Cuando las autoridades matan

 No hay manera de matizar la información de que un grupo de exterminio compuesto por policías asesinó a 97 personas. Estudiantes, mujeres, empresarios, presuntos pandilleros… un agente confesó incluso el asesinato de un sacerdote y el intento de asesinato de un fiscal. Todos por encargo.

 El grupo de sicariato, de asesinos a sueldo uniformados, operó en la zona de San Luis Talpa entre 2015 y 2020. Las muertes fueron atribuidas a enfrentamientos o a pandillas o simplemente se acumularon en las montañas de casos sin resolver, pero eran todas homicidios por encargo cometidos por autoridades de seguridad cuya función es protegernos. Noventa y siete homicidios.

Uno de los agentes, capturados por la desaparición y asesinato de dos estudiantes, agregó otra información terrible: 36 de esas muertes fueron encargadas y pagadas por el alcalde de San Luis Talpa, Salvador Menéndez. Pidió matar a pandilleros o a jóvenes que parecieran pandilleros, pidió matar a una señora de la que recibía demasiadas quejas e incluso a un hombre que “molestaba mucho” cerca de uno de sus negocios.

No hay manera de matizar esta información, pero en el régimen salvadoreño otras autoridades pensaron que sí había manera de ocultarlo. Todo el caso fue declarado bajo reserva y ocultado a la población. Casi cien salvadoreños asesinados por agentes policiales y ha sido necesaria una filtración de correos oficiales para que lo supiéramos. Gracias a esa filtración sabemos que hay cuatro agentes del grupo Halcón 32 capturados por la desaparición y asesinato de dos jóvenes y posteriormente condenados; sabemos que el grupo de exterminio estaba compuesto por al menos 37 policías, la mayoría de los cuales continúan libres y por tanto sus crímenes permanecen impunes.

 Sabemos también que el alcalde Salvador Menéndez no ha sido acusado por la Fiscalía, o siquiera citado a declarar. Sigue libre y sigue siendo alcalde, hoy de La Paz Oeste, el nuevo municipio que abarca a San Luis Talpa.

 Como todo lo que tiene que ver con el Estado, la información relacionada a policías o expolicías o pandillas o violencia o justicia tiene reserva en El Salvador. Lo tiene la información sobre fosas comunes, desde que decenas de cuerpos fueron encontrados en la casa del expolicía Hugo Osorio en Chalchuapa. Lo tienen las cifras de desaparecidos; lo tienen las investigaciones sobre muertes violentas; lo tiene el pacto de Bukele con las pandillas.

 Pero la PNC es un asunto distinto. Los grupos de exterminio existen casi desde el origen de la Policía Nacional Civil y han maniobrado siempre o casi siempre con total impunidad. Por los mismos días en que el grupo autodenominado Halcón 32 comenzó a operar en la zona de San Luis Talpa, El Faro documentó una masacre cometida por otro grupo de agentes policiales en la finca San Blas, en el departamento de La Libertad. (Cinco policías fueron detenidos después de la publicación, juzgados y absueltos tres años después).

 Era común que la Policía reportara enfrentamientos con criminales en los que los únicos muertos eran quienes recibían las balas policiales. Un año antes, una nueva ley liberó de investigaciones a policías que en cumplimiento de su deber cometieran alguna falta. En la práctica, cualquier “enfrentamiento” con pandillas sería impune.

 Todo indica que surgieron varios grupos policiales de exterminio en todo el país. Halcón 32 coordinó un asesinato con otro grupo que operaba en San Vicente. Hay registros periodísticos de grupos en San Miguel, Usulután, La Unión, Sonsonate, San Salvador, y ahora en La Paz.

 Los cuerpos de seguridad anteriores a la firma de los Acuerdos de Paz también constituían grupos de exterminio, de torturadores, de extorsionadores, de secuestradores. Algunos agentes sobrevivieron a la disolución de estos cuerpos y se integraron a la recién formada Policía Nacional Civil. Algunas prácticas no cambiaron en la era democrática.

 Las autoridades políticas del más alto nivel han utilizado la seguridad pública como herramienta fundamental de campaña. A cambio han dado un cheque en blanco a la PNC. Algunos agentes se tomaron la justicia en sus manos. Otros como Halcón 32 hicieron de la impunidad, y de la muerte, un negocio. Sin supervisión, verdaderos sicópatas operaron y siguen operando con uniforme. Gracias a un consenso político que les protege, a una Inspectoría negligente y a la opacidad sobre las actividades policiales. La protección a los agentes policiales ha aumentado en este régimen de Excepción. La impunidad está garantizada desde Casa Presidencial.

 Los demás estamos informados: un grupo de exterminio compuesto por policías asesinó al menos a 97 personas, y los sicarios alegan que mataron a muchas de ellas por encargo de un alcalde. Casi todos continúan libres. Casi todos continúan siendo autoridades.