1,700 fuentes primarias y secundarias, incluidos testimonios de víctimas y documentos oficiales, el presidente Bukele recurre además a la teoría conspirativa de que el magnate húngaro-estadounidense George Soros está detrás de una conspiración global para debilitar a su gobierno. 

“Estas organizaciones de “defensa de los derechos humanos”, a las que muchos medios nacionales e internacionales (The Guardian, France 24, El País, los medios de Open Society, entre otros) les están dando amplia cobertura, y que están siendo retomados por miles de periodistas, activistas y políticos locales y extranjeros, están exigiendo que el Estado de El Salvador libere al 100% de los pandilleros capturados desde el inicio del Régimen de Excepción”, tuiteó Bukele.

“Literalmente afirman que “más de 89, 000 personas fueron capturadas arbitrariamente, que sus derechos humanos están siendo violados y que se han cometido crímenes de lesa humanidad. Bajo esa lógica, la liberación del 100% de los detenidos pasaría a ser una obligación de todo Estado”, dijo Bukele. Un día después de haber hecho esta publicación, su tuit había sido visto por al menos 254 mil personas; tenía mil comentarios, 12 mil me gusta y 4 mil compartidos.

Christian Guevara, el coordinador de la bancada oficialista Nuevas Ideas, también amplificó esta narrativa promovida por Bukele el 14 de marzo en un tuit en el que compartió el video con las declaraciones de Jotvis. “Dice el experto en derechos humanos que las pandillas están bajo ataque”, dijo. “Y que no son pandilleros sino que los salvadoreños los percibimos como tales”, añadió. Jotvis no dijo nada de lo que Guevara le atribuye. 

Guevara se mofó de las fuentes del informe con un tuit en el que muestra a pandilleros muy tatuados de la cara: “acá está una de las 1,700 fuentes del informe de expertos que dicen que justos por pecadores están en la cárcel”. 

El presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, dijo que las organizaciones de derechos humanos se han convertido en bufetes legales de delincuentes, en un tuit en el que retoma la publicación de Nayib Bukele. “Si realmente velaran por los derechos humanos, su prioridad serían las víctimas, no los victimarios”, dijo también  el 14 de marzo.

La diputada Alexia Rivas se sumó a la campaña contra GIPES. “Durante años El Salvador fue rehén de pandillas que asesinaban, extorsionaban y controlaban barrios enteros. Ahora que el Estado recupera el control, algunos quieren presentar a los criminales como víctimas”, tuiteó Rivas. El diputado William Soriano fue más allá: “GIPES es el nuevo bufete legal de asesinos seriales de El Salvador”, publicó. 

El exdiputado y propagandista del oficialismo, Romeo Auerbach, compartió una imagen de la portada del informe modificada, con la leyenda “Los Gipis. Liberenlos Ya”, mofándose del grupo de expertos que trabajó el informe, cuyos rostros aparecen en un collage con la misma línea gráfica que el informe original. 

El régimen de Bukele también utilizó el periódico estatal Diario El Salvador para promover la idea de que los expertos de GIPES promueven la liberación de todos los pandilleros. “Informe de expertos exigen la liberación de 90,000 presos”, mintió Diario El Salvador, junto con  una fotografía de pandilleros. Este periódico, que funcionó con préstamos de empresas estatales de energía, al menos de 2020 a 2023, ha recibido $7.4 millones de financiamiento público, que incluye pauta publicitaria de instituciones públicas para financiar sus actividades de desinformación y propaganda.

El Gobierno de El Salvador implementó el régimen de excepción a finales de marzo de 2022, luego de que el pacto entre el gobierno de Bukele y las pandillas se rompiera y la Mara Salvatrucha-13 cometiera, en represalia,  una masacre en la que fueron asesinadas 87 personas. El régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales y permite a las fuerzas de seguridad hacer detenciones sin una orden judicial, lleva ya 48 prórrogas consecutivas. Bukele ha gobernado la mayor parte de su mandato de 7 años, sin que los ciudadanos tengan derechos constitucionales plenos.

GIPES señala que el régimen de excepción se ha convertido en un mecanismo estructural que ha permitido normalizar la represión. “La verdadera tragedia de El Salvador no es solo el sufrimiento de las víctimas, sino la utilización del derecho como herramienta de represión. Bajo una fachada de legalidad, se ha erigido una maquinaria de persecución masiva, represión política y silenciamiento social”, concluye el informe.