Bukele emprende una escalada autoritaria a las puertas de su sexto año

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció el 13 de mayo una Ley de Agentes Extranjeros que impondrá un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben las organizaciones de la sociedad civil. En el anuncio, publicado en su cuenta personal de X, también acusó a estas organizaciones de responder a una agenda globalista y de buscar desestabilizar al país. 

El anuncio de la ley de agentes extranjeros, similar a la que existe en Nicaragua, es el más reciente en dos semanas de escalada autoritaria contra las voces disidentes en El Salvador.

Tras una manifestación pacífica que llegó hasta la entrada de la residencial privada del presidente, fueron arrestados un pastor evangélico y un abogado que asesoraba a una comunidad de campesinos en riesgo de desalojo.  El gobierno de Bukele utilizó a la Unidad de Mantenimiento del Orden y, por primera vez en 30 años, a la Policía Militar para reprimir a los manifestantes.También fueron arrestados 16 empresarios de transporte público por supuestamente no cooperar con la disposición gubernamental de ofrecer transporte gratuito, anunciada de forma exprés.  Uno de los empresarios falleció cuatro días después por complicaciones médicas en custodia del Estado. Al mismo tiempo, un grupo de periodistas de El Faro salieron del país ante las advertencias oficialistas de órdenes de arresto como consecuencia de publicar una investigación que retrata la relación de Bukele con las pandillas desde que fue alcalde de San Salvador.

El anuncio de Bukele sobre la reactivación de la Ley de Agentes Extranjeros ocurrió un día después de que habitantes de la comunidad El Bosque fueran reprimidos por agentes antimotines de la Policía y de la Brigada Especial de Seguridad Militar, durante una protesta pacífica frente a la entrada del Condominio Residencial Los Sueños, donde vive el presidente Bukele junto a su familia y Presidencia de la República está construyendo una nueva residencia presidencial. La medida fue emitida por el Juzgado de lo Laboral de Santa Tecla por una presunta estafa, y establece como fecha límite el 22 de mayo para abandonar el lugar. Unas 300 familias serían afectadas por la orden.

La respuesta del Gobierno ante la manifestación fue la captura de José Ángel Pérez, líder de la Cooperativa y pastor de la iglesia Elim; y a Alejandro Hénriquez, consultor jurídico de la Cooperativa El Bosque y defensor de derechos humanos.

Los habitantes de El Bosque comenzaron a organizarse desde el domingo 11 de mayo en las cercanías de Los Sueños. En respuesta, la tanqueta militar que usualmente permanece estacionada cerca del lugar fue movilizada para custodiar la entrada. Desde la mañana del lunes 12, habitantes de la comunidad reportaron que miembros de la Policía interceptaron los vehículos en los que se dirigían a la protesta. 

Según el tuit de Bukele, “los manifestantes no solo fueron manipulados, sino que incluso fueron llevados de noche a protestar frente a una residencia privada sin relación con el caso”. La cooperativa El Bosque lleva décadas luchando por permanecer en esas tierras donde habitan y trabajan. No es la primera vez que salen a manifestarse de forma pacífica. Lo hicieron en 2022 frente al Juzgado de Santa Tecla y también denunciaron estafa por parte de Luis Antonio Palomo. Uno de los miembros de la cooperativa, que pidió anonimato por miedo a represalias, desmiente la afirmación del presidente Bukele: "Eso no es así, porque es la comunidad la que se organiza y ha pedido apoyo a muchas instituciones de derechos humanos para también mayor fuerza y garantía”.

Para los habitantes de la cooperativa El Bosque, manifestarse frente a esa residencia privada —a la que se refirió el presidente— tenía un propósito claro: al encontrarse sobre la calle por donde cada mañana pasa la caravana de vehículos presidenciales, esperaban que el presidente Bukele viera sus pancartas y carteles para que se enterara de lo que estaba ocurriendo en su comunidad. Los habitantes permanecieron en los alrededores de la Residencial Los Sueños hasta la noche. En la mañana, algunos vehículos en los que se movilizaron a la protesta fueron retenidos. Por esa razón, según uno de los manifestantes, no se retiraron.

Bukele se ha referido a la documentación realizada por diferentes medios de comunicación de la represión policial como parte de una estrategia de desestabilización. En una de las transmisiones en vivo, un periodista del Colectivo San Jacinto, una decena de policías forcejeaban con dos líderes comunitarios. Uno de ellos era José Ángel Pérez. Los hombres se abrazaban, entre empujones y jaloneos de los cuerpos de seguridad, para evitar que se llevaran a Pérez. Varias mujeres mayores se unen al intento de resguardar a José Ángel y son empujadas por los policías. En paralelo, agentes antimotines arrinconan en contra un muro a las familias que están acompañadas de varios niños.

Más de una veintena de organizaciones de la sociedad civil denunciaron el caso. En la lógica de Bukele, dice que el dinero que piensa cobrar en impuestos a las organizaciones servirá para que las familias de El Bosque no pierdan sus hogares. “ante la aparente preocupación de estas ONG, he decidido enviar a la Asamblea Legislativa el proyecto de Ley de Agentes Extranjeros, el cual incluirá un impuesto del 30% sobre todas las donaciones que estas ONG reciben. Con esos fondos se pagará la deuda de la cooperativa”, dijo Bukele en el comunicado.  Así reactivó una ley de agentes de extranjeros que propuso en 2021, pero cuya aprobación se detuvo en medio de la condena internacional.

Una ley para asfixiar a la sociedad civil

La primera propuesta de Ley de Agentes extranjeros realizada por Bukele en 2021 gravaba con un impuesto de 40 % toda transacción, desembolso o transferencia que los sujetos obligados reciban desde el exterior. En palabras de su Ministro de Gobernación, Juan Carlos Bidegain, buscaba “impedir que fundaciones y ONG de fachada disfracen de donaciones lo que claramente es una intervención para patrocinar asuntos políticos”.

La primera propuesta también hablaba de “cualquier persona, empresa, asociación o fundación que dentro de El Salvador realice actividades que respondan a intereses, sean controladas o financiadas directa o indirectamente por un mandante extranjero”, ya sea personas, gobiernos, partidos políticos, organismos y corporaciones.

El 23 de noviembre, el presidente de la La Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dijo que no sometería a votación la Ley de Agentes Extranjeros, hasta que se tuviera “un acuerdo consensuado con el cuerpo diplomático, que son nuestros donantes, con muchas organizaciones y con la sociedad civil de verdad”. La Cooperación internacional que presionó para frenar la aprobación de la ley ha cambiado de contexto bajo la administración de Donald Trump que comparte el discurso salvadoreño contra organizaciones de la sociedad civil. “Esa tarifa debió  existir desde hace mucho”, dijo Milena Mayorga, embajadora de El Salvador en Estados Unidos. “En su momento nos hicieron presión especialmente en Estados Unidos, pero si sostendrá a personas vulnerables, aplaudo por ello”, escribió en un tuit.

Abraham Abrego, director de Litigio Estratégico de Cristosal califica la propuesta de ley anunciada por Bukele como represiva y de carácter amenazante. “La ley se inscribe en un contexto de escalamiento de la represión y de la criminalización que ha venido presentando este gobierno en los últimos años y que ahora incluye a diversos sectores. Ya no solo son defensores de derechos humanos, sino cualquier persona, comunidad o agrupación que revele alguna crítica o señalamiento sobre una decisión pública”.

La respuesta oficialista ante la crisis es la cárcel

Las capturas de los líderes comunitarios de la Cooperativa El Bosque se suman a la ola de criminalización de defensores de la tierra que ha realizado el gobierno de Nayib Bukele en los últimos seis meses. El 25 de febrero la Policía y la Fiscalía embistieron a 25 defensores de derechos humanos y a pobladores de la Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, que intentaban detener un proceso de desalojo en contra de unas 250 familias que han habitado ese lugar desde hace 12 años. Entre los detenidos está Fidel Zavala, vocero de la Unidad por la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), y quien fue la primera persona en interponer una demanda formal contra autoridades penitenciarias por abusos contra los privados de libertad durante el régimen de excepción decretado por el Gobierno de Nayib Bukele en marzo de 2022, y que aún sigue vigente.

La cárcel también fue la respuesta a una crisis vehicular en la carretera Los Chorros, la principal vía de acceso a occidente, donde el gobierno ejecuta una gran obra de infraestructura para ampliación. Luego de que las lluvias provocaran derrumbes en los taludes que bordean la vía el 26 y 29 de abril, un tramo quedó bloqueado en ambos sentidos obligando a su cierre total. El gobierno prometió reanudar la circulación el 5 de mayo, pero no cumplió con el plazo y estableció una nueva fecha el 11 de mayo a las 11p.m.

El presidente Bukele afirmó en su cuenta de X que comprendía las molestias ocasionadas por el tráfico adicional y señaló que entre las medidas de mitigación se encontraba el transporte gratuito, desde el 5 al 11 de mayo.

Según Lucio Vásquez y Luis Regalado, de la Mesa Nacional de Transporte, en una reunión que tuvieron en la misma noche del anuncio, las autoridades reconocieron que los trayectos eran más largos y más costosos, pero no se habló de transporte gratuito. 

El lunes 5 de mayo, una crisis en el occidente del país amaneció convertida en un caos a nivel nacional. Terminales como la de occidente colapsaron. Cientos de usuarios esperaban buses sin saber si llegarían a sus destinos, si eran gratuitos o debían pagar.

En la mañana de ese mismo lunes, Bukele anunció la captura de empresarios del transporte público. Según explicó en su cuenta de X, el Estado estaba cubriendo el 100 % del ingreso que normalmente perciben por día. Sin embargo, afirmó que algunos empresarios no cumplieron con lo acordado: no pusieron sus unidades a circular, no recogieron pasajeros o cobraron el pasaje a pesar del subsidio estatal. “Nadie está por encima de la ley” escribió Bukele.

Hasta el 10 de mayo, la Mesa Nacional de Transporte reportaba 16 empresarios del sector detenidos. El gobierno les atribuye incumplimiento de deberes, denegación de auxilio, peculado y extorsión.