Crímenes contra la humanidad

Algo muy grave sucede en El Salvador y el mundo ha comenzado a notarlo.

Un Grupo de Expertos Independientes para El Salvador ha concluido que, durante el Régimen de Excepción, autoridades estatales han cometido crímenes de lesa humanidad; y solicitan al fiscal de la Corte Penal Internacional que investigue los crímenes denunciados y por tanto deduzca responsabilidades.

Los crímenes de lesa humanidad están definidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio nacimiento y guía a la Corte Penal Internacional de la cual El Salvador es signatario desde 2016. El Estatuto los define como crímenes cometidos bajo ataque sistemático a población civil, con conocimiento (de los responsables) de la comisión de estos ataques. El estatuto enlista los crímenes que podrían constituirse contra la humanidad si son cometidos de esa manera: asesinato, tortura, exterminación, violencia sexual, persecución por motivos políticos, étnicos, religiosos, de género… desaparición forzosa de personas, entre otros.

El Grupo de Expertos, compuesto por juristas internacionales con larga experiencia y suficiente prestigio para considerarse autoridad, presentó un informe de 300 páginas que es el más completo, documentado y contundente estudio sobre los crímenes cometidos por las autoridades salvadoreñas durante el Régimen de Excepción. Dice el informe:

Las graves privaciones de libertad física en contravención de las normas internacionales o encarcelamiento, la tortura, las desapariciones forzadas, las violaciones y violencia sexual, los asesinatos, así como otros actos inhumanos documentadas, al haber sido cometidas como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, incluso de niñas, niños y adolescentes, en el contexto de la política de seguridad enmarcada en el régimen de excepción, pueden constituir crímenes de lesa humanidad, según lo previsto en el artículo 7 del Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional.

Los crímenes contra la humanidad son llamados así porque son de una dimensión y gravedad tal que se constituyen en un ataque contra la humanidad entera. Eso fue lo que dio origen al establecimiento de la Corte Penal Internacional, para que los criminales de este tipo de delitos pudieran ser perseguidos, juzgados y encarcelados por la comunidad internacional. El último huésped de la prisión de la Corte en La Haya es el expresidente filipino, Rodrigo Duterte, por la campaña sistemática de ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas de traficar con drogas. Acusados también, y con orden internacional de captura, están el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa Yoav Gallant y el presidente ruso Vladimir Putin. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.

El informe del Grupo de Expertos no nombra a ningún individuo como presunto responsable de los crímenes cometidos en El Salvador, se limita a argumentar y evidenciar los crímenes. Establece que las violaciones de derechos humanos cometidas bajo el régimen de excepción presentan un carácter masivo y sistemático, “no solo por su volumen —más de 89,000 personas detenidas sin garantías mínimas ni debido proceso—, sino por la repetición generalizada de patrones de abuso, la participación de múltiples agencias del Estado y la existencia de una política oficial que tolera alienta y justifica estas prácticas como parte de la llamada ‘guerra contra las pandillas’. La escala de los abusos, su persistencia en el tiempo, su coordinación vertical y la narrativa estatal que los respalda permiten sostener que se trata de una política de Estado deliberadamente establecida y ejecutada”.

La palabra “sistemática” no es gratuita. Significa que se ha puesto en marcha un sistema planificado, controlado y guiado, o al menos tolerado, por autoridades estatales o grupos armados. La gravedad de los crímenes cometidos bajo este sistema lo convierten en corrosivo y perverso, porque individuos ordinarios –custodios penitenciarios, agentes policiales, fiscales, jueces, burócratas– terminan cometiendo atrocidades para cumplir con las exigencias del sistema (cuotas, sometimientos, complicidades etc…).

El costo para El Salvador será altísimo: el sistema, es decir las autoridades del Estado, han normalizado la comisión de crímenes masivos y están formando a una generación de cuerpos de seguridad y operadores de justicia en una cultura del crimen y la impunidad.

Las acusaciones son de una gravedad tal que exigen de las autoridades una clara rendición de cuentas no solo en respuesta a los señalamientos de crímenes contra la humanidad, sino también de perspectivas sobre el Régimen de Excepción y de corrección del sistema.

Lamentablemente, la respuesta del gobierno y sus voceros ha sido poco seria. Acusaron a los expertos de haber guardado silencio frente a abusos en otros países (lo cual, incluso si fuera cierto, en nada mitiga los hechos imputados al régimen de Bukele); mintieron y, en el más burdo de los casos, funcionarios de alto nivel dijeron que los pandilleros eran quienes habían cometido crímenes de lesa humanidad (el vicepresidente Ulloa, probablemente asumiendo que podría estar entre los señalados por crímenes de lesa humanidad, se aventuró a decir que los pandilleros habían cometido un genocidio, lo cual es una aberración jurídica).

Esto último merece una reflexión aparte, porque es una reacción recurrente de Nayib Bukele y sus funcionarios. Cuando son acusados de violaciones a derechos humanos, responden de una manera u otra que los pandilleros eran peores, como si se tratara de una competencia o como si el horror de las pandillas justificara, por mera comparación, la tortura sistemática, las desapariciones forzosas, las muertes en prisión, las violaciones, la persecución política, las detenciones arbitrarias, las extorsiones policiales. Es deplorable ver a los administradores de un estado comparándose voluntariamente con un grupo criminal.

Hace unos meses en la Casa Blanca, junto a un deleitado Donald Trump, Bukele dijo: “Nos acusan de haber encarcelado a miles, yo prefiero decir que hemos liberado a millones”. No, no los ha liberado. No puede liberarlos porque la suya no es una política de libertades sino una de intimidación y dominación. No los ha liberado. Simplemente les ha cambiado el verdugo.

A quien sí liberó fue a cabecillas de pandillas, como Crook; y encarceló a miles de inocentes.

Es cada vez más difícil para los propagandistas de Nayib Bukele disimular, ocultar o desviar la atención sobre los graves crímenes cometidos por la dictadura. A pesar del cierre de información pública, a pesar de la neutralización de las instituciones encargadas de velar por derechos humanos y por la debida justicia; a pesar de las restricciones para conocer incluso las cuestiones más banales de la administración pública; a pesar de los millones invertidos en propaganda y diseminación de noticias falsas, de la deslegitimación del periodismo y los defensores de derechos humanos.

Recientemente, a propósito del debate en España por la muerte asistida de una mujer que fue violada por un grupo de hombres, Nayib Bukele dijo en la red social X que el mundo necesita urgentemente liberarse de las organizaciones de derechos humanos, que prefieren, dijo, “LITERALMENTE matar a las víctimas en lugar de protegerlas”.

Aún no existe, en la historia de la humanidad, una buena persona que se oponga al respeto a los derechos humanos. Por el contrario, son los violadores de estos derechos quienes suelen oponerse a su defensa. Es probablemente inevitable el conflicto: unos establecen derechos fundamentales para todos los seres humanos, sin distinción alguna. Los otros proponen un conjunto de derechos al servicio del líder y su grupo.

Dada la dimensión de las acusaciones hechas por el Grupo de Expertos, y habida cuenta de que los crímenes contra la humanidad no prescriben, era de esperar que la dictadura salvadoreña reaccionara tergiversando todo y atacando a todos. Es su propia legitimidad, y el futuro del dictador, lo que está en juego para ellos. Nosotros, en cambio, creemos que lo que está en juego es el futuro del país, cuyo gobierno se ha convertido en productor de víctimas a gran escala.

La evidencia continúa acumulándose y es robusta: La dictadura salvadoreña está cometiendo crímenes de lesa humanidad.

Los crímenes son tan graves que son ya visibles para el mundo. Son miles las víctimas directas de estos hechos. Es el Estado, El Salvador, y todos sus habitantes, víctima de esta dictadura.

Concluye el informe del GIPES:

La verdadera tragedia de El Salvador no es solo el sufrimiento de las víctimas, sino la utilización del derecho como herramienta de represión. Bajo una fachada de legalidad, se ha erigido una maquinaria de persecución masiva, represión política y silenciamiento social. El régimen de excepción no fue una simple medida extraordinaria y temporal, sino el mecanismo estructural que permitió normalizar la represión bajo apariencia de legalidad. En otras palabras, la horrenda legalidad jurídica a la que se refirió el jurista alemán Gustav Radbruch al analizar el sistema jurídico nazi.