Debajo de la tierra de San Francisco Angulo, ha habido huesos humanos. Algunos de sus habitantes piensan que aún no los han desenterrado a todos aquellos a los que masacró el Ejército. En el poblado, ubicado en el municipio de Tecoluca, en la zona paracentral de El Salvador, existe un sitio conocido como Lomas de Angulo que hoy está en disputa. Informes oficiales y de organizaciones civiles lo catalogan como un lugar de alto valor histórico, debido a que fue escenario directo de la violencia del conflicto armado. Entre septiembre de 2005 y enero de 2006 se recuperaron 30 osamentas de una masacre cometida contra población civil. Casi dos décadas después, a finales de 2025, la empresa mexicana Cyeemsal inició la construcción de un relleno sanitario que la comunidad ha denunciado por múltiples irregularidades. En noviembre del año pasado, un extrabajador que laboraba en el proyecto se reunió con tres miembros de la comunidad para avisarles que había encontrado tumbas y huesos en Lomas de Angulo. Les mostró fotografías tomadas con su celular sobre los supuestos hallazgos que hizo. Las imágenes que les mostró son ambiguas y en ninguna de ellas se ve claramente un hueso. Sin embargo, desde que Cyeemsal irrumpió en la comunidad, las vidas de sus habitantes se han volcado a defender un territorio que reclaman por sus características históricas, por estar protegido bajo medidas cautelares y que, de contaminarse, podría además tener graves repercusiones a la salud y el medio ambiente.
Donde hubo masacres, huesos quedan
San Francisco Angulo, como otros pueblos rurales de El Salvador que fueron atravesados por la brutalidad del conflicto armado interno, tiene en su memoria su propia masacre. Se trata de una comunidad de aproximadamente 200 familias agricultoras. La mayoría ha vivido aquí durante varias generaciones. En el imaginario colectivo de sus lugareños existe una particular convicción histórica marcada por ese triste recuerdo, que actualmente está inmortalizado en un memorial con el nombre de 45 víctimas civiles que fueron asesinadas en un operativo paramilitar en 1981.
Según registros de investigaciones promotoras de derechos humanos, como la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés) y el inactivo Centro para la Promoción de Derechos Humanos Madeleine Lagadec —que contribuyó a hacer el memorial de las víctimas—, el 25 de julio de 1981, presuntos miembros del Destacamento Militar de Ingenieros de la Fuerza Armada (DMIFA) y otros paramilitares, perpetraron la masacre. La mayoría de víctimas fueron mujeres, personas ancianas, niños y niñas.
La primera vez que se hizo pública una denuncia alrededor de la masacre fue el 10 de septiembre de 1991, luego de que un testigo declaró ante la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas en San Salvador que cinco unidades militares atacaron a las comunidades de diez poblados del municipio de Tecoluca.
Décadas después, en julio de 2005, familiares de víctimas y representantes de organizaciones sociales solicitaron a la Fiscalía General de la República realizar exhumaciones. Un informe de DPLF señala que se recuperaron 30 osamentas de las 45 víctimas asesinadas. Sin embargo el Juzgado Primero de Paz de Tecoluca decidió no continuar con el proceso de exhumación, y tras casi cuarenta y cinco años el caso sigue impune.
La conversación en torno a la memoria histórica de San Francisco Angulo fue revivida en noviembre del año pasado, cuando la empresa mexicana Cyeemsal, con el aval de la Alcaldía de San Vicente Sur, controlada por el partido oficial y el apoyo de la Asociación de Municipios de los Nonualcos, empezó la construcción de un relleno sanitario que, además, ha creado un conflicto ambiental en la comunidad.
Un extrabajador de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos (ANDRES), que renunció en diciembre del año pasado, a pocos meses de iniciar labores, organizó una reunión con el presidente de la Asociación Comunal, Félix Laínez; el coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra y Recursos Naturales de Tecoluca, César Cañas; y René Alfaro, un jornalero que conoce bien el terreno, para notificarles que había encontrado al menos cuatro tumbas y tres osamentas en la zona donde la empresa realizaba la terracería.
El Faro logró contactar al extrabajador, quien habló bajo condición de anonimato por temor a represalias.
El extrabajador fue contratado en octubre de 2025 por Los Recolectores, el equipo de campo operativo de ANDRES, para una vacante de motorista de camión recolector, pero finalmente se le asignó laborar en el proyecto debido a sus antecedentes como mecánico y habilidades en la manipulación de maquinaria pesada. Fue entrevistado por dos ingenieros mexicanos a quienes identificó como Horacio y Carlos, y que junto a ellos se encontraban otros empresarios, también mexicanos, a quienes identificó como Ismael y José Luis.
Según información disponible en el Centro Nacional de Registros, y en las redes sociales de Cyeemsal, existen al menos dos representantes y un aliado de la empresa con esos nombres (José Luis Netzahualcóyotl Iniesta, presidente; Ismael Ordoñez Hernández, director; y Horacio Guerra, director general de Red Ambiental y aliado estratégico), sin embargo El Faro no ha podido verificar que sean las mismas personas a quienes se refiere el extrabajador en su relato.
El Faro contactó a Cyeemsal y a ANDRES para conocer sus posturas sobre esta historia y sus relaciones organizacionales, pero ni la empresa ni la autoridad del manejo de desechos respondieron los correos de este medio.
El extrabajador aseguró que una de las primeras tareas que se le encomendó fue preparar el terreno manualmente, cortando estacas y colocándolas como puntos indicadores en la zona donde se haría el relleno sanitario. Según su testimonio, en el cuarto día de trabajo encontró ocho inusuales cúmulos de roca y tierra en forma de triángulo, a los que tomó una fotografía con su celular, que compartió primero a René, Félix y César, y luego a este medio.
Tras el primer hallazgo, avisó al ingeniero Ismael y, según su versión, este le dijo que no hablara con ningún poblador sobre lo encontrado. Siguió haciendo la labor hasta que, una semana después, entró con la primera retroexcavadora al terreno y, mientras tapaba hoyos y abría senderos, dice haber encontrado una osamenta. En esa semana se unió al proyecto otro operador de máquinas al que él sólo conoció como Varón y que, afirma, también encontró huesos.
“Dejé la primera osamenta en el área donde la encontré. No la quería tocar porque el ingeniero Carlos me dijo que ahí la dejara, que solamente se le iba a hacer alguito y que no me preocupara. Pero luego me dio la orden de hacer un hoyo y me dijo: ‘sácalo despacito y lo vas a poner allá, y echale tierra’. Le pregunté si estaba de acuerdo y él me dijo ‘dale’. Entonces, yo despacito metí un cucharón en uno de esos cúmulos de tierra, y no tenía ni un metro de profundidad cuando empezaron a salir los primeros indicios: brazo, cráneo… y me puse nervioso. Entré en shock. Pero ingresé el cucharón nuevamente más abajo y vi que estaba otro, como que estaban apilados. Quizá había unos tres (cuerpos) enterrados ahí. Había mucho polvo óseo ahí. En esa área iban a poner las oficinas”, dijo.
El extrabajador cuenta que, al siguiente día, el ingeniero Horacio se presentó para decirle que debía ubicar esos huesos en una zona distinta. “Le dije que no lo iba a hacer, porque eso no forma parte de mis principios. ‘¿Por qué?’, me dijo. ‘¿Cuáles principios? Aquí el principio es la plata’, me dijo. Como tenía la máquina encendida, la apagué, me bajé y le di la llave”.
Tras esa confrontación con el ingeniero Horacio, el extrabajador, resignado, decidió retirarse en su motocicleta. Antes de irse, habló con René para que pudieran concretar una reunión en el parque de Tecoluca, junto a otros miembros de la directiva. Dijo que tenía algo importante que mostrarles. Esa reunión ocurrió a finales de noviembre de 2025, unos días antes de que interpusiera su renuncia formal en diciembre.
César Cañas, que además de ser coordinador del Movimiento por la Defensa de la Tierra es concejal por el FMLN de la Alcaldía de San Vicente Sur, contó a El Faro que conoció al extrabajador luego de que estableciera contacto con René Alfaro para compartir sus hallazgos. Ambos, junto al presidente de la asociación comunal Félix Laínez, corroboraron haber asistido a esa reunión.
“Nos dijo que había sido operario de una retroexcavadora, y que a él lo obligaron a mover dos osamentas para enterrarlas en un hoyo. Entiendo que había buscado a una representante legal, y quería que le ayudáramos a pagarle a esa abogada para poner una denuncia, pero nosotros no teníamos tanto dinero”, dijo Félix.
Cuando el extrabajador habló con El Faro no dijo explícitamente que había movido las osamentas, pero sí compartió una fotografía intervenida con una flecha de plumón digital señalando un punto distante, detrás de una excavadora amarilla, con la leyenda: Aquí trasladé los cuerpos.
René afirma haber recibido el 24 de noviembre como evidencias las mismas fotografías que el extrabajador compartió a El Faro meses después. “Nos expresó su preocupación por haber removido las osamentas. Dijo haber encontrado los huesos cerca del árbol donde ahorita hay un rótulo que dice Propiedad Privada”.
Félix señala que, pese a las exhumaciones que tuvieron lugar en Lomas de Angulo entre 2005 y 2006, aún prevalecen dudas sobre la existencia de huesos subterráneos. “Como aquí toda la zona ha sido de masacres tras masacres, hay un montón de osamentas que no están visualizadas legalmente. Incluso hay personas que ni las conocemos, porque la Fuerza Armada también tiraba gente aquí en los operativos”, dice.
Las sospechas de las que habla el presidente de la Asociación Comunal, tienen eco en el testimonio de otro habitante de la comunidad aledaña Nuevo Amanecer. Un exguerrillero de seudónimo Robin confirmó a El Faro que Lomas de Angulo albergó durante la guerra un campamento comandado por la organización política-militar Frente Paracentral de las Fuerzas Populares de Liberación Farabundo Martí.
Robin afirmó que en la zona fueron asesinados muchos combatientes. Algunos de ellos incluso, dice, fueron víctimas de los mismos comandantes guerrilleros. “Por cualquier error que un guerrillero cometía, en la noche lo desarmaban, lo vendaban y lo iban a ajusticiar. El castigo que recibían eran dos plomazos (balazos) en la frente y luego eran enterrados en fosas clandestinas”, dice.
Robin asegura que él mismo, en 1981, junto a otros cuatro excompañeros, por órdenes superiores, enterró en Lomas de Angulo a un guerrillero de seudónimo Efraín, que se suicidó a los treinta y ocho años. Un hombre, calcula Robin, de 1.60 metros, originario del cantón Las Pampas en Tecoluca.
Según Robin, Efraín acabó con su vida tres días después de haberse enterado de que un grupo de exterminio paramilitar asesinó a su familia: “Él, decepcionado, hizo uso de la consigna que el Ché Guevara nos había dado a todos los guerrilleros. Cuando la vida es un martirio, el suicidio es un deber. Él ya no tenía una causa por qué pelear. No miraba futuro, porque su principal familia había fallecido. Se disparó con un fusil FAL de calibre 7,62 mm, de fabricación belga”.
Luego de aquella reunión con Félix, César y René, en la que se ofreció como eventual testigo ante una corte, y conseguir a una abogada a cambio de ayuda económica, el extrabajador desapareció. No regresó a la comunidad y no volvió a tener contacto con ninguno de sus miembros. Cuando El Faro lo localizó a mediados de febrero mediante una llamada telefónica, dijo que temía que la empresa Cyemsal o ANDRES lo estuviera buscando, y que por eso había empezado a trabajar en otra zona en el occidente del país. Tras algunas llamadas e intercambios de mensajes, el extrabajador dejó de responder. En marzo, César Cañas confirmó que el sujeto cambió de número telefónico por temor a estar siendo vigilado.
Relleno sanitario, otra vez
La comunidad ya se había enfrentado antes, en dos ocasiones, a proyectos para construir allí un relleno sanitario. En mayo del 2007, bajo iniciativa de la entonces agrupación municipal Microregión Los Nonualcos, se construyó uno en tres manzanas de terreno, que entró en funcionamiento en 2008, pero por presiones de la comunidad sólo duró nueve meses.
“En aquel tiempo se destapó un mosquero, proliferaron enfermedades y fue todo un desastre porque ese relleno se llenó rápido, así que presionamos para que lo cerraran, pero luego, años después, en 2017, la Asociación de Municipios de Los Nonualcos compró un terreno y quisieron ampliarlo con ayuda de una empresa alemana. La comunidad tenía la experiencia y le planteó todo a la Procuraduría de Derechos Humanos”, dice René Alfaro.
La Asociación de Municipios de Los Nonualcos fue constituida el 31 de julio de 2002 por 7 municipalidades del departamento de La Paz (San Pedro Masahuat, El Rosario, San Pedro Nonualco, Santiago Nonualco, San Juan Nonualco, San Rafael Obrajuelo y San Luis La Herradura) luego de los terremotos del 2001, como una iniciativa para abordar la crisis de forma conjunta. Actualmente su página web dice que la organización busca facilitar “el desarrollo económico, social y ambiental de la región”, y abarca quince distritos de El Salvador.
El 1 de marzo de 2018, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) emitió una resolución de medidas cautelares que evitaba la construcción del relleno, alegando riesgos ambientales y el entorpecimiento de “diligencias de investigación fiscal sobre exhumaciones pendientes relacionadas a la masacre de San Francisco Angulo”, según el expediente SV-0064-2017, al que El Faro tuvo acceso.
“(...) El referido proyecto afectaría veinticuatro manzanas de bosque natural, la fauna silvestre; contaminaría el río Salamar que provee a los cantones de San Francisco Angulo, Canta Rana y Colonia El Milagro; generaría problemas de salud a ochenta y seis familias del lugar y; sobre todo, entorpecería la labor todavía pendiente de las autoridades del Estado en la recuperación de algunas osamentas de personas asesinadas durante el pasado conflicto armado”, dice el documento.
Tras las nuevas irrupciones por parte de Cyeemsal, desde finales del 2025, la comunidad se ha visto obligada a solicitar de nuevo el socorro de las instituciones del Estado salvadoreño y hacer acciones de protesta para evitar la construcción de un nuevo relleno sanitario.
Cyeemsal es una organización de capital mexicano que según Diario El Salvador, el periódico propagandístico del régimen de Bukele, “ha invertido más de $34 millones en El Salvador durante los últimos cuatro años”.
Información pública disponible en el Centro Nacional de Registro (CNR), dice que Cyeemsal es una empresa constituida en El Salvador el 15 de octubre de 2020, con un balance financiero inicial de $5,000. Según el documento de Constitución, en el nombramiento de la primera administración, figuran como administrador único propietario y su respectivo suplente la salvadoreña Guadalupe Iraheta Espinoza y el mexicano Ismael Ordoñez Hernández.
La documentación del registro público señala que Cyeemsal está compuesta por quinientas acciones. Los accionistas que figuran en el perfil de la sociedad, indican que son otras dos empresas las dueñas: Carrocerías y equipos del Estado de México, con 350 acciones, y Giambental S. A. de C. V., con 150. El último balance de la empresa, presentado en julio de 2025, muestra que su capital ha aumentado a $7,628,447.96. Un año antes, en junio de 2024 presentó un balance menor de $3,665,413.81.
Desde su primer balance presentado en el CNR, la empresa ha estado operando en El Salvador durante el Gobierno de Nayib Bukele.
Además de los documentos del registro público, información disponible en el sitio web del Consejo de Negocios México El Salvador, perfilan como presidente de Cyeemsal al empresario mexicano José Luis Netzahualcóyotl Iniesta, quien también ocupa el mismo cargo en Grupo CYEEMEX, un conglomerado empresarial especializado en la recolección y el tratamiento de deshechos. Netzahualcóyotl, junto a Ismael Ordoñez Hernández, son miembros de la mesa directiva de ese consejo de negocios. El periodismo salvadoreño ya había identificado relaciones entre Cyeemsal e instituciones y funcionarios públicos del bukelismo. En agosto de 2023, Revista Factum informó que la empresa había hecho negocios en el rubro de recolección de basura con al menos tres alcaldías gobernadas por el partido oficialista Nuevas Ideas: Soyapango, Mejicanos y Nuevo Cuscatlán. Además, su presidente, Netzahualcóyotl, junto al entonces alcalde de Nuevo Cuscatlán, José Manuel Dueñas y el abogado Ricardo Arturo Roque, quien estuvo implicado en una trama de corrupción en la Alcaldía de Soyapango, formaron una sociedad un año antes de esa publicación, el 3 de noviembre de 2022: Servicios Integrales Nuevo Cuscatlán, que se abrevia SINC, S.E.M., de C.V.
Pese al conflicto social y ambiental que la intervención de Cyeemsal ha generado en San Francisco Angulo en los últimos meses, Netzahualcóyotl afirmó en una entrevista publicada el 15 de enero por el diario de propaganda estatal, que la empresa se caracteriza por analizar “el contexto social, económico, demográfico y ambiental de cada zona para diseñar soluciones a la medida”.
“Son hallazgos de prueba de un crimen”
Entre diciembre de 2025 y enero de 2026 los habitantes pusieron carteles con mensajes de rechazo al proyecto y organizaron vigilias para custodiar la entrada de la comunidad y el camino hacia Lomas de Angulo. El 9 de diciembre de 2025, Félix Laínez interpuso ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia del Centro Judicial Integrado de Santa Tecla una petición de nuevas medidas cautelares ante la reactivación del proyecto.
En el documento de la solicitud se expone que esta intervención puede generar destrucción de flora y fauna, incluyendo árboles centenarios, contaminación de los ríos aledaños y nacimientos de agua que forman parte de la cuenca media y del Estéreo de Jalapa, que ha sido catalogado por el Estado en el convenio de Ramsar como humedal de importancia internacional. Además, en el documento se menciona, de nuevo, que es un sitio de “alto valor histórico”, por la existencia de restos humanos dispersos, producto de masacres ocurridas durante el conflicto armado interno.
La PDDH, al emitir las medidas cautelares en 2018, se pronunció en el documento sobre las exhumaciones que tuvieron lugar entre 2005 y 2006:
“Se debe dejar claro, que si bien es cierto se culminó con las diligencias de exhumación autorizadas por el Juzgado Segundo de Paz de Tecoluca; no significa que la investigación esté concluida, y que ello implique que automáticamente se habilite (...) a proceder con la construcción; ya que esta Procuraduría ha sido enfática en señalar a las diferentes autoridades involucradas que, como parte del Estado tienen la obligación de hacer un análisis de las repercusiones que la implementación de un proyecto de esta naturaleza, en el cantón Tecoluca, representaría para la recuperación de la memoria histórica y dignificación de los familiares de las víctimas (...) lo cual es una obligación vigente para el Estado Salvadoreño, no postergable e inevitable (sic)”.
David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal, quien acompañó en el proceso de petición de exhumaciones ante el Juzgado a los familiares de las 45 víctimas asesinadas en la guerra, señaló que si bien es cierto que en su momento se agotaron los sitios de exhumación que se habían identificado, por los antecedentes históricos de la zona —“una muy afectada por (...) varias masacres y ejecuciones extrajudiciales”—, es un sitio donde “potencialmente hay o pueden haber fosas con inhumaciones de víctimas, que si no se trabajaron en el momento, fue porque no se contaba con información específica… Esto integra una obligación de preservar pruebas e información y de realizar acciones de búsqueda e investigación que fueran pertinentes”.