Las pandillas guatemaltecas mutan entre la política y el narcotráfico

El 18 de enero de 2026, el presidente guatemalteco Bernardo Arévalo, asediado por el caos generado por las pandillas, quiso dar un golpe en la mesa para mostrar músculo y dar la impresión de que tenía –o podía tener– el sartén por el mango: decretó 30 días de estado de excepción a través de una cadena nacional en la que hizo un guiño que toda Guatemala entendió: “Las torres de la corrupción y la impunidad que durante décadas han sostenido las estructuras desestabilizadoras que están detrás [de estos hechos] están cayendo…”. 

Arévalo no venía de una buena racha en términos de seguridad: Desde julio hasta octubre de 2025 hubo varios motines carcelarios; en octubre de ese año se le fugaron 20 líderes del Barrio 18 de la cárcel de Fraijanes II en una operación que muy, muy difícilmente pudo ocurrir sin la complicidad de funcionarios de su Gobierno; 2025 terminó con un 10% en el incremento en los homicidios y la mayoría ocurrieron en la capital. Y 2026 no le comenzó mejor: el 17 de enero el Barrio 18 amotinó tres prisiones de forma coordinada y tomó cerca de 50 rehenes y un día después miembros de esa pandilla asesinaron a 10 policías. Así que esa noche, todavía con los cadáveres sin sepultar, tenía que parecer fuerte. 

Para ese momento el presidente tenía ratos insinuando, sin atreverse nunca a mencionar un nombre concreto, que tras la belicosidad del Barrio 18 habían oscuras manos que, desde la política, propiciaban el caos. Esa noche, a través de ese guiño, hizo lo más parecido a una acusación concreta: “Las torres de la corrupción”, se tradujeron para los guatemaltecos –sin mucho esfuerzo– en un apellido: Torres, que engloba a una familia con profundas raíces en la política de ese país. De hecho, la primera que acusó recibo de la insinuación fue la diputada Sandra Torres, ex candidata presidencial del partido UNE, que fue derrotada en segunda vuelta por Bernardo Arévalo en 2023 y que tras la cadena nacional acudió a la Procuraduría de Derechos Humanos para denunciar que su apellido estaba siendo mancillado y que eso la ponía en riesgo.

Todo este zafarrancho político configuró el escenario previo a elecciones de segundo grado que se concentran en el primer semestre del año, que en su conjunto definirán el margen político del presidente o de la oposición, porque estaban en juego cinco magistrados de la Corte de Constitucionalidad, cinco magistrados del Tribunal Supremo Electoral, el contralor general de cuentas y la joya de la corona: el nuevo fiscal general, cuya titular saliente es Consuelo Porras, némesis primera del Gobierno de Arévalo y perseguida por un sinfín de acusaciones de corrupción, actos arbitrarios, utilización política de la justicia. Participar en una red de adopciones irregulares de niños.

La política guatemalteca arrancó el año en llamas y el Barrio 18 quedó en medio del fuego: violento, estridente, un caballo desbocado, a imagen y semejanza de su más poderoso líder: Aldo Dupié, “Lobo”. Todas las fuentes consultadas al respecto –un ex pandillero, un agente antinarcóticos, un ex fiscal anti pandillas, un miembro del Gabinete de Seguridad– asociaron a Lobo con la palabra “sicópata”.  

Mientras el Barrio 18 era pronunciado en cadena nacional y quedaba en el centro de la tiradera política, la Mara Salvatrucha-13 movía sus fichas lejos de los titulares de prensa y lejos, lo más lejos posible, del discurso político: contundente, brutal, silenciosa, estratégica, permeada por la personalidad de su líder, Jorge Jair de León, “Diabólico”. Desde la sombras, la Mara dio un golpe clave que le permitió ascender varios escalones en el tráfico urbano de drogas y por lo tanto en el músculo criminal de la pandilla.

Las Torres

Un alto funcionario del Gobierno de Arévalo, vinculado a asuntos de seguridad, que habló con El Faro a condición de que no se mencionara su nombre, aseguró sin ambigüedades que la actual administración está convencida de que tras la serie de hechos violentos que sacudieron al país –y al Gobierno– están operadores políticos, en particular la ex candidata presidencial Sandra Torres, pero sus convicciones no parecen estar sostenidas en pruebas contundentes, o al menos no las mostró a este periódico. El único señalamiento concreto es que Sandra es tía de una mujer en la que convergen los dos mundos, el de la política y el del Barrio 18: María Marta Castañeda Torres. 

Sandra Torres es descendiente de una dinastía de políticos influyentes con origen en el departamento de Petén, que en la última mitad del siglo pasado estuvieron vinculados a partidos de derecha de abierta simpatía por los militares. Sin embargo, ella irrumpió en la primera línea política desde un partido de tendencia izquierdista, el UNE, que fundó junto a su marido, Álvaro Colom, quien se convirtió en presidente de Guatemala entre 2008 y 2011, y ella, en una muy visible primera dama. Intentó ser candidata a la Presidencia en 2011, pero las leyes no se lo permitían, entonces lo intentó en 2015, pero perdió, y luego en 2019, pero también perdió y luego en 2023, pero ídem. Actualmente es diputada por el mismo partido. 

Sandra Torres tuvo cuatro hijos, los cuatro en cargos públicos: dos en el Parlamento Centroamericano y dos en el Congreso de Guatemala. Su hermana, Gloria, tuvo tres hijas y, mientras su cuñado era presidente y su hermana primera dama, ella y dos de sus hijas –María Marta y Christa– fueron acusadas de apropiarse fraudulentamente de fondos de alcaldías en los departamentos de Quiché y de Huehuetenango. Las tres fueron capturadas, aunque fueron liberadas poco tiempo después. Las autoridades también vincularon a estos delitos al primer marido de María Marta, que fue condenado en 2022 a seis años de prisión inconmutable, mientras que ella fue condenada en 2020 a cuatro años de prisión que le fueron conmutados. Christa fue detenida en 2017 por estafa y defraudación aduanera, aunque su caso tampoco prosperó. María Marta, en cambio, fue acumulando con los años un grueso, muy grueso, expediente judicial de distinto pelaje, varias capturas y breves períodos en prisión. Para 2021 acumulaba seis órdenes de captura por acusaciones de defraudación y estafa, de las que había conseguido salir bien librada a través de recursos judiciales. 

María Marta saltó a las ligas mayores del mundo criminal en 2016. 

La granja penitenciaria de Pavón era controlada, con puño de hierro, por el excapitán del Ejército Byron Lima  –preso por el asesinato del arzobispo Gerardi– hasta que una banda rival, liderada por un narcotraficante conocido como El Taquero, lo mató a través de un atentado espectacular, en el que hubo fusiles, granadas y otros explosivos. En el atentado murieron otras 13 personas. María Marta fue acusada por la fiscalía de gestionar el ingreso de las armas con las que se llevó a cabo la masacre, incluyendo la introducción de una mariconera en la que había una granada. Varios testigos, algunos miembros de la banda de El Taquero, aseguraron que ella era el contacto y la operadora logística fuera de la cárcel. Su defensa no niega que ella haya introducido armas, sino que alega que ella no lo sabía o no conocía los fines con los que serían utilizadas y por lo tanto ofrece que ella se declare culpable del delito de encubrimiento. Al menos un tribunal se declaró incompetente para aceptar la confesión de María Marta por ese delito. 

En algún momento posterior al atentado, María Marta conoció a Lobo y se enamoraron, o al menos se juntaron. 

Aldo Dupié –Lobo– está preso desde 2003 y tiene una serie de condenas que suman más de 1,500 años de prisión, por asesinatos, feminicidios, intentos de asesinatos, secuestro, sicariato, extorsión, robos y asociación ilícita. Es parte de la clica Solo Raperos (SR), fundada en la comunidad El Limón de la Zona 18. Ascendió hasta la cima del liderazgo del Barrio 18 a través de la violencia y de una adscripción fanática a su pandilla. 

María Marta y Lobo no han hecho mayores esfuerzos por ocultar su relación y en Internet se pueden encontrar fotos de ellos departiendo dentro del laxo y corruptísimo sistema penitenciario guatemalteco, donde el líder pandillero gozaba de lujos como aire acondicionado, acceso a teléfonos, televisión con cable e incluso la posibilidad de ordenar comida a domicilio, o sea, a la cárcel. 

No está claro si ellos formalizaron su relación casándose –los medios guatemaltecos la llaman a ella “esposa”, a veces “conviviente” o un genérico “pareja”–, pero un hecho iba a vincularlos jurídicamente para siempre. 

El 27 de marzo de 2024, en un restaurante en la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, la fiscal Miriam Reguero Sosa y su madre fueron atacadas por un grupo de sicarios que vestían como policías. La fiscal resultó herida, pero su madre y un guardaespaldas fueron asesinados. 

En los meses siguientes, tres miembros del Barrio 18 fueron capturados en la comunidad El Limón, territorio de la clica SR, y por lo tanto de Lobo. Un quinto acusado fue capturado en diciembre y estaba programado para declarar ante un juzgado el 9 de enero, pero fue asesinado en prisión cinco días antes.

13 días después del atentado contra la fiscal, dos líderes pandilleros de muy alto rango fueron asesinados en la cárcel de Fraijanes II, donde en aquel momento se encontraba recluido Lobo: José Galindo, alias Criminal, y Luis García Díaz, alias Viejo Strong. La hipótesis de las autoridades es que fueron ajusticiados por no haber cumplido con la misión de matar a la fiscal. Pero el ex fiscal antipandillas, Juan Francisco Foppa, experto en estructuras pandilleras, aseguró a El Faro que según sus fuentes estos pandilleros habrían muerto por oponerse a que la pandilla se convirtiera en instrumento político para desestabilizar el Gobierno de Arévalo. 

El caso es que una jueza ordenó la captura de María Marta, acusándola de asesinato, de asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita y fue capturada cerca de Antigua Guatemala el 27 de agosto de 2025. Aunque el caso tiene reserva, la hipótesis de las autoridades es que María Marta planificó el atentado en coordinación con su pareja, debido a que la fiscal investigaba estructuras ligadas al Barrio 18 y sus finanzas. 

Un mes después de la captura de María Marta, Edwin Estuardo Mayén García, el abogado encargado de su defensa y la de su pareja, fue asesinado por un sicario en motocicleta en la zona 1, en pleno centro de la capital. El entonces ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, insinuó que el asesinato podría haber sido ordenado por el Barrio 18. 

“Desde que fue capturada María Marta sabíamos que venía un cagadal”, dijo a El Faro el funcionario del Gabinete de Seguridad que habló a condición de anonimato y vincula la fuga de los 20 líderes pandilleros, los motines y los asesinatos de policías, a esta captura. 

Tras la fuga masiva de pandilleros, el ministro Jiménez fue destituido y actualmente se encuentra prófugo de la ley, perseguido por acusaciones de complicidad. De manera que el Barrio 18, en coordinación o no con la oposición guatemalteca, es ya un tema político. 

Pese a las insinuaciones, el Gobierno de Arévalo no ha podido vincular a sus oponentes políticos, que en Guatemala se conocen como “el pacto de corruptos”, a ninguna de las acciones violentas del Barrio 18, más allá de la bisagra que supone María Marta por el parentesco con su tía diputada y su relación con Lobo. 

Por lo pronto, el Gobierno ha conseguido aplacar la emergencia y el estado de sitio –en vigencia del 18 de enero al 17 de febrero– consiguió, según cifras oficiales, una reducción del 50% de asesinatos con respecto del mismo período de 2025. Lobo guarda prisión en la recién estrenada cárcel de máxima seguridad Renovación I, donde pasa sus días dentro de un contenedor adaptado como celda y donde, según las autoridades, ha sido despojado de todos los privilegios de los que gozaba. María Marta está detenida en la cárcel Mariscal Zavala, que opera dentro de un recinto militar y donde suelen ser encerrados reos de alto perfil. Según una fuente del Gobierno, María Marta está recluida en una celda especialmente hecha para ella, custodiada día y noche por un miembro de las fuerzas especiales del ejército, conocidas como kaibiles.

El nuevo abogado de María Marta se comprometió a gestionar una declaración de su defendida, pero al cierre de este artículo no hubo respuesta. 

El Gobierno de Arévalo obtuvo resultados mixtos en las elecciones de segundo término, donde sus adversarios consiguieron cuotas significativas en la Corte de Constitucionalidad y el Tribunal Supremo Electoral, pero todo indica que la fiscal Consuelo Porras no podrá reelegirse en el cargo. 

Frente a la oposición, el presidente Arévalo consiguió verse todo lo fuerte que puede verse un presidente que señala sin señalar y que acusa con juegos de palabras. 

El Gallito de la Mara

El Barrio El Gallito, en la zona 3 de la Ciudad de Guatemala, es uno de esos lugares donde los taxistas se la piensan dos veces antes de entrar, sobre el que flota un pesado estigma de lugar peligroso y con un largo historial de hechos violentos. A finales de los 80, habitaba ese lugar don Leonel Marroquín, que se dedicaba a llevar indocumentados hacia Estados Unidos, por lo que se ganó el apodo de “El Coyote”. Al parecer, en sus viajes a través de México, don Leonel consiguió los contactos para dedicarse a otro negocio que dejaba más ganancias con menos esfuerzo: la venta de cocaína al menudeo. Y fundó lo que se conoce hasta el día de hoy como El Cártel del Gallito. 

Uno de los habitantes del barrio, que creció en sus calles, acercándose y alejándose del mundo criminal que lo controlaba, recuerda que en aquellos días de tráfico incipiente reinaba la paz: “A don Leonel todo mundo lo quería, le mandaba medicina a los enfermos y cuando el cable fue una novedad, todos en El Gallito tenían cable gratis. Por eso cuando llegaba la Policía cualquier persona le abría la casa para que se escondiera”, recuerda. 

En el mundo criminal la estabilidad dura poco, sobre todo si hay buenas ganancias de por medio, así que un día de 1995 alguien mató a don Leonel Marroquín y su imperio en construcción fue heredado por sus sobrinos Mario García, conocido como “Marioco” y Omar Reyes, apodado “Marín”. Pero eran ya otros tiempos, el mito de narco benefactor al que protege la comunidad había quedado atrás y los primos tuvieron que reclamar el territorio a punta de plomo. Las balaceras y los cadáveres se hicieron cotidianidad.

El primero en morir fue Marín, en 1999, a tiros, desde luego, y dos años después, el 1 de mayo de 2001, Marioco fue emboscado muy cerca de su casa y acribillado. Al relevo saltaron dos hermanos: Julio y Francisco Domínguez Higueros, conocidos como los hermanos Caradura. “Eran hijos de un señor que vendía carbón, eran bien humildes, tenían su tiendita donde vendían tortillas”, recuerda el habitante del Gallito. Al principio, eran parte de la red de distribuidores de Marioco, pero su ambición era superior a la del resto de vendedores. 

En este punto hay que decir que desde los tiempos de El Coyote, el negocio había crecido de forma exponencial: ya no se trataba de una pequeña red de distribución local, sino que el control se había ido extendiendo a sitios aledaños como Las Calaveras, La Trinidad y la colonia Bethania, lo que multiplicaba las ganancias y los riesgos. 

Los hermanos Caradura fueron recomponiendo el negocio desde abajo: vendiendo dosis en su tienda al principio, comprando otros sitios de venta después, unificando todos los puntos de distribución, jerarquizando la estructura y usando mucha, mucha violencia, hasta ascender a la cima del Cártel del Gallito.

Un exfiscal, que forma parte del recién creado Centro de Información Conjunta Antidrogas de Guatemala (CICANG), una institución que articula esfuerzos antinarcóticos entre Guatemala y Estados Unidos, asegura además que los hermanos Caradura se garantizaron un suministro constante de cocaína a través de dos vías: el primero es la compra de parte de los alijos de droga decomisados por la Policía, que es sustraída de bodegas por agentes corruptos. El segundo mecanismo es un tanto menos obvio: según esta fuente, una vez que la cocaína hace su recorrido terrestre por Centroamérica y antes de ingresar a México, los cárteles del norte “testean” el producto para garantizar su pureza y su peso. Los paquetes que no pasan los estándares de calidad son devueltos a los transportistas, quienes a su vez los revenden en el mercado local. Según este experto, gran parte del suministro del Cártel del Gallito proviene del departamento de Huehuetenango, fronterizo con México. 

El Cártel del Gallito, bajo sus distintas administraciones –desde El Coyote, pasando por Marioco y Marín, hasta Los Hermanos Caradura– consiguieron hacer frente a las pandillas MS-13 y Barrio 18, cuya expansión fue dando zancadas desde inicios de los 90. Pese a que las pandillas se repartieron el entramado urbano de la ciudad, El Gallito se mantuvo inexpugnable. 

Los hermanos Caradura llevaron la operación a otro nivel: extendieron sus puntos de venta más allá de la zona 3, con su estigma de lugar marginal, y la llevaron, según la Policía guatemalteca, a lo largo y ancho de la capital, desde la zona 1, el Centro Histórico de la ciudad, con sus bares bohemios y hípsters, hasta la zonas 9 y 10, epicentros de la vida nocturna, de grandes cadenas hoteleras, bares, discotecas, prostíbulos y clientes con mayor capacidad adquisitiva, pasando por la zona 7, la 11, 12 y 14 y ampliaron su catálogo de delitos agregando sicariato y lavado de dinero.

En 2015, Julio fue arrestado en un operativo antinarcóticos y desde entonces permanece en prisión sin que eso haya afectado la operatividad del cártel, que quedó en manos de su hermano Francisco, “Paco”, que se paseaba a sus anchas por Guatemala, sin que pesara sobre él ningún proceso judicial conocido y sin pasar un solo día en prisión. 

Pero esta historia comenzó a cambiar la noche del 5 de enero de 2024, cuando cinco jóvenes guatemaltecos que pasaban el rato en un club nocturno –entiéndase un burdel– de la zona 9, desaparecieron. Las autoridades rastrearon el teléfono de uno de los desaparecidos hasta El Gallito y realizaron un operativo donde capturaron a cerca de diez integrantes de alto rango de la organización Caradura. Tiempo después, un testigo protegido aseguró a la Fiscalía que los jóvenes fueron secuestrados en el burdel, llevados a una casa de seguridad en la zona 3 donde fueron torturados, asesinados y posteriormente enterrados bajo el piso de la casa. Cuando el caso se hizo público, los criminales desenterraron a sus víctimas y diluyeron sus cuerpos en ácido. El expediente judicial sobre estas desapariciones tiene reserva total. 

Un expandillero familiarizado con la forma de operar del cártel aseguró a El Faro que los cinco muchachos desaparecidos eran parte de la estructura de los Caradura y que esa noche se emborracharon y consumieron parte de la droga que debían vender dentro del burdel. Su castigo fue la muerte. “El problema es que a la gente que detuvieron por esto la Fiscalía les tenía montado un buen caso y Paco tenía una onda: si veía que ibas a salir pronto, te aguantaba, te pagaba abogados… pero si veía que te iban a condenar por varios años, te dejaba, te abandonaba, pues”.  

Según esta versión, los lugartenientes de Paco, al saberse abandonados por su estructura, y rodeados de enemigos con cuentas que saldar, buscaron la sombra de un enemigo que tenía ratos intentando arrebatar territorios del cártel: la Mara Salvatrucha-13. 

“Le entregaron a Paco a Diabólico –el líder más visible de la pandilla–, porque ellos necesitaban protección y sabían que cada 15 días Paco iba a pasar consulta con un doctor en la zona 10 y no llevaba a sus guardaespaldas, y luego le entregaron a la Mara todos los almacenes y puntos de venta de los Caradura”, dijo esta fuente que pasó gran parte de su vida entrando y saliendo de prisiones. 

El 25 de junio de 2025, Paco visitaba el edificio de clínicas Medika 10, en la lujosa zona 10 de la capital, sin guardaespaldas, cuando un grupo de hombres disfrazados de policías le dispararon más de 50 veces con armas largas y cortas. Apenas días después, pandilleros de la MS-13 se presentaron uno por uno a los almacenes y puntos de venta de El Gallito y alrededores a reclamarlos en propiedad. “Nueve personas intentaron oponerse y las nueve desaparecieron, eran gente que yo conocía, que todo mundo conocía aquí”, dijo la fuente.

Al cierre de este artículo, todos los puestos de venta de drogas en El Gallito, Las Calaveras y La Trinidad en la zona 3 y en la colonia Bethania en la zona 7 están operados por “chequeos”, o sea, aspirantes a formar parte de la Mara Salvatrucha-13. Después de más de 30 años de resistir a la expansión de las pandillas, el Cártel del Gallito perdió el control del barrio que le dio nombre. 

Al parecer, la MS-13 no sólo se quedó con el territorio de los Caradura, sino con su fuente de suministro de droga y en los meses que vienen se verá si la pandilla se apodera también del negocio que operaba en el resto de zonas de la capital. 

El mapa criminal de Guatemala está cambiando y los reacomodos que están por venir no vaticinan un futuro de aguas mansas.